Olivia
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Hugo Granja Arce
@hugoar_ga
Abogado @urosario / Mg. Der. Admvo @urosario / Mg. Admon Publica @anahuac / Litigio estratégico / Árbitro y Profesor Universitario.
Colombia
Joined August 2022
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¿Por qué el Estado debería renunciar a generar riqueza?. Eso nos obligaría a depender exclusivamente de los impuestos. Una empresa pública rentable genera utilidades que financian inversión social sin sacarle más plata al contribuyente. Vender empresas públicas rentables es cambiar ingresos permanentes por plata de una sola vez. El problema no es que el Estado tenga empresas, sino que las administre mal. La solución es exigir eficiencia y rentabilidad, no privatizar por ideología. Mire el caso de Saudi Aramco la mayor empresa pública del mundo y la más rentable.
Leo mucho la opinión de "expertos" que dicen que lo que hay que hacer es eliminar entidades que hacen funciones repetidas. Pues sí, no deberíamos estar repitiendo. Pero eso es marginal. El debate debe ser sobre las funciones que NO debería hacer el Estado colombiano:
1. Ser dueño de empresas que compiten con privados..
2. Tener bancos y aseguradoras.
3. Tener aerolínea (Satena), canal de televisión (RTVC), imprenta y empresa de correos (4-72).
4. Promover turismo y exportaciones con plata de todos (ProColombia, Fontur), que es trabajo de los gremios.
5. Financiar emprendimiento con plata de todos (iNNpulsa)
6. Tener el monopolio de los licores y de los juegos de azar.
¿Por qué el Estado debería renunciar a generar riqueza?. Eso nos obligaría a depender exclusivamente de los impuestos. Una empresa pública rentable genera utilidades que financian inversión social sin sacarle más plata al contribuyente. Vender empresas públicas rentables es cambiar ingresos permanentes por plata de una sola vez. El problema no es que el Estado tenga empresas, sino que las administre mal. La solución es exigir eficiencia y rentabilidad, no privatizar por ideología. Mire el caso de Saudi Aramco la mayor empresa pública del mundo y la más rentable.
No es cierto que la Corte Constitucional haya tumbado una propuesta de Álvaro Uribe para bajar el IVA del 16 % al 14 %.
Lo que realmente ocurrió fue que, mediante la Sentencia C-776 de 2003, la Corte declaró inexequible el artículo 116 de la Ley 788 de 2002, que pretendía imponer un IVA del 2 % a numerosos productos de la canasta familiar y servicios esenciales que hasta entonces estaban excluidos o exentos.
La Corte consideró que esa medida, por su alcance indiscriminado y las condiciones en que fue aprobada, vulneraba los principios de equidad y progresividad tributaria y afectaba el mínimo vital de los sectores más pobres.
Durante el gobierno Uribe, la tarifa general del IVA se mantuvo en el 16 %. El 14 % había existido antes, durante el gobierno de César Gaviria, y también fue planteado posteriormente como alternativa por algunos congresistas y economistas, pero no fue una reducción declarada inconstitucional.
El aumento del IVA al 19 % ocurrió en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante la Ley 1819, y comenzó a regir en 2017.
En Colombia 🇨🇴 Uribe quiso reducir el IVA y fijar una tarifa plana del 14% de IVA y lo consideraron inexequible.
La primera barrera para el desarrollo de la economía en Colombia es la Corte Constitucional.
No es cierto que la Corte Constitucional haya tumbado una propuesta de Álvaro Uribe para bajar el IVA del 16 % al 14 %.
Lo que realmente ocurrió fue que, mediante la Sentencia C-776 de 2003, la Corte declaró inexequible el artículo 116 de la Ley 788 de 2002, que pretendía imponer un IVA del 2 % a numerosos productos de la canasta familiar y servicios esenciales que hasta entonces estaban excluidos o exentos.
La Corte consideró que esa medida, por su alcance indiscriminado y las condiciones en que fue aprobada, vulneraba los principios de equidad y progresividad tributaria y afectaba el mínimo vital de los sectores más pobres.
Durante el gobierno Uribe, la tarifa general del IVA se mantuvo en el 16 %. El 14 % había existido antes, durante el gobierno de César Gaviria, y también fue planteado posteriormente como alternativa por algunos congresistas y economistas, pero no fue una reducción declarada inconstitucional.
