🚨El aceite de oliva marroquí penetra en España, con un aumento del +9.979% en los primeros meses de 2026. En sentido contrario evolucionan las exportaciones españolas al país magrebí, que se desploman un 75,2%. Así protege el campo el gobierno de la gente.
Londres.
A la derecha aficionados de Marruecos celebran la victoria en el mundial con vandalismo y prendiendo fuego ante la Policia.
A la izquierda un británico arrestado por tratar de evitar que los marroquíes cometieran más vandalismo.
Sociedad distópica
El escudo de Felipe II en la fachada del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial con las armas de Castilla, León, Aragón, Granada, Portugal, Sicilia, Borgoña, Brabante, Hungría, Tirol, Flandes y Austria.
Si hoy sales con una camiseta de la Selección por el País Vasco para animar a España contra Portugal, ratas aberchándales pueden atacarte en jauría.
Pero si sale una turba con la de Marruecos, los "valientes" gudaris de Otegi se hacen popó y se esconden.
La Cadena SER sacó un artículo para defender el proceso de la ley de nietos, que os pongo en el segundo post.
Lo titula 'los datos frente al discurso'.
Lo he leído entero, y bueno… allá voy.
Primero, dicen que la instrucción no amplió nada, que solo aclara la ley.
Pero la ley exigía ser descendiente de un exiliado, y la instrucción la reescribió para que valga ser nieto de cualquier español, con exilio o sin él.
La propia instrucción admite por escrito que el texto va 'únicamente' para descendientes de exiliados, y aun así lo reinterpreta.
Os lo he puesto literal en la imagen.
Además, el Congreso ya había rechazado dos veces, en 2022, las enmiendas de Ciudadanos que pedían esa ampliación.
Y cinco días después de publicarse la ley, una instrucción de una Dirección General la sacó adelante.
Por eso el TSJ de Madrid tramita desde diciembre de 2022 un recurso que pide anularla.
Segundo.
Comparan con la nacionalización de sefardíes que aprobó el PP en 2015.
Aquella ley obligaba a demostrar la condición de sefardí y una vinculación real con España, hacía pasar por dos exámenes del Instituto Cervantes y exigía comparecer en persona ante notario aquí.
Un proceso caro y selectivo que dio unas 72.000 nacionalidades repartidas por medio mundo.
Y aunque la ley me parezca una chorrada, y esos sefardíes también votan, eran muchos menos, así que lógicamente a nadie se le ocurrió hablar de amaño.
Tercero.
Es verdad que la parte genealógica, la que conecta al abuelo con España, pasa ciertos controles.
Pero el exilio, que era el requisito de la ley, no hay que demostrarlo.
A quien salió de España entre 1936 y 1955 se le presume: basta con acreditar que se marchó, sin decir por qué.
Y a quien salió entre 1956 y 1978 se le da por exiliado con un certificado de un partido o un sindicato.
Así que la documentación prueba de quién desciendes, pero no que ese abuelo fuera un exiliado, que es lo que la ley decía reparar.
Cuarto, y aquí les doy la razón: es un proceso lento.
Para tramitar la nacionalidad por la ley de nietos se han pedido unos 2,5 millones de citas. De esas, alrededor de 1,2 millones de solicitudes se han presentado de verdad.
Concedidas, a 31 de marzo de 2026, unas 544.000. E inscritas ya en el registro, con derecho a voto, unas 306.000.
O sea, en tres años se ha completado menos del 15% del total.
No habrá seguramente millones de votantes nuevos para 2027. Pero quizás si para las siguientes, y sucesivas.
Junto con los regularizados que podrán votar en unos años, serán millones de nuevos españoles que le deben su nacionalidad al PSOE.
El voto exterior no siempre participó tan poco.
Antes de 2011, sin trabas, votaba con normalidad: por encima del 25%, y en 2008 llegó al 31,7%.
En 2011 se introdujo el llamado voto rogado, que obligaba a pedir la papeleta para poder votar, y la participación se hundió por debajo del 5%.
Esa traba se suprimió en 2022, y en 2023, en las primeras generales ya sin ella, rebotó al 10%.
Y con ese 10%, ojo, el voto de fuera ya cambió un escaño en Madrid.
Quinto.
Sobre la externalización, contestan con Buenos Aires, donde dicen que solo se digitalizan datos.
Ni una palabra de La Habana y de PALCO, la empresa estatal cubana a la que el consulado paga más de un millón de euros y que le coloca el personal, porque es la única que el régimen autoriza.
Sexto, la circunscripción.
Aseguran que se elige por arraigo y que no vale cualquier criterio.
