Olivia
Online
Juan Felipe 🇨🇴
@jeanphilipp_e
Curador de información | Asuntos electorales y otros
Bogotá D.C.
Joined October 2022
32 Following
33 Followers
29 Posts
Pinned Tweet
https://t.co/I9Jf0fmgiH
@CarlosArtR https://t.co/XVwyoymTZB
5 Preguntas para el Registrador Penagos
La desinformación electoral y sus efectos en la confianza pública no son responsabilidad exclusiva de quienes la difunden de forma deliberada, sino también de las autoridades cuando permiten la existencia de vacíos informativos propicios para la sospecha y los rumores.
Por ello, y en virtud de la transparencia y confiabilidad que deben orientar la función electoral de la Registraduría (Dec. 1010 de 2000, art.4), es preciso que desde la entidad se dé claridad pública, técnica y verificable sobre los siguientes cinco (5) puntos, hoy en el centro de las narrativas de fraude:
1. Propiedad del software de escrutinios
¿Por qué no se ha dado pleno cumplimiento al fallo del Consejo de Estado mediante el cual se conminó a la Organización Electoral a adquirir, en propiedad del Estado, un software de escrutinios que permita completa trazabilidad del proceso, desde el conteo de mesa hasta la declaratoria de la elección? (Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 318)
A día de hoy, la providencia solo se ha cumplido de manera parcial, con la compra, en 2021, de un software para los escrutinios nacionales que realiza el Consejo Nacional Electoral, mientras que las demás fases del escrutinio —niveles auxiliar, municipal y departamental— siguen funcionando con un software prestado por privados.
Esto genera confusión, pues no es usual que las decisiones del máximo tribunal en lo contencioso administrativo se apliquen solo de forma selectiva, lo cual hace preciso una aclaración sustentada en lo técnico, jurídico o económico.
2. Seguridad y trazabilidad de los escrutinios
¿Cuáles son los controles de seguridad informática actualmente implementados para prevenir sabotajes a los sistemas de escrutinio, como el comprobado en el caso del partido MIRA en las elecciones legislativas de 2014? (Consejo de Estado, Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 184-188) En particular, ¿cómo se garantiza que no habrá accesos a horas no autorizadas, datos precargados ni burla de los sistemas de autenticación biométrica en el momento de guardar el registro de resultados? ¿Qué nuevas medidas de seguridad se han adoptado frente a vulnerabilidades ya identificadas en procesos anteriores?
Y, en esa misma línea, ¿cómo se va a garantizar la estricta custodia del material electoral y de los equipos utilizados en el proceso, de forma que se preserve su integridad como evidencia ante eventuales reclamaciones o acciones de nulidad ante el Consejo de Estado? Dado el antecedente, resulta apenas razonable que la ciudadanía solicite saber cómo se evitará la repetición de este tipo de incidentes.
3. Designación de jurados de votación
¿Cómo se certifica algorítmicamente la aleatoriedad en la selección de los jurados de votación, previniendo al mismo tiempo la homogeneidad de nichos o sesgos en la conformación de las mesas (no concentración de jurados provenientes de una misma fuente —como una única empresa, una sola universidad o un mismo partido político— en una sola mesa)?
La pregunta surge porque no basta con presentar a los jurados de votación como una garantía antifraude «por diseño» del sistema electoral colombiano, si no se explica cómo se asegura, en la práctica, la imparcialidad en su selección.
4. Administración del Archivo Nacional de Identificación
¿Cómo se garantiza que la copia del Archivo Nacional de Identificación (ANI), entregada por la Registraduría al operador privado para realizar el proceso de inscripción de cédulas, no sea utilizada de forma indebida? (Anexo técnico del pliego de condiciones CTO 049-2025, p. 15 y 43).
Dado que se trata de bases de datos críticas, es necesario explicar con precisión los controles de acceso, cifrado, almacenamiento y eliminación de la información contenida en estos dispositivos, y cómo las especulaciones sobre el uso fraudulento de esta información carecerían de asidero.
5. Auditoría internacional
¿Cuáles son los componentes de la auditoría internacional que está realizando CAPEL sobre los sistemas electorales, en términos de actividades técnicas y de personal junior y senior para cada uno de ellos? Y lo más importante: ¿hasta qué punto los informes y hallazgos de esta auditoría serán públicos y de libre acceso para la ciudadanía?
En un contexto de desconfianza, la utilidad de esta auditoría depende tanto de su rigor técnico como de la claridad con la que se definan y comuniquen sus protocolos: cronograma, alcance, límites metodológicos y condiciones de entrega de resultados.
Por último, valga precisar que:
1. Estas preguntas, más que ser confrontacionales, son una oportunidad para que la Registraduría, en cabeza del Dr. Hernán Penagos, cierre vacíos de información y fortalezca la legitimidad alrededor de los procesos electorales ante el asedio de las narrativas de fraude.
2. Si bien varias de estas preguntas remiten a aspectos altamente técnicos del sistema electoral, ello no puede ser un pretexto para la opacidad ni el silencio. Por el contrario, es precisamente esa complejidad la que exige mayores niveles de transparencia, pedagogía y apertura al escrutinio público.
https://t.co/a2X3n4F6GP
Riesgo electoral por factores de violencia en Antioquia, a corte de febrero de 2026. Fuente: Misión de Observación Electoral (MOE Colombia).
