¿Puede suspenderse el inicio de un juicio ejecutivo mercantil para evitar un embargo, aun cuando ello impida al acreedor ejercer su derecho de cobro?
Órgano: Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito | Época: 12.ª | Materia: Civil y común | Fuerza: Tesis aislada, no obligatoria por sí misma | Tesis: XXII.2o.A.C.9 C (12a.) | Registro: 2032725.
SÍNTESIS NORMATIVA
El tribunal determinó que es improcedente conceder la suspensión provisional contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil.
Consideró que la medida paralizaría el inicio y continuación del procedimiento, particularmente el requerimiento de pago y el embargo previsto en los artículos 1391, 1392, 1394 y 1408 del Código de Comercio.
El criterio se sustenta en el artículo 150 de la Ley de Amparo, que impide utilizar la suspensión para paralizar indebidamente la continuación del procedimiento de origen.
CRÍTICA JURÍDICA CENTRAL
La decisión protege la eficacia del juicio ejecutivo y evita convertir la suspensión constitucional en un mecanismo para impedir el ejercicio ordinario de la acción mercantil.
Sin embargo, plantea una cuestión sustantiva: ¿la improcedencia de suspender el auto de exequendo debe extenderse necesariamente a todos sus efectos materiales?
Debe distinguirse entre paralizar el procedimiento y preservar determinados bienes frente a actuaciones potencialmente irreversibles.
DEBILIDADES ARGUMENTATIVAS
La tesis vincula la suspensión del auto con la paralización del juicio y la imposibilidad de emplazar a la parte demandada.
Esta inferencia resulta defendible cuando se pretende detener íntegramente el procedimiento, pero requiere matización si únicamente se solicita suspender un acto de ejecución específico.
La diferencia entre suspensión total y protección cautelar limitada merece un examen individualizado.
CONTRADICCIONES SISTEMÁTICAS
No se acredita contradicción jurisprudencial formal.
Existe una tensión entre la tutela judicial efectiva del acreedor, reconocida en el artículo 17 constitucional, y la protección cautelar de la parte demandada prevista en el artículo 107.
El interés social en la continuidad procesal no elimina automáticamente la necesidad de examinar la proporcionalidad de medidas que afecten bienes o derechos concretos.
RIESGOS E IMPLICACIONES PRÁCTICAS
Acreedores: podrán invocar el criterio frente a solicitudes destinadas a detener integralmente el juicio ejecutivo.
Deudores: deberán diferenciar la impugnación del auto de exequendo de la suspensión de actos ejecutivos específicos.
Litigantes: deberán delimitar cuidadosamente el acto reclamado y los efectos cautelares solicitados.
Juzgadores: deberán identificar si la suspensión pretendida paraliza el procedimiento o únicamente protege frente a consecuencias determinadas.
CONCLUSIÓN
La suspensión constitucional no debe desnaturalizar la finalidad del juicio ejecutivo mercantil.
Sin embargo, la continuidad del procedimiento y la protección cautelar de derechos concretos no son necesariamente incompatibles. Su delimitación exige examinar los efectos precisos de la medida solicitada.
#JuicioEjecutivoMercantil #JuicioDeAmparo #SuspensionProvisional #DerechoMercantil #Embargo #TutelaJudicialEfectiva #DerechoProcesal
El Poder Judicial del Estado de México acaba de publicar su regulación para el uso de la inteligencia artificial. El año pasado lo hizo Querétaro.
Sin embargo, el Poder Judicial Federal sigue sin contar con regulación en la materia.
¿Qué pasa cuando una persona adulta mayor que no sabe leer ni escribir recibe una notificación de desalojo y, por no comprender lo que debe hacer, termina perdiendo su casa?
Un Tribunal Colegiado acaba de analizar un caso de una persona adulta mayor que promovió un amparo contra una orden de desalojo.
Desde el inicio del juicio manifestó que no sabía leer ni escribir. De hecho, la demanda fue firmada por su abogado a ruego. Posteriormente, el Juzgado de Distrito le hizo un requerimiento y ordenó que se le notificara personalmente.
