La elección de ministros de la Corte no fue libre: fue dirigida. Ganaron los que aparecían en los acordeones repartidos por Morena. No fue un ejercicio de ciudadanía informada, sino una operación de obediencia. Lo que debió ser una votación crítica y reflexiva se redujo a la reproducción de una lista impuesta. El resultado no representa la voluntad libre del pueblo, sino el triunfo de una estrategia de control político.
Y lo más grave: no llegaron jueces, llegaron operadores. Ninguno tiene carrera judicial. Ni uno solo ha dictado sentencias, resuelto controversias constitucionales, ni defendido la independencia del Poder Judicial. Se rompió el equilibrio histórico entre juristas de carrera y externos. La Corte deja de ser tribunal y se vuelve trinchera.
Lo que hoy presenciamos no es una renovación democrática del Poder Judicial, sino su captura. Se desmantela la profesionalización, se cancela el mérito y se cancela la esperanza de justicia autónoma. Esto no es participación popular: es subordinación institucional. Y sus efectos no serán pasajeros. Serán duraderos, profundos y dolorosos para el futuro de México.