Juan Santana

[Canal de Youtube @Sancte_Michael_Archangele 🌳 📚 @SancteMichaele]

https://t.co/5h2T64r09X

[Institut Ostrom @InstitutOstrom]

✍🏼 «Jon González no solo era un buen exponente de la sociedad civil preparada sino que resultaba ser un divulgador notable y eso es lo que más teme un poder que ha hecho de las medias verdades o la mentira su forma de subsistir. De ahí que lo único que le quede sea contratar extras para que divulguen su pensamiento enlatado, que suele ser un auténtico repertorio de consignas que se repiten una y otra vez»

https://t.co/dgCBAQeK4n

[Andrés Herzog @Herzogoff]

No se puede resumir mejor la desidia e incompetencia del Gobierno con la invasión de Ceuta.

[Lorenzo Silva @VilaSilva]

Sin palabras gruesas —que nunca aportan nada— una interpelación que nadie sensato desoiría.

Salvo un poder que ya se crea por encima de la crítica ciudadana constructiva. Y sus aduladores.

El Gobierno de la Nación solo tiene una salida.

https://t.co/pyz9pb8xPP

[Luis Garicano 🇪🇺🇺🇦 @lugaricano]

An announcement: Under the leadership of Mario Draghi and @patrickc we have set up the Rhine Group: policymakers, economists, entrepreneurs and business people pushing European reforms and the Draghi agenda.
https://t.co/ZtoW7Rb173

[Marcos Pérez @inversobrio]

Hace solo algunos meses los camisas pardas que trabajan para sostener al Gobierno organizaron en 'X' una cacería contra un individuo llamado Jon González.

El objetivo era que dejara de difundir a través de su cuenta en redes sociales datos objetivos y conocimientos que estaban contribuyendo a destrozar sus escuálidas "teorías económicas" oficiales.

Esas teorías que están ampliamente desacreditadas por la historia, pero que algunos defienden a muerte, no se sabe muy bien por qué, como quien defiende suministrar heroína a los niños para que duerman bien.

Jon acostumbraba a hablar de temas tan actuales como:

- El sistema de pensiones y su insostenibilidad artimetica
- El problema de la vivienda
- Las rentas bajas y medias bajas superiores al SMI son las que más han sufrido la no deflactación del IRPF
- El IRPF real pagado en 2026 es hasta cuatro veces superior al de 2019 para los salarios más bajos.
- El salario medio y mediano es en términos reales en la actualidad inferior al de 2018.
- La baja productividad es un grave problema para España.
- En resumen, que los españoles somos ahora más pobres y que es necesario implementar otras políticas o iremos aún a peor.

Lo malo (para el gobierno) es que sus explicaciones venían siempre acompañadas de datos objetivos, —sacados de las propias webs oficiales de los distintos organismos gubernamentales— para que el público en general tuviera una base sólida de información y pudiese contrastar por sí mismo lo que dicen los datos y lo que dice el gobierno.

Al hacer esto siempre desde una corrección y respeto exquisitos, empezó a ser incómodo para un Gobierno, el de Pedro Sánchez, al que solo le queda aferrarse a su teoría del cohete imaginario.

Jon González no solo era (es) un buen exponente de la sociedad civil preparada, sino que resultaba ser un divulgador notable. Y eso es lo que más teme un poder que ha hecho de las medias verdades o la mentira su forma de subsistir: que alguien contribuya a que los ciudadanos puedan pensar por sí mismos, abriendo la ventana a la duda y escepticismo de todo lo que nos echa encima el Gobierno.

El siguiente paso fue contratar extras para que divulguen el pensamiento enlatado de Moncloa, que suele ser un auténtico repertorio de consignas que se repiten una y otra vez. (Goebbles 101)

Pero como los extras contratados por el Gobierno eran incapaces de rebatir los argumentos de Jon, acabaron por montar una campaña para cancelarlo.

Ganó el Gobierno.

