Hace unos meses ocurrió algo que habría parecido imposible en cualquier facultad de derecho de México: un grupo de organizaciones acudió a los tribunales para pedir protección judicial para las ballenas del Golfo de California frente a un megaproyecto de gas natural. Y un juez no desechó la idea como una ocurrencia; por el contrario, otorgó una suspensión para detener actividades que podrían afectar su hábitat mientras se estudia el fondo del asunto.
Lo verdaderamente extraordinario no es el gasoducto ni el proyecto energético. Lo extraordinario es la pregunta que quedó sobre la mesa: ¿las ballenas existen jurídicamente sólo como un recurso natural que los humanos decidimos proteger o pueden ser reconocidas como titulares de intereses propios? Durante siglos el derecho fue construido sobre una certeza incuestionable: sólo los seres humanos tenían voz. Este caso desafía esa idea desde sus cimientos.
Si este litigio prospera, el cambio será mucho más profundo que una victoria ambiental. Significará reconocer que un ecosistema, una especie o una forma de vida no valen porque sean útiles para nosotros, sino porque tienen un valor propio. En el fondo, el juicio de las ballenas no trata sobre cetáceos ni sobre un proyecto industrial. Trata sobre el límite del poder humano y sobre si somos capaces de construir una justicia que proteja la vida antes de que sea demasiado tarde.
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Hoy, en @Reforma, @magalonik publica una columna que debería leerse con calma: “México en dos pantallas”. La imagen es dura porque es cierta. Mientras el país presume al mundo la fiesta del Mundial, la comida, la alegría, la hospitalidad, el orgullo nacional, en la otra pantalla aparece el México que no cabe en los spots: la CNTE en plantón, transportistas bloqueando carreteras, campesinos tomando casetas y madres buscadoras caminando con fotografías de sus hijos.
Ese contraste no es una anécdota incómoda: es el retrato de un Estado que dejó de procesar el dolor por vías institucionales. Cuando una madre tiene que marchar para que busquen a su hijo, cuando un campesino bloquea porque nadie lo escucha, cuando un transportista paraliza una carretera porque circular se volvió una apuesta contra la muerte, el problema ya no es “la protesta”. El problema es que para demasiados mexicanos la calle se volvió la última oficina pública que todavía contesta.
El Mundial pasará. Las cámaras se irán. Pero la pantalla dividida seguirá ahí, frente a nosotros. México no necesita más discursos que separen entre buenos y malos, pueblo y enemigos, leales y traidores. Necesita algo mucho más difícil: reconstruir confianza, instituciones y una historia común. Porque ningún país puede prosperar cuando su gente descubre que sólo existe para el poder cuando bloquea, grita o estorba.
Todo comenzó en Sonora. Una ley estableció que las personas debían obtener autorización previa y dar aviso anticipado para poder manifestarse en la vía pública. La pregunta llegó hasta la Suprema Corte: ¿puede el gobierno decidir cuándo, cómo y bajo qué condiciones la ciudadanía puede salir a protestar?
La respuesta de la @SCJN fue contundente. Al analizar el caso, sostuvo que una protesta no es sólo una reunión de personas en una calle. Cuando la ciudadanía se manifiesta ejerce simultáneamente la libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho a informarse, a asociarse, a participar en los asuntos públicos y a exigir rendición de cuentas. Por eso, limitar una protesta no afecta un solo derecho: afecta toda la red de libertades que sostiene la vida democrática.
La tesis es profundamente relevante para México. Nos recuerda que la democracia no se defiende únicamente cada tres o seis años en una casilla electoral. También se defiende cuando las personas salen a una plaza, a una avenida o frente a un edificio público para exigir justicia, denunciar abusos o cuestionar al poder. Cuando se limita la protesta, no sólo se restringe una manifestación; se debilita la capacidad del pueblo para vigilar a quienes gobiernan.
Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: https://t.co/mRvz3feqbu
Durante años, muchas mujeres llegaron a juicio diciendo: “mi jefe me acosó, me aisló, me presionó, me cambió las condiciones de trabajo y después me dejaron fuera”. Y demasiadas veces el expediente respondió con frialdad: “no hay pruebas suficientes”. Como si el acoso laboral ocurriera con testigos, actas notariales y confesiones firmadas.