La abstención en Antioquia es un escándalo
Mucho se dice de la preocupante abstención en Colombia, donde apenas la mitad del electorado (51,5%) participó en las pasadas elecciones al Senado*. Pero, si ese dato es muestra de fragilidad democrática, los números de Antioquia deberían ser un escándalo.
Si bien la abstención departamental ronda el 54% —nada muy alejado del promedio nacional—, esa cifra convive con una realidad profundamente desigual. En una cuarta parte de los municipios del departamento (31 de 125) solo vota el 35% de las personas o menos, mientras que los demás territorios —sobre todo los más poblados— compensan ese rezago y sostienen la estadística general.
En ningún otro departamento del país se presenta una situación comparable. Mientras en otras regiones los niveles críticos de abstención son casos aislados, en Antioquia abarcan una cuarta parte de sus municipios (Imagen 1). Para ponerlo en perspectiva, pensemos lo siguiente: de los 48 municipios en todo el país que presentan una abstención igual o superior al 65%, 31 están ubicados en suelo antioqueño. Esto indica que un solo territorio alberga casi dos tercios de la exclusión electoral más severa.
La abstención se concentra en corredores geográficos o clústeres muy precisos (Imagen 2). En el Norte y el Bajo Cauca antioqueño, el fenómeno es particularmente agudo: encabeza Ituango con un 79,1%, seguido por Valdivia (75,5%), Tarazá (71,6%), Nechí (67,4%) y El Bagre (68,9%). Una dinámica idéntica ocurre en el Nordeste, donde Anorí (77%), Remedios (76,9%), Amalfi (76,9%) y Segovia (72,1%) registran participación mínima. El patrón se extiende también hacia el Occidente y el Suroeste, con municipios como Dabeiba (65,5%), Frontino (69,4%), Urrao (70,3%) y Salgar (73,6%), no muy lejos del Valle de Aburrá.
Este mapa de abstención coincide de manera clara con los territorios que, a corte de febrero de 2026, la MOE Colombia ha identificado como de mayor riesgo electoral por factores de violencia (Imagen 3). Subregiones como el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte antioqueño no solo muestran altos niveles de abstención, sino también la presencia de distintos actores armados (ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo), con intensas disputas territoriales, desplazamientos y control social sobre la población. Solo se presentan algunas excepciones, como Caucasia o Apartadó, donde la abstención, aunque significativa, no alcanza los niveles críticos de otros municipios atravesados por la guerra.
En contraste con las subregiones periféricas, en el Valle de Aburrá y el Oriente cercano hay una dinámica de participación mucho más robusta y sostenida. Allí la abstención cae por debajo del 50% e incluso del 45% en algunos casos. Municipios como El Retiro (37,7% de abstención), Guatapé (39,3%), La Ceja (41,2%), Rionegro (41,6%) y Sabaneta (41,8%) lideran los registros de mayor participación en el departamento. Medellín, que concentra el 34% del censo electoral, mantiene niveles de abstención cercanos al 50%. En esta otra Antioquia, la población acude mucho más a las urnas.
Lo más preocupante es que la abstención en la Antioquia profunda lleva años. Desde 2014, por lo menos una cuarta parte de los municipios del departamento registra niveles de participación iguales o inferiores al 35% en elecciones al Senado. Aunque la composición de este grupo varía en cada proceso electoral —con municipios que entran, salen o permanecen—, la proporción se ha mantenido notablemente estable. Ya no estamos hablando de un fenómeno coyuntural, sino de abstencionismo crónico.
Como lo sugieren los mapas de riesgo de la MOE, este fenómeno podría estar asociado a contextos de violencia, en los que la coerción desincentiva o limita el ejercicio libre del voto. A ello podrían sumarse dinámicas de desplazamiento forzado o movilidad silenciosa, que dejan a muchos votantes por fuera de su lugar de inscripción. También es posible que estos niveles de abstención reflejen formas profundas de desafección con la democracia, alimentadas por décadas de abandono estatal. En el mejor de los casos, se trataría de barreras que dificultan el acto de votar; y en el peor, de una mezcla perversa de todas las anteriores.
Sea cual fuere la razón, el cuadro presentado es gravísimo. Significa que el rumbo del país se ha venido decidiendo, en la práctica, sin el voto de los habitantes de un extenso territorio de Antioquia. En términos de representación política, esto implica que su visión sobre asuntos como el desarrollo rural, la política de paz y seguridad o la gestión de los recursos naturales —entre otros de máxima relevancia— termina absorbida por la agenda de los grandes centros urbanos. Este déficit sostenido compromete de manera directa la legitimidad de las autoridades electas del nivel nacional, al no haber sido elegidas por verdaderas mayorías.
En este punto, mirar hacia otro lado dejó de ser una opción. El silencio en las urnas se ha hecho tan fuerte que ahora es visible en los datos, como un grito mudo que demanda atención. Además de la recuperación militar y la presencia efectiva del Estado en el territorio, se requieren acciones institucionales prioritarias, como las siguientes:
1. La combinación de abstencionismo y violencia exige que la Registraduría intensifique el proceso de inscripción de cédulas para votar por cambio de residencia en el departamento de Antioquia, con enfoque especial en población desplazada o en movilidad, para reducir la brecha entre lugar de residencia y lugar de votación.