El aumento del IVA al 19 % ocurrió en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, mediante la Ley 1819, y comenzó a regir en 2017.
Su argumento no es cierto Sebastián.
Si se deja de subsidiar la gasolina y el diésel, no solo suben esos precios: suben casi todos los bienes y servicios del país.
Casi todo se mueve en camiones, buses y vehículos que usan diésel o gasolina. Cuando sube el combustible, sube el flete. Ese mayor costo de transporte se traslada a la comida, la ropa, los electrodomésticos, los materiales de construcción, los medicamentos, los servicios y prácticamente todo lo que compramos. Eso generará una inflación generalizada que golpearía a toda la población (formales e informales), especialmente a los más pobres, que gastan una proporción mayor de sus ingresos en bienes básicos.
Su propuesta no es una forma limpia de evitar el encarecimiento del trabajo formal. Es cambiar un problema fiscal por un problema inflacionario más amplio.
Si @ABDELAESPRIELLA decide dejar de subsisiar el diesel y la gasolina, se podría evitar que con la reforma encarezcan tanto el costo del trabajo formal en un país con 56% de informalidad.
En 2025 se aprobó la reforma laboral y en 2026 aumento del SM 23%. En muchos casos, la nómina aumentó 30-40% en dos años con los mismos empleos.
Su argumento no es cierto Sebastián.
Si se deja de subsidiar la gasolina y el diésel, no solo suben esos precios: suben casi todos los bienes y servicios del país.
Casi todo se mueve en camiones, buses y vehículos que usan diésel o gasolina. Cuando sube el combustible, sube el flete. Ese mayor costo de transporte se traslada a la comida, la ropa, los electrodomésticos, los materiales de construcción, los medicamentos, los servicios y prácticamente todo lo que compramos. Eso generará una inflación generalizada que golpearía a toda la población (formales e informales), especialmente a los más pobres, que gastan una proporción mayor de sus ingresos en bienes básicos.
Su propuesta no es una forma limpia de evitar el encarecimiento del trabajo formal. Es cambiar un problema fiscal por un problema inflacionario más amplio.
Esta noticia tiene antecedentes que ayudan a entender su gravedad. En Estados Unidos ya existen documentos oficiales sobre sobornos de Odebrecht en Colombia y aportes ilícitos a campañas.
En 2023, Corficolombiana reconoció que participó con Odebrecht en un esquema para ofrecer y pagar más de US$23 millones en sobornos para obtener el proyecto Ocaña-Gamarra. Además, la SEC, autoridad que supervisa el mercado de valores de Estados Unidos, señaló que en mayo de 2014 se acordaron sobornos a funcionarios colombianos en forma de «aportes ilícitos a campañas».
En Colombia hay un antecedente directamente relacionado con esta noticia: la Procuraduría concluyó en 2023 que la campaña Santos recibió estudios electorales de Paddington por US$1 millón, pagados por Odebrecht, mientras el informe presentado por Prieto registró en cero las donaciones y ayudas en especie.
La explicación es sencilla: si una empresa paga las encuestas de una campaña, está financiando parte de sus gastos. Esa ayuda debe aparecer en las cuentas, aunque el dinero se entregue directamente al proveedor. Según la Fiscalía, ocultar ese apoyo habría permitido obtener recursos públicos por reposición de votos.
Los documentos de Estados Unidos no identifican la campaña beneficiaria de aquellos aportes ni demuestran que fueran el mismo millón de Paddington. Esa conexión debe probarse. Pero los antecedentes justifican exigir que se cruce toda la información: quién pidió los estudios, quién los recibió, quién conocía su financiación y qué recursos públicos deben recuperarse si se demuestra que fueron cobrados sin derecho.
Esta noticia tiene antecedentes que ayudan a entender su gravedad. En Estados Unidos ya existen documentos oficiales sobre sobornos de Odebrecht en Colombia y aportes ilícitos a campañas.
En 2023, Corficolombiana reconoció que participó con Odebrecht en un esquema para ofrecer y pagar más de US$23 millones en sobornos para obtener el proyecto Ocaña-Gamarra. Además, la SEC, autoridad que supervisa el mercado de valores de Estados Unidos, señaló que en mayo de 2014 se acordaron sobornos a funcionarios colombianos en forma de «aportes ilícitos a campañas».
