Wilson Andrés Cadena

Arquetipo. Resisto, entiendo y después actúo.

[Banco Davivienda @Davivienda]

¡Por fin abrimos las puertas del Lugar Equivocado! Y en este Hotel, lo que pasa durante la celebración de un gol, se queda en la celebración del gol 🤣

[𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑻𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 @SoyDefensor_]

Muy pertinente el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema en contra de la ‘inflación’ de cargos por parte de los fiscales…

[Jhony Batalla Mena @DoctorBatalla]

La sentencia SP298-2026, rad. 60331, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, toca una fibra estructural del proceso penal colombiano: la imputación no puede inflarse para fabricar una negociación aparentemente benéfica. El caso llega por el recurso extraordinario de casación del Ministerio Público contra una condena fundada en preacuerdo, en la que se alegó que el procesado aceptó cargos por homicidio agravado pese a que las agravantes no tenían soporte probatorio suficiente y que, por tanto, el beneficio ofrecido era apenas aparente. La demanda lo dijo con crudeza: la aceptación habría sido producto de una “imputación inflada”, sin verdadero beneficio para el acusado.

La potencia de la decisión está en que la Corte recuerda que la justicia premial no puede convertirse en un mercado oscuro de ficciones: aunque en preacuerdos y allanamientos no se exige el estándar de conocimiento propio del juicio oral, sí debe existir un mínimo probatorio real, legalmente obtenido, que permita inferir autoría, participación y tipicidad, justamente para proteger la presunción de inocencia. La aceptación de cargos no puede llenar vacíos probatorios, ni la confesión puede operar como sustituto de corroboración. Eso es decisivo, porque cuando el sistema permite que una hipótesis débil se disfrace de cargo fuerte, el preacuerdo deja de ser una herramienta de justicia y se convierte en un mecanismo de presión. Visto con las gafas de Larry Laudan, esto revela uno de los puntos ciegos más peligrosos del sistema penal: el falso hallazgo de inculpación. No necesariamente porque en este caso concreto estemos ante un inocente condenado, sino porque la lógica de inflar cargos crea el ecosistema perfecto para que personas inocentes, o responsables de menos de lo que se les atribuye, acepten responsabilidad por miedo al castigo mayor. Allí el error judicial no nace al final, en la sentencia; nace mucho antes, en la arquitectura de la imputación, cuando la Fiscalía convierte una hipótesis investigativa en moneda de negociación. Ese es el drama que Colombia casi no mira: no solo condenan los jueces; también puede condenar una mala imputación cuando empuja al acusado a rendirse ante una amenaza punitiva artificial.

Por eso esta sentencia debe leerse como una advertencia cultural: tomar los hechos en serio también en la justicia negociada. El preacuerdo no puede ser el cementerio de la prueba ni el refugio de imputaciones maximalistas. Si el cargo no está epistémicamente sostenido, no puede servir para negociar; y si sirve para negociar, debe poder resistir un control judicial serio, transparente y material. Lo contrario es abrirle la puerta a una de las formas más silenciosas, y más detestables, del error penal: condenar no porque se probó, sino porque se presionó. @CancinoAbog @fbernate @PereiraYPereira @PatronMAngelica @aizaquita @Funproinocencia @PatronMAngelica @E_Procesal

[Luis Carlos Melo Vides @Melovides]

La Corte Suprema de Justicia ya resolvió una acción de tutela por el uso de símbolos patria del candidato Abelardo De La Espriella, confirmando la improcedencia en segunda instancia, dado que el mecanismo correcto es la denuncia ante el CNE. https://t.co/kRDGBWRXcV

[Ronald J. Sanabria V. @Ronaldsanabria1]

LA INCAPACIDAD MÉDICA DE LOS JUECES CONSTITUYE FUERZA MAYOR Y SUSPENDE EL CONTEO PARA LA LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS
STP16886-2025

Consulte el análisis: https://t.co/1HqfTECSVu

La Corte Suprema estudió un caso en el que dos personas pedían quedar en libertad porque, según su defensa, ya habían pasado más de 500 días desde la acusación sin que existiera sentencia. En Colombia, cuando ese plazo se supera, la ley permite solicitar la libertad por vencimiento de términos.