2. La discusión que adelante el Congreso sobre la Reforma Política y el Código Electoral debe incorporar explícitamente el fenómeno de la abstención estructural, sobre todo en los territorios de conflicto, incluyendo el tema de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz —CITREP—, uno de los pocos mecanismos hoy disponibles para garantizar la representación política en el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte antioqueño, y cuya vigencia se agota en 2030.
Porque si no se actúa pronto, el escándalo dejará de ser la abstención y pasará a ser la aceptación silenciosa de una democracia incompleta.
---
* Estos datos no incluyen la votación en consulados.
Imágenes ordenadas en los posts de abajo.
Más comentarios sobre las elecciones en mi perfil.
Abstención en Antioquia - Elecciones al Senado de 2026. Elaboración propia con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
@hanwenzhang1982 https://t.co/eahRZFZOwT
5 Preguntas para el Registrador Penagos
La desinformación electoral y sus efectos en la confianza pública no son responsabilidad exclusiva de quienes la difunden de forma deliberada, sino también de las autoridades cuando permiten la existencia de vacíos informativos propicios para la sospecha y los rumores.
Por ello, y en virtud de la transparencia y confiabilidad que deben orientar la función electoral de la Registraduría (Dec. 1010 de 2000, art.4), es preciso que desde la entidad se dé claridad pública, técnica y verificable sobre los siguientes cinco (5) puntos, hoy en el centro de las narrativas de fraude:
1. Propiedad del software de escrutinios
¿Por qué no se ha dado pleno cumplimiento al fallo del Consejo de Estado mediante el cual se conminó a la Organización Electoral a adquirir, en propiedad del Estado, un software de escrutinios que permita completa trazabilidad del proceso, desde el conteo de mesa hasta la declaratoria de la elección? (Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 318)
A día de hoy, la providencia solo se ha cumplido de manera parcial, con la compra, en 2021, de un software para los escrutinios nacionales que realiza el Consejo Nacional Electoral, mientras que las demás fases del escrutinio —niveles auxiliar, municipal y departamental— siguen funcionando con un software prestado por privados.
Esto genera confusión, pues no es usual que las decisiones del máximo tribunal en lo contencioso administrativo se apliquen solo de forma selectiva, lo cual hace preciso una aclaración sustentada en lo técnico, jurídico o económico.
2. Seguridad y trazabilidad de los escrutinios
¿Cuáles son los controles de seguridad informática actualmente implementados para prevenir sabotajes a los sistemas de escrutinio, como el comprobado en el caso del partido MIRA en las elecciones legislativas de 2014? (Consejo de Estado, Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 184-188)
En particular, ¿cómo se garantiza que no habrá accesos a horas no autorizadas, datos precargados ni burla de los sistemas de autenticación biométrica en el momento de guardar el registro de resultados? ��Qué nuevas medidas de seguridad se han adoptado frente a vulnerabilidades ya identificadas en procesos anteriores?
Y, en esa misma línea, ¿cómo se va a garantizar la estricta custodia del material electoral y de los equipos utilizados en el proceso, de forma que se preserve su integridad como evidencia ante eventuales reclamaciones o acciones de nulidad ante el Consejo de Estado?
Dado el antecedente, resulta apenas razonable que la ciudadanía solicite saber cómo se evitará la repetición de este tipo de incidentes.
3. Designación de jurados de votación
¿Cómo se certifica algorítmicamente la aleatoriedad en la selección de los jurados de votación, previniendo al mismo tiempo la homogeneidad de nichos o sesgos en la conformación de las mesas (no concentración de jurados provenientes de una misma fuente —como una única empresa, una sola universidad o un mismo partido político— en una sola mesa)?
La pregunta surge porque no basta con presentar a los jurados de votación como una garantía antifraude «por diseño» del sistema electoral colombiano, si no se explica cómo se asegura, en la práctica, la imparcialidad en su selección
4. Administración del Archivo Nacional de Identificación
¿Cómo se garantiza que la copia del Archivo Nacional de Identificación (ANI), entregada por la Registraduría al operador privado para realizar el proceso de inscripción de cédulas, no sea utilizada de forma indebida? (Anexo técnico del pliego de condiciones CTO 049-2025, p. 15 y 43).
Dado que se trata de bases de datos críticas, es necesario explicar con precisión los controles de acceso, cifrado, almacenamiento y eliminación de la información contenida en estos dispositivos, y cómo las especulaciones sobre el uso fraudulento de esta información carecerían de asidero.
5. Auditoría internacional
¿Cuáles son los componentes exactos de la auditoría internacional que está realizando CAPEL sobre los sistemas electorales, en términos de actividades técnicas y de personal junior y senior para cada componente? Y lo más importante: ¿hasta qué punto los informes y hallazgos de esta auditoría serán públicos y de libre acceso para la ciudadanía?
En un contexto de desconfianza, la utilidad de esta auditoría depende tanto de su rigor técnico como de la claridad con la que se definan y comuniquen sus protocolos: cronograma, alcance, límites metodológicos y condiciones de entrega de resultados.
