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@moni_calles
POSTLANDIA--cronica política sin permiso
"El esquema de corrupción que el OIC del INE no detectó (y la ASF aún menos): una explicación clara"
El 9 de septiembre, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente, compareció ante la Cámara de Diputados. Presentó un informe de 789 renglones. De todo ese volumen, solo seis renglones —y de manera genérica— mencionaron lo que después se reveló como un entramado de irregularidades graves. Habló de auditorías de más de 300 millones de pesos de “fines pasados”, pero minimizó o pasó por alto los montos del INE actual. El OIC está presente en los órganos que aprueban adquisiciones, sin embargo no detectó las contrataciones problemáticas ni la red que periodistas documentaron después. Tampoco advirtió sobre el inmueble de Picacho 259, señalado como sede alterna donde se concentraban prácticas irregulares.
Cómo operaba el esquema
El diseño institucional facilitó que las irregularidades pasaran desapercibidas para los propios controles:
1. **Concentración de facultades en la presidencia**
Desde la reforma de 2024, la presidencia del INE puede designar y remover titulares de direcciones y unidades técnicas sin aprobación del Consejo General. Esto redujo los contrapesos colegiados que antes exigían mayoría calificada. Las áreas sensibles (contrataciones, administración, contencioso electoral) quedaron más expuestas a perfiles leales o con vínculos previos.
2. **Redes de proveedores y flujos opacos**
Contratos (incluidos de adjudicación directa) se canalizaron a empresas o personas vinculadas a funcionarios o a redes que operaban con el instituto. Pagos, facturas y sobreprecios no fueron detenidos a tiempo. El OIC, aunque participa en los comités de adquisiciones, no activó alertas preventivas ni cruzó de oficio la información con el SAT ni con registros públicos.
3. **Declaraciones patrimoniales sin verificación real**
Funcionarios y trabajadores presentaban declaraciones de bienes e intereses. En varios casos documentados, el valor de propiedades, vehículos o activos resultaba desproporcionado respecto del salario declarado (hasta 30 veces en ejemplos señalados). Poderes notariales no declarados, omisiones y evolución patrimonial inexplicable no fueron investigados de oficio. El OIC depende en gran medida de la autodeclaración y de la iniciativa interna; cuando el revisor puede verse involucrado o no profundiza, el conflicto moral eleva la impunidad.
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@moni_calles
POSTLANDIA--cronica política sin permiso
"Morena y la insaculación: el instrumento que ya demostró servir a la corrupción y que ahora quieren repetir a cualquier costo"
La intención de Morena de detentar el poder del INE cueste lo que cueste se manifiesta con claridad en su defensa de la insaculación y en su rechazo a cualquier mecanismo que obligue a un consenso real o a evaluaciones imparciales.
En 2023, sin mayoría calificada, integraron un Comité de Evaluación con perfiles afines y de ahí sortearon a Guadalupe Taddei.
Como señala Mónica Calles, no surgió de acuerdos ni de evaluaciones técnicas profundas, sino de una decisión unilateral disfrazada de “tómbola”.
En 2026, ya con mayoría, ni siquiera necesitaron el sorteo: impusieron a los consejeros que quisieron.
Ahora, ante la renovación de la presidencia, rechazan devolver las facultades colegiadas que ellos mismos concentraron en 2024 y amenazan con imponer las reglas de la convocatoria si no se aceptan sus condiciones.
La insaculación ya demostró ser un instrumento útil para la corrupción, no para la independencia.
Bajo la presidencia de Taddei se documentaron irregularidades que no son anécdotas: contratos con proveedores vinculados, omisiones patrimoniales, desproporciones entre salarios declarados y valor de bienes (en algunos casos hasta 30 veces), poderes notariales no declarados y designaciones de perfiles leales o con antecedentes partidistas en áreas sensibles como la UTCE.
Estas prácticas no surgieron por casualidad.
Surgieron en un diseño donde la presidencia concentró facultades unipersonales, los contrapesos colegiados se debilitaron y los órganos de control (ASF y OIC) operaron de forma reactiva: conocen los huecos, los documentan cuando hay presión externa y no los tapan de manera preventiva.
Cuando el revisor interno puede verse involucrado o no activa controles de oficio, el conflicto moral eleva la impunidad.
Las consecuencias para México son graves y ya se están pagando.
Un árbitro cuya designación y operación interna responden a la lógica de la mayoría que lo sostiene pierde la capacidad de generar certeza.
El voto del ciudadano deja de ser percibido como el reflejo limpio de su libre voluntad y pasa a ser sospechado de favoritismo o captura.
La ASF y el OIC, al voltear la cara o actuar tarde, convierten el sistema de verificación patrimonial y de contrataciones en un trámite formal que no cruza de oficio con el SAT ni con registros públicos.