Y perdimos todos.

https://t.co/iC5AhYKgZm

[Sapere Aude 🧠 @ariztegui]

Una única rqzón (hay más) para terminar con el modelo de cupo vasco. Gracias @josecdiez 👇

Hasta 2008, el sistema de pensiones tenía superávit; incluso se generó una hucha, pero desde ese año el sistema es deficitario, es creciente, suma ya 60.000 millones de euros y explica desde 2008 el 40% de nuestra deuda pública. Ningún ciudadano vasco ha pagado ni un euro por el déficit de su sistema de pensiones, ni ha asumido ni un euro de deuda pública gracias al concierto. En España todos somos iguales, pero unos más iguales que otros.

El problema es que el País Vasco tiene el mayor déficit del sistema de pensiones, tanto en euros como especialmente en euros por habitante, de España. Los últimos datos de la Seguridad Social por CCAA son de 2024, o sea, que la situación ya será peor de lo que voy a contar. El ratio de suficiencia del sistema de pensiones en España es de 2,5 cotizantes por pensionista. Solo Madrid y Baleares tienen más de 2,5 y por ello son contribuyentes netos al sistema. País Vasco tuvo un déficit de 4.000 millones. La causa es que su ratio es de 1,5 cotizantes por pensionista y que sus pensionistas tienen pensiones más altas cada año en relación a los nuevos salarios que cobran los jóvenes.

https://t.co/XgeQMGLOSl

[Jacques O @Dr_Destouches]

Me gusta JFV. Si la gente empieza a sospechar que el hecho de que una micro región mal comunicada semimontañosa llena de fábricas abandonadas, funcionarios, pymes licitantes y jubilados sea la más rica de su país no es del todo normal, su esfuerzo habrá merecido la pena.

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

Un amable lector, Sergio, me envía esta infografía sobre la tomadura de pelo del sistema foral del País Vasco y Navarra que resume mi post de hace unos meses.

[Ryomen @Ryomenex]

Harvard needs 8% return every year just to keep the lights on. 5% spending plus 3% inflation. Miss that number and buildings stop, professors leave, research dies.

40% of the operating budget comes from one portfolio. Not tuition. Not grants. One fund.

Jake Xia manages that fund's public markets. He also teaches the math behind it at MIT for free. One of the top five most-watched courses on OpenCourseWare. Millions of views. Almost nobody changed how they invest.

Every year he hands students a blank page. Build a portfolio. No rules. Someone writes 100% Apple. Someone writes rare coins. Confident picks. Same blind spot, every time.

Not one student asks the only question that matters: how much goes in each position. They all pick what to buy. Nobody sizes it.

Sizing is the entire job. The answer won the Nobel Prize. It's called the efficient frontier. Xia draws it on the board in under a minute.

Five equations sit underneath it. Compound growth. Present value. The geometric mean. The Rule of 72. Real return. All older than any bank on earth. All fit on a napkin. None behind a paywall.

A "guaranteed 5% bond" during 4% inflation is a 1% return. The industry doesn't hide this. It just hopes you never run the equation yourself.

The lecture is free. The napkin is free. The only thing that costs anything is not knowing.

[Pablo Malo @pitiklinov]

No quiero generalizar por una sola opinión, pero este tipo de planteamientos se repiten con frecuencia y no surgen en el vacío sino que responden a un relato cultural muy extendido en ciertos sectores del feminismo contemporáneo.

Decir que cuando una mujer mira a otra y piensa “está gorda” en realidad es “un hombre mirando a través de su cabeza” implica varias cosas problemáticas:

-Niega la agencia de las mujeres: sus propios juicios, envidias o preferencias no serían suyos, sino producto del “patriarcado internalizado”.

-Es incoherente: si una mujer piensa que un hombre está gordo o calvo, ¿también es “un hombre” el que piensa dentro de ella?

