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@moni_calles
POSTLANDIA--cronica política sin permiso
**Corroboración de lo que afirma Mónica Calles sobre el comunicado del INE**
El comunicado de prensa número 491 del INE (7 de noviembre de 2026), dirigido a los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), confirma en lo esencial lo que señala Mónica Calles: es una respuesta genérica, sin compromisos concretos, que busca desactivar el paro del 9 de noviembre sin atender las demandas centrales.
Puntos que se corroboran con el texto del comunicado
1. **No hay promesa clara de aumento salarial**
El comunicado reconoce las preocupaciones salariales y dice que “estamos trabajando en el análisis y valoración de distintas alternativas para mejorar sus condiciones laborales, considerando las necesidades identificadas y las posibilidades institucionales y presupuestales”.
No anuncia aumento para 2026 ni compromete uno para 2027.
Solo habla de “medidas viables, responsables y sostenibles” que se definirán después.
Esto coincide con la afirmación de Calles de que no hay promesa de aumento y de que, en el mejor de los casos, se “someterá a consideración” sujeto a disponibilidad presupuestal.
2. **Reconocimiento de las demandas, pero sin respuestas concretas**
El texto admite que conocen lo expresado por los trabajadores sobre condiciones salariales, laborales y operativas, y que reconocen “la legitimidad de sus preocupaciones”.
Sin embargo, no menciona puntos específicos del pliego (días de descanso trabajados, tiempo de comida, mesa nacional, calendario, ni la situación de la frontera norte).
Solo promete “diálogo abierto” y “acciones concretas que reconozcan… la importancia de su trabajo”.
Esto respalda la crítica de que el comunicado es “puro humo” y no responde punto por punto.
3. **Ausencia de firma y de responsable**
El comunicado aparece sin firma de un funcionario o área responsable.
Calles señala que no tiene trascendencia formal ni jurídica.
El documento, tal como se muestra, confirma esa omisión: es un texto institucional genérico, no un acuerdo firmado.
4. **Tono de contención del paro**
El comunicado enfatiza que se está “retomando el diálogo” y que se informará “de manera clara y oportuna” cuando se definan medidas.
No menciona el paro del 9 de noviembre ni asume compromisos previos a esa fecha.
Esto apoya la lectura de que busca desactivar la movilización sin ofrecer resultados inmediatos.
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@moni_calles
POSTLANDIA--cronica política sin permiso
'Inferencias del texto de Mónica Calles a la luz del esquema documentado en el INE"
La columna de Mónica Calles no es solo una propuesta de procedimiento para renovar la presidencia del INE.
Leída contra el esquema criminal que operó bajo Guadalupe Taddei, funciona como un diagnóstico de por qué ese esquema pudo consolidarse y como una advertencia de que, si no se cambia el método de designación, el mismo ciclo puede repetirse.
Lo que el texto describe y lo que se infiere
Calles señala que la insaculación de 2023 y la imposición de 2026 fueron respuestas de Morena ante la imposibilidad o la posibilidad de controlar el Consejo General.
De la tómbola salió Taddei; de la mayoría calificada salieron las designaciones posteriores.
La inferencia directa es que ambos mecanismos priorizaron la lealtad o el azar sobre la evaluación objetiva.
El resultado, documentado en videos, contratos y amenazas, fue un árbitro que terminó operando con un proveedor que tenía capacidad de presión (“Me pasa algo a mí, te lleva la chingada a ti y a todo tu puto INE”) y una red de contrataciones que los controles internos no detuvieron a tiempo.
El texto insiste en que “quien controla el Comité de Evaluación controla el proceso”.
Esto se infiere del hecho de que, cuando el Comité estuvo integrado por perfiles afines, las quintetas y las designaciones favorecieron a quienes convenían a la mayoría.
En el esquema de Taddei, esa lógica se trasladó a las áreas operativas: se colocaron perfiles leales en contrataciones y administración, se normalizaron contratos con Cajas Graf y empresas vinculadas, y se generaron beneficios familiares.
El Comité de Evaluación no fue el único filtro fallido; fue el primero de una cadena que luego los OIC y la ASF no corrigieron.
Calles propone comparecencias públicas, evaluación de trayectoria y consenso entre mayorías y minorías.
La inferencia es que la opacidad y la exclusión de contrapesos fueron condiciones necesarias para el esquema.
