Olivia
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pucelano1958
@pucelano1958
opiniones personales desde Valladolid . Retuitear no significa estar de acuerdo
Valladolid, Spain
Joined October 2017
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pedazo de hilo 👍👏👏👏
Marruecos lleva 70 años reclamando Ceuta y Melilla, y la crisis de estas semanas ha vuelto a poner esa reclamación encima de la mesa.
La historia y la cronología de este caso particular ya os la conté hace unos días.
Tenía preparado un capitulo hace tiempo para mi difunto podcast que, al hilo de Israel y Palestina, trataba la pregunta de fondo, la que nadie sabe responder: ¿de quién es la tierra?
También he visto como en alguna respuesta a algún post que escribí se empezó a generar un debate en torno al referéndum de Cataluña, el de Gibraltar… así que me he animado a hacer este hilo.
¿Qué hace falta exactamente para poder decir "este territorio es mío"?
¿Cómo podríamos obtener un resultado satisfactorio cuando hay conflictos territoriales?
Atención porque se se viene turra importante.
Pido perdón de antemano. 🧵
Marruecos lleva 70 años reclamando Ceuta y Melilla, y la crisis de estas semanas ha vuelto a poner esa reclamación encima de la mesa.
La historia y la cronología de este caso particular ya os la conté hace unos días.
Tenía preparado un capitulo hace tiempo para mi difunto podcast que, al hilo de Israel y Palestina, trataba la pregunta de fondo, la que nadie sabe responder: ¿de quién es la tierra?
También he visto como en alguna respuesta a algún post que escribí se empezó a generar un debate en torno al referéndum de Cataluña, el de Gibraltar… así que me he animado a hacer este hilo.
¿Qué hace falta exactamente para poder decir "este territorio es mío"?
¿Cómo podríamos obtener un resultado satisfactorio cuando hay conflictos territoriales?
Atención porque se se viene turra importante.
Pido perdón de antemano. 🧵
@anapalacio excelente artículo ... de alguien que sabe de lo que habla ya no quedan políticos con miras al horizonte y sobre todo hacia el bien común de todos. El cortoplacismo es una lacra de nuestro tiempo.
“Cosas que ocurren” “Sin afán ni finalidad” “Yo no sueldo vías” “El sistema eléctrico español es uno de los más seguros y garantistas del mundo.” “El riesgo cero no existe”. “Si necesita más recursos que los pida”. ¿Qué tienen en común todas esas frases? Una renuncia a la asunción de cualquier responsabilidad… y una defensa propia y del poder. La pregunta es: ¿qué tipo de poder es el poder no responsable?
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🇪🇸 OscarTunel 🇪🇸
@OscarTunel2
Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos de que han sido engañados.
(Mark Twain)
Verónica Vicente
@VERO6NICA9
Licenciada en CC Politicas por la Complutense, trabajo en Valladolid RT no significa que esté de acuerdo con las opiniones expresadas
Neorequetemix
@BochincheFather
Me he bajado el inventario de bienes inmuebles de la Comunidad de Madrid.
Está colgado en su propio portal de transparencia, con datos de 2025, y es un Excel que puede abrir cualquiera en dos minutos.
Para situarnos: la Comunidad tiene unos tres mil inmuebles.
Colegios, centros de salud, juzgados, residencias, oficinas, solares. No estamos hablando de un ayuntamiento pequeño buscando un local, sino de uno de los mayores propietarios de la región.
También paga 131,8 millones de euros al año en alquileres.
De esos, 84 millones son inmuebles de uso administrativo en el municipio de Madrid.
Ochenta y cuatro millones al año en alquilar despachos.
Una salvaguarda: la columna de importes del inventario tiene filas a cero que cuelgan del mismo contrato, así que tomadlo como orden de magnitud.
Ahora la parte que me alucina.
En ese mismo inventario hay 107 espacios cuya denominación es, literalmente, VACÍO.
Cincuenta y ocho están en el municipio de Madrid. Y ocho son de uso administrativo, o sea oficinas vacías.
Una de ellas está en Alcalá 1, a ciento cincuenta metros de la puerta que van a cerrar por obras.
Y a un kilómetro del ático hay un complejo entero sin uso, la antigua Clínica Médico Forense de General Oráa 39.
