16 𝐚ñ𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐧í𝐚: 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐞𝐳𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐣𝐨 “𝐧𝐨” — 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐮𝐠𝐨𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐯í𝐚 𝐧𝐨 𝐡𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨
Chávez ordenó su destrucción en cadena nacional. Maduro la mantuvo presa. Delcy Rodríguez le negó la amnistía. Una casta de jueces sin escrúpulos firmó los papeles. Y un régimen entero la condenó por un delito que ni siquiera existe. Esta es la historia de María Lourdes Afiuni y de todo lo que le deben.
Por Elizabeth Sánchez Vegas
Imagina que haces tu trabajo con integridad absoluta. Que cumples la ley al pie de la letra. Que respaldas tu decisión en un pronunciamiento de las Naciones Unidas. Y que al día siguiente estás en una celda rodeada de las mismas criminales que tú misma habías sentenciado, mientras el hombre más poderoso del país te llama “bandida” por televisión frente a millones de personas.
Eso no es una novela de Kafka. Eso le ocurrió a la jueza venezolana María Lourdes Afiuni Mora el 10 de diciembre de 2009, el Día Internacional de los Derechos Humanos, con toda la ironía que eso implica, cuando cumplió una decisión respaldada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y fue arrestada horas después por orden directa de Hugo Chávez, quien desde una cadena nacional exigió que la condenaran a 30 años de prisión. La pena máxima en Venezuela. Sin juicio. Sin pruebas. Con la rabia de un caudillo herido como único fundamento.
Han pasado 16 años. Y la pesadilla todavía no ha terminado.
Afiuni había otorgado medidas cautelares al empresario Eligio Cedeño, cuya detención el propio organismo de la ONU había declarado arbitraria e ilegal. Hizo exactamente lo que la ley y la comunidad internacional le pedían que hiciera. Chávez la convirtió en su enemiga personal ante toda Venezuela. En cualquier democracia del mundo, esa interferencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial hubiera bastado para un juicio político fulminante. En Venezuela bastó para mandar a una mujer inocente a prisión.
Hay cosas que pasaron dentro de esas paredes del INOF que cuestan escribir. Que cuestan leer. Que esta jueza tuvo que narrar en voz alta, en un tribunal, frente a sus verdugos, para que quedaran en el expediente, porque era la única manera de que el mundo lo supiera. No vamos a repetirlas aquí con detalle, porque ella merece más que ser recordada por lo que le hicieron. Pero sí diremos esto: lo que sufrió María Lourdes Afiuni en esa cárcel no fue descuido ni negligencia. Fue deliberado. Fue sistemático. Y fue documentado por la ONU, por Amnistía Internacional y por ella misma, con una valentía que ningún ser humano debería verse obligado a tener.
Las consecuencias físicas la acompañaron por años: una infección uterina que la llevó al quirófano a las 24 horas de su primer excarcelamiento, una segunda cirugía en 2012 y disparos de desconocidos contra su propia vivienda cuando ya estaba en arresto domiciliario. El mundo lo denunció. El chavismo no escuchó.
Y entonces llegó el golpe más absurdo de todos, el que resume mejor que cualquier otro argumento lo que es la justicia venezolana bajo este régimen. En marzo de 2019, diez años después de su arresto, un tribunal la condenó a cinco años de prisión. El cargo: “corrupción espiritual.”
Detente ahí. Léelo de nuevo. Corrupción. Espiritual.
No existe ese delito en el Código Penal venezolano. No existe en ningún código penal del planeta. Cuando los venezolanos lo buscaron en internet al conocerse la sentencia, lo único que aparecía eran referencias religiosas y esotéricas. El propio director del Foro Penal Venezolano lo dijo sin rodeos: “La inmoralidad o la corrupción del espíritu son temas de la religión, no del Derecho.” Un abogado penalista lo tradujo al lenguaje de la calle: “Es como condenar a alguien por homicidio sin que exista un muerto.” Y la razón por la que llegaron a ese absurdo es aún más reveladora: la propia fiscal del caso reconoció en el expediente que no había beneficio económico, ni cobro, ni promesa de dinero, que es exactamente lo que la ley exige para configurar corrupción. No tenían caso. No tenían prueba. No tenían delito. Entonces inventaron uno. Le llamaron espiritual y firmaron los papeles.
Nicolás Maduro gobernó trece años con el expediente de Afiuni sobre la mesa. Tuvo la autoridad moral y constitucional de cerrar ese caso desde el primer día de su gobierno. Eligió no hacerlo. Cada año de silencio fue una firma tácita sobre la continuación del crimen.
Y luego está Delcy Rodríguez y aquí viene la contradicción más cínica de toda esta historia, la que hay que leer con calma. En 2026, como presidenta encargada de Venezuela, Rodríguez anunció con fanfarria una gran reforma del sistema judicial. Habló de transparencia, de renovar el Tribunal Supremo, de acabar con los jueces que en sus propias palabras “cobran comisiones para otorgar libertades.” Prometió transformación profunda. Mientras pronunciaba esos discursos, la familia de Afiuni presentó su caso ante el Programa de Convivencia y Paz, el programa bajo el mando directo de Delcy Rodríguez. La respuesta fue silencio. Luego fue un no. No se puede hablar de reforma judicial con credibilidad mientras María Lourdes Afiuni sigue sin pasaporte, sin derecho al voto, sin poder hablar en público, y obligada a presentarse ante el mismo sistema que la destruyó cada treinta días, como recordatorio permanente de que el poder no perdona.
