En los últimos años se ha instalado en el discurso popular la idea de que “el cemento no es progreso”; basados en esa frase, numerosos líderes políticos nacionales se dedican a ganar votos de indignación atacando cualquier gran obra que se emprende en el país o el departamento. Es así como hemos visto denigrar de Hidroituango, las vías 4G, túneles y sistemas de transporte masivo, usando siempre como excusa inamovible el argumento de que estas obras son malas para el ambiente y pretendiendo con eso cerrar la discusión.
La Nubecita del SIATA desapareció y el radar nuevo llegaría en 2027. No fue sorpresa: lo advertimos.
Menos científicos, plata del radar sin ejecutar y, cuando lo denunciamos, ataques en vez de aclaraciones.
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@camiloparrarpo Es necesario tener carriles exclusivos de bus en las principales avenidas y atrevernos a explorar otras medidas de gestión diferentes al pico y placa.
Escribo dentro de un marco de respeto al presidente y a la institución de la Presidencia. Lo hago solamente en defensa del concepto de democracia republicana y sin ánimo polémico.
Según la Carta Democrática Interamericana, que es como la Constitución de los pueblos del Continente, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre otros, “la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida”.
Ello quiere decir que, en una República genuina, el que el presidente tenga la función de dirigir la fuerza pública, no lo convierte en miembro de ella. Es al contrario: la dirección presidencial se hace desde la autoridad civil. Por lo tanto, cuando el presidente ADLE utiliza simbología militar, está violando el sentido profundo de la Carta y de la Constitución. Es una tergiversación del sentido auténtico de la organización democrática de Colombia.
Es claro que cuando el presidente increpa a los delincuentes que tanto han agobiado a los colombianos, procede en la creencia de que ello consulta el sentimiento del pueblo. En parte es cierto. Es seguro que muchos colombianos aplauden. Pero todas las convenciones internacionales, y todo el sentimiento de Occidente sobre el trato a los delincuentes, obligan a evitar los tratos degradantes. Las acciones del presidente pueden caer bajo el concepto de trato degradante que, aún si es popular, implica una violación de normas humanitarias generalmente aceptadas.
He recibido manifestaciones de militares que, al contrario de lo que se puede creer, no se sienten halagados ni interpretados por estas actuaciones. Muchos de ellos, aunque no todos, piensan que el uso de símbolos, uniformes y saludos es privativo de las fuerzas armadas. Son parte de su identidad simbólica. Y creen que, así sea el presidente, estas actuaciones ofenden su integridad de cuerpo.
Siendo el presiente ADLE, como lo es, un civil, habría que examinar si incurre en una inconducta si usa prendas de uso privativo de las fuerzas armadas.
Ha habido casos de presidentes que usan tales prendas y rituales. Pero los ejemplos no son buenos para Colombia. Me viene a la mente un caso cercano: Hugo Chávez lo hacía. Pero recuerdo que, fueron los propios militares los que le solicitaron que, ya siendo presidente, se abstuviera de hacerlo.
Por último, esas actuaciones que todos hemos visto, si bien pueden generar apoyos y popularidad al presidente, también ofenden a muchos. Son despliegues innecesarios. La República se basa en el uso de la fuerza tranquila, la fuerza del derecho sin alardes innecesarios.
No es difícil de entender: si la ciudad se diseña para los más vulnerables, todos podemos disfrutar de ella; si se tienen en cuenta las preocupaciones y temores de las mujeres en el espacio público estaremos haciendo ciudades mejores para todos.
Se banaliza y ridiculiza mucho el tema de la perspectiva de género en las políticas públicas sin tener una mínima idea de en qué consiste porque como son "cosas de mujeres" ni se molestan en informarse. Pues ahí van algunas aclaraciones en torno al tema del urbanismo y el género.
Debemos superar dogmas que nos llevan al estancamiento actual y empezar a planear y construir la próxima central hidroeléctrica de EPM, el anhelado sistema de ferrocarril departamental y una nueva línea de metro; necesitamos construir las plazas, parques y calles que garanticen espacio público seguro y de calidad para numerosos barrios que hoy carecen de ellos; nos urge acelerar la construcción de edificios que han de albergar a la población que sufre por falta de oferta de vivienda. Nada de ello es posible sin cemento. El cemento por sí solo no garantiza el progreso, pero sin él no podremos progresar.
Hay que dejar la culpa y el miedo y empezar a hacer las grandes obras que harán posible ese futuro soñado con desarrollo social, ambiental y económico.
En los últimos años se ha instalado en el discurso popular la idea de que “el cemento no es progreso”; basados en esa frase, numerosos líderes políticos nacionales se dedican a ganar votos de indignación atacando cualquier gran obra que se emprende en el país o el departamento. Es así como hemos visto denigrar de Hidroituango, las vías 4G, túneles y sistemas de transporte masivo, usando siempre como excusa inamovible el argumento de que estas obras son malas para el ambiente y pretendiendo con eso cerrar la discusión.
Gracias a avances científicos y a reflexiones alrededor de la sostenibilidad y la regeneración estamos en capacidad de conjugar la protección ambiental con el desarrollo económico y sabemos que esto deriva en el progreso social.
