Juan Manuel Vicente Bueno

@jmvb0902

Dominican Republic

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Jaime Rincón

@JaimeRinconRD

about 2 months ago

En RD, quien gana RD$150,000 o más puede vivir muy bien. El problema es que mucha gente vive para gastar, no para ahorrar. Quieren vivir para el otro. Ahorrar no depende de cuánto ganas, sino de una filosofía del dinero y de la disciplina. Por eso nunca tienen.

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AC @alejandrocdelg0

2 months ago

lunes, a por otra semana (no queda otra)

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Mr. Stoic @Raphybenz1

3 months ago

La verdadera mdurez intelectual ntiende q la soberanía d 1 individuo sbre su propia persona está por encima de las expectativas del entorno. Pretender que alguien sacrifiq su autenticidad para no incomodar el sesgo ajeno no es civismo, es sumisión social.Tu crítica no nace de la sabiduría,sino de la incomodidad de ver a alguien libre de las cadenas que tú mismo aceptas

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paola calderon

@PaolaCalderon08

3 months ago

Señora de 76 años. Tiene RD $1,165,724 en su AFP. Califica para le devolución de los fondos por ingreso tardío pero no se lo pueden devolver porque sigue cotizando en la TSS. Mientras ella cotice no recibe sus fondos, si deja de cotizar pierde su seguro médico en la seguridad social y nunca aseguradora privada la acepta por edad y preexistencias. Ese, es nuestro sistema de seguridad social.

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“Soy fiel devoto de la Literatura y discípulo eterno de la Filosofía”.

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Laura. @LauraFerrer_27

4 months ago

"aqui en República Dominicana somos cristianos" Dicen los que golosean mujeres, pegan cuerno, no roncan para robarle al prójimo, critican a la ligera y así.

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Juan Manuel Vicente Bueno @jmvb0902

5 months ago

@imooncake_ (Asumiendo que es internet hogar) Yo me cambié a uno local, se llama éxito visión y desde entonces no he vuelto a tener problemas con el Internet. Es sin contrato, así que lo puedo cancelar cuando quiera sin penalidad.lo recomiendo al 100%

jmvb0902's tweet photo. @imooncake_ (Asumiendo que es internet hogar) Yo me cambié a uno local, se llama éxito visión y desde entonces no he vuelto a tener problemas con el Internet. Es sin contrato, así que lo puedo cancelar cuando quiera sin penalidad.lo recomiendo al 100% https://t.co/xIL2UlZhoZ

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NewUs

@newusof

6 months ago

Estás aburrido de tu relación porque no haces misiones secundarias. El amor es más que rutina y mensajes de “¿ya cenaste?”. Aquí tienes 50 misiones secundarias para reavivar la chispa:

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Elías Báez🇩🇴

@Eliasbaezd

6 months ago

A pesar de un mandato de la ley, de que todo pensionado debe tener un seguro: los que manejan el sistema lo han dejado desamparados. No se trata de ley, se trata de cumplirla . Y pensar que los dueños del sistema: bancos, ARS, AFP, son ricos y tienen seguro internacional en toda etapa de su vida, ellos y sus familias. Iniquidad 👇 Artículo 123: Define a los beneficiarios del Seguro Familiar de Salud (SFS) e incluye explícitamente a los pensionados y jubilados de los distintos regímenes (contributivo y subsidiado) como derechohabientes. Artículo 140 (Párrafo II): Establece que los pensionados y jubilados deben recibir los servicios de salud de forma inmediata, garantizando que el paso de la vida laboral al retiro no interrumpa su cobertura médica.

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Jaime Rincón

@JaimeRinconRD

6 months ago

Señores, no se dejen coger de pendejos de médicos aprovechados que creen que sus pacientes son hijos del diablo. No quieren entregar factura y exigen pagos en efectivo o transferencias a cuentas raras para evadir impuestos. Denúncienlos ante la DIDA.