El resultado es campo abierto para que dinero ilícito o intereses externos se filtren sin consecuencias efectivas, mientras el ciudadano queda sometido a un instituto cuya autonomía formal existe en el papel, pero cuyos mecanismos reales de control han sido debilitados por la misma fuerza que ahora decide el relevo.
Morena insiste en detentar el poder del INE porque el diseño actual le funciona: le permite nombrar, administrar y, cuando llegan los escándalos, señalar “casos aislados” mientras se niega a corregir las reglas.
La insaculación y la imposición con mayoría no son accidentes; son el método.
Mientras se defienda ese método y se rechace el consenso, la transparencia real y la restauración de contrapesos colegiados, las consecuencias para la certeza electoral y para la confianza de la nación seguirán siendo exactamente las que ya se documentaron bajo Taddei: irregularidades sin cierre, órganos de control que conocen los huecos y un árbitro cada vez más subordinado.
México no necesita otro sorteo ni otra imposición.
Necesita que el poder de designar al árbitro deje de estar en manos de quien ya demostró usarlo para mantener el control.

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@moni_calles
POSTLANDIA--cronica política sin permiso
"El árbitro “independiente” que Morena insiste en seguir nombrando a su antojo"
Porque nada dice “certeza electoral” como dejarle a una sola persona las llaves del instituto, mientras la ASF y el OIC voltean la cara y el campo queda abierto para el narco
El INE es autónomo, dice la Constitución.
También lo dicen quienes en 2024 le regalaron a la presidencia la facultad de designar y remover directores y unidades técnicas sin pedirle permiso al Consejo General.
Antes hacía falta el voto de al menos ocho de once consejeros; ahora basta con que quien ocupe la silla quiera.
"Eficiente, moderno y, sobre todo, conveniente"
Caribepeninsular
El PAN propuso devolver esas decisiones al órgano colegiado.
Morena rechazó la idea.
En las negociaciones para elegir a la sucesora de Taddei dejó claro que no acepta condiciones que le quiten el control.
Si no hay consenso, se impone la mayoría. Así de simple y así de “democrático”.
Latinus
Mientras tanto, la ASF anuncia estudios históricos de 2000 a 2025 y auditorías “en desarrollo”, y el OIC del instituto sigue operando con las mismas omisiones de siempre.
Ambos conocen las irregularidades —contratos, de proveedores, desproporciones patrimoniales, poderes notariales no declarados— y las investigaciones llegan tarde o se quedan en el limbo.
Tal parece que se convirtieron en juez y parte: documentan los huecos cuando ya hay presión externa y, al final, no los tapan.
El riesgo de un árbitro subordinado no es teoría.
Es el diseño que Morena aprobó y ahora se niega a corregir.
Cuando los nombramientos clave, el manejo de recursos y las áreas técnicas dependen de una sola persona que llega o se mantiene gracias al apoyo de quien controla el Congreso, y cuando los órganos de control voltean la cara, el instituto puede seguir llamándose autónomo mientras opera con la lealtad de quien lo designó.
Los contratos a modo y los vínculos con proveedores no aparecen por generación espontánea; aparecen cuando los contrapesos se debilitan a propósito y luego se finge que el problema es “de personas”, no de reglas.
Kenia López y el PAN han dicho en voz alta lo que muchos ya ven: Morena quiere el control total.
El de decidir quién manda en las áreas que cuentan votos, fiscalizan y contratan.
Y cuando se les pide restaurar la colegialidad para que el voto ciudadano tenga alguna posibilidad de ser percibido como libre, responden con el silencio de quien tiene los votos suficientes para no negociar.
@kenialopezr
Con ese control y con una ASF y un OIC que documentan pero no cierran, nuevamente queda campo abierto para la intervención del narco.
Sin contrapesos reales ni verificación preventiva, el dinero ilícito puede filtrarse en contratos o estructuras del instituto sin que nadie lo detenga a tiempo.
El ciudadano queda sometido: su voto se emite en un sistema donde el árbitro puede ser capturado, los controles miran hacia otro lado y las consecuencias no llegan a quienes más poder tienen.
La vecindad con Estados Unidos no convierte este esquema en menos riesgoso.
Un árbitro designado y operado con la lógica de la mayoría que lo sostiene, vigilado por órganos que conocen los huecos y no los tapan, no genera certeza; genera la expectativa de que las reglas se aplican según convenga a quien tiene el control y de que el narco opera con impunidad.
Mientras Morena se niegue a devolver los contrapesos que ella misma eliminó y los órganos de control sigan volteando la cara, el discurso de “institución autónoma” seguirá siendo un lema que se repite mientras se conserva el poder de decidir quién lo administra.

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