Hay más. La Comunidad ya tiene cuarenta y una “viviendas” en propiedad en Madrid capital.
Pisos suyos. Algunos vacíos, como tres de las plantas del edificio de la calle León 24.
Y una cosa que no entendí a la primera. Gran Vía 6, uno de los dos edificios que Planifica Madrid quiere vender por 11,74 millones, figura en el inventario como alquiler de la Comunidad: 279.000 euros al año.
La Administración le paga el alquiler a su propia empresa pública, que en 2023 ingresó unos nueve millones por ese concepto. Dinero que sale de una ventanilla y entra en otra.
Con esto no le cargo el muerto solo a la Comunidad, porque el Estado funciona igual.
Doce de los veintidós ministros usan vivienda oficial pagada por todos, desde los 443 metros de la de Yolanda Díaz hasta los 123 del ministro de Industria, y Exteriores tiene directamente un palacio, el de Viana.
En la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid hay otra vivienda oficial.
Y en el inventario del Estado hay 828 inmuebles a los que no se les atribuye ningún uso, entre ellos un piso de más de mil metros en la calle Serrano.
Así que el resumen es fácil.
Una administración con tres mil inmuebles, cincuenta y ocho espacios vacíos en Madrid, cuarenta y un pisos en propiedad y ochenta y cuatro millones al año en oficinas alquiladas decidió que necesitaba comprar un ático en Chamberí.
No tiene sentido, lo siento.
Por mucho que sea consciente de que la izquierda va atacar con lo que sea, a mi sí me preocupa lo que se hace con nuestro dinero en ambos lados.
@RedondoTerreros es la marcha verde 2.0 ...
entonces algún requisito no cumplió 🤷
Pues, al hilo de lo de La Pérgola y de los problemas que están teniendo muchos locales, he estado revisando la normativa, más que nada por aclararme yo, y ahora lo veo bastante más claro.
Por lo que entiendo, el principal cuello de botella está en conseguir la autorización del Ayuntamiento.
La normativa, en realidad, me parece bastante clara (y entiendo que en estos temas haya que ser garantista):
🔹 Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se celebren en espacios abiertos están sujetos a autorización municipal.
Así lo establece el artículo 12.1 de la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León. La ley contempla algunas excepciones cuando el propio Ayuntamiento organiza la actividad o esta se realiza en espacios municipales.
🔹 La licencia de un establecimiento solo permite desarrollar los espectáculos o actividades que aparezcan expresamente incluidos en ella.
El artículo 13.1 de la misma ley lo establece expresamente. Y el artículo 13.2 añade que, para realizar de forma esporádica u ocasional un espectáculo diferente de los incluidos en la licencia, debe obtenerse previamente una autorización del Ayuntamiento.
Además, esa autorización puede denegarse por el horario, el tipo de establecimiento, las emisiones acústicas o cualquier otra circunstancia justificada que pueda afectar a los derechos de terceros.
🔹 Cuando el espectáculo no está amparado por ninguna comunicación ambiental, licencia o autorización previa, también es obligatoria una autorización municipal específica.
Esto aparece en el artículo 15.1 de la Ley 7/2006. El artículo 15.2 establece que las solicitudes reguladas en ese artículo deben presentarse con al menos veinte días hábiles de antelación.
🔹 Si para realizar la actividad es necesario superar temporalmente los límites acústicos ordinarios, debe solicitarse además la suspensión provisional de esos límites.
El artículo 10.2 de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León, establece que la petición debe estar debidamente justificada y acreditada mediante el correspondiente estudio acústico. No dice «normalmente»: el estudio acústico es expresamente exigido por la ley.
Y, específicamente en Valladolid, el artículo 10.1 de la Ordenanza municipal sobre ruidos y vibraciones prohíbe, como regla general, instalar o utilizar música, amplificadores, instrumentos o actuaciones vocales en la vía pública, en terrazas y en las zonas exteriores de los locales de pública concurrencia, aunque sean espacios privados. Solo pueden autorizarse excepcionalmente y tras estudiar cada caso.