Sin embargo, el punto clave del caso estuvo en determinar si todo el tiempo transcurrido debía contarse o si existían periodos que legalmente podían excluirse. La Corte concluyó que sí había lapsos que no podían sumarse al conteo, especialmente el tiempo en que la jueza encargada del proceso estuvo incapacitada y posteriormente falleció.

¿Por qué esto fue tan importante? Porque la defensa sostenía que ese retraso hacía parte de la mora judicial y que, por tanto, debía beneficiar a los procesados. Pero la Corte explicó que no toda demora significa que el Estado esté actuando negligentemente. Hay situaciones extraordinarias e imprevisibles que paralizan un proceso y que la ley considera casos de fuerza mayor.

En este caso, la jueza del proceso estuvo incapacitada médicamente desde julio de 2024 y después falleció. Eso obligó a realizar trámites administrativos para nombrar un nuevo juez. Durante ese tiempo el proceso prácticamente no podía avanzar de manera normal. Por esa razón, la Corte entendió que esos días no podían contabilizarse dentro del plazo de los 500 días.

Esa decisión tuvo un efecto directo en el resultado del caso. Si se contaban todos los días, los procesados podían recuperar la libertad. Pero al descontar el tiempo correspondiente a la incapacidad y fallecimiento de la jueza, el término final quedó en 476 días, es decir, por debajo del límite legal. Por eso la libertad por vencimiento de términos fue revocada.

La enseñanza principal de esta decisión es sencilla: la Corte Suprema dijo que la incapacidad médica y el fallecimiento de un juez pueden suspender el conteo para la libertad por vencimiento de términos, porque se trata de hechos extraordinarios que no dependen de la voluntad de la administración de justicia.

[VirtudMental @VirtudMental]

La magia de Cristiano Ronaldo joven es increíble...

[OMAR EDUARDO GIL ORDÓÑEZ @oego69]

¡Lo logramos! Aquí está la aplicación de MENS@JE JURÍDICO, servicio de información jurisprudencial penal. No ocupa espacio en la tableta, celular o computador. Es SIN COSTO y para toda la comunidad en lo penal. https://t.co/WGeuKutKEQ Ya la puede instalar.

[Tola y Maruja @Tolaymaruja]

Dejen de mandar bobadas, porfis…

[Hernán Miranda Abaúnza @Hernan_MirandaA]

Si en Colombia fuésemos serios y aplicáramos una norma tan sencilla como lo es el art. 27 del código civil, el solo parágrafo del art. 25 CP sería suficiente para que esta respuesta fuese igualmente fácil. El problema es cuando las modas superan la literalidad, para restringir garantías como el propio principio de legalidad.

[Juan G. Coronado @JuanGCoronado]

El hecho de que un fiscal, con competencia para aforados, actúe respecto de no aforados, no configura por sí mismo causal incompetencia. https://t.co/BIsqvzQ1AL

[Alejandro Sánchez @alfesac]

🚨 CSJ SEPI | M. P. Barreto | Rad. 00343

Interesante decisión y discusión probatoria en el proceso seguido contra un ex Fiscal por presunto prevaricato por acción.

La Sala negó varias pruebas solicitadas por la defensa relacionadas con el llamado “Comité de Procesos” de la Fiscalía y con la entrega completa de un expediente administrativo.

El salvamento acude el principio de caridad en la argumentación:

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[Wilson Andrés Cadena @WACadenaG]

@EmmaRincon @jrestrp @ABDELAESPRIELLA Tremendo

[Emmanuel Rincón @EmmaRincon]

Aquí @jrestrp explica magistralmente el plan económico del gobierno de @ABDELAESPRIELLA, les recomiendo tomarse unos minutos para escuchar y comprender como Colombia saldrá adelante en los próximos años:

[Wilson Andrés Cadena @WACadenaG]

@Gerariascortes @VickyDavilaH 🤣

[Melquisedec Torres @Melquisedec70]

Atención. El sindicato de Ecopetrol @usofrenteobrero anuncia que no votará por @IvanCepedaCast
Apoyarán a los candidatos que exploren más petróleo y gas y hagan fracking.

