Defiendo la montaña, el río, la palmera y toda la belleza de Colombia. No apoyo campañas que venden esta tierra soberana, por eso digo como esta dama Suelte el arpa...
Manuel Cepeda Vargas no fue guerrillero ni miembro de las FARC; fue senador de la Unión Patriótica. Las fotos en las que aparece con líderes insurgentes corresponden a su papel como político y periodista en los intentos de paz de los años 80 y 90, incluyendo los diálogos de Caracas y Tlaxcala, donde buscaba abrir espacios democráticos y negociar la paz.
La Unión Patriótica (UP), movimiento político nacido de los primeros intentos de paz entre el gobierno y las FARC en los años 80 lo llevó al senado con sus votos.
Las acusaciones de vínculos directos con la guerrilla provienen de sectores opositores, pero carecen de pruebas sólidas; lo que sí está documentado es su papel como defensor de la paz y la apertura democrática.
Fue asesinado en 1994 en un crimen de Estado, lo que marcó profundamente la vida de su hijo Iván Cepeda Castro, hoy candidato presidencial. Tras el asesinato de su padre, Iván Cepeda convirtió esa tragedia en una bandera política: la defensa de las víctimas y la promoción de la paz. Esquiva paz que añoramos los colombianos, pero que no vemos porque a la mayoría le obsesiona la guerra como quedó demostrado en 2016 en la consulta.
Las fotos con guerrilleros de las FARC fueron tomadas en los encuentros políticos y de paz, no de militancia armada como la oposición dice para ganar votos con la mentira.
Hablar de “destripar a los enemigos” como propuesta política no debe ser considerado legítimo en Colombia ni en ningún sistema democrático. Ese tipo de planteamiento se entiende como una incitación a la violencia y no como un programa político válido.
Si Colombia tuviera ciudadanos educados generaría un rechazo inmediato en la opinión pública, medios de comunicación, organizaciones sociales, académicas y en las intituciones de justicia. Pero al igual que en la Alemania nazi, la gente normaliza esta amenaza y hasta la pone en práctica al acercarse a un contradictor. Además, se percibe como un discurso violento, contrario a los valores democráticos y de convivencia. Con un sistema judicial que protegiera a la población debiera acarrear sanciones no solo sociales sino penales.
La Constitución de 1991 protege la vida como derecho fundamental y prohíbe expresamente la violencia como medio de acción política.
El Código Penal colombiano sanciona la instigación a delinquir, las amenazas y la apología de la violencia. Un discurso que promueva “destripar” a otros podría encuadrarse en delitos como:
Amenazas (Art. 347 CP)
Instigación a delinquir (Art. 348 CP)
Apología del genocidio o crímenes de guerra (Art. 102 CP), si se vincula con violencia sistemática.
Además, la Ley 1475 de 2011 sobre partidos políticos establece que las organizaciones deben actuar dentro de principios democráticos; un partido que promueva violencia debe ser sancionado o incluso disuelto. Pero el Consejo Nacional Electoral mira para otro lado para no cumplir su función.
Ese tipo de lenguaje es característico de regímenes autoritarios o dictatoriales porque busca infundir miedo y deshumanizar a quienes se consideran opositores. Analicemos otra de las frases del candidato Abelardo de la Espriella contra los que se atrevan a protestar:
Amenaza explícita de muerte o encarcelamiento: “terminarán en una bolsa de plástico, muertos, o en una cárcel de por vida” es un recurso de intimidación que elimina cualquier espacio para el disenso legítimo. En democracias, el Estado puede sancionar delitos, pero nunca se expresa en términos de exterminio o castigo absoluto contra quienes “osan levantarse”.
Identificación del Estado con una entidad incuestionable: “si osan levantarse contra el Estado y atentar contra sus instituciones” coloca al Estado como un ente sagrado, donde cualquier crítica o resistencia se equipara a un ataque existencial. En sistemas democráticos, el Estado es criticable y reformable; en dictaduras, se presenta como intocable.
Lenguaje deshumanizante: hablar de opositores como contenidos de “bolsas de plástico” es una forma de reducirlos a objetos, negando su condición humana. Esto es típico de discursos represivos que justifican violencia extrema.
Ejemplos históricos de este tipo de retórica se encuentran en:
Dictaduras militares latinoamericanas (Chile bajo Pinochet, Argentina durante la Junta Militar), donde se usaban frases como “los subversivos no tienen derechos” para legitimar desapariciones.
Regímenes totalitarios europeos (la Alemania nazi o la Unión Soviética estalinista), que describían a opositores como “enemigos del pueblo” o “parásitos” para justificar purgas.
Gobiernos autoritarios contemporáneos, donde se amenaza a periodistas o activistas con cárcel perpetua o desaparición, presentando la represión como defensa del orden.
Lo que define el lenguaje de Abelardo de la Espriella es propio de dictaduras, es una mezcla de amenaza, deshumanización y sacralización del Estado, que elimina cualquier espacio para la crítica legítima y convierte la represión en política oficial.
Pero como ciudadano me pregunto: ¿Por qué para este abogado que desconoce la Constitución y la Ley no hay un llamado de atención de los medios de comunicación o de las autoridades como @FiscaliaCol , Consejo Nacional Electoral, @CorteSupremaJ ?
Oggi tutto il Parma Calcio si stringe attorno alla famiglia di Jorge Bolaño, che ad appena 47 anni se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile.
Ciao, Jorge. Per sempre gialloblu.
Il comunicato ➡️ https://t.co/ni9aRZHZod