El problema es que la notificación se practicó sin que estuviera asistida por su abogado y sin que existiera constancia de que el contenido del requerimiento hubiera sido explicado en un lenguaje sencillo, claro y comprensible. Después, el juzgado consideró que la persona no había cumplido el requerimiento dentro del plazo concedido y tuvo por no presentada la demanda.
Al final, el Tribunal sostuvo que esa notificación era nula.
¿Por qué?
Porque tratándose de una persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad por no saber leer ni escribir, la autoridad tiene la obligación de realizar ajustes razonables para garantizar que realmente comprenda el contenido de la notificación.
Por ejemplo, cerciorarse de que esté asistida por su abogado o por una persona de confianza que sepa leer y escribir, o explicarle el contenido del acuerdo en términos claros y accesibles.
¿Legales, cuántas personas creen que quedan fuera del acceso a la justicia no porque carezcan de derechos, sino porque nadie se aseguró de que entendieran lo que estaba ocurriendo?
Les dejo el link a la tesis aquí:
https://t.co/DmkCUJzo7p
El Poder Judicial del Estado de México estableció reglas para usar inteligencia artificial en sus tribunales. Permite resumir documentos, organizar información y preparar borradores. Valorar pruebas, determinar qué ocurrió y resolver el juicio sigue siendo tarea del juez. Son 33 artículos del Acuerdo PTSJ/028/2026, emitido por la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y publicado el 10 de noviembre en la Gaceta del Gobierno.
El personal judicial debe usar herramientas autorizadas y verificar lo que producen: comprobar que las leyes y tesis citadas existen y que cada dato extraído corresponde a una foja o registro del expediente. Se prohíbe cargar expedientes y datos sensibles en chatbots abiertos. Los sistemas utilizados para dictar actuaciones deben ser explicables y auditables. Resolver sin supervisión y verificación humanas puede generar sanciones administrativas.
También regula los escritos que presentan los abogados: pueden elaborarlos con apoyo de IA, pero quien los firma responde por su contenido. Usar tecnología no constituye, por sí solo, una irregularidad; tampoco sirve como excusa para presentar información falsa. El acuerdo establece una responsabilidad concreta: el abogado debe verificar lo que presenta y el juez debe examinar lo que resuelve. La firma compromete a una persona; la máquina no responde por ella.
ACCIÓN PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD
👨🎓Un Tribunal Colegiado determinó que:
La acción de pago de la prima de antigüedad prescribe en 1 año a partir de que se surtió la terminación de la relación laboral, en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo.
En mi oficina hay un compañero de 58 años que imprime todos los correos importantes.
Todos.
Los subraya, los grapa y los guarda en un archivador azul encima de su mesa.
Llevamos años riéndonos de él. Le llamamos "el hombre de las cavernas".
Ayer a las 19:00 se cayó Outlook.
Hoy, viernes 13, sigue caído.
Esta mañana, media oficina mirando la pantalla sin saber qué tenía que entregar ni a quién.
Él estaba trabajando como cualquier otro día.
Le pregunté cómo lo hacía.
Abrió el archivador y me dijo:
Un hombre sufrió un accidente, fue operado de la columna en el @Tu_IMSS y terminó con una lesión permanente en una pierna. El neurocirujano fue vinculado a proceso. Ahora, la @SCJN resolvió que la negligencia médica puede castigarse penalmente. El caso, publicado por @Reforma, abre un debate enorme.
Pero cuidado: la Corte no declaró culpable al médico. Una cirugía que sale mal no es necesariamente un delito. Para condenar hay que demostrar qué deber de cuidado se incumplió, si el daño podía evitarse y si fue causado por esa negligencia. La medicina tiene riesgos; la responsabilidad penal exige pruebas.