-Ignora la biología y la psicología evolutiva ya que las mujeres, como los hombres, compiten intrasexualmente. Juzgar el físico de otras mujeres (y denigrarlo por medio del cotilleo) forma parte de esa competencia natural, no es una imposición externa que anula su mente.

Atribuir todo pensamiento crítico femenino a “la mirada masculina” no empodera a las mujeres, las infantiliza. Las personas (hombres y mujeres) tenemos juicios estéticos y eso es humano, no un complot patriarcal dentro de nuestra cabeza.

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

La ciudadanía y el derecho de sufragio activo (el poder votar) son dos conceptos distintos. El primero determina quién pertenece a la nación política. El segundo, quién elige a sus dirigentes.

La distinción existe en todos los ordenamientos jurídicos, incluido el español. No se puede votar, aunque se sea ciudadano, si se es menor de cierta edad o si existe una declaración de incapacidad. Y los ciudadanos residentes fuera de España no pueden votar en las elecciones municipales, mientras que ciertos extranjeros residentes sí pueden hacerlo.

La idea detrás de esta distinción es la exigencia de cierta capacidad (por edad y psíquica) y de una vinculación efectiva con las decisiones públicas.
Muchas democracias, incluidas Noruega, Nueva Zelanda, Dinamarca e Islandia (a menudo las que encabezan las clasificaciones internacionales de calidad democrática), parten de esta idea para restringir de manera bastante estricta el voto de los no residentes y, a la vez, facilitar, en ciertas ocasiones, el voto de los residentes no nacionales.

España, en comparación, tiene una legislación increíblemente permisiva. Es, además, una legislación que entraña serios riesgos de manipulación. Como la Constitución no establece una circunscripción de extranjeros (como en Francia o Italia), los residentes en el extranjero pueden elegir la provincia en la que votar con casi total libertad.

Pero no es lo mismo votar en Soria que en Madrid: Soria está sobrerrepresentada, Madrid infrarrepresentada. Si me interesa maximizar mi influencia, debo solicitar la inscripción en Soria y convencer a mis amigos de que hagan lo mismo. Unos cuantos miles de votos pueden, así, cambiar dos o tres escaños. Recordemos que en 2023 unos pocos votos podrían haber hecho bailar seis escaños y dar a PP y Vox la mayoría absoluta (solo habrían necesitado cuatro, de llegar a acuerdos con UPN y CC).

La solución sencilla, que imita la práctica de otras democracias, es exigir un cierto nivel de arraigo para poder votar en las elecciones generales y autonómicas.

Un sistema generoso pero sensato podría ser el siguiente.

Primero, se puede votar de manera automática en las elecciones generales y autonómicas durante un número de años igual al mínimo entre 10 y los años de residencia previa en España. Es decir, si he residido 12 años en España, puedo votar durante 10, pero si he residido 6, solo durante 6. Este criterio otorga el derecho de voto a todos los españoles no residentes nacidos y educados en España, o que hayan pasado en el país una parte sustancial de su infancia: al cumplir los 18, ya han acumulado esos 10 años.

Segundo, una vez agotada esta primera etapa, se pueden solicitar extensiones (repetidas) de cinco años si se acredita un arraigo significativo ante la Junta Electoral Central. Podemos ser generosos con la definición de arraigo.

Una lista no exhaustiva de elementos de arraigo puede incluir:

1) Contar con familiares de primer y segundo grado ciudadanos y residentes en España.

2) Visitas sustanciales y repetidas a España que no impliquen residencia (por ejemplo, pasar cuatro semanas cada verano).

3) Relaciones laborales o económicas sustanciales. Por ejemplo, realizar trabajos con efecto directo en España (un socio de un bufete de abogados de Barcelona que dirige la oficina de París, pero cuya actividad tiene un componente muy importante en Cataluña) o mantener patrimonio o intereses económicos.

4) Participar activamente en la vida política de España. Por ejemplo, haber votado con regularidad en las elecciones anteriores durante el primer periodo.

