La ley de procedimientos de la Jurisdicción Agraria se hundió. Es un revés histórico. Una alineación de intereses retardatarios en el Congreso permitió ese grave resultado. La disputa final fue entre quienes querían mantener amarrada la jurisdicción a la herencia del derecho romano para entorpecer la reforma y los que piensan, el gobierno entre ellos, que en casos fundamentales se requiere la presencia de los jueces, pero no hasta el punto de maniatar al ejecutivo en el desarrollo de la reforma rural. La justicia ordinaria, la civil y la contencioso administrativa, ha sido un lastre inveterado que ha frenado el reconocimiento de derechos sobre la tierra a quienes la trabajan. Ha servido de muralla en beneficio de las grandes latitudes de tierra casi improductiva. Han prolongado la conflictividad de manera que es la parte débil, el campesino, el que sufre los efectos de la morosidad. No se ha entendido que la formalización del campo, su mayor productividad y las condiciones que permitan al campesino ingresar a la economía productiva, no solo mejora el desempeño del campo sino de la economía general al aumentar la masa de consumidores. Es, además, un incumplimiento del Acuerdo de Fin del Conflicto. Peor que eso, es un acto de ceguera.
¿Puede un presidente modificar el trazado de una vía y con eso aumentar el valor de los terrenos de su esposa?
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Qué barbaridad todo lo que revela esta investigación de @juanmiguel94 sobre el cónsul de Colombia en México.
Pd: No dejen de leer el último párrafo donde el señor dice que no gana tanto, apenas 11 mil dólares.
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