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Elías Báez🇩🇴

@Eliasbaezd

7 months ago

La salud, el derecho más humano https://t.co/5xbsII7Z34 vía @acentodiario

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Richard Santana

@richardjuniors

9 months ago

Entendiendo que el dominicano no lee y tampoco retiene, escribo este artículo para los dos o tres que sí le dedican tiempo a leer y entender. De mi parte, cumplo con aportar un granito de arena a un tema muy importante que nos impacta a todos. Por qué República Dominicana necesita actualizar su Ley de Telecomunicaciones La Ley General de Telecomunicaciones 153-98 marcó un antes y un después en la historia del país. Ordenó un sector que venía del monopolio, abrió la puerta a la competencia y creó un regulador moderno para su tiempo. Pero la tecnología avanzó más rápido que la ley. El país que existía en 1998 no se parece al de hoy, donde la conectividad sostiene la vida económica, social y productiva. Seguimos operando servicios del siglo XXI con un marco legal del siglo pasado, diseñado para la telefonía fija y la televisión analógica. Actualizar esta ley ya no es una discusión técnica: es una necesidad nacional. Por qué necesitamos actualizarla La ley vigente fue construida para un ecosistema que ya no existe. En 1998 no había fibra óptica masiva, redes 4G y 5G, plataformas en la nube, transporte de datos de alto volumen, infraestructura pasiva moderna, modelos de compartición de redes, ciberseguridad avanzada, servicios OTT, neutralidad de red ni la demanda digital actual del país. Hoy la educación, la salud, la banca, el comercio, el turismo y el Estado dependen de conexiones estables, rápidas y seguras. Una ley del siglo pasado no puede sostener un país del siglo XXI. El espectro radioeléctrico como recurso estratégico El espectro es el petróleo digital del país: limitado, valioso y esencial. Es un bien público administrado por el Estado, y su valor depende del uso eficiente que se le dé. Durante décadas, en República Dominicana muchas frecuencias se entregaron mediante relaciones políticas, favores y presiones. La ley no definió mecanismos estrictos de subasta, auditoría, fiscalización ni reversión automática, lo que permitió que señales valiosas permanecieran en manos privadas sin explotación real. Un espectro sin uso es un país sin avance. Uso obligatorio de la frecuencia asignada El país necesita establecer un principio moderno y claro: quien recibe una frecuencia debe usarla, desarrollarla e invertir en ella. No es un activo financiero para guardar o negociar. Es un recurso público destinado a producir servicios, innovación, contenido, cobertura e infraestructura. Si un titular no transmite, no despliega, no invierte o no cumple con el plan técnico, la frecuencia debe revertirse automáticamente al Estado y reasignarse mediante criterios transparentes y competitivos. Así funciona en países que se toman en serio el desarrollo digital. El caso del Canal 3: un ejemplo de por qué la ley necesita mayor claridad El conflicto actual entre Telemicro y ACD Media por la frecuencia digital 3.1 es uno de los ejemplos más visibles de cómo la falta de un marco legal moderno genera disputas prolongadas y costosas. Más que tomar partido, lo relevante es cómo este caso evidencia vacíos estructurales en la asignación, supervisión y documentación histórica del espectro radioeléctrico. Ambas partes reclaman derechos sobre la frecuencia: Telemicro sostiene que la concesión del histórico Canal 3 le pertenece desde los años noventa, mientras ACD Media alega haber recibido licencias válidas en el proceso de transición digital. El propio regulador ha confirmado que el tema permanece bajo evaluación judicial y administrativa, lo que demuestra que no existe una línea de tiempo completamente clara ni un sistema de trazabilidad digital que permita verificar de manera indiscutible el estatus histórico de la frecuencia. En países con estructura regulatoria moderna, una señal abierta de alto valor no puede depender de interpretaciones, documentación dispersa o precedentes contradictorios. La falta de claridad legal permite que conflictos como este se extiendan, afectando el mercado y retrasando la transición hacia la Televisión Terrestre Digital. Al final, lo que se observa es un choque de intereses propio de un sistema regulatorio débil. Por un lado, un conglomerado con hegemonía histórica en el sector busca conservar un activo valioso, aun sin evidencia pública de explotación continua