El registro obligatorio de celulares no es un simple trámite. Es una decisión de Estado que condiciona el acceso a una herramienta indispensable, trabajo, banca, escuela, emergencias, familia, denuncia, a la entrega de datos personales. Y cuando casi 90 millones de líneas no se han registrado, el problema ya no es de “cumplimiento”: es de confianza pública.
Combatir la extorsión es urgente. Pero no se combate convirtiendo a toda la población en sospechosa preventiva. El Estado debe investigar delincuentes, no construir padrones masivos de ciudadanos. La seguridad no puede ser pretexto para abrir una puerta permanente a la vigilancia, al mal uso de datos o a la suspensión de servicios esenciales.
Una prórroga podrá evitar el golpe político del 30 de junio, pero no resuelve el fondo: México necesita seguridad, sí; pero con Constitución, proporcionalidad y respeto a derechos humanos. El celular no puede convertirse en el nuevo permiso estatal para existir en la vida digital.
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Sin garantías claras sobre el uso y resguardo de datos, el registro de usuarios de telefonía móvil puede comprometer la privacidad y el acceso sin discriminación a la tecnología.
🔗 Consulta la nota con algunas preocupaciones que hemos señalado en torno al registro móvil. https://t.co/LU0GyiHecO
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Para aquel que todavía no sabe la diferencia entre Indetectable e Intransmisible, y para aquel piensa que VIH y SIDA son sinónimos.
Señores chairos, entiendo que están sufriendo demasiado por la dolorosa derrota en Coahuila, pero es mi deber informar que el #Olinia es una vil copia de un vehículo chino.
Se trata de la furgoneta Chengshi Matrix 1 que tiene un costo de 145 mil pesos y con mejores prestaciones que el modelo pirata mexicano.
Ni para robar ideas son buenos.