5) Servicios a las administraciones públicas o a la sociedad civil en España. Por ejemplo, un antiguo secretario de Estado que ahora trabaja para un think tank en Bruselas, o un actor querido por el público que rueda muchas películas en España, pero reside en Hollywood por motivos profesionales.

Podemos discutir los detalles de cuántos de estos elementos de arraigo necesitamos (¿uno de los cinco?, ¿tres de los cinco?) y qué hacer con las residencias repetidas en el extranjero (hago el doctorado en el Reino Unido, vuelvo a España de postdoc, y luego me voy a Alemania de profesor).

Pero para mí, la mera necesidad de presentar un documento y pruebas fehacientes es ya la barrera que lograría el 90% de mi objetivo: va a votar quien de verdad tiene interés en hacerlo.

Insisto, esto solo es una propuesta y estoy encantado de escuchar otras posibilidades.

[Jesús Fernández-Villaverde @JesusFerna7026]

Yo puedo votar en las elecciones generales y autonómicas en España (pero no en las municipales). Esto no tiene mucho sentido: me mudé a Estados Unidos en 1996, apenas pago impuestos en España y recibo servicios mínimos. Que mi voto decida, por ejemplo, si se abre un nuevo instituto en Mieres o se sube el IRPF en el territorio común tiene una justificación democrática más bien débil.

A la vez, buena parte de mi familia vive en España; existe una probabilidad (baja) de que regrese en algún momento; tengo propiedades inmobiliarias en el territorio nacional; y, en comparación con otros votantes en el extranjero, conozco los detalles de muchas discusiones sobre política económica. No creo que haya muchos millones de votantes que se sepan las cuentas de la Seguridad Social mejor que yo. No es que entender estas discusiones me dé una legitimidad especial, sino que demuestra una vinculación efectiva con España.

Por ello sigo votando en las elecciones generales, aunque en las autonómicas, de carácter local más acentuado, he dejado de hacerlo. Y, cuando considere que la probabilidad de regresar a España haya caído por debajo de un mínimo, dejaré de votar también en las generales.

La discusión de la “ley de nietos” durante las últimas semanas en España ilustra, pues, un punto fundamental en toda democracia: ¿quién es el demos que puede decidir el futuro colectivo?

Una persona no residente en España, por mucho que sea hijo o nieto de españoles, pero sin una vinculación directa con la vida cotidiana del país (o una probabilidad razonable de recuperarla demostrada con pruebas fehacientes, no una simple declaración de intenciones), no es parte del demos. Puede ser una persona con la que sintamos cercanía afectiva y que tenga un vínculo legal con España más fuerte que el de otras personas. Pero no debe ser votante.

Las respuestas que leo en la prensa son decepcionantes. Muchos argumentan que, a fin de cuentas, estos nuevos votantes no influirán en los resultados de las elecciones. Quizás. En el pasado no lo han hecho. Pero este argumento tiene dos problemas. Primero, ahora que forman un grupo tan grande, los partidos tienen un incentivo muy distinto para movilizar a ese electorado. Segundo, y mucho más importante, ir regalando nacionalidades y derechos de voto sin la debida seriedad demuestra que en España nunca pensamos las cosas con cuidado. Da igual si son 100 o dos millones y da igual si tienen efecto o no sobre las elecciones. Es una cuestión de legitimidad.

Una y otra vez, en España, tomamos decisiones sin hacer números, movidos por el “buenismo” de quedar bien en el telediario de las nueve. Y no, no son los políticos. Estoy 100% seguro de que, de haberse realizado un referéndum sobre la “ley de nietos” (olvidándonos del resto de la Ley de Memoria Democrática), el sí habría ganado de manera abrumadora.

No nos tomamos nada en serio y somos frívolos.

[Pablo Malo @pitiklinov]

Estas declaraciones de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, son un ejemplo de misandria y sexismo contra los hombres.