Hoy tenemos el conocimiento necesario para intervenir adecuadamente cauces de ríos y quebradas, para saber que un tren es preferible a un segundo piso vial y que las obras públicas y privadas deben tener en cuenta factores como biodiversidad y permeabilidad del suelo.
Sabemos que la protección de la naturaleza y el desarrollo de infraestructura no son ambiciones excluyentes sino complementarias.
Todavía dizque hablando de la campaña y la gente esperando que le ayuden a levantar su casa del terremoto. La economía como una olla a presión y no ha caído ningún capo importante. La de gobernar no se la saben.
La reforma tributaria de Abelardo y el FMI es contra los pobres y la clase media. Nadie que le ponga IVA al café, la pasta, la fruta y las verduras puede estar pensando en el bienestar de este país.
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Siempre hacen campaña hablando de “reducción del estado” y llegan a subir impuestos, aumentar la deuda y quitarle plata a la cultura.
Y los gremios y demás partidarios suelen brillar por su silencio.
Aplica en lo nacional y en lo regional.
Lo que afirma @piedadrestrepor sobre las finanzas de Medellín es preocupante:
“muchas de las inversiones en infraestructura que se han planteado como producto de ahorros y eficiencias, en realidad están siendo apalancadas por un endeudamiento excesivo”
Cuentas claras para Medellín, parte II
Por: @piedadrestrepor
Medellín se ha caracterizado por tener un nivel de inversión pública alto, apalancado principalmente por los ingresos tributarios, las transferencias de EPM y los recursos del Sistema General de Participaciones. La deuda como mecanismo de financiación ha sido marginal. Retomando la anterior columna en la que analizaba los principales aspectos del presupuesto solicitado por la Alcaldía para 2027, donde el endeudamiento pasaría de $400.000 millones a $1,5 billones, en caso de ser aprobado, vale la pena ahondar también en el endeudamiento de todo el periodo del actual gobierno distrital.
El plan financiero del Plan de Desarrollo Medellín te quiere, 2024-2027, estableció una deuda de $1,97 billones para todo el periodo. A excepción del primer año, donde se ejecutó exactamente lo planeado, esto es, se adquirió deuda por $567.000 millones, en los otros años se ha sobrepasado por mucho lo que se planeó, así las cosas, el mayor endeudamiento, no solo se está solicitando para el último año, sino que ha sido una constante desde el año 2025. En ese año, se obtuvo deuda por un billón de pesos, frente a $480.000 millones que se había planteado en el plan financiero, esto representa un 208% más de lo planeado. El argumento de la administración fue la posibilidad de acelerar la ejecución de varios proyectos. En 2026, por su parte, mientras lo planeado era $520.000 millones, se hizo un ajuste presupuestal con cupos adicionales para $1,3 billones- sin ejecutarse hasta el reporte público de septiembre de 2026-.
Así, de concretarse el mayor endeudamiento para 2027, estaríamos ante un desfase de más del 200% entre la deuda que se planeó - $1,97 billones- y la que efectivamente obtendría la administración distrital. - $4,367 billones- Una situación que compromete la sostenibilidad de la deuda y que reduce ostensiblemente la capacidad de la nueva administración que llegue en 2028 para adquirir nueva deuda.
Medellín ha mostrado su compromiso con una planeación y ejecución responsable para mantener la inversión en niveles altos, sin dependencia excesiva del endeudamiento. En este periodo se revierte ese proceder de forma sustancial.
Retomando la entrevista de agosto al secretario de Hacienda de Medellín (El Colombiano, 28 de agosto de 2026), y ante la pregunta de ¿Cómo va la inversión en colegios, Buen Comienzos y recreos con los recursos que ha logrado recuperar la ciudad? “Es una inversión sin precedentes en la ciudad. Son más de 1.800 obras las que estamos hoy ejecutando, más de 8 billones de pesos que estamos invirtiendo en salud, deporte, educación y cultura.” A renglón seguido también expresó que: “aquí no se construye un presupuesto con humo, son criterios muy técnicos y muy responsables con la ciudad”.” “Nos tuvimos que endeudar como cualquier familia, pero por fortuna la ciudad tiene capacidad de pago y la confianza de las entidades financieras nacionales y multilaterales nos permite que nos presten a buenas tasas”.
La claridad que hay que hacer y subrayar es que, de aprobarse el endeudamiento solicitado al Concejo para el último año, la ciudad quedará con una deuda de más de cinco billones de pesos - $5,647 billones- cuando este gobierno la recibió en casi dos billones de pesos. Así que muchas de las inversiones en infraestructura que se han planteado como producto de ahorros y eficiencias, en realidad están siendo apalancadas por un endeudamiento excesivo que está comprometiendo la sostenibilidad de la deuda y dejando muy baja capacidad de endeudamiento -$655.000 millones, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2027-2036- para apalancar la inversión en el próximo Plan de Desarrollo.
