Ronald Picón abogado

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Esp Derecho Penal.

Esp Derecho Procesal Penal.
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Mg Derecho Procesal Penal
Mg Derecho Administrativo

[Luis Carlos Melo Vides @Melovides]

📌 Principio de congruencia en el proceso penal:
Si no se prueban los hechos acusados:
❌ No se puede condenar por hechos nuevos o distintos.
✅ Procede evaluar la declaratoria de nulidad o la absolución. https://t.co/QyXS2um26q

[Cristian Javier Pereira Pulido® ⚖️ @PereiraYPereira]

Recuerden que la Demandas de Casación, así como las providencias de la @CorteSupremaJ deben ser metodológicas. Puede parecer un tema de forma, pero sí tiene incidencia en el lector. 📄

[Luis Carlos Melo Vides @Melovides]

Los hechos ocurrieron en el año 2020, pero la aplicaron una norma del 2021 y que le resulta desfavorable, es decir, infringieron el principio de legalidad en su dimensión subjetiva de irretroactividad. https://t.co/3nLbvY9KGH

[Ronald J. Sanabria V. @Ronaldsanabria1]

PRIMERO SE REALIZAN LAS OBSERVACIONES Y SE FORMULA LA ACUSACIÓN, LUEGO SE PLANTEAN NULIDADES SOBRE HECHOS JURÍDICAMENTE RELEVANTES
AP753-2026

Consulte el análisis: https://t.co/b2Vofc0yIC

En este caso, fiscal fue llamada a juicio por varios delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Durante la audiencia de acusación, su defensa sostuvo que el escrito presentado por la Fiscalía no describía con suficiente claridad los hechos jurídicamente relevantes, es decir, aquellos hechos concretos que sirven de fundamento a la acusación y frente a los cuales debe ejercerse el derecho de defensa. Con ese argumento solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado desde la audiencia de imputación.

El Tribunal rechazó esa petición al considerar que la defensa había acudido directamente a la nulidad sin utilizar previamente el mecanismo previsto en la ley para corregir las presuntas deficiencias del escrito de acusación. Inconforme con esa decisión, la procesada acudió a la Corte Suprema de Justicia mediante recurso de queja, insistiendo en que la negativa vulneraba su derecho de defensa y a la doble instancia.

Al estudiar el caso, la Corte explicó que la audiencia de acusación tiene un orden procesal que no puede ignorarse. Si la defensa considera que el escrito de acusación contiene hechos poco claros, incompletos o insuficientes, primero debe formular las observaciones correspondientes para que la Fiscalía tenga la oportunidad de aclarar, adicionar o corregir la acusación, tal como lo autoriza el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal. Solo después de agotado ese trámite, y únicamente si las deficiencias persisten y afectan realmente el derecho de defensa o el debido proceso, será procedente promover un incidente de nulidad.

Con base en ese razonamiento, la Corte concluyó que la defensa omitió el procedimiento previsto por la ley y acudió directamente al mecanismo más drástico: solicitar la nulidad de toda la actuación. Por esa razón, consideró acertado que el Tribunal rechazara de plano la petición y precisó que esa determinación constituía una orden de dirección del proceso, dirigida a evitar actuaciones dilatorias, razón por la cual no era susceptible del recurso de apelación.

Esta decisión deja una regla práctica de gran importancia para quienes intervienen en el proceso penal: las deficiencias en los hechos jurídicamente relevantes del escrito de acusación no autorizan, por sí solas, la nulidad del proceso. Antes debe agotarse el mecanismo de aclaración, adición o corrección previsto en el artículo 339 del Código de Procedimiento Penal. Solo cuando ese mecanismo resulte insuficiente y la irregularidad tenga una incidencia real sobre el derecho de defensa podrá plantearse válidamente la nulidad.

[Alejandro Sánchez @alfesac]

1️⃣ 🚨💣 TUTELA BOMBA | #CSJ STP7076-2026 | M. P. Barbosa | Rad. 153177

⚖️ ¿Puede un Tribunal negarse a resolver una apelación contra el rechazo de una nulidad afirmando que esa nulidad debió haberse rechazado de plano?

