👉Les dejo esta sentencia, la cual nos deja bien claro cómo demostrar la trazabilidad de operaciones.
Materialidad: ¿Qué ocurrió?
Trazabilidad ¿Cómo ocurrió?
🚦Expediente 1105/25-21-01-8, Sala Regional en Michoacán
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Un adulto mayor llegó solo al juicio de amparo. Sin abogado, sin despacho detrás, sin la maquinaria jurídica que normalmente exige pelear contra una autoridad. Pero presentó una demanda ordenada, con conceptos de violación, negritas, ritmo perfecto y ese lenguaje pulido que ya delata a la Inteligencia Artificial. El juzgado la recibió y llamó a terceros. La puerta, que antes estaba cerrada por falta de dinero y lenguaje técnico, se abrió con una máquina.
Ahí está el verdadero golpe del artículo. La IA ya no sólo ayuda al abogado a escribir más rápido; empieza a permitir que una persona común traduzca su enojo, su miedo o su abuso en una acción jurídica capaz de poner a trabajar al Estado. Eso puede ampliar el acceso a la justicia. También puede llenar tribunales de argumentos falsos, precedentes inventados y escritos que nadie entiende pero alguien firma.
https://t.co/IpvFreJbqW
Durante años repetimos una ficción cómoda: que las empresas no delinquen, que sólo delinquen las personas. Pero la realidad hace tiempo nos rebasó. Los grandes daños de nuestro tiempo no siempre nacen de una mano aislada, sino de estructuras: consejos, gerencias, contratos, permisos, omisiones, incentivos y silencios perfectamente administrados.
Ahí está el verdadero giro penal: ya no basta castigar al empleado que firmó o al directivo que apareció en el organigrama. La pregunta de fondo es más dura: ¿la empresa creó el riesgo?, ¿se benefició?, ¿falló en sus controles?, ¿miró hacia otro lado?, ¿convirtió la personalidad jurídica en escudo de impunidad? Una compañía no va a prisión, pero sí puede ser el vehículo que corrompe, defrauda, lava dinero, destruye el ambiente o pone vidas en peligro.
Por eso el compliance penal no puede ser un manual bonito guardado en un cajón. Es la frontera entre una empresa seria y una organización penalmente riesgosa. México ya abrió la puerta a la responsabilidad penal empresarial. El reto ahora es enorme: que la ley no castigue por apariencia, pero tampoco permita que la complejidad corporativa se vuelva el escondite perfecto del delito.
🧵 Nueva serie en el canal: la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA) explicada artículo por artículo, en videos de 2 minutos.
Y llega justo a tiempo: la reforma publicada en el DOF el 9 de junio de 2026 ya está en vigor. Los primeros 4 👇
Una pensión no es una dádiva ni una cifra perdida en una nómina pública. Para una persona jubilada es su salario de vida: comida, medicinas, techo, tranquilidad y dignidad. Por eso, reducirla de golpe, sin explicación, sin mandamiento escrito y sin método claro de cálculo, no es un simple “ajuste administrativo”.
La resolución del Tribunal Colegiado en Querétaro es de enorme calado: entendió que la suspensión en amparo no puede llegar tarde cuando está en juego el mínimo vital de una persona adulta mayor. Si el descuento pensionario genera angustia, zozobra e incertidumbre sobre la propia subsistencia, el daño ya no es sólo económico: toca la dignidad.
El debate no debe esconderse detrás de la etiqueta fácil de “pensiones doradas”. La pregunta constitucional es mucho más seria: ¿puede el Estado disminuir una pensión ya reconocida, sin explicar nada y dejando al jubilado cargar con el costo mientras litiga? La respuesta cautelar fue clara: primero se protege la vida digna; después se discute el fondo.
Cajas de desechamientos sin leer la demanda.
El oficial la recibe y ya sabe qué hacer… procede a copiar y pegar el formato de desechamiento apenas ve la palabra pensión y 127 constitucional.
El secretario procede a pasarla al juez quien la firma sin ninguna clase de pudor, ni arrepentimiento.
Misma historia pasará en TCC.
Eso sucede cuando el Poder Ejecutivo en la mañanera le ordena a “su” Poder Judicial sobre cómo debe resolver, porque quien se atreva a decir que no se las verá con el verdugo judicial.
Por eso votaron millones de personas.
Un tribunal colegiado acaba de decir algo enorme: recortar de golpe la pensión de personas jubiladas de CFE no es un simple “ajuste administrativo”, puede ser tormento psicológico prohibido por la Constitución. Cuando el Estado te quita de un plumazo más de la mitad de lo que usas para medicinas, renta, comida y seguros, no sólo toca tu bolsillo: te pone en riesgo real de enfermar, de quedarte sin tratamiento, de morir en la incertidumbre.
La resolución entra a fondo en la vida de quienes están detrás del expediente: adultos mayores, muchos enfermos, con dependientes, créditos de vivienda y tratamientos permanentes. No pueden “reponer” esos ingresos buscando otro trabajo. La pensión es su piso vital, su red de seguridad, el resultado de laudos, convenios y años de trabajo. Convertirla en un interruptor que se prende y se apaga desde una oficina es, en la práctica, una forma de maltrato que genera miedo, angustia, zozobra permanente.