El informe de 789 renglones del OIC (solo seis dedicados al “cochinero”), la falta de cruce de declaraciones patrimoniales con el SAT, la no detección de Picacho 259 y la reacción tardía de la ASF demuestran que, cuando no hay escrutinio externo real, la información se fragmenta y el desorden protege a quienes operan desde adentro.
Un procedimiento transparente habría dificultado tanto la captura inicial como la normalización posterior de las irregularidades.
El costo humano y presupuestal
El texto de Calles habla de recuperar el rumbo democrático.
La inferencia, a la luz de la precariedad de los trabajadores, es que el rumbo que se perdió no solo es institucional, sino también operativo.
Mientras el proveedor y la presidencia gestionaban contratos millonarios y “seguros de vida”, los operadores de módulos recibían 250 pesos diarios y preparaban un paro.
#DesfalcoVsPrecariedad #TrabajadoresINE #ParoNacionalINE #SaqueoINE #TaddeiYHernandezCasillas #CajasGraf #OICnoDetecto #ASFVolteaLaCara #Picacho259 #ControlesCiegos #ArbitroSecuestrado #ImpunidadEstructural #250PesosDiarios #RecorteINE #CertezaElectoral #JuezYParte #NoMasHuecos #MexicoMereceCerteza
@moni_calles
POSTLANDIA--cronica política sin permiso
"El desfalco millonario frente a la precariedad de los trabajadores: el esquema criminal del INE en toda su dimensión"
El contraste que revela el reportaje es brutal y encaja de manera directa con el esquema criminal que operó en el Instituto Nacional Electoral bajo la presidencia de Guadalupe Taddei.
Mientras uno de sus hijos brindaba en un hotel de lujo en París con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, miles de trabajadores del propio INE —especialmente los cerca de 5,000 que atienden módulos de credencialización— denuncian condiciones de precariedad extrema y preparan un paro nacional para el 9 de noviembre.
El contraste que expone el saqueo
Los trabajadores de módulos móviles, como Mauricio en Oaxaca, recorren caminos de terracería y viajan hasta 12 horas.
Reciben menos de 10,000 pesos mensuales.
Para alimentación y hospedaje el instituto les asigna 250 pesos diarios.
Algunos duermen en un sillón dentro de una oficina.
Ponen de su propio bolsillo para poder hacer su trabajo, exactamente como ocurre con médicos y enfermeras en el sistema de salud.
Mientras tanto, el proveedor consentido y la entonces presidenta aparecen vinculados a contratos millonarios, viajes, propiedades y, en el video más reciente, a una amenaza explícita:
“Me pasa algo a mí, te lleva la chingada a ti y a todo tu puto INE”.
El desfalco que se documenta (contratos opacos, redes de proveedores, patrimonios desproporcionados, inmuebles como Picacho 259) rebasa por mucho lo que los trabajadores exigen: un aumento salarial del 25% y condiciones dignas.
Como señala el reportaje, da tristeza ver que no se pueda mejorar el servicio a la ciudadanía mientras otros tienen “otros planes” con ese recurso.
#MePasaAlgoYTeLlevaLaChingada #ProveedorSecuestraAlINE #EsquemaCriminalINE #TaddeiYHernandezCasillas #CajasGraf #OICnoDetecto #ASFVolteaLaCara #Picacho259 #SaqueoINE #ControlesCiegos #ArbitroSecuestrado #ImpunidadEstructural #CertezaElectoral #JuezYParte #NoMasHuecos
@moni_calles
POSTLANDIA--cronica política sin permiso
“Me pasa algo y te lleva la chingada a ti y a todo tu puto INE”:
(El proveedor que tenía secuestrado al árbitro electoral mientras el OIC y la ASF miraban a otro lado)
El video más reciente difundido por Latinus, en el que el empresario José Alfredo Hernández Casillas (apoderado de Cajas Graf) relata haber amenazado a Guadalupe Taddei, no es un hecho aislado.
Es la pieza que cierra el esquema criminal que operó dentro del Instituto Nacional Electoral durante su gestión y que involucra múltiples instancias.
La amenaza como evidencia del esquema
En la grabación, Hernández Casillas afirma haberle advertido a Taddei:
“Tienes en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, tienes declaraciones mías con todo el puto rollo que puedo decir aquí en México.