o estratégica. Por otro lado, surge un actor que ve una oportunidad real de desarrollo y despliegue digital, con la intención declarada de operar la frecuencia y convertirla en un servicio activo. En un país con reglas claras, esto no debería convertirse en un pulso de poder. El espectro es propiedad del Estado, y su cesión exige uso, inversión, cumplimiento técnico, pago de impuestos y operación efectiva. Si un titular no cumple, la frecuencia debe revertir. Si un nuevo aspirante desea entrar, debe demostrar capacidad técnica, económica y fiscal para hacerlo. Solo así se protege el interés público y se garantiza que cada megahercio del espectro produzca valor real para la ciudadanía. Televisión digital: apagón analógico ejecutado, transición incompleta Aunque el país completó el apagón analógico, la transición total a la Televisión Terrestre Digital no avanza al ritmo necesario. Muchos medios tradicionales no han realizado las inversiones correspondientes en equipos, contenidos y transmisión digital. El avance depende del ritmo privado, no del interés nacional. El Estado debe garantizar que la TDT continúe su despliegue con estándares claros, plazos definidos y supervisión real. Lo digital no puede quedar sujeto a voluntades particulares. Reordenamiento moderno del espectro República Dominicana debe adoptar modelos de asignación basados en subastas públicas, transparentes y obligatorias. Esto incluye auditorías técnicas, indicadores de cumplimiento, calendarios de uso y reversión automática. Países como Chile, Colombia y España ya avanzaron en esa dirección, y la eficiencia se nota. La transparencia regulatoria no es un lujo: es un requisito para un mercado sano. Ejemplo internacional clave: la Banda 700 MHz y su impacto La Banda 700 MHz es uno de los mejores ejemplos de cómo la administración del espectro puede transformar, acelerar o retrasar el desarrollo digital de un país. A nivel internacional se conoce como la “banda baja de oro” porque ofrece gran cobertura, excelente penetración en interiores y permite despliegues más económicos, especialmente en zonas rurales. Países como Chile, México, Brasil, Colombia y Estados Unidos entendieron su valor estratégico desde temprano y la organizaron de manera eficiente. En México se desarrolló el proyecto Red Compartida, un modelo donde la Banda 700 se asignó a un operador mayorista con la obligación de llevar cobertura nacional, priorizando zonas rurales y comunidades históricamente desatendidas. Esto redujo la brecha digital y permitió que múltiples operadores minoristas usaran la misma infraestructura, aumentando la competencia y reduciendo los costos. En Brasil, la Banda 700 se liberó como parte del proceso de transición de la televisión analógica a la digital. Esto permitió reasignarla al servicio móvil avanzado y facilitó que ciudades pequeñas y medianas accedieran a LTE y luego a 5G de forma rápida y eficiente. En Chile las subastas incluyeron obligaciones de conectar escuelas, centros de salud, zonas remotas y corredores viales. La banda baja permitió ampliar cobertura sin necesidad de invertir en miles de torres adicionales, acelerando la conectividad rural. El patrón es claro: los países que administran bien la Banda 700 logran cobertura masiva, mejor calidad de señal, servicios más estables y una reducción significativa de costos, especialmente para comunidades rurales o de bajos ingresos. En República Dominicana la Banda 700 también se incorporó al ecosistema digital, pero su impacto no ha sido el mismo que en estos modelos internacionales. La transición se dio, pero no al ritmo que exige la demanda actual. La falta de un marco legal moderno, la ausencia de obligaciones de despliegue bien definidas y la debilidad de los mecanismos de supervisión han limitado su potencial. La banda está asignada, sí, pero no se ha explotado con la profundidad y visión estratégica que otros países han aplicado para cerrar brechas y mejorar la cobertura nacional. Actualizar la ley no es un ejercicio burocrático. Es alinear al país con prácticas globales que ya demostraron ser exitosas, especialmente en el uso del espectro más valioso para garantizar conectividad universal. Calidad de Servicio (QoS): medirla y exigirla La nueva ley debe garantizar un régimen estricto y verificable de calidad de servicio, porque un país no puede avanzar si la conectividad sigue basada en promesas comerciales y no en métricas reales. No basta con ofrecer velocidades “hasta X” sin asegurar un mínimo