Después de la captura
Por: César Herrera De la Hoz
Buena parte de la violencia que sufre un ciudadano en su barrio no nace en una selva lejana ni en una ruta internacional. Nace en rentas locales: el microtráfico de la esquina, la extorsión al comerciante, el hurto organizado. Esas rentas tienen dueños, y los dueños tienen nombre. Por eso el nivel local es donde se decide una parte considerable de la seguridad cotidiana.
Por esa razón, es acertado reforzar la operatividad local con las capacidades del Estado a nivel nacional: su inteligencia, su investigación criminal y su fuerza pública, puestas al servicio del territorio. Esa línea de la política de seguridad debería fomentarse, mantenerse y extenderse a los principales centros urbanos. Atacar las rentas que se explotan a nivel local es correcto, porque ahí está gran parte del dinero que sostiene a las organizaciones y el miedo que soporta la gente.
También es correcto individualizar. Una cosa es hablar de estructuras en abstracto y otra identificar a quienes determinan y ejecutan hechos de violencia e intimidación contra los ciudadanos. La evidencia disponible, en buena parte de otros países y con diseños de evaluación limitados, sugiere que las intervenciones focalizadas sobre grupos y personas concretas reducen el delito en una magnitud moderada, y menos cuando la evaluación es más exigente. No promete milagros, pero es una apuesta mejor informada que la presencia difusa.
Lo mismo vale para el trabajo interinstitucional. La Policía conoce la calle y el barrio, el Ejército acompaña donde la situación lo exige, la Fiscalía convierte la información en proceso, y las alcaldías y gobernaciones aportan la oferta social y la autoridad que ordena el territorio. Es en lo local donde esas instituciones se encuentran, y donde su descoordinación se nota primero.
Los desafíos empiezan después del golpe. Lo primero es mantener la presión. Una organización golpeada deja un espacio, y ese espacio rara vez queda vacío: otro grupo lo ocupa, o quienes quedan se disputan la sucesión, y esa disputa puede traer más violencia que la que se quiso detener. Los operativos deben ser constantes para que el poder ilegal que se desplazó no sea reemplazado por otro.
Lo segundo es la justicia. Una captura es un punto de partida, y el resultado es una imputación que se sostiene y una sentencia condenatoria que refleje justicia. Para que haya condenas, los operativos deben respetar el debido proceso desde la captura. Si los procesos se caen o los capturados salen pronto, el costo para la organización es bajo y la comunidad concluye que nada ha cambiado. Hace falta dar seguimiento a los casos, y no solo a los operativos.
Lo tercero es el vecindario. Cuando se golpea una zona, la actividad ilegal puede trasladarse a los barrios o municipios contiguos. La evidencia no es unánime: en estudios sobre mercados locales de drogas se ha observado poco desplazamiento y, en algunos casos, incluso beneficios que se extienden a las zonas cercanas. La conclusión sensata no es dar por hecho el desplazamiento del fenómeno criminal ni descartarlo, sino vigilarlo.
Lo cuarto son las rentas. Detener a las personas sin afectar el dinero deja la estructura en condiciones de recomponerse con otras. Por eso los operativos requieren las precauciones necesarias para que, al tiempo que se captura, se investigue el flujo financiero y se actúe sobre los bienes de las organizaciones.
Y lo quinto es ampliar y reforzar el paso dado para cubrir el territorio nacional. Eso exige que cada lugar tenga la capacidad de sostener la presión, la investigación y el seguimiento judicial, y no todos la tienen. Por eso conviene que el refuerzo de cada lugar avance al ritmo de su capacidad para sostenerlo.
El criterio para saber si esta línea funciona no debería basarse en cuántas capturas se anuncian. Debería ser si el territorio deja de estar a merced de quien manda sin autoridad. Un operativo exitoso ocurre en un día; el Estado presente es el que sigue ahí después. Esa es la parte más difícil y la que más importa.
🔍 ¿Qué sucede cuando el poder decide qué imágenes podemos ver, qué historias podemos contar y qué expresiones artísticas tienen lugar?
El martes 17 de noviembre, a las 6:30 p. m., acompáñanos en el Teatro MAMM a ‘Primero vinieron por la cultura (y yo no dije nada)’, una conversación con Lucas Ospina (@LuisaPoncas), profesor de la Universidad de los Andes, en el marco de nuestro nuevo ciclo de conversaciones 'Arte y censura'.
A partir de hechos históricos y recientes de represión gubernamental sobre el campo cultural, Ospina pondrá en diálogo imágenes, textos y escenas cinematográficas para explorar cómo los gobiernos han utilizado la censura, la propaganda y el control de las expresiones artísticas para moldear nuestra manera de entender el mundo, la memora y, en ese sentido, consolidar el poder.
Una conversación para pensar qué papel tiene la cultura frente a la censura y qué está en juego cuando dejamos de defenderla.
📅 Martes 17 de noviembre
🕡 6:30 p. m.
📍 Teatro MAMM
Entrada libre con inscripción previa. Más información en https://t.co/p8F0qLJ2FM.
La moto es un instrumento de trabajo, movilidad e inclusión para millones de personas. Pero también la principal causa de muerte de hombres jóvenes en el país, después de los homicidios. Con este documento queremos generar conciencia y llamar a la acción y la prevención.