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Que absurdo que los inspectores de trabajo declinen competencia ante casos de acoso y violencia en el trabajo, al margen de si los trabajadores son asalariados o independientes. La ley 1610 de 2013 los faculta para imponer sanciones por "la violación de una norma de trabajo" (art. 3), premisa que incluye normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, aplicables a todos los trabajadores. Lo anterior lo confirma el artículo 12 de la ley 1610 de 2013, que establece como uno de los criterios de graduación "la grave violación de los derechos humanos". En suma, el derecho internacional de los derechos humanos y las normas constitucionales son fuentes normativas del derecho laboral que protegen ampliamente la dignidad de todos los trabajadores (sin importar su forma de vinculación) y deben ser aplicadas por los funcionarios públicos para proteger y también para corregir y sancionar a los infractores a las mismas.