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“La crisis del sistema de salud en Colombia no es nueva ni comenzó con el gobierno de Gustavo Petro. Es una crisis estructural que lleva más de una década, advertida por la Corte Constitucional desde 2008 y confirmada por la Contraloría en 2014, cuando ya alertaba que el sistema era inviable financieramente.
Hoy seguimos viendo cómo las EPS reportan irregularidades graves: facturación de personas fallecidas, traslados imposibles y medicamentos que no aparecen en las compraventas, mientras acumulan deudas históricas de más de 32 billones de pesos y no tienen las reservas técnicas que deberían tener.
No existe ninguna evidencia técnica ni financiera de que este gobierno haya desfinanciado el sistema; por el contrario, el verdadero problema es que la reforma para corregir estas fallas ha sido aplazada en el Congreso. Sin esa reforma, la crisis seguirá afectando los derechos de los colombianos.”
El sistema de salud en Colombia siempre ha estado intervenido: de 157 EPS hoy quedan menos de 30; se han intervenido y liquidado más de 100 EPS. Por eso la Contraloría General de la República concluye que el problema es estructural, es el modelo, no es responsabilidad del gobierno del presidente Gustavo Petro.
El problema de fondo: según la Contraloría, en 2023 las EPS debían tener 12,4 billones de pesos invertidos en bancos como respaldo de sus deudas. No los tenían. Eso es muy grave, porque esos recursos son las llamadas reservas técnicas, fundamentales para garantizar la atención de millones de colombianos.
Los cálculos actuales muestran que faltan más de 20 billones de pesos que deberían estar respaldando esas deudas. Y no están.
El caso de Sanitas es aún más grave: tenía embolatado 1,2 billones de pesos en reservas técnicas que no aparecen. Además, la Superintendencia encontró que presuntamente más de 300 mil millones de pesos que debían destinarse a salud y medicamentos se usaron en arriendos del grupo Keralty. Esto es una ilegalidad.
Aunque la Corte Constitucional reversó la intervención de Sanitas, lo hizo por vicios de procedimiento, no porque faltaran razones de fondo para intervenirla.
Estos son recursos públicos, producto de las cotizaciones de los trabajadores y los impuestos de todos los colombianos. Son recursos que deberían garantizar atención, medicamentos y salvar vidas. Mientras tanto, la gente sigue sufriendo el paseo de la muerte y negación de servicios, mientras ocurren estas irregularidades.
Por eso celebramos el informe de la Contraloría, pero exigimos acciones fiscales, judiciales y penales para que se haga justicia. El problema no es de este gobierno. Es el modelo de negocio de las EPS que prioriza el lucro sobre la salud.
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