Desastrozo escuchar a la Ministra Chomali decir que “como madre de hija oncologica… hago el esfuerzo por trasladarme para la atención de mi hijo”
Sentada en sus privilegios claro que puede hacer esos “sacrificios”
Pero decirle eso a los padres de regiones que ven sus familias hundirse en la pobreza al tener q viajar a tratar a sus hijos a Stgo? Es una pena, vergonzoso
El Hospital de Alta complejidad de La Serena se construye sobre suelo donado para tratar el cáncer infantil, y los niños no están considerados
Deberán seguir viajando, según la Ministra
😔
Ayer a Carlos Larrain no le gustó que mostraran fotos de su hijo, Martín Larrain absuelto por la Justicia Chilena por el Asesinato de un Campesino, no lo hagamos enojar y no divulguemos su foto..!!
CHILENOS DE 1ª y 2ª CLASE
Cuando la ciudadanía tiene fecha de vencimiento.
Hay decisiones de política pública que se presentan con la sobriedad de la técnica, pero que en realidad están impregnadas de una filosofía profundamente reveladora. La reciente determinación del gobierno de Kast de eliminar la gratuidad para mayores de 30 años no es sólo una medida administrativa: es una declaración antropológica. Una tesis, si se quiere, sobre cuándo deja de ser legítimo aspirar a más.
Porque lo que subyace no es un cálculo presupuestario, sino una delimitación tácita del valor de las trayectorias humanas. Hasta los 29 años, el individuo parece ser considerado una promesa; a los 30, en cambio, deviene en un proyecto cerrado, una inversión de dudoso retorno. Como si la vida, en su complejidad, pudiera ajustarse al cronograma de una planilla Excel o al capricho de un burócrata con vocación de oráculo.
El argumento implícito —que ya a cierta edad “no vale la pena”— resulta particularmente irónico en una administración que, con insistencia casi pedagógica, advierte sobre el aumento de la esperanza de vida y la inminente crisis previsional de una sociedad que envejece y donde la tasa de natalidad se restringe cada año, en simple: seremos cada vez menos y más viejos. Se nos recalca que viviremos más, que deberemos trabajar más años, que la jubilación deberá postergarse. Pero, al mismo tiempo, se clausura la posibilidad de reconfigurar el propio destino cuando más sentido tendría hacerlo. Una invitación, en suma, a extender la vida laboral… pero no a mejorarla.
La contradicción no es menor. Se exige resiliencia, pero se niegan herramientas. Se predica la autosuficiencia, pero se restringen los medios para alcanzarla. Es el curioso caso de un Estado que, en nombre de la responsabilidad fiscal, decide administrar no sólo los recursos, sino también las expectativas.
Más revelador aún es el trasfondo moral que asoma sin demasiado disimulo. La medida parece castigar, con una severidad casi doctrinaria, a quienes no siguieron el itinerario ideal: colegio, universidad, trabajo. Aquellos que, por maternidad o paternidad temprana, precariedad económica o simplemente por las contingencias inevitables de la vida, no pudieron acceder a la educación superior en su momento “correcto”, quedan ahora fuera del perímetro de lo merecido. Como si el tiempo biográfico debiera obedecer a un diseño normativo, y no a la siempre caótica condición humana.
El paralelismo extremo —y deliberadamente incómodo— sería sostener que ciertos derechos pierden sentido a medida que avanza la edad. Que, en algún punto, la inversión pública deja de justificarse porque el horizonte vital se acorta. Como si a una persona mayor a 90 años se le negara la salud pública porque al final va a fallecer de todos modos y no le debería quedar mucho de vida.
La sola formulación de esa idea resulta “brutal”. Sin embargo, es exactamente esa lógica la que se desliza, con elegancia retórica, en la exclusión de quienes superan un umbral arbitrario.
Se configura así una ciudadanía segmentada: los que califican y los que ya no. Los que aún pueden aspirar y los que, según esta silenciosa doctrina, deberían conformarse. No es solo una política educacional; es una pedagogía del límite. Un recordatorio, casi cruel, de que en algún momento el Estado deja de verte como sujeto de desarrollo y comienza a considerarte un caso cerrado, es la configuración de una ciudadanía de primera y otra de segunda.