En Colombia hay un antecedente directamente relacionado con esta noticia: la Procuraduría concluyó en 2023 que la campaña Santos recibió estudios electorales de Paddington por US$1 millón, pagados por Odebrecht, mientras el informe presentado por Prieto registró en cero las donaciones y ayudas en especie.
La explicación es sencilla: si una empresa paga las encuestas de una campaña, está financiando parte de sus gastos. Esa ayuda debe aparecer en las cuentas, aunque el dinero se entregue directamente al proveedor. Según la Fiscalía, ocultar ese apoyo habría permitido obtener recursos públicos por reposición de votos.
Los documentos de Estados Unidos no identifican la campaña beneficiaria de aquellos aportes ni demuestran que fueran el mismo millón de Paddington. Esa conexión debe probarse. Pero los antecedentes justifican exigir que se cruce toda la información: quién pidió los estudios, quién los recibió, quién conocía su financiación y qué recursos públicos deben recuperarse si se demuestra que fueron cobrados sin derecho.
Esta noticia tiene antecedentes que ayudan a entender su gravedad. En Estados Unidos ya existen documentos oficiales sobre sobornos de Odebrecht en Colombia y aportes ilícitos a campañas.
En 2023, Corficolombiana reconoció que participó con Odebrecht en un esquema para ofrecer y pagar más de US$23 millones en sobornos para obtener el proyecto Ocaña-Gamarra. Además, la SEC, autoridad que supervisa el mercado de valores de Estados Unidos, señaló que en mayo de 2014 se acordaron sobornos a funcionarios colombianos en forma de «aportes ilícitos a campañas».
En Colombia hay un antecedente directamente relacionado con esta noticia: la Procuraduría concluyó en 2023 que la campaña Santos recibió estudios electorales de Paddington por US$1 millón, pagados por Odebrecht, mientras el informe presentado por Prieto registró en cero las donaciones y ayudas en especie.
La explicación es sencilla: si una empresa paga las encuestas de una campaña, está financiando parte de sus gastos. Esa ayuda debe aparecer en las cuentas, aunque el dinero se entregue directamente al proveedor. Según la Fiscalía, ocultar ese apoyo habría permitido obtener recursos públicos por reposición de votos.
Los documentos de Estados Unidos no identifican la campaña beneficiaria de aquellos aportes ni demuestran que fueran el mismo millón de Paddington. Esa conexión debe probarse. Pero los antecedentes justifican exigir que se cruce toda la información: quién pidió los estudios, quién los recibió, quién conocía su financiación y qué recursos públicos deben recuperarse si se demuestra que fueron cobrados sin derecho.
Esta noticia tiene antecedentes que ayudan a entender su gravedad. En Estados Unidos ya existen documentos oficiales sobre sobornos de Odebrecht en Colombia y aportes ilícitos a campañas.
En 2023, Corficolombiana reconoció que participó con Odebrecht en un esquema para ofrecer y pagar más de US$23 millones en sobornos para obtener el proyecto Ocaña-Gamarra. Además, la SEC, autoridad que supervisa el mercado de valores de Estados Unidos, señaló que en mayo de 2014 se acordaron sobornos a funcionarios colombianos en forma de «aportes ilícitos a campañas».
En Colombia hay un antecedente directamente relacionado con esta noticia: la Procuraduría concluyó en 2023 que la campaña Santos recibió estudios electorales de Paddington por US$1 millón, pagados por Odebrecht, mientras el informe presentado por Prieto registró en cero las donaciones y ayudas en especie.
La explicación es sencilla: si una empresa paga las encuestas de una campaña, está financiando parte de sus gastos. Esa ayuda debe aparecer en las cuentas, aunque el dinero se entregue directamente al proveedor. Según la Fiscalía, ocultar ese apoyo habría permitido obtener recursos públicos por reposición de votos.
Los documentos de Estados Unidos no identifican la campaña beneficiaria de aquellos aportes ni demuestran que fueran el mismo millón de Paddington. Esa conexión debe probarse. Pero los antecedentes justifican exigir que se cruce toda la información: quién pidió los estudios, quién los recibió, quién conocía su financiación y qué recursos públicos deben recuperarse si se demuestra que fueron cobrados sin derecho.