Aquí están en juego dos derechos fundamentales: el del paciente a no quedar indefenso frente a una negligencia y el del médico a no ser criminalizado por un resultado adverso. Ni impunidad para quien causa un daño por negligencia, ni cárcel para quien hizo todo lo que debía. La justicia no puede confundir una tragedia médica con un delito.
😭🤡 Ahora si banditaaaaa ya es está publicada en el DOF la #LeyAntimemes 2 !!!!!!
Para no perder la bonita costumbre de agarrarnos distraídos, el gobierno lo hizo en #BuenFin 💸puente y quincena en una versión muy tempranera de la edición vespertina del DOF, nos acaba de regalar la publicación del artículo 403 bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
Posdata: Todo es culpa de Lorenzo.
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE INMUEBLES
👨🎓El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, determina como criterio aislado civil que la tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2007 rige la prescripción derivada de la posesión por veinte años prevista en el artículo 1248 del Código Civil para el Estado de Guanajuato, y que le resulta inaplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 2/2022 (11a.).
#HoyenlaCorte
En la sesión pública de este miércoles, el Pleno de la @SCJN resolvió el Amparo en Revisión 257/2026, relacionado con la responsabilidad penal de los profesionales de la salud y los límites de la intervención del derecho penal ante resultados adversos derivados de la práctica médica.
El asunto surgió de un proceso penal iniciado contra un médico neurocirujano, vinculado a proceso por su probable participación en el delito de lesiones culposas, después de que un paciente presentara una disminución permanente de movilidad en una extremidad inferior.
El médico cuestionó la constitucionalidad de los artículos 60, párrafo segundo, y 291 del Código Penal Federal, al considerar que vulneraban los principios de taxatividad y mínima intervención penal, así como la libertad de trabajo.
Resolución: Por unanimidad, el Pleno aprobó el proyecto, confirmó la sentencia recurrida y negó el amparo.
La Corte sostuvo que un resultado médico adverso no acredita, por sí mismo, responsabilidad penal. Para ello debe demostrarse la infracción al deber de cuidado y su relación con el daño ocasionado.
Relevancia: La decisión aborda el equilibrio entre la protección de la salud e integridad de los pacientes y el respeto a las garantías jurídicas de los profesionales médicos, evitando que todo resultado desfavorable se traduzca automáticamente en responsabilidad penal.
#Proteccion #derechos #salud #pacientes #mexico
Padre a la fuerza
Para todos los que dicen que éste es un caso complejo:
La SCJN ya resolvió en 2022 (ADR 544/2022) que el plazo de 60 días para iniciar el procedimiento de desconocimiento de paternidad debe comenzar cuando se conocen los hechos que permiten cuestionarla, no necesariamente desde el nacimiento.
También señaló que ello no es contrario al interés superior de la infancia, porque el plazo de caducidad subsiste y el juez debe escuchar al niño, valorar sus circunstancias particulares y determinar si procede modificar la filiación.
Además, en aquel asunto se practicaron pruebas psicológicas para conocer la situación emocional de los niños y determinar las posibles afectaciones del desconocimiento de paternidad.
La Corte se apartó de este criterio con escasa motivación al respecto.
Así, en el caso actual (ADR 5065/2025), resuelve presumiendo que mantener la filiación es lo mejor para el niño, sin contar con una valoración psicológica que permita conocer su situación particular. Por eso termina diciendo que lo mejor para el niño es forzarlo a seguir viviendo como hijo de alguien que no es su padre biológico, que no lo reconoce como hijo y con quien ni siquiera se ha comprobado que exista un vínculo afectivo que proteger.
La Corte dice que el derecho a la identidad no se agota con la correspondencia genética; eso es cierto, pero sin ella, se distorsiona por completo. La paternidad es una realidad biológica, no una construcción jurídica.
También dice que procura por los derechos alimentarios y hereditarios del niño; pero éstos no pueden ser producto del engaño y del abuso de la buena fe de la pareja de la madre.