Por último, valga precisar que:
1. Estas preguntas, más que ser confrontacionales, son una oportunidad para que la Registraduría, en cabeza del Dr. Hernán Penagos, cierre vacíos de información y fortalezca la legitimidad alrededor de los procesos electorales ante el asedio de las narrativas de fraude.
2. Si bien varias de estas preguntas remiten a aspectos altamente técnicos del sistema electoral, ello no puede ser un pretexto para la opacidad ni el silencio. Por el contrario, es precisamente esa complejidad la que exige mayores niveles de transparencia, pedagogía y apertura al escrutinio público.
5 Preguntas para el Registrador Penagos
La desinformación electoral y sus efectos en la confianza pública no son responsabilidad exclusiva de quienes la difunden de forma deliberada, sino también de las autoridades cuando permiten la existencia de vacíos informativos propicios para la sospecha y los rumores.
Por ello, y en virtud de la transparencia y confiabilidad que deben orientar la función electoral de la Registraduría (Dec. 1010 de 2000, art.4), es preciso que desde la entidad se dé claridad pública, técnica y verificable sobre los siguientes cinco (5) puntos, hoy en el centro de las narrativas de fraude:
1. Propiedad del software de escrutinios
¿Por qué no se ha dado pleno cumplimiento al fallo del Consejo de Estado mediante el cual se conminó a la Organización Electoral a adquirir, en propiedad del Estado, un software de escrutinios que permita completa trazabilidad del proceso, desde el conteo de mesa hasta la declaratoria de la elección? (Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 318)
A día de hoy, la providencia solo se ha cumplido de manera parcial, con la compra, en 2021, de un software para los escrutinios nacionales que realiza el Consejo Nacional Electoral, mientras que las demás fases del escrutinio —niveles auxiliar, municipal y departamental— siguen funcionando con un software prestado por privados.
Esto genera confusión, pues no es usual que las decisiones del máximo tribunal en lo contencioso administrativo se apliquen solo de forma selectiva, lo cual hace preciso una aclaración sustentada en lo técnico, jurídico o económico.
2. Seguridad y trazabilidad de los escrutinios
¿Cuáles son los controles de seguridad informática actualmente implementados para prevenir sabotajes a los sistemas de escrutinio, como el comprobado en el caso del partido MIRA en las elecciones legislativas de 2014? (Consejo de Estado, Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 184-188)
En particular, ¿cómo se garantiza que no habrá accesos a horas no autorizadas, datos precargados ni burla de los sistemas de autenticación biométrica en el momento de guardar el registro de resultados? ¿Qué nuevas medidas de seguridad se han adoptado frente a vulnerabilidades ya identificadas en procesos anteriores?
Y, en esa misma línea, ¿cómo se va a garantizar la estricta custodia del material electoral y de los equipos utilizados en el proceso, de forma que se preserve su integridad como evidencia ante eventuales reclamaciones o acciones de nulidad ante el Consejo de Estado?
Dado el antecedente, resulta apenas razonable que la ciudadanía solicite saber cómo se evitará la repetición de este tipo de incidentes.
3. Designación de jurados de votación
��Cómo se certifica algorítmicamente la aleatoriedad en la selección de los jurados de votación, previniendo al mismo tiempo la homogeneidad de nichos o sesgos en la conformación de las mesas (no concentración de jurados provenientes de una misma fuente —como una única empresa, una sola universidad o un mismo partido político— en una sola mesa)?
La pregunta surge porque no basta con presentar a los jurados de votación como una garantía antifraude «por diseño» del sistema electoral colombiano, si no se explica cómo se asegura, en la práctica, la imparcialidad en su selección.
4. Administración del Archivo Nacional de Identificación
¿Cómo se garantiza que la copia del Archivo Nacional de Identificación (ANI), entregada por la Registraduría al operador privado para realizar el proceso de inscripción de cédulas, no sea utilizada de forma indebida? (Anexo técnico del pliego de condiciones CTO 049-2025, p. 15 y 43).
Dado que se trata de bases de datos críticas, es necesario explicar con precisión los controles de acceso, cifrado, almacenamiento y eliminación de la información contenida en estos dispositivos, y cómo las especulaciones sobre el uso fraudulento de esta información carecerían de asidero.
5. Auditoría internacional
¿Cuáles son los componentes exactos de la auditoría internacional que está realizando CAPEL sobre los sistemas electorales, en términos de actividades técnicas y de personal junior y senior para cada componente? Y lo más importante: ¿hasta qué punto los informes y hallazgos de esta auditoría serán públicos y de libre acceso para la ciudadanía?
En un contexto de desconfianza, la utilidad de esta auditoría depende tanto de su rigor técnico como de la claridad con la que se definan y comuniquen sus protocolos: cronograma, alcance, límites metodológicos y condiciones de entrega de resultados.
Por último, valga precisar que:
1. Estas preguntas, más que ser confrontacionales, son una oportunidad para que la Registraduría, en cabeza del Dr. Hernán Penagos, cierre vacíos de información y fortalezca la legitimidad alrededor de los procesos electorales ante el asedio de las narrativas de fraude.