La @SCJN acaba de fijar un criterio decisivo: cuando una trabajadora denuncia acoso laboral vertical descendente, el juez no puede esconderse detrás de una supuesta neutralidad. Debe juzgar con perspectiva de género: mirar la jerarquía, el miedo, la dependencia económica, la posibilidad de represalias, los silencios, los indicios y las estructuras de poder que muchas veces no aparecen en el contrato, pero sí destruyen una vida laboral.
Esta tesis es brutalmente importante porque cambia la pregunta. Ya no es: “¿puedes probar desde el inicio que te discriminaron?”. Ahora es: “¿investigó el tribunal si hubo una desigualdad real detrás del conflicto?”. En un país donde el poder suele disfrazarse de normalidad administrativa, esta jurisprudencia recuerda algo elemental: la justicia que no ve el contexto termina protegiendo al abuso.
Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: https://t.co/zb6yxrpEvP
Un niño con autismo tenía una pensión alimenticia ordenada por un juez. Su padre simplemente dejó de pagar. Ante el incumplimiento, su madre acudió a los tribunales para pedir que los abuelos paternos respondieran de manera subsidiaria, como permite la ley cuando los padres no pueden garantizar los alimentos. Sin embargo, los jueces le cerraron la puerta: dijeron que los abuelos no tenían obligación porque el padre no estaba “absolutamente imposibilitado” para trabajar.
El caso llegó a un Tribunal Colegiado, que hizo una pregunta mucho más importante: mientras los adultos discuten quién debe pagar, ¿qué pasa con el niño? La respuesta fue contundente. Tratándose de una persona menor de edad con discapacidad, la obligación de los abuelos no puede depender de demostrar que los padres están física o mentalmente incapacitados de manera absoluta. Lo relevante es saber si el niño está recibiendo realmente lo necesario para vivir con dignidad. Y esos alimentos no son sólo comida: incluyen terapias, rehabilitación, educación, cuidados especializados y todo aquello que le permita desarrollar sus capacidades y participar plenamente en la sociedad.
Esta tesis cambia la conversación. Le recuerda a los jueces que el centro del juicio no es la comodidad de los adultos, sino las necesidades del niño. Porque cuando un padre incumple y esa omisión pone en riesgo el desarrollo de una persona menor de edad con discapacidad, el Derecho no puede quedarse observando desde la barrera. La justicia existe precisamente para impedir que un niño pague las consecuencias del abandono de los mayores.
Aquí puedes consultar las tesis que generó este caso: https://t.co/tVrOEly6q9
México no necesita otra gran reforma penal para simular que ahora sí llegará la justicia. El problema está más abajo, en el sótano del sistema: fiscalías que siguen pensando en expedientes, no en investigaciones; en trámites, no en víctimas; en archivar carpetas, no en esclarecer delitos.
La autonomía de las fiscalías fue una promesa importante, pero se quedó corta. Una fiscalía autónoma sin carrera profesional, sin tecnología, sin controles, sin indicadores serios, sin policías coordinadas y sin capacidad real de investigación puede terminar siendo lo mismo de antes: una vieja procuraduría con nombre nuevo.
El estudio de México Evalúa pone el dedo en la llaga: la impunidad no se combate sólo cambiando leyes, sino cambiando instituciones. Mientras las fiscalías sigan administrando rezago en lugar de producir verdad, reparación y justicia, millones de víctimas seguirán recibiendo la misma respuesta brutal del Estado: silencio, archivo y abandono.
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🔴 EL NEGOCIO DEL MUNDIAL
Bares y restaurantes que quieran transmitir el Mundial tendrán que pagar a los dueños de los derechos televisivos.
No importa si es por TV abierta; de lo contrario, el IMPI podría multarlos.
Me lo dijo @claudiarmzdelp, presidenta de @canirac.
De todo el extraordinario discurso de Antonio Banderas frente al Papa, me quedo con una idea que merece mucha más atención: el arte como herramienta de pacificación. En tiempos marcados por la polarización, el resentimiento y la violencia, el arte sigue siendo uno de los pocos lenguajes capaces de reunir a personas que piensan distinto alrededor de una misma emoción, una misma pregunta o una misma esperanza.