Me pasa algo a mí, te lleva la chingada a ti y a todo tu puto INE.”
Esto no es solo una amenaza personal.
Es la demostración de que el proveedor había acumulado material comprometedor (declaraciones, videos, conversaciones) como “seguro de vida” precisamente porque controlaba una red de contratos, plazas y funcionarios que operaba con el aval de la entonces presidenta.
Las grabaciones fueron hechas por él mismo a principios de 2026, cuando la relación de negocios se deterioró, y las resguardó en el extranjero para ejercer presión.
Infobae
Cómo se articulaba el esquema criminal
El esquema no dependía de un solo actor. Operaba por capas:
La presidencia y la concentración de poder
La reforma de 2024 otorgó a la presidencia del INE facultades unipersonales para designar y remover titulares de áreas clave sin contrapeso colegiado.
Bajo Taddei se colocaron perfiles leales o con vínculos previos en áreas sensibles (contrataciones, administración, contencioso).
La insaculación de 2023 y las imposiciones de 2026 con mayoría calificada de Morena generaron un ambiente donde las lealtades pesaban más que los controles internos.
La red de proveedores y contratos
Empresas como Cajas Graf (y otras vinculadas a Hernández Casillas) obtuvieron contratos millonarios en el INE y en el Instituto Electoral de Sonora cuando Taddei lo presidía.
Videos anteriores muestran conversaciones en las que presuntamente se reparten porcentajes de contratos (incluyendo el de credenciales para votar, de hasta 71 millones de dólares).
También aparecen beneficios a hijos de Taddei (viajes a París, propiedades financiadas con facturas millonarias).
El proveedor no solo vendía; controlaba parte de la estructura y amenazaba con destruirla si lo traicionaban.
Los controles que voltearon la cara (OIC y ASF)
El OIC del INE, dirigido por Víctor Hugo Carvente, presentó un informe de 789 renglones ante la Cámara de Diputados en el que solo seis renglones, de manera genérica, tocaron el “cochinero”.
Participaba en los órganos de adquisiciones, pero no detectó las contrataciones problemáticas ni el inmueble de Picacho 259 (señalado como sede alterna con prácticas irregulares).
La ASF anuncia estudios históricos y auditorías “en desarrollo”, pero opera de forma reactiva: documenta patrones después de que ya ocurrieron.
Ambos conocen o deberían conocer los huecos (contratos, flujos, omisiones patrimoniales, desproporciones de hasta 30 veces entre salario y bienes), pero no los tapan a tiempo.
Se convierten en juez y parte.
#ImpunidadATodosLosNiveles #DesordenQueOculta #Picacho259 #ViajesEnBusiness #SaqueoINE #OICnoDetecto #ASFVolteaLaCara #TEPJF #FelipeDeLaMata #CertezaElectoral #ArbitroSubordinado #JuezYParte #NoMasHuecos #MexicoMereceCerteza
@moni_calles
POSTLANDIA--cronica política sin permiso
"Impunidad a todos los niveles: de Picacho 259 a los viajes en business, el desorden que permite al INE y al TEPJF ocultar la información"
El mismo esquema que entierra la información en el sistema electoral.
El ejemplo de los viajes del magistrado Felipe de la Mata no es un caso aislado del Tribunal Electoral.
Es la misma lógica de impunidad y desorden que ya se documentó en el INE y que permite que las irregularidades se oculten o se extravíen entre trámites formales, autorizaciones internas y controles que no cruzan datos.
El ejemplo concreto y cómo funciona el desorden
Según la información difundida por Mónica Calles:
De la Mata es el magistrado que más gasta en viajes.
Viaja en business (hasta 3.6 veces más caro que turista), justificado por “salud física y mental”.
Lleva secretarias de estudio y cuenta (sueldo de ~$164 mil mensuales) que en todo 2025 no elaboraron una sola sentencia, pero sí viajaron con él como “apoyo logístico”.
Para sesiones de 2 días se ausenta 9.
Se autoriza comisión a Italia y se piden viáticos para Londres.
Todo es aprobado por sus colegas de la Sala Superior.
Este es el mecanismo del desorden:
La autorización es interna (los mismos pares aprueban).
La justificación es genérica o personal.
No hay cruce obligatorio con el trabajo real producido por el personal acompañante.
No hay verificación externa preventiva de la proporcionalidad del gasto.