2. Si bien varias de estas preguntas remiten a aspectos altamente técnicos del sistema electoral, ello no puede ser un pretexto para la opacidad ni el silencio. Por el contrario, es precisamente esa complejidad la que exige mayores niveles de transparencia, pedagogía y apertura al escrutinio público.
5 Preguntas para el Registrador Penagos
La desinformación electoral y sus efectos en la confianza pública no son responsabilidad exclusiva de quienes la difunden de forma deliberada, sino también de las autoridades cuando permiten la existencia de vacíos informativos propicios para la sospecha y los rumores.
Por ello, y en virtud de la transparencia y confiabilidad que deben orientar la función electoral de la Registraduría (Dec. 1010 de 2000, art.4), es preciso que desde la entidad se dé claridad pública, técnica y verificable sobre los siguientes cinco (5) puntos, hoy en el centro de las narrativas de fraude:
1. Propiedad del software de escrutinios
¿Por qué no se ha dado pleno cumplimiento al fallo del Consejo de Estado mediante el cual se conminó a la Organización Electoral a adquirir, en propiedad del Estado, un software de escrutinios que permita completa trazabilidad del proceso, desde el conteo de mesa hasta la declaratoria de la elección? (Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 318)
A día de hoy, la providencia solo se ha cumplido de manera parcial, con la compra, en 2021, de un software para los escrutinios nacionales que realiza el Consejo Nacional Electoral, mientras que las demás fases del escrutinio —niveles auxiliar, municipal y departamental— siguen funcionando con un software prestado por privados.
Esto genera confusión, pues no es usual que las decisiones del máximo tribunal en lo contencioso administrativo se apliquen solo de forma selectiva, lo cual hace preciso una aclaración sustentada en lo técnico, jurídico o económico.
2. Seguridad y trazabilidad de los escrutinios
¿Cuáles son los controles de seguridad informática actualmente implementados para prevenir sabotajes a los sistemas de escrutinio, como el comprobado en el caso del partido MIRA en las elecciones legislativas de 2014? (Consejo de Estado, Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 184-188)
En particular, ¿cómo se garantiza que no habrá accesos a horas no autorizadas, datos precargados ni burla de los sistemas de autenticación biométrica en el momento de guardar el registro de resultados? ¿Qué nuevas medidas de seguridad se han adoptado frente a vulnerabilidades ya identificadas en procesos anteriores?
Y, en esa misma línea, ¿cómo se va a garantizar la estricta custodia del material electoral y de los equipos utilizados en el proceso, de forma que se preserve su integridad como evidencia ante eventuales reclamaciones o acciones de nulidad ante el Consejo de Estado?
Dado el antecedente, resulta apenas razonable que la ciudadanía solicite saber cómo se evitará la repetición de este tipo de incidentes.
3. Designación de jurados de votación
¿Cómo se certifica algorítmicamente la aleatoriedad en la selección de los jurados de votación, previniendo al mismo tiempo la homogeneidad de nichos o sesgos en la conformación de las mesas (no concentración de jurados provenientes de una misma fuente —como una única empresa, una sola universidad o un mismo partido político— en una sola mesa)?
La pregunta surge porque no basta con presentar a los jurados de votación como una garantía antifraude «por diseño» del sistema electoral colombiano, si no se explica cómo se asegura, en la práctica, la imparcialidad en su selección.
4. Administración del Archivo Nacional de Identificación
¿Cómo se garantiza que la copia del Archivo Nacional de Identificación (ANI), entregada por la Registraduría al operador privado para realizar el proceso de inscripción de cédulas, no sea utilizada de forma indebida? (Anexo técnico del pliego de condiciones CTO 049-2025, p. 15 y 43).
Dado que se trata de bases de datos críticas, es necesario explicar con precisión los controles de acceso, cifrado, almacenamiento y eliminación de la información contenida en estos dispositivos, y cómo las especulaciones sobre el uso fraudulento de esta información carecerían de asidero.
5. Auditoría internacional
¿Cuáles son los componentes exactos de la auditoría internacional que está realizando CAPEL sobre los sistemas electorales, en términos de actividades técnicas y de personal junior y senior para cada componente? Y lo más importante: ¿hasta qué punto los informes y hallazgos de esta auditoría serán públicos y de libre acceso para la ciudadanía?
En un contexto de desconfianza, la utilidad de esta auditoría depende tanto de su rigor técnico como de la claridad con la que se definan y comuniquen sus protocolos: cronograma, alcance, límites metodológicos y condiciones de entrega de resultados.
Por último, valga precisar que:
1. Estas preguntas, más que ser confrontacionales, son una oportunidad para que la Registraduría, en cabeza del Dr. Hernán Penagos, cierre vacíos de información y fortalezca la legitimidad alrededor de los procesos electorales ante el asedio de las narrativas de fraude.
2. Si bien varias de estas preguntas remiten a aspectos altamente técnicos del sistema electoral, ello no puede ser un pretexto para la opacidad ni el silencio. Por el contrario, es precisamente esa complejidad la que exige mayores niveles de transparencia, pedagogía y apertura al escrutinio público.
5 Preguntas para el Registrador Penagos
La desinformación electoral y sus efectos en la confianza pública no son responsabilidad exclusiva de quienes la difunden de forma deliberada, sino también de las autoridades cuando permiten la existencia de vacíos informativos propicios para la sospecha y los rumores.