CSJ responde que no.

Si la nulidad fue propuesta oportunamente, tramitada y decidida de fondo, las partes conservan su derecho a impugnar. 👇

[Ronald J. Sanabria V. @Ronaldsanabria1]

⚖️ ¿Cuántas decisiones judiciales se pierden por desconocer un precedente?

Consulte las providencias: https://t.co/yD6GFD2RZD

En el proceso penal, una palabra omitida en la imputación, una circunstancia agravante mal atribuida o una variación indebida entre la acusación y la sentencia pueden marcar la diferencia entre una condena válida y una decisión que debe ser corregida.

La congruencia no es un formalismo. Es una garantía fundamental que delimita el alcance del juicio, protege el derecho de defensa y fija los límites dentro de los cuales pueden actuar la Fiscalía y los jueces.

En esta recopilación reunimos algunos de los criterios más relevantes de la Corte Suprema de Justicia sobre congruencia procesal, modificaciones jurídicas, agravantes, concursos de conductas y los límites de la actividad judicial en el proceso penal.

📚 Porque muchas veces la respuesta a un problema jurídico no está en una norma, sino en un precedente.

#DerechoPenal #LitigaciónPenal #Congruencia #ProcesoPenal #Jurisprudencia #CorteSupremaDeJusticia #DefensaPenal #RSanabriaProtecciónPenal #PrecedenteJudicial #AbogadosPenalistas

[Jurisprudencia Colombiana @JurisprudenCol]

Alcance de facilitar el interrogatorio cruzado, refrescar la memoria o impugnar la credibilidad o como medio de prueba

En el marco de la Ley 906 de 2004, el principio de inmediación establece que el escenario natural para la producción de la prueba es el juicio oral y público ante el juez de conocimiento. Por regla general, las entrevistas o declaraciones juradas recaudadas previamente por las partes no tienen vocación probatoria autónoma, pues el juzgador debe aproximarse racionalmente a los hechos a través de lo percibido directamente en la audiencia. Su uso procesal está destinado primordialmente a permitir que los testigos refresquen su memoria (artículo 392 del Código de Procedimiento Penal) o a que se impugne su credibilidad durante el interrogatorio cruzado (artículos 393 y 403 del mismo código). No obstante, estas manifestaciones pueden constituir una categoría probatoria excepcional denominada prueba de referencia cuando, bajo la definición del artículo 437, se trata de declaraciones realizadas fuera del juicio oral que son llevadas a este a través de otros medios de prueba.

El ordenamiento jurídico prevé un tratamiento especial para las declaraciones anteriores de menores de edad víctimas de delitos contra la libertad e integridad sexual, las cuales son admisibles de pleno derecho como prueba de referencia a partir de la vigencia de la Ley 1652 de 2013. Esta causal de admisión es de naturaleza objetiva y no depende de la disponibilidad del menor para rendir testimonio en el juicio, buscando la protección reforzada de los niños, niñas y adolescentes conforme al artículo 44 de la Constitución Política. Tales declaraciones pueden incorporarse al debate a través de diversos medios, incluyendo testimonios de terceros que las escucharon o mediante la anamnesis contenida en informes periciales médicos, sexológicos o psicológicos. Es fundamental precisar que esta prueba de referencia está sujeta a una tarifa legal negativa según el artículo 381 del estatuto procesal, lo que implica que una sentencia condenatoria no puede fundamentarse exclusivamente en esta clase de evidencias.

El punto jurídico desarrollado por la providencia se centra en la metodología de la «corroboración periférica», herramienta necesaria para superar la dificultad probatoria en delitos que, por su naturaleza secreta, suelen carecer de observadores directos. Esta técnica propone acudir a la comprobación de datos marginales o secundarios —como el daño psíquico, cambios comportamentales o la verificación de circunstancias de tiempo y lugar— que hagan más creíble la versión de la víctima. En este contexto, el interrogatorio cruzado es la oportunidad procesal para que la defensa cuestione la credibilidad del testimonio mediante el uso de declaraciones previas, siguiendo los parámetros del artículo 403 de la Ley 906 de 2004. De no emplearse estas herramientas para refutar los aspectos esenciales del relato, y si este se halla respaldado por elementos de corroboración periférica, el juzgador puede alcanzar el convencimiento necesario para declarar la responsabilidad penal más allá de toda duda razonable.