efectivo. Es necesario establecer parámetros obligatorios de velocidad mínima garantizada, latencia regulada, estabilidad de la red, disponibilidad promedio y mecanismos de medición independientes. Además, los operadores deben estar obligados a compensar al usuario cuando el servicio no cumpla con los estándares establecidos. Estos indicadores deben publicarse periódicamente para que la ciudadanía conozca la calidad real del servicio que recibe y para que el mercado compita con transparencia. Sin una QoS regulada con rigor, la competencia es ficticia y el usuario sigue siendo el más afectado. Carga impositiva excesiva República Dominicana posee una de las cargas fiscales más elevadas de la región en el sector de telecomunicaciones: 18 % de ITBIS, 10 % de impuesto selectivo al consumo y un 2 % destinado al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Este esquema fue diseñado en una época en la que la telefonía y el internet eran vistos como servicios complementarios, casi suntuarios. Hoy, esa visión es insostenible. La conectividad no es un lujo. No es comparable con bebidas alcohólicas, cigarrillos ni artículos de consumo voluntario. Es una necesidad estructural para acceder a educación, salud, empleo, banca digital, gobierno electrónico, seguridad, transporte y comercio. En un país donde más del 70 % de los trámites, transacciones y servicios se apoyan en tecnología, gravar la conectividad como si fuera un privilegio equivale a encarecer la participación social y limitar el desarrollo económico. Cada impuesto adicional se traduce en menor acceso para familias de ingresos medios y bajos, ralentiza la expansión de redes en zonas no rentables y encarece la operación de las empresas. Es una contradicción que el Estado promueva digitalización, educación virtual y servicios en línea, mientras mantiene un selectivo que penaliza la conectividad. La nueva ley debe reestructurar este esquema, reducir o eliminar el selectivo y asegurar que el 2 % del fondo se use con impacto real y verificable. Solo así la conectividad podrá expandirse sin que la carga fiscal sea un obstáculo. Infraestructura moderna, ordenada y eficiente El país necesita reglas nacionales sobre ductos, postes, fibra subterránea, servidumbres y compartición de infraestructura. Hoy múltiples operadores duplican esfuerzos, saturan zonas urbanas y encarecen el despliegue. Una ley moderna debe promover infraestructura compartida obligatoria para reducir costos, acelerar la cobertura y evitar saturación urbana. Perfil técnico para dirigir el órgano regulador Un punto esencial, y cada día más necesario, es que la dirección del órgano regulador recaiga en un perfil técnico real. Históricamente, esta institución ha sido ocupada por abogados, políticos y profesionales sin la formación necesaria. No se trata de menospreciar profesiones, pero sería tan incoherente como colocar a un ingeniero a dirigir la Suprema Corte de Justicia. Telecomunicaciones es un sector altamente especializado que exige conocimiento profundo del espectro, redes, estándares internacionales, ciberseguridad, fiscalización técnica y políticas de conectividad. La dirección de este órgano debe recaer en profesionales formados en ingeniería, telecomunicaciones o áreas afines, acompañados de especialización o maestría en la materia. Sin liderazgo técnico, el país avanza al ritmo de la improvisación y no del desarrollo. Recomendaciones esenciales • Subastas abiertas y obligatorias para asignación de frecuencias • Uso obligatorio de toda frecuencia asignada • Reversión automática por incumplimiento • Régimen formal y verificable de QoS • Roaming nacional como política pública • Finalización ordenada de la transición digital • Perfil técnico obligatorio para dirigir el regulador • Reducción del selectivo al consumo • Auditorías técnicas independientes • Infraestructura compartida obligatoria • Calendario nacional de conectividad universal Conclusión Actualizar la Ley 153-98 no es un ajuste administrativo: es una transformación estructural. El país no puede seguir regulando el ecosistema digital moderno con una ley escrita para el mundo analógico. Una legislación actualizada permitirá impulsar la innovación, democratizar el acceso, ordenar el espectro, fortalecer la competencia y elevar la productividad nacional. El futuro digital de la República Dominicana depende de decisiones responsables tomadas hoy. No modernizar la ley es condenar al país a quedarse atrás. Si te gustó este contenido, sígueme y compártelo.