Por ello, y en virtud de la transparencia y confiabilidad que deben orientar la función electoral de la Registraduría (Dec. 1010 de 2000, art.4), es preciso que desde la entidad se dé claridad pública, técnica y verificable sobre los siguientes cinco (5) puntos, hoy en el centro de las narrativas de fraude:
1. Propiedad del software de escrutinios
¿Por qué no se ha dado pleno cumplimiento al fallo del Consejo de Estado mediante el cual se conminó a la Organización Electoral a adquirir, en propiedad del Estado, un software de escrutinios que permita completa trazabilidad del proceso, desde el conteo de mesa hasta la declaratoria de la elección? (Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 318)
A día de hoy, la providencia solo se ha cumplido de manera parcial, con la compra, en 2021, de un software para los escrutinios nacionales que realiza el Consejo Nacional Electoral, mientras que las demás fases del escrutinio —niveles auxiliar, municipal y departamental— siguen funcionando con un software prestado por privados.
Esto genera confusión, pues no es usual que las decisiones del máximo tribunal en lo contencioso administrativo se apliquen solo de forma selectiva, lo cual hace preciso una aclaración sustentada en lo técnico, jurídico o económico.
2. Seguridad y trazabilidad de los escrutinios
¿Cuáles son los controles de seguridad informática actualmente implementados para prevenir sabotajes a los sistemas de escrutinio, como el comprobado en el caso del partido MIRA en las elecciones legislativas de 2014? (Consejo de Estado, Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 184-188)
En particular, ¿cómo se garantiza que no habrá accesos a horas no autorizadas, datos precargados ni burla de los sistemas de autenticación biométrica en el momento de guardar el registro de resultados? ¿Qué nuevas medidas de seguridad se han adoptado frente a vulnerabilidades ya identificadas en procesos anteriores?
Y, en esa misma línea, ¿cómo se va a garantizar la estricta custodia del material electoral y de los equipos utilizados en el proceso, de forma que se preserve su integridad como evidencia ante eventuales reclamaciones o acciones de nulidad ante el Consejo de Estado?
Dado el antecedente, resulta apenas razonable que la ciudadanía solicite saber cómo se evitará la repetición de este tipo de incidentes.
3. Designación de jurados de votación
¿Cómo se certifica algorítmicamente la aleatoriedad en la selección de los jurados de votación, previniendo al mismo tiempo la homogeneidad de nichos o sesgos en la conformación de las mesas (no concentración de jurados provenientes de una misma fuente —como una única empresa, una sola universidad o un mismo partido político— en una sola mesa)?
La pregunta surge porque no basta con presentar a los jurados de votación como una garantía antifraude «por diseño» del sistema electoral colombiano, si no se explica cómo se asegura, en la práctica, la imparcialidad en su selección.
4. Administración del Archivo Nacional de Identificación
¿Cómo se garantiza que la copia del Archivo Nacional de Identificación (ANI), entregada por la Registraduría al operador privado para realizar el proceso de inscripción de cédulas, no sea utilizada de forma indebida? (Anexo técnico del pliego de condiciones CTO 049-2025, p. 15 y 43).
Dado que se trata de bases de datos críticas, es necesario explicar con precisión los controles de acceso, cifrado, almacenamiento y eliminación de la información contenida en estos dispositivos, y cómo las especulaciones sobre el uso fraudulento de esta información carecerían de asidero.
5. Auditoría internacional
¿Cuáles son los componentes exactos de la auditoría internacional que está realizando CAPEL sobre los sistemas electorales, en términos de actividades técnicas y de personal junior y senior para cada componente?
Y lo más importante: ¿hasta qué punto los informes y hallazgos de esta auditoría serán públicos y de libre acceso para la ciudadanía?
En un contexto de desconfianza, la utilidad de esta auditoría depende tanto de su rigor técnico como de la claridad con la que se definan y comuniquen sus protocolos: cronograma, alcance, límites metodológicos y condiciones de entrega de resultados.
Por último, valga precisar que:
1. Estas preguntas, más que ser confrontacionales, son una oportunidad para que la Registraduría, en cabeza del Dr. Hernán Penagos, cierre vacíos de información y fortalezca la legitimidad alrededor de los procesos electorales ante el asedio de las narrativas de fraude.
2. Si bien varias de estas preguntas remiten a aspectos altamente técnicos del sistema electoral, ello no puede ser un pretexto para la opacidad ni el silencio. Por el contrario, es precisamente esa complejidad la que exige mayores niveles de transparencia, pedagogía y apertura al escrutinio público.
La desinformación electoral y sus efectos en no es responsabilidad exclusiva de quienes la difunden, sino también de las autoridades cuando permiten la existencia de vacíos informativos propicios para la sospecha.
