La corrupción en trámites no es una “molestia administrativa”: es el Estado cobrándole doble a la gente. Primero con impuestos; después con mordidas, abusos y ventanillas capturadas. Cuando un derecho depende de pagarle a alguien, deja de haber Estado de derecho.
Lo más grave no está solo en la cifra, sino en dónde ocurre: seguridad pública, fiscalías, permisos, contactos con autoridad. Justo donde el ciudadano debería encontrar protección, muchas veces encuentra extorsión. Ahí nace la impunidad: en la patrulla, en la ventanilla, en el MP.
La ENCIG 2025, del @INEGI_INFORMA, no solo mide corrupción; exhibe una falla de gobierno. Transparencia sin sanciones es simulación. Rendición de cuentas sin consecuencias es discurso. Y un país donde la ley se negocia en efectivo no tiene trámites caros: tiene instituciones rotas.
Hoy la #SCJN determinó que la vía administrativa es la vía correcta para reclamar actuaciones irregulares del Ministerio Público y declaró inconstitucional la “caducidad de la acción penal” en Baja California por cerrar casos sin verdad ni reparación para las víctimas.
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1️⃣ Derrocar a un dictador suena moralmente justo. Nadie llora por un tirano. Pero el derecho internacional no se construyó para proteger a los buenos, sino para contener a los poderosos. Por eso prohíbe la fuerza casi sin excepciones: no porque ignore la injusticia, sino porque sabe que, si cada país decide a quién “liberar” a balazos, el mundo vuelve a la ley del más fuerte.
2️⃣ El problema no es Maduro. El problema es el precedente. Cuando la fuerza militar se usa para cambiar gobiernos sin reglas claras, la soberanía deja de ser un límite y se vuelve un estorbo. Hoy es “derrocar a un dictador”; mañana será “corregir una elección”, “proteger intereses”, “restaurar el orden”. El derecho no absuelve dictaduras, pero tampoco legitima cruzadas unilaterales.
3️⃣ La pregunta incómoda no es si un tirano merece caer, sino quién decide cuándo y cómo. Porque la historia enseña algo brutal: sacar al dictador es fácil; construir justicia después, no. Y cuando la legalidad se rompe en nombre del bien, casi siempre lo que sigue no es libertad, sino caos, violencia y nuevas víctimas. El derecho existe para recordarnos eso, incluso cuando incomoda.
El gran cuello de botella del sistema penal mexicano es la enorme impunidad que lo caracteriza, en etapas anteriores al conocimiento de un caso por parte de un juez.
Si se invirtiera más en prevención del delito, si presentar una denuncia ante el Ministerio Público fuera más rápido y sencillo, si hubiera mejores técnicas de investigación de los delitos, si las escenas de los hechos fueran correctamente analizadas y los indicios adecuadamente levantados (incluyendo una observancia puntual de la cadena de custodia a la que se refieren los artículos 227 y 288 del Código Nacional de Procedimientos Penales), los resultados serían diametralmente opuestos.
Pero queremos que a partir de medidas absurdas como la de la prisiòn preventiva oficiosa se establezca el rumbo del proceso penal, sin tomar en cuenta las circunstancias específicas del caso y sin tener confianza en quienes imparten justicia. No es, en modo alguno, una solución adecuada a los problemas del sistema penal mexicano ni se va a lograr con ello abatir los altos índices de inseguridad que padecemos.
Tenemos mucha tarea por delante. Deberíamos entre todos aportar ideas para solucionar el grave problema de la inseguridad pública y la persistente impunidad.
¡Un cobarde agrede a una joven clavándole un picahielo en el glúteo!
¡SÍ, OTRA VEZ SLP!
¿Qué chingad0s nos pasa?
El aberrante ataque ocurrió en la colonia Jacarandas, si identificas al sujeto proporciona los datos a @FiscaliaSLP.
Lo están buscando ¡RT!