@yustin pues entonces ya sabemos... El deporte nacional. la envidia.. algún hostelero... o algún amargado que no soporta que alguien triunfe con su trabajo 🤷
EL PIRÓMANO PERFECTO NO NECESITA CERILLAS
Cada verano, cuando España arde, se repite el mismo ritual: los titulares hablan de "olas de calor" y "emergencia climática", pero casi nadie se pregunta lo que cualquier investigador serio preguntaría primero ante un delito: quid prodest, cui bono. ¿A quién beneficia? Antes de buscar culpables conviene ordenar las hipótesis sobre la mesa. Se pueden resumir básicamente en cuatro. Elige la que más te convenza, aunque yo, adelanto, tengo mi favorita.
La primera hipótesis es que los incendios no benefician a nadie porque son fruto del azar, de la negligencia o de la locura aislada de algunos pirómanos, agravada por el abandono estructural del monte: la despoblación rural ha dejado millones de hectáreas sin pastoreo, sin limpieza de matorral. El monte no arde espontáneamente por estar a 38 grados, pero cuando comienza un incendio fortuito o provocado por un pirómano, la falta de prevención, el abandono y mala gestión forestal son claros coadyuvantes. Bajo esta hipótesis nadie gana nada, es pura desgracia. El problema es que esta explicación se rompe ante tres hechos tozudos. Primero, en los grandes incendios catastróficos suelen aparecer múltiples focos simultáneos, muchas veces separados por kilómetros y sin conexión causal entre sí: para que fuera obra de un pirómano solitario, tendría que ser también un logista prodigioso. Segundo, la sincronización de los incendios en gran parte de la geografía de España significaría que las causas fortuitas ocurren simultáneamente y solo en ciertos años (en algunos años muy cálidos no ha habido incendios), algo altamente improbable. Tercero, si uno mira el mapa acumulado de incendios en España desde los años setenta, hay regiones con enormes masas forestales, algunas al lado de grandes capitales, que apenas han ardido. La locura pirómana o las causas fortuitas repartidas geográficamente de forma tan desigual no resulta plausible.
La segunda hipótesis apunta al bolsillo privado. El fuego como preludio de la recalificación, para levantar grandes plantas industriales o desarrollos inmobiliarios. O buscando pastos para el ganado; para cobrar seguros; para eliminar pruebas de vertidos ilegales o cultivos ilícitos. O para forzar la venta de parcelas a precio de saldo. O por enfrentamientos entre ganaderos, cazadores, madereros o comunidades de montes, que usan el fuego como arma de presión o venganza. Esta segunda hipótesis del “bolsillo privado” tiene múltiples casos documentados en el pasado en zonas concretas (Galicia, por ejemplo), y no debe descartarse sin más, aunque no puede explicar la magnitud ni la recurrencia del fenómeno a escala nacional.
La tercera hipótesis mira a un beneficiario más arriba: los incendios se "abandonan" por conveniencia política. Un ejemplo de este abandono es que el gobierno de Pedro Sánchez sólo ha gastado la cuarta parte de los 401 millones de Fondos UE destinados a la prevención de incendios y gestión forestal. Se han ejecutado apenas 106 millones, en 120 proyectos de los 310 previstos. Además, el gobierno se gasta cada año los casi 5.000 millones del Fondo de Contingencia, partida destinada a imprevistos, en gastos ordinarios que nada tienen que ver con emergencias. La emergencia climática es menos urgente cuando se trata de gestionar e invertir, incluso con dinero gratis de la UE. Según esta tercera hipótesis, no hace falta provocar incendios directamente; basta con no invertir en prevención y dejar luego que los montes se prendan por accidentes fortuitos o por pirómanos convenientemente orientados, para después construir sobre las cenizas un relato sobre el cambio climático que justifique una subida generalizada de impuestos.
La 'emergencia climática' es la coartada de un relato fiscal que demanda mayores impuestos (directos, indirectos, especiales y tasas) sobre unos ciudadanos que ya destinan el 50%, 60% o 70% de su coste laboral al Estado (sí, el 50% es el mínimo aportado al Estado incluso por los que tienen salarios bajos, si tenemos en cuenta IRPF, SS, IVA, impuestos especiales, tasas y subastas de derechos de CO2 repercutidas en la cesta de productos). Este relato fiscal es precisamente el que subyace en el Pacto de Estado por el Clima que Pedro Sánchez invoca desde hace años tras cada catástrofe.