Por eso, planteo cinco preguntas a la Registraduría, orientadas a dar claridad técnica y verificable sobre los siguientes cinco (5) puntos, hoy en el centro de las narrativas de fraude:
1. Propiedad del software de escrutinios
2. Seguridad y trazabilidad de los escrutinios
3. Designación de jurados de votación
4.Archivo Nacional de Identificación (ANI)
5. Auditoría internacional
Estas preguntas no son confrontacionales. Son una oportunidad para cerrar vacíos de información y fortalecer la legitimidad de los procesos electorales frente al asedio de las narrativas de fraude.
https://t.co/NVaB2YLnCk
https://t.co/kBDOI85SGz
** Diferencias entre preconteo y escrutinio, elección Senado (Bolívar). Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
Ojo con los jurados de votación
La gestión de los jurados de votación en las pasadas elecciones legislativas merece una revisión cuidadosa por parte de las autoridades electorales. Las inconsistencias entre el preconteo y el escrutinio en Bolívar —y en otros departamentos— constituyen una señal de alerta que no conviene ignorar.
Contrario a lo ocurrido en la mayoría de los departamentos, los escrutinios en Bolívar muestran una reducción considerable de votos frente a lo informado inicialmente en el conteo rápido o preconteo. Para la elección de Cámara de Representantes, se restaron al menos 9.899 votos del total departamental, principalmente del Partido Conservador (-5.268) y del Liberal (-2.920)*. Con una tendencia similar, las elecciones al Senado registraron una disminución de más de 8.600 votos que impactó los resultados de varias colectividades: Partido de la U (-1.888), Coalición Cambio Radical - ALMA (-1.639), Partido Liberal (-1.568), Alianza por Colombia (-1.176), entre otras**.
Al revisar las actas generales de escrutinio de Cartagena —y otros municipios del departamento— se logra identificar que la causa más probable fue un error técnico en el diligenciamiento del formulario E-14. En múltiples mesas, los jurados habrían consignado la suma de votos por candidaturas en la casilla de «solo por la lista», para posteriormente volver a sumar ese mismo valor en el gran total de cada colectividad, sin advertir siquiera que el total de votos registrado superaba el número de votantes de la mesa. Esta duplicación sistemática terminaría inflando los resultados de las listas con voto preferente, corregidos luego por las comisiones escrutadoras.
El mismo error podría explicar la situación observada en otros departamentos. En La Guajira, Valle del Cauca, Antioquia y Cesar también se registraron restas significativas entre preconteo y escrutinio, tanto en la elección de Cámara como la de Senado, con un patrón que a primera vista guarda similitud con el documentado en Bolívar. Una revisión detallada de los formularios E-14 y de las actas generales de escrutinio en esos departamentos permitiría confirmar si la causa fue la misma en todos los casos, pero la coincidencia no deja de ser menor.
Al final, que las comisiones escrutadoras lograran restar estos votos inflados demuestra que los contrapesos del sistema funcionan. Una vez se detectó que el número de votantes no coincidía con el número de votos, se revisaron las bolsas y se realizaron los recuentos necesarios para restablecer la verdad electoral. Sin embargo, si errores tan evidentes como la duplicación aritmética se repitieron de manera sistemática, queda abierta la duda sobre qué otras vulnerabilidades, más sutiles, pudieron haber pasado inadvertidas.
Ante este panorama, es preciso que las autoridades electorales actúen con prontitud en cuatro frentes:
1. Reforzar la capacitación de los jurados, haciendo especial énfasis en la mecánica de las listas con voto preferente y el reporte correcto de la casilla «solo por la lista».
2. Llevar a cabo una investigación exhaustiva y compulsar copias a la Procuraduría y la Fiscalía si existen indicios que sugieran algo más que un error involuntario.
3. Identificar posibles patrones entre los jurados involucrados —ya sean estos de nicho, nivel educativo, edad o capacitación— que permitan adoptar correctivos de carácter estructural en los criterios de selección.
4. Retirar de la base de datos de postulados a quienes cometieron errores graves, como medida preventiva para garantizar la idoneidad de quienes operan las mesas en próximas votaciones.
Hay suficiente tiempo de aquí a las presidenciales.
*Diferencias entre preconteo y escrutinio, elección Cámara de Representantes por Bolívar. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
La desinformación electoral y sus efectos en no es responsabilidad exclusiva de quienes la difunden, sino también de las autoridades cuando permiten la existencia de vacíos informativos propicios para la sospecha.
Por eso, planteo cinco preguntas a la Registraduría, orientadas a dar claridad técnica y verificable sobre los siguientes cinco (5) puntos, hoy en el centro de las narrativas de fraude:
• Propiedad del software de escrutinios
• Seguridad y trazabilidad de los escrutinios
• Designación de jurados de votación
• Archivo Nacional de Identificación (ANI)
• Auditoría internacional
Estas preguntas no son confrontacionales. Son una oportunidad para cerrar vacíos de información y fortalecer la legitimidad de los procesos electorales frente al asedio de las narrativas de fraude.
https://t.co/NVaB2YLnCk
https://t.co/kBDOI85SGz
5 Preguntas para el Registrador Penagos
La desinformación electoral y sus efectos en la confianza pública no son responsabilidad exclusiva de quienes la difunden de forma deliberada, sino también de las autoridades cuando permiten la existencia de vacíos informativos propicios para la sospecha y los rumores.