Esta noticia tiene antecedentes que ayudan a entender su gravedad. En Estados Unidos ya existen documentos oficiales sobre sobornos de Odebrecht en Colombia y aportes ilícitos a campañas.
En 2023, Corficolombiana reconoció que participó con Odebrecht en un esquema para ofrecer y pagar más de US$23 millones en sobornos para obtener el proyecto Ocaña-Gamarra. Además, la SEC, autoridad que supervisa el mercado de valores de Estados Unidos, señaló que en mayo de 2014 se acordaron sobornos a funcionarios colombianos en forma de «aportes ilícitos a campañas».
En Colombia hay un antecedente directamente relacionado con esta noticia: la Procuraduría concluyó en 2023 que la campaña Santos recibió estudios electorales de Paddington por US$1 millón, pagados por Odebrecht, mientras el informe presentado por Prieto registró en cero las donaciones y ayudas en especie.
La explicación es sencilla: si una empresa paga las encuestas de una campaña, está financiando parte de sus gastos. Esa ayuda debe aparecer en las cuentas, aunque el dinero se entregue directamente al proveedor. Según la Fiscalía, ocultar ese apoyo habría permitido obtener recursos públicos por reposición de votos.
Los documentos de Estados Unidos no identifican la campaña beneficiaria de aquellos aportes ni demuestran que fueran el mismo millón de Paddington. Esa conexión debe probarse. Pero los antecedentes justifican exigir que se cruce toda la información: quién pidió los estudios, quién los recibió, quién conocía su financiación y qué recursos públicos deben recuperarse si se demuestra que fueron cobrados sin derecho.
Esta noticia tiene antecedentes que ayudan a entender su gravedad. En Estados Unidos ya existen documentos oficiales sobre sobornos de Odebrecht en Colombia y aportes ilícitos a campañas.
En 2023, Corficolombiana reconoció que participó con Odebrecht en un esquema para ofrecer y pagar más de US$23 millones en sobornos para obtener el proyecto Ocaña-Gamarra. Además, la SEC, autoridad que supervisa el mercado de valores de Estados Unidos, señaló que en mayo de 2014 se acordaron sobornos a funcionarios colombianos en forma de «aportes ilícitos a campañas».
En Colombia hay un antecedente directamente relacionado con esta noticia: la Procuraduría concluyó en 2023 que la campaña Santos recibió estudios electorales de Paddington por US$1 millón, pagados por Odebrecht, mientras el informe presentado por Prieto registró en cero las donaciones y ayudas en especie.
La explicación es sencilla: si una empresa paga las encuestas de una campaña, está financiando parte de sus gastos. Esa ayuda debe aparecer en las cuentas, aunque el dinero se entregue directamente al proveedor. Según la Fiscalía, ocultar ese apoyo habría permitido obtener recursos públicos por reposición de votos.
Los documentos de Estados Unidos no identifican la campaña beneficiaria de aquellos aportes ni demuestran que fueran el mismo millón de Paddington. Esa conexión debe probarse. Pero los antecedentes justifican exigir que se cruce toda la información: quién pidió los estudios, quién los recibió, quién conocía su financiación y qué recursos públicos deben recuperarse si se demuestra que fueron cobrados sin derecho.
Esta noticia tiene antecedentes que ayudan a entender su gravedad. En Estados Unidos ya existen documentos oficiales sobre sobornos de Odebrecht en Colombia y aportes ilícitos a campañas.
En 2023, Corficolombiana reconoció que participó con Odebrecht en un esquema para ofrecer y pagar más de US$23 millones en sobornos para obtener el proyecto Ocaña-Gamarra. Además, la SEC, autoridad que supervisa el mercado de valores de Estados Unidos, señaló que en mayo de 2014 se acordaron sobornos a funcionarios colombianos en forma de «aportes ilícitos a campañas».
En Colombia hay un antecedente directamente relacionado con esta noticia: la Procuraduría concluyó en 2023 que la campaña Santos recibió estudios electorales de Paddington por US$1 millón, pagados por Odebrecht, mientras el informe presentado por Prieto registró en cero las donaciones y ayudas en especie.
La explicación es sencilla: si una empresa paga las encuestas de una campaña, está financiando parte de sus gastos. Esa ayuda debe aparecer en las cuentas, aunque el dinero se entregue directamente al proveedor. Según la Fiscalía, ocultar ese apoyo habría permitido obtener recursos públicos por reposición de votos.
