@MariaASantos04 Increíble como en Cúcuta parece ser que la ley aplica diferente para aquellos que no tienen voz. Es inaudito que esta vulneración siga ocurriendo.
¿QUIÉN RESPONDE POR LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD EN CÚCUTA?
Con frecuencia vemos publicaciones de fundaciones pidiendo ayuda para comprar concentrado, pagar una cirugía, cubrir una hospitalización o conseguir un hogar de paso para un perro o un gato rescatado. Muchos ciudadanos colaboran cuando pueden, comparten las publicaciones y hacen pequeñas donaciones. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar por qué una problemática de esta magnitud sigue dependiendo casi exclusivamente de la solidaridad de particulares.
Cuando un animal es abandonado, atropellado o enferma en la calle, quien suele responder primero no son nuestras instituciones públicas. Son ciudadanos comunes, rescatistas y fundaciones que, con enormes dificultades económicas, intentan cubrir necesidades que deberían formar parte de una respuesta pública más robusta y permanente.
En San José de Cúcuta, la protección animal parece haberse quedado atrapada en los despachos administrativos, lejos del hambre y el sufrimiento que enfrentan cerca de 10.000 animales en condición de abandono. Como ciudadanos, debemos entender que lo que ocurre hoy no es solo un problema de sensibilidad social, sino una preocupante falla en la gestión de los recursos públicos y un incumplimiento de mandatos legales.
La Ley 2054 de 2020 no es una sugerencia, es un mandato que obliga al municipio a sostener materialmente a las fundaciones y rescatistas con aportes en especie (comida, medicinas y demás insumos) mientras no se cuente con un Centro de Bienestar Animal. Sin embargo, al analizar la ejecución presupuestal de 2026, nos encontramos con una realidad distante a la propuesta por la norma: la administración ha priorizado la burocracia sobre la asistencia directa. De los contratos celebrados este año, la gran mayoría se ha destinado al apoyo administrativo y la gestión de trámites de oficina, dejando en un segundo plano la contratación de profesionales veterinarios y la compra de suministros vitales.
Esta situación revela una ruptura profunda entre lo que la Alcaldía de Cúcuta reconoce en su Plan de Desarrollo donde admite que los refugios están colapsados y dependen del financiamiento público, y lo que realmente ejecuta en el territorio. La eficiencia administrativa exige que el Estado maximice los resultados con los recursos que tiene. No es eficiente, ni ético, gastar el presupuesto en personal de oficina para responder peticiones ciudadanas cuya respuesta termina siendo siempre la misma: "no tenemos albergue, acuda a una fundación privada" o "actualmente no contamos con un programa de asistencia animal"
Lo que la administración municipal está haciendo es, en la práctica, un traslado de la responsabilidad pública a manos de particulares. Se le pide a las fundaciones, que ya operan bajo el endeudamiento y la precariedad, que asuman una carga social y sanitaria que le corresponde al Estado. A mayo de 2026, el seguimiento a la contratación muestra que no hay programas vigentes de alimentación ni atención veterinaria continua, lo que convierte la política de bienestar animal en una intervención limitada y episódica, carente de la permanencia que la crisis exige.
La protección de los seres sintientes es un asunto de salud pública y convivencia que nos pertenece a todos. Se requiere que la gestión pública sea coherente: menos diagnósticos en papel y más ejecución material en las calles y refugios. Los animales de Cúcuta no pueden alimentarse de informes de gestión ni de promesas de infraestructura futura; necesitan que los recursos públicos lleguen hoy a donde más se necesitan.
El bienestar animal no debería depender exclusivamente de la capacidad de sacrificio de unos pocos. Debería ser el resultado de una responsabilidad compartida entre la ciudadanía y las instituciones. Ver menos