Pero al parecer el propio formulario de Exteriores no obliga a acreditar ningún arraigo: basta con escribir el municipio y la provincia donde quieres votar, y para lo demás hay una casilla de ‘otros motivos’ sin mecanismo de verificación.
Si de verdad no valiera cualquier criterio, no habría nada que auditar.
Y cómo se asigna la provincia a cada nuevo votante es justo lo que se ha pedido auditar a la Junta Electoral.
Porque puede ser decisivo.
El 3 de julio de 1549, el emperador Carlos ordenó al Consejo de Indias que se detuvieran de inmediato todas las conquistas en América hasta que se tuviera la absoluta certeza de que los españoles estaban actuando de una forma moralmente correcta. Aquella decisión supuso un hito insólito en la historia universal. Por primera vez, una potencia hegemónica en plena fase expansiva congelaba su maquinaria bélica y administrativa por un dilema ético, obligándose a reflexionar sobre la legitimidad de su propio poder.
En ningún momento las potencias anglosajonas se plantearon un dilema de similar envergadura moral. Mientras el mundo hispánico se sumergía en un profundo examen de conciencia, el posterior avance británico y estadounidense operó bajo premisas marcadamente distintas, fundamentadas en la exclusión legal o la deshumanización de los nativos. Un claro ejemplo de esta divergencia jurídica se manifestó siglos después en Australia, donde el modelo anglosajón sostuvo que los aborígenes carecían de alma o directamente dictaminó que no existían bajo el concepto legal de tierra baldía.
Para dar respuesta a las inquietudes del emperador, se convocó un encuentro de teólogos y juristas en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Durante el verano de 1550 y la primavera de 1551, la ciudad se convirtió en el epicentro del debate intelectual de Europa. En aquellas sesiones participaron figuras de la talla de Domingo de Soto, Bartolomé de Carranza, Melchor Cano y Pedro de la Gasca, quienes escucharon los demoledores argumentos de dos tesis absolutamente antagónicas.
Por un lado, Juan Ginés de Sepúlveda intervino como defensor de la llamada guerra justa, utilizando la superioridad cultural europea para justificar la tutela obligatoria y la sumisión de los nativos. En el extremo opuesto, Bartolomé de las Casas ejerció una defensa visceral y apasionada de la plena humanidad de los indígenas, exigiendo el fin de los atropellos y el respeto absoluto a sus sociedades.
El dictamen final asumió la célebre tesis de Francisco de Vitoria, el eminente teólogo que había fallecido en Salamanca en 1542. Vitoria argumentaba que, habiéndose producido ya la conversión de numerosos nativos, el abandono de aquellas provincias resultaría ilícito e inconveniente para el propio bienestar y protección de los recién bautizados.
La cita textual del jurista salmantino dejó claro el camino a seguir: «Después de que se han convertido allí muchos bárbaros, ni sería conveniente ni lícito al príncipe abandonar la administración de aquellas provincias».
Bajo esta premisa de responsabilidad protectora, la Junta reconoció formalmente que los indígenas eran personas provistas de derechos propios por el mero hecho de ser hombres. A raíz de este veredicto, la Corona dictó una serie de instrucciones sumamente concretas destinadas a evitar daños y abusos sobre la población local. Fue la primera ocasión en la historia en que un pueblo conquistador establecía límites jurídicos a su propia expansión, asumiendo de forma pionera los principios embrionarios de lo que hoy conocemos como los derechos humanos.
No se la metíamos tan doblada a Austria desde que Felipe IV le aseguraba a su sobrino Leopoldo I que su compromiso con la infanta María Teresa seguía en pie cuando ya tenía casi firmado su matrimonio con su otro primo, Luis XIV.
Marta, ganadera e influencer: “Como cojones no estamos en la calle. España tenía que estar ardiendo para pedir dignidad”
Respeto y honor a esta mujer👏👏👏👏👏👏
Si imputan a la Directora General de la Guardia Civil no tiene que dimitir ella, la tiene que cesar el Presidente del Gobierno inmediatamente después de cesar al Ministro del Interior. Y a continuación, disolver las Cortes y pedir perdón por haber permitido (si no impulsado) unas cloacas cuyo único fin era evitar las investigaciones contra el doblemente procesado de su hermano y la tetraprocesada de su esposa.
Todo lo demás es basura.
#EXCLUSIVA
Empresarios alicantinos que blanqueaban para la mafia rusa recurrieron al "grupo de ZP" para negocios en Cuba con níquel y cobalto, según informó la Udyco al juez
Llevábamos tiempo detrás de esta historia. Ya en @elespanolcom
https://t.co/35kzoviEEU