Los documentos de Estados Unidos no identifican la campaña beneficiaria de aquellos aportes ni demuestran que fueran el mismo millón de Paddington. Esa conexión debe probarse. Pero los antecedentes justifican exigir que se cruce toda la información: quién pidió los estudios, quién los recibió, quién conocía su financiación y qué recursos públicos deben recuperarse si se demuestra que fueron cobrados sin derecho.
4/4 La ciudadanía merece respuestas completas: ¿quién pidió los estudios?, ¿quién los recibió?, ¿quién sabía que los pagaba Odebrecht?, ¿por qué quedaron fuera de las cuentas? Y, si se demuestra que hubo recursos públicos recibidos sin derecho, ¿quién debe devolverlos?
La imputación a Prieto no es una condena. Las admisiones de las empresas tampoco demuestran automáticamente la responsabilidad penal de Santos.
La investigación debe seguir toda la ruta del dinero y establecer quién decidió, quién conocía los pagos y quién debe responder. La democracia exige cuentas completas sobre quién financia las campañas y qué busca a cambio.
La noticia sobre Roberto Prieto es grave: la @FiscaliaCol sostiene que Odebrecht pagó US$1 millón por estudios para la campaña Santos 2014, que ese apoyo se ocultó y que las cuentas incompletas permitieron obtener recursos públicos por reposición de votos.
Por eso le imputó fraude procesal y enriquecimiento ilícito. La imputación todavía debe probarse en el proceso, pero hay antecedentes documentales en Colombia y Estados Unidos que ayudan a entender esta historia. Aquí los explico. 🧵
La Fiscalía imputó los delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito a Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, por presuntamente ocultar un aporte de un millón de dólares de Odebrecht, destinado a servicios de investigación sobre la candidatura, que no fue reportado en las cuentas electorales.
Según la Fiscalía, el ocultamiento habría permitido que el CNE avalara los informes financieros y autorizara el pago de $576 millones de reposición de votos para la primera vuelta presidencial de 2014. #VocesySonidos
3/4 Hay un documento que aborda expresamente el componente electoral: la SEC, autoridad del mercado de valores de EE. UU., señaló que en mayo de 2014 se acordaron sobornos a funcionarios colombianos en forma de "aportes ilícitos a campañas", dentro del caso Ocaña-Gamarra.
Está en el párrafo 12 de su decisión de 2023. El párrafo siguiente describe la autorización del directivo de @corficolombiana .
Una precisión necesaria: ese documento no identifica a Santos, Prieto, Paddington ni la campaña receptora. Tampoco demuestra que esos aportes sean el mismo millón de dólares investigado ahora. Esa conexión requiere pruebas específicas.
🔴 Si sacan a Santiago Peña (por juicio político o renuncia), asume automáticamente el vicepresidente Pedro Alliana. Según el Art. 234 de la Constitución Paraguaya, Alliana completa el mandato hasta agosto de 2028. Como ya estamos en los últimos 2 años del período, la Vicepresidencia no se elige en urnas: la designa el Congreso por mayoría absoluta. Línea de sucesión completa si también también cae el Vicepresidente Alliana: 1. Presidente del Senado 2. Presidente de Diputados 3. Presidente de la Corte Suprema Hoy mismo hay versiones de que Peña ya presentó la renuncia por la crisis de Ueno Bank. De confirmarse, Alliana asume.
🔴 Si sacan a Santiago Peña (por juicio político o renuncia), asume automáticamente el vicepresidente Pedro Alliana. Según el Art. 234 de la Constitución Paraguaya, Alliana completa el mandato hasta agosto de 2028. Como ya estamos en los últimos 2 años del período, la Vicepresidencia no se elige en urnas: la designa el Congreso por mayoría absoluta.
Línea de sucesión completa si también también cae el Vicepresidente Alliana:
1. Presidente del Senado
2. Presidente de Diputados
3. Presidente de la Corte Suprema
Hoy mismo hay versiones de que Peña ya presentó la renuncia por la crisis de Ueno Bank. De confirmarse, Alliana asume.
🔴 #AHORA | Tensión en Paraguay: pidieron el juicio político contra el presidente Santiago Peña para destituirlo por la crisis bancaria. https://t.co/t0PbQUzPOt
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