richardjuniors's tweet photo. Entendiendo que el dominicano no lee y tampoco retiene, escribo este artículo para los dos o tres que sí le dedican tiempo a leer y entender.
De mi parte, cumplo con aportar un granito de arena a un tema muy importante que nos impacta a todos.

Por qué República Dominicana necesita actualizar su Ley de Telecomunicaciones

La Ley General de Telecomunicaciones 153-98 marcó un antes y un después en la historia del país. Ordenó un sector que venía del monopolio, abrió la puerta a la competencia y creó un regulador moderno para su tiempo. Pero la tecnología avanzó más rápido que la ley. El país que existía en 1998 no se parece al de hoy, donde la conectividad sostiene la vida económica, social y productiva. Seguimos operando servicios del siglo XXI con un marco legal del siglo pasado, diseñado para la telefonía fija y la televisión analógica. Actualizar esta ley ya no es una discusión técnica: es una necesidad nacional.

Por qué necesitamos actualizarla

La ley vigente fue construida para un ecosistema que ya no existe. En 1998 no había fibra óptica masiva, redes 4G y 5G, plataformas en la nube, transporte de datos de alto volumen, infraestructura pasiva moderna, modelos de compartición de redes, ciberseguridad avanzada, servicios OTT, neutralidad de red ni la demanda digital actual del país. Hoy la educación, la salud, la banca, el comercio, el turismo y el Estado dependen de conexiones estables, rápidas y seguras. Una ley del siglo pasado no puede sostener un país del siglo XXI.

El espectro radioeléctrico como recurso estratégico

El espectro es el petróleo digital del país: limitado, valioso y esencial. Es un bien público administrado por el Estado, y su valor depende del uso eficiente que se le dé. Durante décadas, en República Dominicana muchas frecuencias se entregaron mediante relaciones políticas, favores y presiones. La ley no definió mecanismos estrictos de subasta, auditoría, fiscalización ni reversión automática, lo que permitió que señales valiosas permanecieran en manos privadas sin explotación real. Un espectro sin uso es un país sin avance.

Uso obligatorio de la frecuencia asignada

El país necesita establecer un principio moderno y claro: quien recibe una frecuencia debe usarla, desarrollarla e invertir en ella. No es un activo financiero para guardar o negociar. Es un recurso público destinado a producir servicios, innovación, contenido, cobertura e infraestructura. Si un titular no transmite, no despliega, no invierte o no cumple con el plan técnico, la frecuencia debe revertirse automáticamente al Estado y reasignarse mediante criterios transparentes y competitivos. Así funciona en países que se toman en serio el desarrollo digital.

El caso del Canal 3: un ejemplo de por qué la ley necesita mayor claridad

El conflicto actual entre Telemicro y ACD Media por la frecuencia digital 3.1 es uno de los ejemplos más visibles de cómo la falta de un marco legal moderno genera disputas prolongadas y costosas. Más que tomar partido, lo relevante es cómo este caso evidencia vacíos estructurales en la asignación, supervisión y documentación histórica del espectro radioeléctrico.