Por eso el Tribunal ordena detener de inmediato los recortes y restablecer el pago íntegro mientras se decide el fondo del juicio. Lee la señal de fondo: la pensión de una persona jubilada no es un privilegio “doradito”, es un derecho de propiedad con función alimentaria y de salud. Tocar ese ingreso sin un estándar extremo de justificación puede equivaler a tortura psicológica. Y una democracia que se toma en serio la dignidad humana no puede normalizar eso.
‼️‼️ El salario mensual de la Presidenta de la República es de:
$193,706 Brutos
Después descuentos:
$134,290 Netos
¿De dónde sacan que son $70,000 ?
Las pensiones “doradas” serán: $96,853 brutos, después de descuentos: $67,145 netos, porque serán la mitad del salario presidencial.
Fuentes: Presupuesto de Egresos de la Federación 2026
México está entrando a una zona muy peligrosa: cada vez más dinero público se va a pensiones y deuda, y cada vez queda menos margen para salud, seguridad, educación, justicia e infraestructura. El problema no es apoyar a los adultos mayores. El problema es que el Estado está prometiendo obligaciones permanentes sin discutir seriamente cómo las va a pagar.
Las cifras son demoledoras. En 2017 las pensiones sociales representaban apenas el 5% del gasto total en jubilaciones; hoy ya son más del 31%. Al mismo tiempo, la deuda pública llegó a niveles históricos. Y mientras el costo financiero sigue creciendo, el gobierno pierde capacidad para invertir en lo que sostiene realmente a un país: instituciones, tribunales, hospitales, universidades, policías y obra pública.
El gran riesgo no es sólo económico. Es democrático. Porque cuando un Estado queda atrapado entre deuda y gasto inflexible, empieza a perder libertad de decisión. Todo se vuelve administrar presiones, pedir prestado y patear el problema hacia adelante. México necesita discutir ya cómo financiar el Estado social que está construyendo. Porque repartir dinero sin construir sostenibilidad termina siendo una forma silenciosa de quebrar el futuro.
🗣️ “Voy a perder el Número 1 del mundo. No sé si será en este torneo o en el próximo, pero defiendo muchos puntos y me será muy difícil defenderlos. Jannik también sumará puntos. El Número 1 no está en mi mente ahora mismo”.
Carlitos, muy sincero.
El próximo 9 de abril la @SCJN decidirá si la UIF, la unidad de inteligencia financiera del gobierno, puede revisar hasta 10 años de tu historial bancario sin que ningún juez lo autorice. Lo que se resuelva va a afectar a cualquier ciudadano que algún día aparezca en una lista, una filtración o simplemente en el radar de Hacienda.
El argumento que está usando la Corte para avalar esto es tan simple como inquietante: la UIF no investiga delitos, solo “previene riesgos financieros”, y por eso no necesita pasar por un juez. Como es una autoridad administrativa, no penal, puede recopilar tu información bancaria, analizarla durante años y después bloquearte las cuentas con simples “indicios suficientes”. La audiencia viene después del bloqueo, no antes. Tú te enteras cuando ya no puedes mover tu dinero, y quien te notifica no es el Estado sino tu propio banco.
Lo que está en juego es enorme: si esto prospera, cualquier autoridad administrativa con facultades de “prevención” puede intervenir tu vida financiera completa sin control judicial previo. No importa si eres empresario, activista, periodista o ciudadano común. Basta con que alguien en Hacienda considere que hay “indicios”. Sin juez, sin orden, sin que lo sepas. Eso no es combatir el lavado de dinero. Eso es un cheque en blanco para el Estado.
Aquí puedes consultar el proyecto de sentencia: https://t.co/Yc593tG4kO
‘NO MEZCLES EL FUTBOL CON LA NFL’ ⚽️❌🏈
La llamada de atención de @pepesegarra a @RaoulPolloOrtiz tras hablar sobre cuál sería el juego de Super Bowl si fuera hoy 🦅🆚🧲
#FSRadioMX
La abogacía organizada tiene la obligación de actuar a tiempo, no cuando el daño ya está hecho.
Defender el Estado de Derecho exige oportunidad y firmeza, no comunicados tardíos y endebles.
📰 En Portada | Aprueban diputados en comisiones dictamen de Ley de Ingresos de la Federación 2026 con 1.47 billones de pesos de deuda https://t.co/YsRrBLXq9L
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Se le sigue debiendo a la sociedad mexicana una verdadera reforma constitucional y legal que transforme integralmente al juicio de amparo.
Una reforma que lo simplifique, que lo haga accesible, que minimice su tecnicismo, que elimine recursos intraprocesales, que se abra a la oficiosidad en todas las materias y reduzca el principio dispositivo a lo mínimo.
Que permita la suplencia amplia de las inconformidades de las demandas (no son "quejas", por cierto); que haga funcionales las medidas cautelares; que amplíe las posibilidades de reparación a las violaciones a derechos.
En una expresión: que lo convierta en un verdadero juicio para la defensa de los derechos humanos (ahí están los sistemas regionales para inspirarnos).
Ojalá nos toque vivirlo.