Cuando alguien pregunta, el expediente formal existe (“comisión autorizada”), pero la información relevante (productividad cero, destinos extendidos, diferencia de tarifa) queda dispersa o se presenta de forma fragmentada.
El desorden no es accidental: permite que el gasto se normalice y que la información clave se extravíe entre renglones genéricos.
Cómo se replica exactamente en el INE
El mismo patrón opera en todos los niveles del Instituto Nacional Electoral:
Nivel de control interno (OIC)
Víctor Hugo Carvente presentó un informe de 789 renglones ante la Cámara de Diputados.
Solo seis renglones, de manera genérica, tocaron el “cochinero”.
El OIC participa en los órganos de adquisiciones, pero no detectó las contrataciones problemáticas ni el inmueble de Picacho 259 (señalado como sede alterna con prácticas irregulares).
La información estaba ahí; el desorden (informes genéricos, falta de cruces de oficio con el SAT y el Registro Público) la ocultó hasta que periodistas la sacaron.
Nivel de declaraciones patrimoniales y personal
Funcionarios con patrimonios desproporcionados (hasta 30 veces el salario declarado), poderes notariales no declarados y omisiones sistemáticas.
El OIC depende de la autodeclaración y de su propia iniciativa.
Cuando el revisor puede verse involucrado o no profundiza, el conflicto moral eleva la impunidad.
La información existe en las declaraciones, pero el desorden (falta de verificación cruzada obligatoria) la extravía.
Nivel de la presidencia y nombramientos
La reforma de 2024 concentró en la presidencia la facultad de designar titulares sin contrapeso colegiado.
Bajo Taddei se documentaron redes de proveedores, contratos y designaciones de perfiles leales o con antecedentes partidistas (como en la UTCE).
La insaculación de 2023 y las imposiciones de 2026 con mayoría calificada de Morena generaron un ambiente donde las lealtades pesan más que los controles.
La información de irregularidades se dispersa entre “casos administrativos” que no se cierran.
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POSTLANDIA--cronica política sin permiso
"El esquema de corrupción que el OIC del INE no detectó (y la ASF aún menos): una explicación clara"
El 9 de septiembre, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral, Víctor Hugo Carvente, compareció ante la Cámara de Diputados. Presentó un informe de 789 renglones. De todo ese volumen, solo seis renglones —y de manera genérica— mencionaron lo que después se reveló como un entramado de irregularidades graves. Habló de auditorías de más de 300 millones de pesos de “fines pasados”, pero minimizó o pasó por alto los montos del INE actual. El OIC está presente en los órganos que aprueban adquisiciones, sin embargo no detectó las contrataciones problemáticas ni la red que periodistas documentaron después. Tampoco advirtió sobre el inmueble de Picacho 259, señalado como sede alterna donde se concentraban prácticas irregulares.
Cómo operaba el esquema
El diseño institucional facilitó que las irregularidades pasaran desapercibidas para los propios controles:
1. **Concentración de facultades en la presidencia**
Desde la reforma de 2024, la presidencia del INE puede designar y remover titulares de direcciones y unidades técnicas sin aprobación del Consejo General. Esto redujo los contrapesos colegiados que antes exigían mayoría calificada. Las áreas sensibles (contrataciones, administración, contencioso electoral) quedaron más expuestas a perfiles leales o con vínculos previos.
2. **Redes de proveedores y flujos opacos**
Contratos (incluidos de adjudicación directa) se canalizaron a empresas o personas vinculadas a funcionarios o a redes que operaban con el instituto. Pagos, facturas y sobreprecios no fueron detenidos a tiempo. El OIC, aunque participa en los comités de adquisiciones, no activó alertas preventivas ni cruzó de oficio la información con el SAT ni con registros públicos.
3. **Declaraciones patrimoniales sin verificación real**
Funcionarios y trabajadores presentaban declaraciones de bienes e intereses. En varios casos documentados, el valor de propiedades, vehículos o activos resultaba desproporcionado respecto del salario declarado (hasta 30 veces en ejemplos señalados). Poderes notariales no declarados, omisiones y evolución patrimonial inexplicable no fueron investigados de oficio. El OIC depende en gran medida de la autodeclaración y de la iniciativa interna; cuando el revisor puede verse involucrado o no profundiza, el conflicto moral eleva la impunidad.
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