Ambas partes reclaman derechos sobre la frecuencia: Telemicro sostiene que la concesión del histórico Canal 3 le pertenece desde los años noventa, mientras ACD Media alega haber recibido licencias válidas en el proceso de transición digital. El propio regulador ha confirmado que el tema permanece bajo evaluación judicial y administrativa, lo que demuestra que no existe una línea de tiempo completamente clara ni un sistema de trazabilidad digital que permita verificar de manera indiscutible el estatus histórico de la frecuencia.

En países con estructura regulatoria moderna, una señal abierta de alto valor no puede depender de interpretaciones, documentación dispersa o precedentes contradictorios. La falta de claridad legal permite que conflictos como este se extiendan, afectando el mercado y retrasando la transición hacia la Televisión Terrestre Digital.

Al final, lo que se observa es un choque de intereses propio de un sistema regulatorio débil. Por un lado, un conglomerado con hegemonía histórica en el sector busca conservar un activo valioso, aun sin evidencia pública de explotación continua o estratégica. Por otro lado, surge un actor que ve una oportunidad real de desarrollo y despliegue digital, con la intención declarada de operar la frecuencia y convertirla en un servicio activo.

En un país con reglas claras, esto no debería convertirse en un pulso de poder. El espectro es propiedad del Estado, y su cesión exige uso, inversión, cumplimiento técnico, pago de impuestos y operación efectiva. Si un titular no cumple, la frecuencia debe revertir. Si un nuevo aspirante desea entrar, debe demostrar capacidad técnica, económica y fiscal para hacerlo. Solo así se protege el interés público y se garantiza que cada megahercio del espectro produzca valor real para la ciudadanía.

Televisión digital: apagón analógico ejecutado, transición incompleta

Aunque el país completó el apagón analógico, la transición total a la Televisión Terrestre Digital no avanza al ritmo necesario. Muchos medios tradicionales no han realizado las inversiones correspondientes en equipos, contenidos y transmisión digital. El avance depende del ritmo privado, no del interés nacional. El Estado debe garantizar que la TDT continúe su despliegue con estándares claros, plazos definidos y supervisión real. Lo digital no puede quedar sujeto a voluntades particulares.

Reordenamiento moderno del espectro

República Dominicana debe adoptar modelos de asignación basados en subastas públicas, transparentes y obligatorias. Esto incluye auditorías técnicas, indicadores de cumplimiento, calendarios de uso y reversión automática. Países como Chile, Colombia y España ya avanzaron en esa dirección, y la eficiencia se nota. La transparencia regulatoria no es un lujo: es un requisito para un mercado sano.

Ejemplo internacional clave: la Banda 700 MHz y su impacto

La Banda 700 MHz es uno de los mejores ejemplos de cómo la administración del espectro puede transformar, acelerar o retrasar el desarrollo digital de un país. A nivel internacional se conoce como la “banda baja de oro” porque ofrece gran cobertura, excelente penetración en interiores y permite despliegues más económicos, especialmente en zonas rurales. Países como Chile, México, Brasil, Colombia y Estados Unidos entendieron su valor estratégico desde temprano y la organizaron de manera eficiente.

En México se desarrolló el proyecto Red Compartida, un modelo donde la Banda 700 se asignó a un operador mayorista con la obligación de llevar cobertura nacional, priorizando zonas rurales y comunidades históricamente desatendidas. Esto redujo la brecha digital y permitió que múltiples operadores minoristas usaran la misma infraestructura, aumentando la competencia y reduciendo los costos.

En Brasil, la Banda 700 se liberó como parte del proceso de transición de la televisión analógica a la digital. Esto permitió reasignarla al servicio móvil avanzado y facilitó que ciudades pequeñas y medianas accedieran a LTE y luego a 5G de forma rápida y eficiente.

En Chile las subastas incluyeron obligaciones de conectar escuelas, centros de salud, zonas remotas y corredores viales. La banda baja permitió ampliar cobertura sin necesidad de invertir en miles de torres adicionales, acelerando la conectividad rural.