Por ello, y en virtud de la transparencia y confiabilidad que deben orientar la función electoral de la Registraduría (Dec. 1010 de 2000, art.4), es preciso que desde la entidad se dé claridad pública, técnica y verificable sobre los siguientes cinco (5) puntos, hoy en el centro de las narrativas de fraude:
1. Propiedad del software de escrutinios
¿Por qué no se ha dado pleno cumplimiento al fallo del Consejo de Estado mediante el cual se conminó a la Organización Electoral a adquirir, en propiedad del Estado, un software de escrutinios que permita completa trazabilidad del proceso, desde el conteo de mesa hasta la declaratoria de la elección? (Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 318)
A día de hoy, la providencia solo se ha cumplido de manera parcial, con la compra, en 2021, de un software para los escrutinios nacionales que realiza el Consejo Nacional Electoral, mientras que las demás fases del escrutinio —niveles auxiliar, municipal y departamental— siguen funcionando con un software prestado por privados.
Esto genera confusión, pues no es usual que las decisiones del máximo tribunal en lo contencioso administrativo se apliquen solo de forma selectiva, lo cual hace preciso una aclaración sustentada en lo técnico, jurídico o económico.
2. Seguridad y trazabilidad de los escrutinios
¿Cuáles son los controles de seguridad informática actualmente implementados para prevenir sabotajes a los sistemas de escrutinio, como el comprobado en el caso del partido MIRA en las elecciones legislativas de 2014? (Consejo de Estado, Sección Quinta, rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00, 8 de febrero de 2018, p. 184-188)
En particular, ¿cómo se garantiza que no habrá accesos a horas no autorizadas, datos precargados ni burla de los sistemas de autenticación biométrica en el momento de guardar el registro de resultados? ¿Qué nuevas medidas de seguridad se han adoptado frente a vulnerabilidades ya identificadas en procesos anteriores?
Y, en esa misma línea, ¿cómo se va a garantizar la estricta custodia del material electoral y de los equipos utilizados en el proceso, de forma que se preserve su integridad como evidencia ante eventuales reclamaciones o acciones de nulidad ante el Consejo de Estado?
Dado el antecedente, resulta apenas razonable que la ciudadanía solicite saber cómo se evitará la repetición de este tipo de incidentes.
3. Designación de jurados de votación
¿Cómo se certifica algorítmicamente la aleatoriedad en la selección de los jurados de votación, previniendo al mismo tiempo la homogeneidad de nichos o sesgos en la conformación de las mesas (no concentración de jurados provenientes de una misma fuente —como una única empresa, una sola universidad o un mismo partido político— en una sola mesa)?
La pregunta surge porque no basta con presentar a los jurados de votación como una garantía antifraude «por diseño» del sistema electoral colombiano, si no se explica cómo se asegura, en la práctica, la imparcialidad en su selección.
4. Administración del Archivo Nacional de Identificación
¿Cómo se garantiza que la copia del Archivo Nacional de Identificación (ANI), entregada por la Registraduría al operador privado para realizar el proceso de inscripción de cédulas, no sea utilizada de forma indebida? (Anexo técnico del pliego de condiciones CTO 049-2025, p. 15 y 43).
Dado que se trata de bases de datos críticas, es necesario explicar con precisión los controles de acceso, cifrado, almacenamiento y eliminación de la información contenida en estos dispositivos, y cómo las especulaciones sobre el uso fraudulento de esta información carecerían de asidero.
5. Auditoría internacional
¿Cuáles son los componentes exactos de la auditoría internacional que está realizando CAPEL sobre los sistemas electorales, en términos de actividades técnicas y de personal junior y senior para cada componente? Y lo más importante: ¿hasta qué punto los informes y hallazgos de esta auditoría serán públicos y de libre acceso para la ciudadanía?
En un contexto de desconfianza, la utilidad de esta auditoría depende tanto de su rigor técnico como de la claridad con la que se definan y comuniquen sus protocolos: cronograma, alcance, límites metodológicos y condiciones de entrega de resultados.
Por último, valga precisar que:
1. Estas preguntas, más que ser confrontacionales, son una oportunidad para que la Registraduría, en cabeza del Dr. Hernán Penagos, cierre vacíos de información y fortalezca la legitimidad alrededor de los procesos electorales ante el asedio de las narrativas de fraude.
2. Si bien varias de estas preguntas remiten a aspectos altamente técnicos del sistema electoral, ello no puede ser un pretexto para la opacidad ni el silencio. Por el contrario, es precisamente esa complejidad la que exige mayores niveles de transparencia, pedagogía y apertura al escrutinio público.
Most Popular Users
Elon Musk
@elonmusk
241.1M followers
Barack Obama
@barackobama
119.1M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
112.4M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.8M followers
Narendra Modi
@narendramodi
107.1M followers
Rihanna
@rihanna
98.1M followers
NASA
@nasa
92.2M followers
Justin Bieber
@justinbieber
91.3M followers
KATY PERRY
@katyperry
88.7M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
82.6M followers
Lady Gaga
@ladygaga
74.1M followers
Virat Kohli
@imvkohli
71.5M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
70.3M followers
YouTube
@youtube
68.7M followers
Bill Gates
@billgates
64.5M followers
Neymar Jr
@neymarjr
64.4M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.4M followers
CNN
@cnn
61.8M followers
Selena Gomez
@selenagomez
61.8M followers
X
@x
60.8M followers