El destino del pretendido incremento de recaudación sería financiar a golpe de subvenciones la transición energética, mediante la construcción de macro granjas solares y eólicas, muchas veces en el propio terreno calcinado, a pesar de que treinta años de fiscalidad "verde" no han movido ni un decimal la trayectoria de la temperatura global ni el CO2 atmosférico (como mínimo, los ciudadanos españoles aportan 30.000 millones de euros al Estado para “cambiar el clima”, y a nivel mundial se superan ya los 2,3 billones de dólares anuales, de acuerdo con Climate Policy Initiative y BloombergNEF). Lo que sí ha movido, y mucho, esta fiscalidad “verde” es el dinero público destinado a proyectos "renovables" rodeados de comisiones, amiguismos y corrupción. Bajo esta hipótesis, el principal beneficiario de los incendios no es un pirómano ni un promotor: es el propio gobierno. Una variante de esta hipótesis sería el "eco-terrorismo": activistas internos o externos que provocan los incendios para generar un impacto psicológico social que presione al gobierno para que continúe con su relato climático voraz de control del ciudadano y de las brutales subidas de impuestos (sin efecto en el clima).
La cuarta hipótesis es que los incendios son una combinación de todos estos factores imposible de desentrañar, así que es inútil preguntar nada. Es la hipótesis de los ingenuos a los que les cuesta admitir que hay gente verdaderamente corrupta y criminal, dispuestos a cualquier cosa para alcanzar sus fines. Es la hipótesis también de los que no quieren que se investigue nada.
Yo ya he elegido. Escoge tú.
El pacto que oculta la incapacidad
En todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en la política, es inadmisible no hacer lo posible por empeñarse en lograr lo mejor. España se está incendiando en el centro y hacia la cuenca mediterránea, pero mientras tanto el Gobierno busca como excusa la “emergencia climática” para justificar la falta de una planificación económica y territorial que evite que cualquier incendio se convierta en una catástrofe.
Los cambios que se producen en el clima no justifican todo lo que estamos viendo con los incendios. Señor presidente del Gobierno: si no puede lograr un acuerdo al que le mandata la Ley desde 2007, gobierne. Y si no puede gobernar, convoque elecciones.
La causa principal de estos mega incendios es la falta de gestión activa, derivada del fanatismo de corta y pega de personajes como Cristina Narbona, presidenta del PSOE o Teresa Ribera, ahora vicepresidenta prácticamente sin cartera de la Comisión Europea. Ambas furiosamente antinucleares, hasta que en el caso de Ribera ocupan cargos que les obligan a aceptar pragmáticamente lo contrario.
No discutiré el estrés climático, pero estoy con los científicos, técnicos, profesionales y pensadores humanistas que dudan de las proposiciones pretendidamente científicas que explican todo y sirven para todo... Intentan explicar el pasado, el presente y el futuro con las mismas herramientas y prejuicios ya viejunos (el Club de Roma, la conferencia de Estocolmo del 72 y los límites al crecimiento), pero que cada vez que tienen que enfrentarse a problemas serios muestran su debilidad e incapacidad. Porque no hay nada que lo explique todo. Sólo las ideologías y religiones tienen esa capacidad para sus creyentes.
Los convencidos de la crisis climática y los que la ponen en duda pueden ponerse de acuerdo en combatir algunas de las causas, la gestión y las consecuencias de estos mega incendios. La actual Ley les obliga, pero nunca lo han hecho.
🚨Voy a analizar este Proyecto de Ley: los posibles problemas que va a generar -especialmente choca con el principio de responsabilidad y la CE-; a quien beneficia y a quien no; y las trampas legales.
No es una condonación sino una redistribución de deuda que asumimos todos ⤵️🧵
@josegfdz se te lee
muy interesante sí señor
✍️ OPINIÓN ' La 'alerta biológica' de la ministra de Igualdad'
Por Lorenzo Bernaldo de Quirós
https://t.co/SVCuTFnuUh
En 2025, una empresa española gastó 123 euros más al año por cada trabajador que en 2019, una vez descontada la inflación. Ese mismo trabajador se llevó a casa 696 euros menos.
La Encuesta Anual de Coste Laboral del INE permite seguir el rastro de cada euro.