El patrón es claro: los países que administran bien la Banda 700 logran cobertura masiva, mejor calidad de señal, servicios más estables y una reducción significativa de costos, especialmente para comunidades rurales o de bajos ingresos.

En República Dominicana la Banda 700 también se incorporó al ecosistema digital, pero su impacto no ha sido el mismo que en estos modelos internacionales. La transición se dio, pero no al ritmo que exige la demanda actual. La falta de un marco legal moderno, la ausencia de obligaciones de despliegue bien definidas y la debilidad de los mecanismos de supervisión han limitado su potencial. La banda está asignada, sí, pero no se ha explotado con la profundidad y visión estratégica que otros países han aplicado para cerrar brechas y mejorar la cobertura nacional.

Actualizar la ley no es un ejercicio burocrático. Es alinear al país con prácticas globales que ya demostraron ser exitosas, especialmente en el uso del espectro más valioso para garantizar conectividad universal.

Calidad de Servicio (QoS): medirla y exigirla

La nueva ley debe garantizar un régimen estricto y verificable de calidad de servicio, porque un país no puede avanzar si la conectividad sigue basada en promesas comerciales y no en métricas reales. No basta con ofrecer velocidades “hasta X” sin asegurar un mínimo efectivo. Es necesario establecer parámetros obligatorios de velocidad mínima garantizada, latencia regulada, estabilidad de la red, disponibilidad promedio y mecanismos de medición independientes. Además, los operadores deben estar obligados a compensar al usuario cuando el servicio no cumpla con los estándares establecidos. Estos indicadores deben publicarse periódicamente para que la ciudadanía conozca la calidad real del servicio que recibe y para que el mercado compita con transparencia. Sin una QoS regulada con rigor, la competencia es ficticia y el usuario sigue siendo el más afectado.

Carga impositiva excesiva

República Dominicana posee una de las cargas fiscales más elevadas de la región en el sector de telecomunicaciones: 18 % de ITBIS, 10 % de impuesto selectivo al consumo y un 2 % destinado al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Este esquema fue diseñado en una época en la que la telefonía y el internet eran vistos como servicios complementarios, casi suntuarios. Hoy, esa visión es insostenible.

La conectividad no es un lujo. No es comparable con bebidas alcohólicas, cigarrillos ni artículos de consumo voluntario. Es una necesidad estructural para acceder a educación, salud, empleo, banca digital, gobierno electrónico, seguridad, transporte y comercio. En un país donde más del 70 % de los trámites, transacciones y servicios se apoyan en tecnología, gravar la conectividad como si fuera un privilegio equivale a encarecer la participación social y limitar el desarrollo económico.

Cada impuesto adicional se traduce en menor acceso para familias de ingresos medios y bajos, ralentiza la expansión de redes en zonas no rentables y encarece la operación de las empresas. Es una contradicción que el Estado promueva digitalización, educación virtual y servicios en línea, mientras mantiene un selectivo que penaliza la conectividad. La nueva ley debe reestructurar este esquema, reducir o eliminar el selectivo y asegurar que el 2 % del fondo se use con impacto real y verificable. Solo así la conectividad podrá expandirse sin que la carga fiscal sea un obstáculo.

Infraestructura moderna, ordenada y eficiente

El país necesita reglas nacionales sobre ductos, postes, fibra subterránea, servidumbres y compartición de infraestructura. Hoy múltiples operadores duplican esfuerzos, saturan zonas urbanas y encarecen el despliegue. Una ley moderna debe promover infraestructura compartida obligatoria para reducir costos, acelerar la cobertura y evitar saturación urbana.