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[Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo @maurodriguezt]

Penal. Ante indicios de inimputabilidad, la Fiscalía, la defensa, el Ministerio Público y el juez tienen deberes reforzados de indagación y verificación, los cuales no pueden suplirse con inferencias sin respaldo probatorio. CSJ SP018-2026(65187).

[Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo @maurodriguezt]

🎯TIPS PARA ABOGADOS/ BUENOS ALEGATOS:

[Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo @maurodriguezt]

Penal. Las grabaciones realizadas por la víctima cuando está siendo objeto de una conducta punible, pueden ser tenidas en cuenta como elemento probatorio lícito e ingresar a la actuación penal sin necesidad de ser sometidas a control de legalidad. CSJ SP228-2026(71760).

[Jurisprudencia Colombiana @JurisprudenCol]

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, OMISIÓN DE COMUNICAR LA PÉRDIDA DE VIGENCIA DE ORDEN DE CAPTURA Y RETARDO EN LA DECLARATORIA DE EXTINCIÓN DE LA PENA

El litigio surge a raíz de la captura del ciudadano los días 19 y 20 de agosto de 2019, ejecutada por la Policía Nacional con base en una orden judicial de 2013 que aún figuraba como vigente pese a que la pena ya se encontraba cumplida y la medida había sido sustituida por vigilancia electrónica años atrás. El problema jurídico central radica en determinar la responsabilidad patrimonial de la Nación - Rama Judicial bajo el título de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la omisión en el deber de comunicar la cancelación o pérdida de vigencia de dicha orden de captura y el presunto retardo injustificado en la declaratoria de extinción de la pena.

La providencia fundamenta la responsabilidad estatal en el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 69 de la Ley 270 de 1996, calificando el daño como antijurídico al tratarse de una lesión que el administrado no está en el deber de soportar. La Sala precisa que el defectuoso funcionamiento es un título de imputación subjetivo que se configura cuando el servicio opera de manera tardía o ineficiente frente a estándares normales de funcionamiento. En este caso, se estableció que el juzgado de ejecución de penas incumplió el deber legal consagrado en el artículo 299 de la Ley 906 de 2004, el cual ordena comunicar inmediatamente a los organismos de policía judicial la pérdida de vigencia de una orden de captura para su correspondiente descarga de los sistemas de información.

El fallo desarrolla un punto jurídico esencial respecto a la vigencia de las órdenes de captura, distinguiendo aquellas emitidas para la comparecencia en el proceso de las derivadas de una sentencia condenatoria. Citando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (STP948-2022), la providencia aclara que el término de un año previsto en el artículo 298 del C.P.P. no aplica automáticamente a las órdenes destinadas a ejecutar una pena o medida de aseguramiento, las cuales solo pierden efectos mediante una decisión judicial expresa de revocatoria o cancelación. Por tanto, la defensa de la entidad basada en el vencimiento automático por el paso del tiempo fue desestimada, concluyéndose que la falta de orden formal de cancelación mantuvo un reporte activo que devino en una detención injusta.

Finalmente, en cuanto a la reparación, la sentencia aplica las reglas de unificación del Consejo de Estado del 29 de noviembre de 2021, las cuales establecen una presunción de perjuicio moral por la sola privación de la libertad, ya sea intramural o domiciliaria, a favor de la víctima directa y sus familiares en primer grado de consanguinidad. No obstante, el tribunal negó las pretensiones por daño material, reiterando que el lucro cesante y el daño emergente no se presumen y requieren prueba de un daño cierto, real y cuantificable. Específicamente, se desestimó el pago de honorarios de abogado al no aportarse la factura o documento equivalente exigido por la jurisprudencia unificada, y se negó el lucro cesante al no acreditarse el ejercicio de una actividad económica lícita interrumpida por la detención.

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[Christian Torres T. @SoyLitigante]

En el proceso penal, el estrado no “avisa”: activa consecuencias.