En euros constantes de 2019, por trabajador y año:
1. Coste total para la empresa: de 30.912 a 31.036 euros (+123)
2. Salario bruto: de 23.450 a 23.348 euros (−102)
3. Cotizaciones sociales del empleador: de 7.462 a 7.688 euros (+226)
4. IRPF y cotizaciones del trabajador: de 4.603 a 5.196 euros (+593)
5. Salario neto: de 18.847 a 18.152 euros (−696)
El coste para quien contrata sube y la renta disponible de quien trabaja baja. Entre medias, la cuña fiscal se ensancha del 39,0% al 41,5% del coste laboral total, y el tipo efectivo del IRPF sobre el salario medio pasa del 13,3% al 15,8%.
@CapitanBitcoin es la excusa que se pone para no asumir sus responsabilidades.. de manual de resistencia
@ManhattanManOne @Apapell y que con la historia de la co-soberanía se da alas a las reivindicaciones de Marruecos con Ceuta y Melilla... otra cesión de este gobierno a Marruecos... y van... ya sólo falta que el próximo mundial de fútbol la final sea en Marruecos
@boroscq pequeña apunte.. latinoamérica es un palabro con afán de diluir el verdadero ... Iberoamérica creo que es más correcto
Ya no quedan socialistas, quedan cortesanos
El socialismo español no ha desaparecido porque haya dejado de pronunciar grandes discursos sobre lo importante que son los servicios públicos.
Ha desaparecido porque una gran parte de quienes todavía se llaman socialistas, han dejado de distinguir entre lo público y lo privado.
Un socialista debería considerar el dinero del Estado casi sagrado, porque procede del trabajo de millones de ciudadanos y sostiene hospitales, colegios, pensiones y ayudas sociales.
Un socialista debería ser el primero en denunciar cada enchufe, cada organismo inútil y cada euro desperdiciado.
Sin embargo, en España ocurre algo extraordinario, porque cuanto más cerca está el socialista del poder, menos parece importar el perjuicio causado a lo público.
La fidelidad al partido ha sustituido a la defensa de lo público. El gasto opaco es un ajuste técnico; la investigación judicial en contra es lawfare; y la obediencia al gobernante, confianza institucional.
Una plaza anunciada antes de adjudicarse
La cronología del caso David Sánchez parece escrita para medir cuánto partidismo puede soportar una conciencia de izquierdas.
La plaza para coordinador de actividades de los conservatorios apareció en la relación de puestos de la Diputación de Badajoz publicada el 23 de diciembre de 2016.
El 3 de mayo de 2017, la directora de Recursos Humanos envió a Miguel Ángel Gallardo un cronograma con los plazos mínimos para cubrirla. Gallardo contestó: "Estupendo".
El 17 de mayo, Cultura pidió cubrirla con necesidad y urgencia. Dos días después se publicaron las bases, sin incluir previamente los criterios con los que se puntuaría a los candidatos. Ese mismo 19 de mayo, un director de conservatorio envió un correo titulado "El hermanísimo" con el enlace a la convocatoria.
Se presentaron once aspirantes. Ninguno fue excluido, ni siquiera uno que no había aportado el proyecto exigido, lo que permitió acortar los plazos.
El 26 de junio, cuando ya se conocían los candidatos, la comisión fijó los criterios de valoración y David Sánchez obtuvo 90 puntos.
Al día siguiente se realizaron las entrevistas. El acta consideraba aptos a seis aspirantes, pero otro informe terminó declarando apto únicamente al hermano de Pedro Sánchez.
El 30 de junio se acordó su contratación y el 10 de julio firmó como personal de alta dirección. La sentencia considera probado que después apenas acudió a su puesto, que sus contactos con los conservatorios fueron esporádicos y terminaron siendo casi inexistentes.
El calendario político añade otra coincidencia. Pedro Sánchez había recuperado la secretaría general del PSOE en las primarias del 21 de mayo de 2017 y fue ratificado por el congreso federal el 18 de junio. Once días después de esa proclamación, el 29 de junio, se propuso formalmente contratar a su hermano.
La Audiencia Provincial de Badajoz condenó a las once personas juzgadas por este caso. David Sánchez recibió nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de prevaricación administrativa.
Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación y antiguo secretario general del PSOE extremeño, recibió dieciocho años por dos delitos. Concluyó que se adoptaron resoluciones arbitrarias para favorecer a destinatarios concretos.
¿Qué debería decir un socialista?
Que once condenas por utilizar una administración de manera arbitraria constituyen una victoria de lo público frente al privilegio. Que los miles de ciudadanos que estudian, compiten y presentan méritos merecen algo mejor que enterarse de que una plaza tiene dueño antes de celebrarse las entrevistas.
Sin embargo, el ministro Óscar Puente no reaccionó celebrando que se castigara la prevaricación. Denunció que se estaban tensando las instituciones con la finalidad de "derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".
El partido se declaró convencido de la inocencia del condenado y convirtió una sentencia de tres magistrados en otro episodio de persecución contra Pedro Sánchez.
El centro del relato ya no era la Diputación perjudicada, era la familia política del poder.
De Educación a la nómina del macroministerio
Ese mismo 14 de julio, el Consejo de Ministros autorizó trasladar exactamente 309.840.377,20 euros desde Educación, Formación Profesional y Deportes al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para cubrir insuficiencias en gastos de personal.
No está probado que esos casi 310 millones se destinen a asesores de Moncloa. Presidencia incluye también una enorme estructura de Justicia, con funcionarios, órganos administrativos y servicios territoriales.
El problema es que el acuerdo público no identifica qué programas educativos pierden el crédito, qué plantillas producen la insuficiencia ni cómo pudo haber un desfase salarial semejante.
La cantidad permite financiar más de diez veces los 31,3 millones que ese mismo Consejo de Ministros destinó al impulso y la calidad de la Formación Profesional en las comunidades autónomas.
No demuestra ilegalidad, pero ayuda a comprender su escala. El Gobierno movió para nóminas de otro departamento una cifra casi diez veces superior a la partida territorial de FP aprobada aquel día.
España sigue funcionando en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados por tercer año consecutivo.
Entre enero y marzo de 2026, las modificaciones presupuestarias rozaron los 32.000 millones de euros; en el primer trimestre de 2022 apenas superaban los 7.000 millones.
El Gobierno no está paralizado por carecer de nuevas cuentas. Reconstruye las antiguas mediante transferencias, ampliaciones y suplementos de crédito.
Todo esto puede ser legal, pero una socialdemocracia seria no debería conformarse con que una transferencia sea legal. Debería exigir que cada euro recaudado sea comprensible, rastreable y defendible.
El cortesano funciona al revés, primero averigua quién mueve el dinero y después decide si necesita explicaciones.
Me debo a quien me designa
Tres días después, el 17 de julio de 2026, compareció en el Senado Manuel Llamas Fernández, director adjunto operativo de la Guardia Civil. Al explicar por qué seguía en el cargo pese a los cuestionamientos recibidos, pronunció una frase que vale por un tratado entero sobre la colonización institucional: "Me debo a quien me designa y tiene la potestad de cesarme en cualquier momento".
La frase fue pronunciada ante la comisión que investiga las operaciones relacionadas con Koldo García. No constituye la confesión de ninguna orden ilegal, y Llamas ha negado haber presionado a la UCO, pero revela una concepción peligrosa de la lealtad pública.
Un alto mando no se debe personalmente a quien lo nombra, depende de él administrativamente, pero se debe a la ley, a la institución y a los ciudadanos.
El cortesano no necesita recibir una orden comprometedora. Conoce quién puede ascenderlo, mantenerlo o cesarlo. Aprende qué investigaciones molestan, qué silencios tranquilizan y qué iniciativas ponen en riesgo su carrera.
No siempre se elige al incompetente. A veces se selecciona a alguien muy competente para comprender lo que se espera de él. La influencia más eficaz no deja una orden escrita. Consigue que el subordinado se la dicte a sí mismo.
Treinta jueces para una sola conspiración
Cuando las causas alcanzan a la esposa del presidente, a su hermano o al fiscal general del Estado, el Gobierno y su entorno recurren repetidamente al concepto de lawfare.
La instrumentalización política de la justicia puede existir. Un instructor puede extralimitarse, una acusación popular puede actuar partidistamente y una resolución puede ser revocada.
