Cuando Petro rompió relaciones con Israel era la peor gestión de relaciones internacionales. Ahorita que Aguevardo pone en riesgo la relación con por lo menos 20 paises no se le dice nada 🫠🫠🫠
Te quiero mucho Colombia. No hay nada como tu cultura, tu comida, tus paisajes, tu música, tu arte y todas tus maravillas. Podré odiarte el 90 % del tiempo, pero si me tocara escoger, te escogería siempre como mi tierra.
Felices 216 años reina 🇨🇴
ustedes odian a la selección argentina porque dicen que son ladrones y juegan sucio, yo los odio porque sus figuras importantes son fachos, se juntan con trump y netanyahu, y han hecho campañas pro israel, claramente no somos iguales
Mi opinión impopular de latinoamericanista es:
Prefiero ver a Mbappé, el francés antirracista y antifascista, levantar la Copa del Mundo a que Messi, el argentino arrodillado al anaranjado fascista del norte, lo haga.
Hoy la Constitución Política de 1991 cumple 35 años. Más que un texto jurídico, representa el mayor pacto político y social de la historia reciente de Colombia. Nació del reconocimiento de que un país tan diverso no podía construirse sobre la imposición de una sola visión de sociedad, sino sobre un acuerdo de convivencia fundado en la dignidad humana, la democracia participativa, el pluralismo, la separación de poderes y la garantía efectiva de los derechos.
La Constitución nunca prometió resolver, por sí sola, todos los problemas del país. Su propósito fue otro: fijar las reglas del juego, limitar el ejercicio del poder, proteger a las personas frente a los abusos y ofrecer canales democráticos para transformar la realidad sin renunciar al Estado de Derecho. Quienes afirman que “la Constitución ya no es suficiente” suelen confundir las deficiencias en su cumplimiento con un supuesto fracaso del proyecto constitucional.
La Asamblea Nacional Constituyente reunió fuerzas políticas e ideológicas profundamente distintas. Liberales y conservadores, movimientos indígenas y sociales, sectores cristianos, la izquierda democrática y antiguos actores armados que habían dejado las armas aceptaron ceder en sus posiciones para construir un texto común. La Constitución de 1991 no fue la victoria de un sector sobre otro; fue el acuerdo de que ninguno podría imponer por la fuerza su propia idea de país. Allí reside buena parte de su legitimidad.
Treinta y cinco años después, la Constitución conserva intacta esa vocación de permanencia. Es un texto abierto a la reforma y a la evolución, pero también un pacto que exige ser respetado. Lo que Colombia necesita no es sustituir la Constitución cada vez que un proyecto político encuentra límites en ella. Necesita cumplirla, desarrollarla y hacer realidad las promesas que todavía siguen pendientes. Defender la Constitución de 1991 no es aferrarse al pasado; es proteger el acuerdo que garantiza que nuestras diferencias puedan resolverse con instituciones, derechos y democracia, y no mediante la imposición o la fuerza.
El comunicado del @MedLegalColombi sobre los hechos ocurridos en zona rural de San José del Guaviare deja una cifra particularmente alarmante. Entre las víctimas identificadas se encuentran 11 niños, niñas y adolescentes. Más allá de la discusión sobre las circunstancias concretas de su muerte, este dato evidencia una realidad inocultable, esto es, que la persistencia del reclutamiento de menores de edad y la profunda degradación del conflicto armado en Colombia.
La presencia de un número tan elevado de NNA entre las víctimas no puede analizarse de manera aislada. En la mayoría de los casos, estos menores son incorporados a los grupos armados mediante engaño, coacción, aprovechamiento de condiciones de pobreza, ausencia estatal o contextos de violencia estructural. Se trata de niños y niñas que el Estado no logró proteger oportunamente y que terminan atrapados en dinámicas bélicas que jamás debieron conocer.
El reclutamiento de menores está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el derecho penal internacional. Lo prohíben, entre otras normas, el artículo 4.3.c del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo relativo a la participación de niños en conflictos armados y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que considera crimen de guerra el reclutamiento y utilización de menores en hostilidades.
Estos hechos también reflejan una doble victimización. Primero, cuando los menores son reclutados o utilizados por actores armados ilegales. Después, cuando terminan siendo víctimas directas de las hostilidades. Ninguna estrategia de seguridad puede perder de vista que detrás de estas cifras hay niños y niñas cuyos derechos fundamentales fueron vulnerados mucho antes de que se produjera su muerte.
También llama la atención que una de las estructuras involucradas en estos hechos corresponda a una organización que, hasta hace muy poco, ha mantenido una mesa de diálogos con el Gobierno Nacional en el marco de la política de “Paz Total”. Ello plantea serios interrogantes sobre la coherencia entre los compromisos asumidos en la negociación y la realidad humanitaria en los territorios. Resulta especialmente preocupante que, mientras se desarrollan conversaciones orientadas a la construcción de paz, persistan denuncias sobre reclutamiento de menores, afectaciones a la población civil y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario. La búsqueda de una salida negociada al conflicto es una obligación constitucional valiosa, pero su legitimidad depende de que los grupos armados demuestren, de manera verificable, un compromiso real con la protección de la población civil y, particularmente, de los niños, niñas y adolescentes, quienes deben estar completamente al margen de las hostilidades.