En 2025, las exportaciones de oro ilegal alcanzaron aproximadamente US$11 mil millones: 55% más que el año anterior y 6.5 veces el valor registrado hace una década (IPE, 2026). Ya no hablamos de una actividad pequeña u oculta, sino de una economía ilegal con capacidad para expandirse, financiar redes criminales y disputar el control del territorio.
Y el problema ya no se limita al oro. El Fondo Monetario Internacional (2026) estima que la extracción ilegal de cobre llegó a representar hasta el 5% de las exportaciones peruanas de este metal en 2024. La ilegalidad está siguiendo el precio de los minerales y buscando nuevas oportunidades para crecer.
Esto no es lo mismo que la minería formal. Esta última puede tener impactos, pero está sujeta a permisos, obligaciones ambientales, fiscalización y aportes al Estado. La minería ilegal trabaja fuera de esas reglas. Donde avanza, deja deforestación, contaminación por mercurio, empleos precarios y mayor presencia de organizaciones criminales (MAAP, 2024; CEPLAN, 2024). También debilita las instituciones y desalienta la inversión formal (CEPLAN, 2024).
Este 28 de julio, ¿qué no puede seguir esperando?
Recuperar el control frente a la minería ilegal. Eso exige cerrar el ciclo de prórrogas del REINFO, crear una ruta seria de formalización con plazos y controles, rastrear el origen del oro y los insumos, reforzar la inteligencia contra las redes criminales y asegurar una presencia permanente y coordinada del Estado en los territorios afectados (IPE, 2026).
No se trata de frenar la minería. Se trata de frenar la ilegalidad.