(Para quienes dicen que qué tiene que ver la mujer: Una mujer que oculta que tuvo relaciones con otra persona durante la época de la concepción priva a su pareja de información indispensable que puede inducir al error. Así, el hombre puede perder la acción precisamente porque confió en su pareja, mientras que ella puede beneficiarse de su confianza.)
Los derechos alimentarios y hereditarios del niño existen, pero la ley los exige a los padres (tanto la madre como el verdadero padre del niño) que no pueden eludir sus obligaciones mediante engaños. Con esta decisión, la corte libró al padre verdadero de su obligación legal.
Afortunadamente, al niño le queda la posibilidad de promover el desconocimiento de esta paternidad impuesta.
Al final tenemos una resolución que puede premiar el abuso de la buena fe del hombre por parte de las mujeres y promover la paternidad irresponsable por parte de hombres que ahora saben que pueden tener hijos con mujeres casadas o en concubinato, ya que la Corte puede obligar a otro a hacerse cargo de sus obligaciones.
Resulta curioso que la secretaria proyectista sea la misma en ambos asuntos. Cambió el Ministro ponente y el Pleno… y eso se nota.
https://t.co/yOKTrTaUnl
Un juez separó a un niño de su madre sin acreditar que ella lo pusiera en peligro. Se apoyó en una carpeta penal. La medida era “provisional”: se dictó en 2024 y la Suprema Corte ordenó su regreso gradual en 2026. El caso que documenta Alfredo Maza obliga a preguntarnos cuánto de la infancia puede transcurrir esperando que un tribunal corrija a otro.
Denunciar violencia debe activar investigación y protección. Cambiar la custodia exige evaluar el peligro y explicar por qué la separación es necesaria. El juez puede actuar con urgencia, sin esperar una condena penal. Pero una acusación no se convierte en verdad por llevar el sello de una fiscalía. Invocar el “interés superior de la niñez” exige demostrar cómo se está protegiendo a ese niño.
Para un juzgado, lo provisional puede durar años. Para un niño, son días de escuela, conversaciones, cuidados y abrazos que dejan de compartirse como antes. Por eso, separar sin justificación también puede causar un daño profundo. La justicia familiar debe responder por las consecuencias de sus decisiones: una resolución puede revocarse; el tiempo de una infancia jamás vuelve.
EL DIARIO OFICIAL PUBLICA EL ACUERDO General del Pleno del Órgano de Administración Judicial que abroga el similar por el que se regula el Proceso de Evaluación del Desempeño del
Personal de Carrera Judicial del PJF
Ahora la base trabajadora ¿irá que reformen la ley del PJF?
La @SCJN acaba de resolver un caso durísimo: un hombre registró a un niño creyendo que era su hijo. Dos años después, una prueba de ADN demostró que no lo era. Quiso desconocer la paternidad, pero la Corte determinó que ya era demasiado tarde: en Chiapas tenía sólo 60 días desde el nacimiento para impugnarla.
El problema es sumamente complejo. ¿Cómo puede extinguirse un derecho antes de que una persona tenga razones para saber que debe ejercerlo? La Corte privilegió el interés superior del menor, su identidad y la estabilidad de la filiación. Pero una cosa es proteger a un niño y otra muy distinta impedir que un juez siquiera analice el fondo cuando la verdad biológica se conoce después.
La filiación no puede reducirse al ADN, pero tampoco puede construirse ignorándolo. El verdadero debate no es si la genética manda: es si para proteger a un menor el Estado puede cerrar definitivamente la puerta de la justicia a quien descubrió demasiado tarde que jurídicamente era padre de un hijo que biológicamente nunca fue suyo. Ese precedente va mucho más lejos que este caso.
📑Nueva jurisprudencia en materia de aborto:
Los congresos locales NO PUEDEN definir la noción de persona ni desde qué momento adquiere ese estatus para efectos de derechos humanos.
Imagínate que cada Estado pudiera definirlo por su cuenta. Que una entidad estableciera que para efectos del aborto la personalidad jurídica existe desde un momento determinado, otra fijara un criterio distinto y una tercera reconociera algo completamente diferente.
