Apreciada Presidenta, Artículo 2(4) de la Carta de la ONU habla de uso de la fuerza entre Estados y de agresión militar, no de la ejecución de órdenes judiciales por delitos graves.
Nicolás Maduro tiene acusaciones, investigaciones y órdenes de captura internacionales desde hace años, además de alertas y recompensas públicas por crimen organizado y narcoterrorismo.
No se trata de “amenaza a la soberanía”, se trata de responsabilidad penal.
El derecho internacional también protege a las víctimas, no solo a los gobernantes que violan la ley.