Llamar “especies radicalmente distintas” a hombres y mujeres, aparte de falso científicamente, es una forma de degradar al grupo masculino. Implica una idea de inferioridad, decir que hay que “ayudar a evolucionar” a los hombres implica que están en un escalón inferior al de las mujeres en lo social, emocional y moral. Es exactamente el mismo mecanismo que el sexismo tradicional contra las mujeres, pero invertido: “las mujeres somos más avanzadas, los hombres necesitan ser corregidos y mejorados”.

Son claramente un ejemplo de prejuicio basado en el sexo. Atribuye características negativas generales a todos los hombres (emocionalmente inmaduros, anclados en privilegios, negadores de sentimientos y debilidad). No habla de comportamientos individuales, sino del “género masculino” como un colectivo defectuoso.

Por otro lado, implican un doble rasero evidente: Si un político dijera que las mujeres son una especie distinta y hay que ayudarlas a evolucionar (porque están ancladas en estereotipos emocionales, victimismo, etc.), le caerían encima acusaciones de misoginia, cancelación y dimisión inmediata. Aquí es la ministra de Igualdad quien lo dice y la noticia se trata como algo normal.

Y hay que tener en cuenta el contexto de poder. No es una tuitera random la que dice esto. Es la titular del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Cuando la persona que gestiona las políticas de “igualdad” habla así del 50 % de la población, no es una opinión inocente, es discurso institucional con carga ideológica.

Luego se extrañan de que los jóvenes no se identifiquen como feministas y culpan a la Manosfera. El feminismo institucional no tiene nada que ver, claro.

[pablo @pablogguz_]

Hoy se publica un informe en el que estimamos cuánto paga en impuestos y cuánto recibe del Estado cada grupo de edad en España. Los microdatos de encuestas a hogares nos dicen cómo se reparte por edades cada impuesto y cada prestación, y ajustamos esas cifras para que, sumadas sobre toda la población, coincidan con la recaudación y el gasto público observados en 2024. Cotejamos este reparto por edades con el que se obtiene a partir de una gran base de microdatos de declaraciones de IRPF (que sale muy parecido).

El ciclo vital fiscal tiene la forma que cabe esperar: un individuo representativo es receptor neto del sector público durante la infancia y la vejez, y contribuyente neto durante la vida laboral. En promedio, el saldo fiscal asignable por edad alcanza su máximo en torno a los 50 años, con una aportación neta positiva de unos 11.000€ anuales, y cae a un déficit de unos 16.000€ al llegar a los 70.

En un año dado, solo en torno al 41% de la población es contribuyente neto, es decir, aporta en impuestos más de lo que recibe en transferencias. Entre quienes tienen entre 25 y 64 años, la cifra sube al 68%, lo que genera un excedente que financia las transferencias hacia los grupos dependientes: niños y, sobre todo, mayores.

Por este motivo, el equilibrio del sistema de transferencias español depende de la realidad demográfica, y esa realidad está cambiando. Hoy hay en torno a 1,9 personas en edad de trabajar por cada dependiente, pero las proyecciones del INE la reducen a 1,33 en 2050 (1,38 en la actualización publicada el mes pasado). A medida que gane peso la población mayor crecerá también la factura de las transferencias que hay que financiar. Estimamos que en 2024 el saldo fiscal asignable por edad ya es negativo, en torno a -30.000 millones de euros, un -1,9% del PIB.

Para ver hacia dónde vamos, elaboramos un motor demográfico propio que proyecta la población española hasta 2050 bajo distintos supuestos de inmigración y de fecundidad. La idea es no limitarnos a envejecer la pirámide actual, sino dejar que cambien a la vez varias dimensiones que afectan al saldo fiscal: la estructura de edades, el nivel educativo de la población y el peso de la población de origen extranjero. Para recoger estas tendencias, desagregamos los perfiles fiscales por nivel educativo y los aplicamos a la población proyectada teniendo en cuenta cómo evoluciona su composición, diferenciando entre la población nativa y los nacidos en el extranjero. Esto nos permite estimar cuánto contribuye cada factor al cambio del saldo fiscal: el envejecimiento, la mejora del nivel educativo, un mayor saldo migratorio o una fecundidad más alta.