Diversas mujeres y personas con capacidad para gestar promovieron un amparo contra el sistema jurídico que criminaliza el aborto en Tamaulipas, argumentando que vulneraba derechos como la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la no discriminación, la salud y la libertad de conciencia.
Al resolver el asunto, la Corte sostuvo que los congresos estatales carecen de facultades para introducir en sus constituciones una determinada noción de persona y establecer desde qué momento se adquiere ese estatus para efectos de la titularidad de derechos humanos.
¿Por qué?
Porque la noción de persona constituye uno de los presupuestos básicos del sistema constitucional mexicano y no puede significar algo distinto dependiendo de la entidad federativa en la que nos encontremos.
Dicho de otra forma, los Estados pueden legislar sobre muchas cosas, pero no pueden intentar resolver el debate sobre el aborto modificando constitucionalmente quién es persona y desde cuándo lo es.
¿Qué opinan legales? ¿Están de acuerdo con que una cuestión como ésta deba tener la misma respuesta en todo el país?
Una mujer murió el 20 de mayo de 2019 en un hospital del @ISSSTE_mx. Su familia sostiene que sólo meses después obtuvo elementos médicos para sospechar que la muerte podía estar vinculada con una infección hospitalaria y una posible negligencia. Cuando reclamó la responsabilidad patrimonial del Estado, el ISSSTE respondió: demasiado tarde, los dos años ya habían transcurrido. Ahí empezó un litigio que terminó en la @SCJN.
El problema jurídico es mucho más profundo de lo que parece: ¿puede comenzar a prescribir una acción cuando la víctima conoce el daño (la muerte) pero todavía no tiene elementos para saber que ese daño pudo haber sido causado por una actuación irregular del Estado? El Colegiado había resuelto el problema aplicando un plazo de 10 años. La Corte rechazó esa salida: el plazo legal es de 2 años. Pero entonces apareció la verdadera pregunta: ¿2 años desde cuándo? Lenia Batres propuso tomar como referencia el acta de defunción; una mayoría de 6 ministros sostuvo que debía atenderse al momento en que las víctimas conocieran la posible actuación irregular.
La cuestión que la Corte tendrá que resolver con enorme precisión es histórica para la responsabilidad patrimonial: el Estado no debería poder consumir el plazo para demandarlo mientras la víctima todavía carece de elementos razonables para saber que existe algo que reclamarle.
🗳️📌 PUBLICAN LEY PARA RESTRINGIR EL USO DE EFECTIVO 💵
Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Economía Digital.
El gobierno de Sheinbaum busca con esta ley avanzar hacia la reducción del uso de billetes y monedas.
El artículo 13 permite que Hacienda decida en qué sectores económicos los pagos digitales serán la única forma de pago.
La dependencia tendrá 15 días hábiles para determinar esos sectores y podrá ampliarlos posteriormente.
¿Y las críticas?
El despacho jurídico Uruchurtu y Snipeliski advierte que la ley otorga un enorme poder discrecional a Hacienda, pues no establece criterios para decidir dónde restringir el efectivo.
Especialistas de la UNAM incluso advierten posibles elementos de inconstitucionalidad.
Por su parte, Banamex alerta sobre riesgos de exclusión para personas sin acceso a servicios bancarios o internet.
La ley contempla una transición gradual y excepciones por fallas tecnológicas.
El efectivo seguirá circulando en general, pero podrá restringirse en actividades determinadas por Hacienda.
📜 AMPARO CONTRA OMISIONES LEGISLATIVAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LA MAYORÍA CONGRESOS LOCALES EN LA ARMONIZACIÓN DE LA LGMASC
🏛️ Esta semana el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México admitió la demanda de amparo indirecto 2254/2026, promovida por una asociación civil contra el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos locales.
📄 La quejosa reclama la omisión de realizar las adecuaciones normativas previstas en los artículos segundo y tercero transitorios de la LGMASC, publicada el 26 de enero de 2024:
"Segundo. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contará con un plazo máximo de un año para expedir las actualizaciones normativas correspondientes, para el cumplimiento del presente Decreto.
Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas, contarán con un plazo máximo de un año para expedir las actualizaciones normativas correspondientes, para el cumplimiento del presente Decreto".
📅 Es decir, en ambos transitorios se estableció un plazo máximo de un año para realizar las adecuaciones legislativas correspondientes.
📌 Más allá de cómose resuelva el amparo, es muy importante que los congresos ya cumplan con sus obligaciones, para que las disposiciones y prácticas estén ajustadas a la LGMASC.
Es inaceptable que la falta de adecuaciones legislativas sirva de pretexto para continuar aplicando requisitos, procedimientos o criterios locales abiertamente contrarios a una ley general vigente y de aplicación directa.
De esa armonización legislativa y de la adecuada implementación institucional depende que puedan operar efectivamente figuras y herramientas como la certificación y los registros de personas facilitadoras, los sistemas de registro de convenios y sus efectos jurídicos, la negociación colaborativa y la solución de controversias en línea.
Mantener disposiciones y prácticas incompatibles con la LGMASC obstaculiza la consolidación del sistema nacional ahí previsto y, sobre todo, limita indebidamente el derecho de acceso a la justicia alternativa.
📁 Amparo Directo en Revisión 5065/2025
⚖️ Un hombre promovió un juicio para desconocer la paternidad de un niño después de que una prueba genética, realizada dos años después de su nacimiento, revelara que no era su padre biológico. La madre se opuso porque la demanda se presentó fuera del plazo de 60 días establecido en el artículo 326 del Código Civil de Chiapas, que señala: “En todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir que el nacido es hijo de su matrimonio, deberá deducir su acción dentro de sesenta días, contados desde el nacimiento si está presente; desde el día en que llegó al lugar, si estuvo ausente o desde el día en que descubrió el fraude si se le ocultó el nacimiento”.
👩⚖️ Voté en contra del proyecto que negaba el amparo del padre, porque forzar la paternidad, incluso frente a pruebas que descartan el vínculo biológico, limita el acceso a la justicia, la autonomía personal y el derecho a formar una familia libremente. Además, no se toma en cuenta la existencia del padre biológico, quien tiene obligaciones frente al menor de edad, lo que también puede afectar los derechos del niño.
#MinistraDelPueblo
📁 Amparo directo en revisión 5740/2025
⚖️ Una mujer falleció en 2019 en un hospital público y, en 2021, su esposo e hijas solicitaron una indemnización al Estado por una presunta negligencia médica. Las autoridades rechazaron la reclamación por estimar que se presentó fuera del plazo legal de dos años. La familia impugnó esta decisión y solicitó que se aplicara el plazo de diez años previsto en el Código Civil Federal, pero la institución de salud, primero, y luego el Tribunal Federal de Justicia Administrativa rechazaron su petición. Posteriormente, un Tribunal Colegiado les concedió el amparo, decisión que fue sometida a revisión de la Suprema Corte.
🏛️ La Suprema Corte aprobó el proyecto que presenté, en el que propuse confirmar la constitucionalidad del plazo de dos años previsto en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, conforme al precedente establecido por el Pleno en el amparo en revisión 51/2026, resuelto el 22 de junio de 2026 por una mayoría de siete votos. Asimismo, planteé la necesidad de establecer como criterio objetivo para determinar desde qué momento debe comenzar a contarse ese plazo, el acta de defunción.
👩🏾⚖️ La SCJN confirmó por ocho votos la constitucionalidad del artículo que dispone el plazo de dos años. Por una mayoría de cinco votos contra cuatro, resolvió que correspondía a la propia Corte definir el momento a partir del cual debía contabilizarse. Sin embargo, por seis votos contra tres, determinó que el plazo debía comenzar a contarse a partir de la fecha en que las personas afectadas tuvieran conocimiento de la presunta actividad irregular del Estado.
#MinistraDelPueblo