La violencia deshumaniza porque reduce al otro a un enemigo. El arte hace exactamente lo contrario: nos obliga a mirar, a escuchar y a reconocer humanidad incluso donde antes sólo veíamos diferencias. Por eso las grandes obras, la música, la literatura, el teatro o la pintura han sobrevivido a guerras, dictaduras e imperios. Porque donde el odio divide, el arte reconstruye.
Quizá hemos subestimado su fuerza. Invertimos millones en combatir las consecuencias de la violencia y muy poco en fortalecer aquello que la previene desde la raíz. El arte no sustituye a la justicia ni a las instituciones, pero sí puede recordarnos algo esencial: que antes de cualquier ideología, religión, frontera o disputa, todos compartimos la misma condición humana.
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Vale mucho la pena detenerse en esta frase del Papa: “Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse.”
Ahí está, en pocas palabras, una de las verdades más profundas del Derecho: no todo lo legal es justo. Una norma puede tener votos, procedimiento, publicación y apariencia de legitimidad, y aun así convertirse en una herramienta de abuso si olvida a la persona concreta: la víctima, el inocente, el pobre, el enfermo, el migrante, el preso injustamente, el ciudadano sin poder.
El Estado de Derecho no se defiende sólo cumpliendo formas. Se defiende cuando la ley sirve para limitar al poderoso, proteger al vulnerable y recordar que ninguna mayoría puede convertir en justo lo que atropella la dignidad humana. Ése debería ser el examen final de toda ley: si puede mirar de frente a la persona y no avergonzarse.
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Independientemente el resultado Sin importar el resultado, siempre da lo mejor de ti. Cuando te esfuerzas al máximo, te sientes súper feliz, ¡y por eso lo haces!
Un migrante sin hogar se acercó a un vendedor de tacos en Ecuador para pedir comida. El vendedor rechazó el dinero, le preparó algo de comer y luego descubrió que aquel hombre necesitaba mucho más que comida: necesitaba un abrazo. 🥹❤️
🚨Detienen a “peligroso” elotero en Tijuana… La gente pensó que iban por un narcotraficante, pero llegaron por Isidoro Valencia, quien se ha mantenido de vender elotes por 20 años.
⚠️Las autoridades no revelan los delitos, su familia está desesperada y queda la duda: ¿Dónde está y de qué se le acusa?
#AzucenaxFórmula
El famosos caso O. J. Simpson deja una lección incómoda para la abogacía: no basta tener pruebas, argumentos o razón jurídica. Un caso se gana cuando alguien logra ordenar el caos del expediente en una historia que el juez, el jurado o la sociedad puedan entender. Litigar no es recitar artículos: es explicar qué pasó, quién abusó, quién sufrió, qué se rompió y por qué una decisión puede hacer justicia.
En México seguimos formando abogados que saben citar tesis, pero no siempre saben contar el caso. Y eso es gravísimo. Porque detrás de cada amparo, juicio penal, daño moral, asunto familiar o litigio de derechos humanos hay una historia humana que puede perderse entre tecnicismos. Quien no sabe contar la verdad, corre el riesgo de que la mentira, el poder o el prejuicio la cuenten primero.
Si yo fuera presidente de México, este sería mi principal objetivo dentro de un plan de país que nos lleve a vivir mejor y tener más oportunidades.
¿Ustedes qué harían?
Sin certeza jurídica no hay inversión, pero tampoco hay libertad. Cuando una empresa no sabe si un permiso será respetado, si una cuenta puede ser bloqueada sin control judicial real o si una autoridad fiscal puede paralizarla con criterios discrecionales, el problema ya no es económico: es de Estado de Derecho.
El nuevo Poder Judicial no puede nacer como una extensión del poder político. Su función no es agradar al gobierno ni castigar adversarios; es proteger al ciudadano, al contribuyente, al trabajador, al empresario, a la víctima y a cualquiera que quede frente al abuso de la autoridad.
México tiene una oportunidad histórica, pero puede perderla por falta de confianza. El capital no huye sólo de los impuestos: huye de la arbitrariedad.