[Luis Carlos Jiménez @luisjimenezro]

Homicidio culposo y extinción de la acción penal

La Sala de Casación Penal resolvió un asunto relevante para los procesos por homicidio culposo: una persona condenada en primera instancia, con fallo confirmado en segunda, obtuvo la extinción de la acción penal cuando el caso ya se encontraba en casación. La Corte no revocó la condena ni declaró inexistente la conducta. La decisión se apoyó en un hecho distinto: los perjudicados fueron reparados integralmente mediante una transacción.

El acuerdo transaccional tuvo un papel decisivo. Por medio de ese acto, los perjudicados declararon haber recibido la indemnización por los daños materiales y morales causados con el delito. Esa reparación permitió activar una forma de terminación del proceso penal fundada en la indemnización integral. No se trató, entonces, de que la transacción extinguiera por sí misma la acción penal, sino de que sirvió como prueba del cumplimiento de la reparación exigida por la ley.

La Corte recordó que la versión original de la Ley 906 de 2004 no incluía la reparación integral como causal de extinción de la acción penal. Esa institución era propia de la Ley 600 de 2000. Por eso, antes de la reforma, su aplicación en procesos regidos por la Ley 906 dependía del principio de favorabilidad, siempre que la Corte no hubiera decidido aún la demanda de casación.

Ese panorama cambió con la Ley 2477 de 2025. La nueva regulación incorporó expresamente la reparación integral dentro del sistema de la Ley 906 de 2004. Para ello modificó el artículo 77 e introdujo una regla específica sobre los delitos, condiciones y trámite de esta causal de extinción. Lo que antes se aplicaba por favorabilidad, hoy tiene consagración expresa en el procedimiento penal acusatorio.

En el caso concreto, la Corte verificó los requisitos. El delito era homicidio culposo sin circunstancias de agravación punitiva. La reparación fue acreditada. La solicitud se presentó antes de que la Sala decidiera sobre la admisión de la demanda de casación. Además, no existía registro de que el procesado hubiera recibido, dentro de los cinco años anteriores, un beneficio semejante por indemnización integral.

Con esos elementos, la Sala se abstuvo de estudiar la demanda de casación, declaró extinguida la acción penal por indemnización integral y precluyó la actuación. El resultado práctico fue significativo: aunque ya existía una condena confirmada por homicidio culposo, la reparación integral de los perjudicados impidió que el proceso continuara produciendo efectos penales contra el condenado.

[Andrés Vanegas Canosa @avcanosa]

El auto no condena en costas, pero compulsa copias a la Comisión Seccional de Disciplina. Lección: la tecnología no convierte al abogado en menos abogado, lo obliga a serlo más. La IA no afloja los deberes de lealtad, buena fe y probidad. Los exige con renovado vigor. Bien usada, fortalece la tutela judicial efectiva.

[Andrés Vanegas Canosa @avcanosa]

El giro maestro: la propia magistrada usa Claude para construir el cuadro comparativo entre lo alegado y lo realmente decidido, y lo confiesa en nota al pie 29 con prompt incluido y trazabilidad metodológica. El juez no predica abstinencia: predica con el ejemplo correcto.

[C. Andres Bustamante B. @Bustamante01_]

En 2da instancia, Juzgado Penal del Circuito de Pereira revoca decisión de Juzgado de Garantías, y en su lugar, ordena el levantamiento de las medidas no privativas de la libertad por vencimiento de términos, solicitada por la defensa a través de audiencia preliminar innominada.

[RSanabria Protección Penal @RsanabriaCo]

⚖️ ¿Toda irregularidad genera exclusión de la prueba?

No.

Y entender esa diferencia es fundamental en litigación penal.