Las camionetas no aparecieron por generación espontánea. Hubo un proceso, una decisión y responsables claros. La compra salió del Comité de Gobierno y Administración de la SCJN, integrado por Hugo Aguilar (ministro presidente), Lenia Batres y Giovanni Azael Figueroa. Tres personas concentrando el control administrativo de la Corte. Ellos avalaron la renovación, el blindaje y el gasto. No fue “la Corte” en abstracto: fueron ellos.
El mecanismo fue el de siempre cuando se quiere normalizar el privilegio: seguridad, lineamientos internos, “opiniones técnicas”, discrecionalidad administrativa. No hubo debate público, no hubo explicación previa, no hubo transparencia real. Se decidió desde arriba, en sigilo, bajo la lógica de que nadie pregunta lo que no se ve. Hasta que se vio. Y entonces vino la marcha atrás, no porque la compra fuera incorrecta, sino porque se volvió indefendible.
Cuando hoy dicen que las camionetas se usarán para jueces “realmente amenazados”, el castillo se cae solo. Si ahora sirven para otros, entonces antes no eran indispensables. La compra no respondía a un riesgo inminente, sino a una cultura de comodidad blindada por el cargo. El problema no es solo el gasto: es quién decide, cómo decide y sin rendir cuentas a quién. Esa es la grieta real en la independencia judicial.
México tenía un sistema de selección de jueces imperfecto, sí, pero era un sistema que caminaba hacia la meritocracia: exámenes, carrera judicial, experiencia acreditada, evaluación constante. No era rápido ni popular, pero entendía algo esencial: juzgar no es un premio político ni un cargo de simpatía, es una función técnica que exige independencia, temple y preparación. Ese sistema se rompió. Se vendi�� la idea de que “el juez del pueblo” sería mejor… y se tiraron a la basura décadas de construcción institucional.
¿El resultado? Elecciones sin filtros reales, sin escrutinio serio, sin controles de idoneidad. Basta cumplir mínimos, aparecer en un acordeón, tener respaldo político o estructura territorial. Y entonces llegan los casos incómodos: personas que hace meses defendían a criminales de alto perfil y hoy imparten justicia federal. Tal vez todo sea “legal” en el calendario. Pero la justicia no vive de formalismos: vive de confianza. Y cuando el acceso al poder de juzgar se vuelve opaco, la imparcialidad deja de ser una certeza y se convierte en una duda.
Esto no es un ataque personal, es una advertencia institucional. Así se ve el país cuando sustituyes la meritocracia por la popularidad y el derecho por la propaganda. Esto es apenas un adelanto de lo que viene en 2027 si no corregimos el rumbo. Porque cuando rompes el método para elegir jueces, no democratizas la justicia: la fragilizas.