Quizá lo más inquietante no sea la medida en sí, sino la naturalidad con que puede instalarse. Porque cuando una sociedad acepta que el acceso a oportunidades tiene fecha de vencimiento, empieza a transitar, silenciosamente, desde la igualdad de posibilidades hacia la administración de resignaciones.
Y en ese tránsito, lo que se pierde no es sólo movilidad social. Es algo más profundo: la convicción de que siempre —incluso tarde, incluso difícil— vale la pena intentarlo. @MisColumnas
MANUAL PARA QUEDARSE
La nueva derecha chilena parece haber llegado al poder con una convicción distinta: gobernar es importante, pero dominar el relato es imprescindible.
La dictadura de Pinochet no logró perpetuarse en el poder. No por falta de voluntad, sino porque el tiempo, el desgaste y la presión social terminaron por erosionar un régimen que había confundido control con legitimidad.
La historia posterior es conocida. La derecha tradicional —UDI, RN y luego Evópoli— entendió la lección. Abandonó la tentación de eternidad política y aceptó las reglas de la democracia. Compitió, perdió, ganó y volvió a perder. Aprendió algo esencial: en democracia el poder no se posee, se arrienda.
Incluso cuando uno de los suyos alcanzó la presidencia en dos ocasiones, lo hizo dentro de ese marco. Sin alterar las reglas ni pretender rediseñar el tablero mientras la partida estaba en curso. Fue una derecha que había aprendido a convivir con la alternancia.
El Partido Republicano, tras dos intentos fallidos y un tercero finalmente exitoso, parece haber llegado al poder con una tesis distinta. No necesariamente gobernar mejor, sino corregir lo que consideran el error histórico de sus antecesores: haber jugado con excesiva cortesía democrática.
Durante años llamaron “derecha cobarde” a la derecha tradicional. Hoy, en apenas días de gobierno, comienzan a mostrar qué querían decir exactamente con esa expresión.
La estrategia es clara.
No se trata sólo de administrar el Estado, sino de desmontar el relato que lo precede. No tanto de discutir políticas públicas, sino de erosionar el prestigio simbólico de todo lo que huela a progresismo.
La auditoría prometida, los reportes diarios sobre una supuesta caja fiscal devastada, las advertencias sobre herencias económicas desastrosas: cada pieza encaja con precisión quirúrgica en un libreto que no parece improvisado.
Primero el diagnóstico dramático. Luego la sospecha permanente. Después la judicialización de la política.
Vendrán, sin duda alguna, comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales, formalizaciones y juicios mediáticos donde la condena pública suele llegar bastante antes que cualquier sentencia judicial.
Nada de esto es nuevo en la política mundial. La fórmula se ha aplicado en varios rincones del planeta: erosionar al adversario hasta convertirlo en sinónimo de desastre moral, económico y administrativo.
Cuando eso ocurre, las elecciones se vuelven un trámite. No porque existan mejores candidatos, sino porque el adversario ya ha sido previamente demolido.
En ese escenario, la justicia se vuelve espectáculo, la política un tribunal permanente y la prensa un amplificador disciplinado del escándalo cotidiano.
Todo, naturalmente, en nombre de la transparencia.
La paradoja es que esta estrategia parece haber aprendido bien la lección de la dictadura: el error no fue querer quedarse, sino no haber sabido cómo hacerlo dentro de las formas del siglo XXI.
Hoy el objetivo parece distinto: permanecer, pero con traje democrático.
Un proyecto político que no apuesta sólo a cuatro años de gobierno, sino a instalar una atmósfera cultural donde el progresismo no sea simplemente derrotado, sino socialmente desacreditado.
La inseguridad, la inmigración descontrolada, el relato de un país que se cae a pedazos y un gobierno de emergencia: todos son ingredientes funcionales a esa narrativa.
Quizás por eso, en estos primeros días, todo es una cuidada coreografía. Declaraciones controladas, mensajes disciplinados, comunicación centralizada.
Casi como si alguien hubiera desempolvado un viejo principio político que alguna vez se escuchó en Chile: Aquí no se mueve una hoja sin que el poder no lo sepa.
Cuando un gobierno comienza su historia más preocupado de construir enemigos que de administrar el presente, conviene prestar atención.
Porque gobernar es administrar el poder. Pero dominar el relato —eso lo saben bien los estrategas— es la verdadera forma de quedarse. @MisColumnas