Perfil técnico para dirigir el órgano regulador

Un punto esencial, y cada día más necesario, es que la dirección del órgano regulador recaiga en un perfil técnico real. Históricamente, esta institución ha sido ocupada por abogados, políticos y profesionales sin la formación necesaria. No se trata de menospreciar profesiones, pero sería tan incoherente como colocar a un ingeniero a dirigir la Suprema Corte de Justicia. Telecomunicaciones es un sector altamente especializado que exige conocimiento profundo del espectro, redes, estándares internacionales, ciberseguridad, fiscalización técnica y políticas de conectividad. La dirección de este órgano debe recaer en profesionales formados en ingeniería, telecomunicaciones o áreas afines, acompañados de especialización o maestría en la materia. Sin liderazgo técnico, el país avanza al ritmo de la improvisación y no del desarrollo.

Recomendaciones esenciales

• Subastas abiertas y obligatorias para asignación de frecuencias

• Uso obligatorio de toda frecuencia asignada

• Reversión automática por incumplimiento

• Régimen formal y verificable de QoS

• Roaming nacional como política pública

• Finalización ordenada de la transición digital

• Perfil técnico obligatorio para dirigir el regulador

• Reducción del selectivo al consumo

• Auditorías técnicas independientes

• Infraestructura compartida obligatoria

• Calendario nacional de conectividad universal

Conclusión

Actualizar la Ley 153-98 no es un ajuste administrativo: es una transformación estructural. El país no puede seguir regulando el ecosistema digital moderno con una ley escrita para el mundo analógico. Una legislación actualizada permitirá impulsar la innovación, democratizar el acceso, ordenar el espectro, fortalecer la competencia y elevar la productividad nacional. El futuro digital de la República Dominicana depende de decisiones responsables tomadas hoy. No modernizar la ley es condenar al país a quedarse atrás.

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Juan Manuel Vicente Bueno @jmvb0902

9 months ago

@masinformadoRD @JulissaCes @SISALRILRD Fuego coño 🔥 🔥 🤣🤣

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DARY TERRERO®️

@Daryterrero1

9 months ago

Wow! Hasta el momento la mejor exposición ante el Consejo Nacional de la Magistratura, Cuánta seguridad y nivel académico. Ojalá la Licda Vázquez Castro pueda @Vasquez_Yorlin llegar a la Suprema Corte de Justicia. Siento orgullo de usted.

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Panorama 📰

@panorama_do

9 months ago

#Panorama_Nacional La asesora en Gestión de Salud, Claudia Castillo, informó este viernes que por medio del seguro contributivo una persona que padezca diabetes e hipertensión puede inscribirse en el programa de las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) para dispensar los medicamentos mensuales de consumo, “va su centro cada tres meses, busca una receta y va a la farmacia sin pagar un peso de diferencia”. La Ley Dominicana de la Seguridad Social Núm. 87-01 (SDSS) tiene 13 programas que se engloban en la Prevención y Promoción de la Salud con la dispensación de los medicamentos por medio de los clubes de las ARS donde los afiliados se inscriben y pueden retirarlos. Asimismo, las embarazadas tienen cobertura especial al 100%. Además, capacitación y entrevistas con los especialistas. . Amplíe en nuestro portal https://t.co/hnFZKWiyUZ Síguenos, Comenta y Comparte. #Panorama ¡Tal como es!

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Felipe Gavilán

@felipegavilanm

10 months ago

Traspasos irregulares de ARS. Cuídate de este peligro. Si te llega a ocurrir, puedes llamar al 809-227-0714 (Sisalril)

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Noelia Hazim

@HazimNoelia

10 months ago

Hablar de pérdidas económicas mientras el país enfrentaba una tormenta que ponía en riesgo vidas humanas es una muestra de irresponsabilidad política. El Gobierno hizo lo correcto al priorizar la vida y la seguridad. Lo material se recupera, las vidas no. Usar eso para campaña es miserable y bajo.

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Anilu Bicampeona 🦁 @alugasa

10 months ago

El pronóstico meteorológico no es una promesa de que lloverá a las 3:27 pm, es una herramienta de gestión del riesgo. Afecta a la economía suspender las labores? Sí. Pero la economía se recupera más rápido que una vida perdida.

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