El objetivo de este análisis no es ofrecer una predicción de cuál será el saldo fiscal de España en 2050, sino responder a una pregunta concreta: ¿qué saldo fiscal tendría el sistema actual de impuestos y prestaciones si se aplicara sobre la estructura de población proyectada para 2050? En nuestro escenario central, esa estructura demográfica arroja un saldo fiscal negativo, en torno al -6,8% del PIB.

La inmigración suele mencionarse como una de las principales soluciones al envejecimiento y a sus consecuencias fiscales. Nuestros resultados sugieren que, si bien la entrada de inmigrantes mejora el saldo fiscal de forma apreciable frente a un escenario de saldo migratorio nulo (del -8,5% al -6,8% del PIB en 2050), pasar de un saldo migratorio moderado a uno alto apenas lo mejora más (del -6,8% al -6,1%). La razón es que la ventaja que ofrece la inmigración está limitada por tres factores. Primero, cada nueva entrada suma adultos en edad de trabajar que contribuyen, pero que llegan acompañados de hijos dependientes. Segundo, la población nacida en el extranjero tiene de media un nivel educativo más bajo que la nativa, lo que se traduce en un saldo fiscal por persona menor. Por último, la ventaja es transitoria: los inmigrantes que hoy están en edad de trabajar también se jubilarán y pasarán a cobrar pensiones.

Ese primer factor, los hijos, conecta con la otra palanca demográfica que suele proponerse: la natalidad. ¿No sería bueno para las cuentas públicas que naciesen más niños? Pues sí y no. España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (1,1 hijos por mujer en 2024, frente al 2,1 del nivel de reemplazo), y a largo plazo una fecundidad más alta estabilizaría la pirámide poblacional en una estructura demográfica más favorable. Pero de aquí a 2050 el efecto es el contrario: un aumento sostenido de la tasa de fecundidad hasta un nuevo nivel de equilibrio añadiría población dependiente infantil sobre una pirámide ya muy envejecida, y empeoraría el saldo fiscal. El retorno fiscal de un aumento de la fecundidad solo se materializaría en la segunda mitad del siglo, cuando esas nuevas cohortes más numerosas entren en el mercado de trabajo y engrosen la proporción de población contribuyente.

Si bien buena parte de este análisis gira en torno a la demografía, también dedicamos espacio a explicar que el grueso del desequilibrio viene en realidad del diseño de nuestro sistema de pensiones, y que su origen es más actuarial que estrictamente demográfico: la rentabilidad implícita que prometen sus reglas actuales supera la que la economía puede sostener con los ingresos que genera hoy y los que se esperan a futuro. Es, en el fondo, una generosidad que el sistema no puede financiar de forma indefinida. En el informe exploramos varias vías de reforma para reconducirlo, desde alargar las carreras laborales hasta vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida o transitar hacia un sistema de cuentas nocionales.

El envejecimiento de la población intensificará las tensiones fiscales en las décadas venideras. Ese coste alguien tendrá que asumirlo, y cómo se reparte entre las generaciones actuales y las futuras es, ante todo, una cuestión de equidad intergeneracional. Los responsables de política económica harían bien en incorporar esa dimensión en el diseño de las próximas reformas del sistema de protección social, antes de que el grueso de la presión demográfica se materialice.

Todo esto y más se puede trastear en https://t.co/JEvBuG3TdP, incluyendo un pequeño panel interactivo donde podéis ver cómo cambia el saldo fiscal a futuro modificando los supuestos de fecundidad e inmigración con nuestro motor de proyecciones demográficas.

Enlace al informe completo: https://t.co/YsX69VoKV0

@miguel_almunia @JorgeGalindo