Pero quien sostiene que existe una operación judicial organizada debe demostrar algo más que la existencia de decisiones que perjudican a su partido.
Fernando Garea hizo una cuenta reveladora en la SER. En los procedimientos relacionados con Begoña Gómez, David Sánchez y Álvaro García Ortiz habrían intervenido, en distintas fases, alrededor de treinta jueces que permitieron que las causas continuaran.
No es un cálculo oficial ni una prueba matemática contra el lawfare, pero plantea una pregunta evidente: ¿cuántos magistrados de juzgados, audiencias y Tribunal Supremo deben integrarse en la conspiración para que ninguna resolución desfavorable pueda atribuirse simplemente a la valoración judicial?
En el caso de Begoña Gómez, cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid acordaron por unanimidad mantener el procedimiento por presunto tráfico de influencias y malversación, aunque eliminaron otros delitos y levantaron medidas cautelares.
David Sánchez ya ha sido condenado por la Audiencia de Badajoz, como se explico antes, aunque la sentencia sea recurrible.
Y el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 20 de noviembre de 2025 por revelación de datos reservados con dos años de inhabilitación, multa de doce meses e indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador.
La coartada del lawfare resulta políticamente perfecta porque no puede perder. Si un juez archiva, se demuestra la inocencia. Si investiga, está politizado. Si una Audiencia confirma, la conspiración se amplía. Si condena el Supremo, la cúpula judicial también está contaminada.
Del votante al feligrés
En las elecciones generales de 2023 el PSOE obtuvo cerca de 7,8 millones de votos y 121 diputados. No todos esos ciudadanos viven de una subvención, aprueban cada decisión del Gobierno o ignoran los escándalos. Reducirlos a una masa comprada o estúpida sería falso y, además, inútil.
Muchos votan por memoria familiar, identidad ideológica, defensa de servicios públicos, rechazo a la derecha o miedo a Vox. Otros creen que, pese a todo, el PSOE protege mejor sus intereses.
El problema no consiste en que mantengan sus ideas, sino en que algunos hayan dejado de someter a su partido a las mismas reglas que exigen al adversario.
Si gobierna la derecha, un nombramiento discrecional es colonización institucional. Si gobierna el PSOE, es cuestion de confianza.
Si la derecha mueve cientos de millones de euros sin explicarlos, está desmantelando los servicios públicos. Si los mueve el Gobierno propio, es una operación contable.
Si condenan al adversario, funciona el Estado de derecho. Si condenan al hermano del presidente, quieren derribar al Gobierno.
El ciudadano examina los hechos y después forma una opinión. El feligrés conoce primero quién es el acusado y adapta después su criterio.
El bienestar del partido
El socialismo prometía someter los privilegios particulares al interés general. La corte contemporánea ha invertido la fórmula, utiliza el interés general como vocabulario para proteger privilegios particulares.
No se defiende a la Administración, sino a quienes la administran.
No se protege el presupuesto, sino la libertad del Gobierno para moverlo. No se exige mandos independientes, sino mandos agradecidos. No se combate los privilegios, sino únicamente los privilegios del adversario.
El cortesano moderno no espera a las puertas de un palacio. Puede ser ministro, asesor, alto mando, periodista, militante o usuario anónimo. Se reconoce porque considera moral todo lo que conserva a los suyos en el poder.
Por eso ya no quedan socialistas. Un socialista habría celebrado que once personas fueran condenadas por utilizar arbitrariamente una institución pública. Habría exigido el desglose de los 300 millones que han ido de Educación a Presidencia. Habría recordado al DAO que no se debe a quien lo nombra, sino al Estado. Y antes de acusar de lawfare a treinta magistrados distintos, habría pedido pruebas.
Lo que queda es una corte que llama justicia social al reparto entre los suyos, progreso a la permanencia y democracia al derecho adquirido de gobernar.
Y cuando alguien pregunta a quién pertenece el Estado, el cortesano responde sin darse cuenta de que está confesando su verdadera doctrina, que lo público es de todos, hasta que los socialistas llegan al poder.
@boroscq sería fabuloso pero con los mimbres que tenemos es una quimera y puedo decir que a lo largo de mis muchos viajes por el mundo no andas descaminado en cómo describes a cada grupo ojalá se pudiera hacer 👍💪
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