Es una opinión muy generalizada en el foro que la jurisprudencia constitucional está restringiendo las garantías jurisdiccionales. Más allá de si es un cambio deseable o no, escribí este artículo buscando evaluar si los datos respaldan esa impresión: https://t.co/5kkXWDS8vU
En 2023–2024, la Corte estableció como su prioridad corregir la desnaturalización de las garantías que se había vuelto tan común en ese momento. Desde ahí,
– Dictó más de 90 sentencias contra garantías «desnaturalizadas» o «manifiestamente improcedentes».
– Realizó 75 declaratorias previas por error inexcusable, 15 por dolo y 6 por manifiesta negligencia contra 82 jueces.
– Habilitó sancionar a jueces constitucionales por prevaricato.
– Con la sentencia 2006-18-EP/24, envió los conflictos Estado–servidores (que constituían una parte considerable del litigio constitucional) a la vía contencioso-administrativa.
En el artículo, analizo 55.591 garantías jurisdiccionales decididas entre 2008 y 2026 con la intención de ver cómo impactó este giro en la cantidad de garantías jurisdiccionales que se aceptan en el Ecuador.
Importante hilo que demuestra con datos, lo que los Abogados señalamos desde hace tiempo. La Corte Constitucional a fuerza de sentencias ha transformado a las acciones constitucionales, en instrumentos casi inservibles. Pasaron de un extremo a otro.
@aldicon18 Miro la sentencia 152-25-EP/26 y veo que los accionantes deberían presentar su caso ante el Comité de Desc. La @CorteConstEcu nada dice de los comentarios del Comité, al parecer los ignora pada su limitado análisis.
Mientras tanto en las universidades y unidades educativas nos matamos con sistemas de detección de plagio, e-proctoring, políticas de IA. Por otro lado implementamos educación deontológica, ética, transparencia, prompting ético y más …
Votarán bien, no copiarán bien y menos robarán bien
@CarlosEspnArias@andres_moretaEC Así debe ser. La asesoría jurídica de un servidor público en materias no litigiosas debe mantenerse diferenciada del eje jurisdiccional. El derecho público exige especialización en lo administrativo y en lo procesal. Confundirlo genera errores a la administración de justicia.
En Triple A hemos pasado todo el día con un solo testigo, funcionario de la ARCH. Sobre una de las empresas procesadas (INDUSIESEL), analizó supuestos registros de clientes realizados en 2020 y 2021. El problema es que esa empresa recién empezó a operar en 2022. Todo mal armado.
Gracias a todos los ponentes de la @UISEK y de la @CorteConstEcu por sus aportes los 3 eventos que organizaciones ...
Poco a poco marcamos un camino distinto desde una análsis comtemporáneo, profundo, crítico pero sobre todo constructivo.
Rumbo a la Cárcel del Encuentro a la reanudación de la audiencia del caso Triple A. En lugar de trasladar a los procesados a la sala de audiencias, como corresponde, decidieron que los Abogados hagamos la audiencia desde la cárcel. Total indefensión.
Aquí está la decisión de la Corte Constitucional con la que pretenden abrir la puerta para que nuestros niños puedan cambiar su identidad de género.
La pregunta es: ¿qué profesionales asumirán la responsabilidad de avalar esos cambios en menores de edad? Además, están reformando un artículo para que esta decisión se aplique a todos los casos análogos a partir del fallo que emitieron.
Como no lograron imponer su protocolo de género, ahora intentan hacerlo por la puerta de atrás mediante una sentencia. Con este precedente buscan avanzar en una agenda ideológica que muchos consideramos una amenaza para nuestros niños.