La decisión pronunciada en audiencia queda notificada de inmediato. Desde ahí corre el reloj para reaccionar, recurrir o guardar silencio.

El que no entiende eso, pierde tiempo. Y en penal, perder tiempo puede ser perder defensa.

#SoyLitigante

[⚖️Libre designación⚖️ @libredesignacio]

¿Por qué los jueces deben motivar sus decisiones?

Porque la motivación es la principal garantía frente a la arbitrariedad. Una resolución judicial no se legitima por la autoridad de quien la dicta, sino por la calidad y racionalidad de las razones que la sostienen.

Como señala Igartua Salaverría, la exigencia de motivación permite controlar la corrección jurídica del razonamiento, protege el derecho de defensa y hace posible la revisión jurisdiccional de las decisiones.

La justicia no solo debe decidir; debe convencer mediante razones.

📚 Igartua Salaverría, J. (2017). El razonamiento en las resoluciones judiciales. Lima: Palestra Editores.

[Ronald J. Sanabria V. @Ronaldsanabria1]

La reparación integral no es una simple formalidad dentro del proceso penal. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia ha insistido en que su acreditación exige prueba seria, suficiente y verificable, especialmente cuando se pretende obtener beneficios jurídicos como la extinción de la acción penal.

Consulte las providencias aquí: https://t.co/ffGeyrDGzo

En este precedente judicial recopilamos cuatro problemas jurídicos fundamentales sobre la extinción de la acción penal por reparación integral en la Ley 600 de 2000: su aplicación por favorabilidad en procesos de la Ley 906 de 2004, los estándares probatorios para demostrar la reparación, la posibilidad de acudir a peritos cuando no existe acuerdo entre las partes y las consecuencias jurídicas de una indemnización parcial.

La Corte reitera que no basta con acuerdos aparentes, conciliaciones incompletas o pagos parciales. La reparación integral debe acreditarse de manera efectiva y suficiente, garantizando tanto los derechos de la víctima como la finalidad de la institución jurídica.

Para conocer más: https://t.co/ysWTpKXbiY

[Alejandro Sánchez @alfesac]

📚 Ficha jurisprudencial #5.
Seguimos con esta serie de herramientas prácticas de litigio penal.
En esta ocasión:
⚖️ medios de prueba
⚖️ valoración probatoria
⚖️ estipulaciones
⚖️ prueba de referencia
⚖️ descubrimiento y recursos
Jurisprudencia reciente, concreta y útil para audiencia

[Christian Torres T. @SoyLitigante]

Prescripción, caducidad y preclusión no son “tecnicismos” para dormir estudiantes.
Son relojes jurídicos.
Uno extingue por el paso del tiempo.
Otro castiga la inactividad.
Y otro cierra oportunidades procesales.
En penal, quien no entiende el tiempo, pierde estrategia.
#SoyLitigante

[Jurisprudencia Colombiana @JurisprudenCol]

VIOLENCIA ECONÓMICA SOBRE LA MUJER: DEJAN SIN EFECTOS LAS CAPITULACIONES CELEBRADAS ENTRE EL ACCIONANTE Y SU COMPAÑERA PERMANENTE, COMO MEDIDA RESARCITORIA POR LA VIOLENCIA DE GÉNERO SUFRIDA AL MOMENTO DE ROMPERSE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO.
sucribete aquí https://t.co/tJVTJiF8f4

[Luis Carlos Melo Vides @Melovides]

Las altas cargas laborales y la congestión en el sistema judicial, crean la necesidad de que el juicio oral no se convierta en una secuencia de lecturas innecesarias, así que la incorporación documental voluminosa debe regirse por la racionalidad y economía procesal. https://t.co/CyWsH1lQep

[GMH Lex @GMHABOGADOS]

https://t.co/5qVIDWHVTz

[Jarol Echeverry @EcheverryJarol]

CSJ Sala de Casación Penal – SP2147-2025 (Rad. 60684)
Las pruebas de refutación para impugnar la credibilidad de un testigo no requieren ser descubiertas previamente (ni en la acusación- ni preparatoria), ya que su pertinencia depende de lo que el testigo declare en juicio.