Detrás de todos ellos hay una fila de jueces que firmaron cada auto, cada resolución, cada prórroga. Jueces que sabían que “corrupción espiritual” no existía en ninguna ley y firmaron de todas formas. La magistrada Elsa Gómez, señalada por la propia Sala Constitucional del TSJ por actuar “de forma grotesca.” Maikel Moreno, expresidente del TSJ, pieza clave en el control judicial del régimen. Ambos salen ahora por la puerta trasera de una “renovación” que los jubila en silencio, sin un solo cargo, sin rendir cuentas a nadie. La crueldad más refinada de este sistema es que sus cómplices no van presos. Se jubilan. Se reciclan. Y el teatro cambia de actores, pero las víctimas siguen siendo las mismas.
Y para que nadie dudara del alcance de su venganza, el régimen también fue por su abogado: el Dr. José Amalio Graterol, quien la defendió durante años con valentía y rigor frente a un sistema que hacía todo lo posible por aplastarla, fue forzado al exilio en 2017. Defender a Afiuni tenía un precio y él también lo pagó.
Venezuela está cambiando. Lentamente, dolorosamente, con pausas y retrocesos que desafían la paciencia, pero cambiando. Ya hubo excarcelaciones. Ya hay negociaciones. Ya hay una Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que dice en voz alta lo que millones susurran desde hace un cuarto de siglo. El sistema que destruyó a Afiuni está siendo desafiado desde adentro y desde afuera como nunca antes en su historia.
Y cuando ese cambio se consolide y se consolidará, el primer símbolo verdadero de que Venezuela recuperó su justicia no debería ser un discurso ni una foto oficial. Debería ser algo mucho más sencillo y mucho más poderoso: una mujer con el pasaporte en la mano, cruzando libremente la ciudad que la tuvo presa, para abrazar a los nietos a quienes tanto le deben. Sin restricciones. Sin presentarse ante ningún tribunal. Con su nombre y su dignidad completamente restaurados ante la historia.
𝑳𝒐𝒔 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒖𝒈𝒐𝒔 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆𝒏 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒆. 𝑸𝒖𝒆𝒅𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒄𝒓𝒊𝒕𝒐𝒔. 𝒀 𝒍𝒂 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂, 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒊𝒏𝒊𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒎á𝒔 𝒑𝒂𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓 𝒓é𝒈𝒊𝒎𝒆𝒏, 𝒚𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒔𝒕á 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐.
P.D. — Soy venezolana. He seguido esta historia, como tantas otras de mi país, desde el primer día. Y hoy simplemente sentí que no podía dejar pasar un día más sin plasmarla, porque algunos silencios también tienen un precio.
El nuevo documental sobre Óscar Pérez abrió una herida que nunca cerró, pero también reafirmó la convicción de su familia. Sus hijos hablaron sobre el “orgullo” que representó la lucha de su padre por la libertad de Venezuela.
“Que la gente sepa que él no fue ningún actor ni infiltrado. Todo lo hizo de corazón por Venezuela. Ojalá inspire a muchos a seguir luchando por la libertad”, señaló Santiago.
Un testimonio familiar que vuelve a poner en el centro la huella que dejó Óscar Pérez y el costo que pagó su familia por su decisión de enfrentar al régimen. #VPItv.
#Urgente La Chaconera, zona agricola de Portuguesa se encuentra en emergencia por el desvío del caño zamurito que provocó la inundación de fincas, desatando la indignación de productores que temen la pérdida total de sus cosechas que han sacado adelante con las uñas.
Mañana, 9 de junio, volveré a pedir la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, y especialmente la de mi hermano. en la embajada de EEUU , EN ARGENTINA.
Libertad para todos los presos políticos en Venezuela.
Libertad para Germán Giuliani. @hacemosguarimba
Cinco meses cumplen los familiares y amigos de los presos políticos en vigilia permanente a las afueras de El Rodeo.
La dictadura ha mentido al menos en tres oportunidades con la liberación de los que hoy mantienen como rehenes políticos, jugando cínica y cruelmente con la esperanza de madres y familiares que anhelan ese abrazo en libertad.
Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares.
¡Libertad para el Capitán Juan Carlos Caguaripano! 🇻🇪
Hace casi 9 años, el 6 de agosto de 2017, el Capitán Juan Carlos Caguaripano Scott se alzó en la Operación David Carabobo contra la tiranía. No buscaba poder, buscaba restaurar la Constitución y la libertad de Venezuela. Por eso lo persiguen, lo torturan y lo mantienen preso desde el 11 de agosto de 2017.
Hoy sigue encerrado en condiciones inhumanas. Sobrevivió a torturas brutales, descargas eléctricas y humillaciones, pero su dignidad y su amor por la patria siguen intactos.
No es solo un militar; es un símbolo de valentía, honor y resistencia. Su sacrificio no puede caer en el olvido. ¡Libertad inmediata para Caguaripano y todos los presos políticos !
#LibertadParaCaguaripano
Que su nombre retumbe hasta que lo liberen. ¡No más silencio! 💪🗽
“Nos vamos a mantener aquí hasta que seamos atendidos por John Barrett”: Familiares de los presos políticos a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.
#8Jun Nelson Afiuni, hermano de la jueza María Lourdes Afiuni, emitió una nueva declaración para detallar la situación de la magistrada y explicar los motivos de la carta abierta dirigida a John M. Barrett, encargado de negocios de la @usembassyve, así como a los congresistas @SenRickScott y @MaElviraSalazar.
En su pronunciamiento, la familia denuncia que la jueza fue injustamente excluida de los beneficios procesales de las recientes leyes de amnistía de 2026, por lo que solicitan con urgencia una medida humanitaria e intervención internacional que ponga fin a 16 años de persecución y limbo judicial, permitiendo finalmente el anhelado reencuentro familiar.