#Opinión ✍| La osadía de Jesús Plácido al denunciar los ataques de la delincuencia incomodó a las autoridades, por eso el gobierno inició una campaña de linchamiento haciendo aparecer a Jesús como parte de un grupo de la delincuencia. https://t.co/tvkJ5rnbch
🗯️ La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso a consulta los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias.
🧵 En ARTICLE 19 analizamos esta propuesta y aquí te contamos por qué este debate es vital para nuestra democracia:
Imagina una redacción a las ocho de la noche. Un reportero llega con una investigación sobre corrupción. Hay documentos, testimonios y meses de trabajo, pero alguien hace una sola pregunta: ”¿Y si después dicen que la información no estaba suficientemente contextualizada?” El silencio que sigue vale más que cualquier discurso sobre libertad de expresión.
Nadie necesita entrar a un noticiero para prohibir una nota. Basta con crear reglas ambiguas, dejar que una autoridad decida qué era “verdadero”, qué contexto era “suficiente” y qué investigación podía publicarse sin arriesgar multas. Ahí el derecho deja de proteger a las audiencias y empieza a disciplinar a los medios. El derecho de réplica nació para corregir después, no para obligar a pedir permiso antes de informar.
Las democracias no empiezan a perder la libertad de expresión cuando cierran un periódico. Empiezan a perderla cuando un periodista deja de hacer una pregunta, un editor guarda un expediente en un cajón o una investigación muere antes de salir al aire porque el costo de publicar resulta más alto que el de callar. Esa censura no hace ruido. Precisamente por eso es la más peligrosa.
‼️EXTRA‼️ El @senadomexicano escondió sus Estados Financieros, a pesar que por responsabilidad hacendaria y por obligaciones de transparencia debe informar a la sociedad cómo gasta el dinero que recibe del erario federal.
Detalles en @Excelsior
El incendio del pozo Krem-1 lleva más de 140 días sin control. En todo este tiempo el fuego ha arrasado con el ecosistema y el agua de la región.
Es solo es un pozo convencional, ¿qué consecuencias podríamos esperar de pozos más complejos como los de fracking?
¡NO AL FRACKING!
Desaparecen al defensor ambiental José Luis Silva Andrade: investigaba un caso de tala ilegal en Michoacán
José Luis Silva Andrade, activista ambiental y defensor del territorio de la comunidad de Agua Fría, en la región de Los Azufres, Michoacán, permanece desaparecido desde el 15 de julio.
De acuerdo con su familia y organizaciones que acompañan el caso, salió de su domicilio para hacer el registro para su posterior denuncia de un área de bosque en la que le reportaron la presencia de sujetos con motosierras que estaban talando ilegalmente.
Dijo que regresaría para la hora de comer, pero no volvió.
Al día siguiente, un sujeto acudió a su domicilio, se identificó como parte de un grupo del crimen organizado y amenazó a su familia.
Mencionó que José Luis Silva Andrade estará “retenido” hasta que firme “unos documentos”.
Su hermano, el también activista ambiental Rolando Silva Andrade, denunció en enero de este año amenazas para que entregara terrenos comunales, para marzo las agresiones se intensificaron y tuvo que irse con su familia de su hogar.
El 16 de marzo sujetos armados ingresaron a la comunidad de Agua Fría amenazando con que levantarán a todos los habitantes.
Para el 18 de marzo se presentaron para obligar a los líderes de la comunidad a firmar documentos falsos para que cedieran sus tierras.
Los habitantes de Agua Fría denunciaron y pidieron protección, ni el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, ni el gobierno federal de Sheinbaum los ayudaron.
En abril, Rolando Silva Andrade, integrantes de la comunidad de Agua Fría y sus autoridades comunales solicitaron su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez.
Pero esta solicitud segue sin una resolución.
Pese a las amenazas documentadas y a las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ambas de la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy.
A pesar de los antecedentes de violencia por parte del crimen organizado, en el caso de desaparición de José Luis Silva Andrade existe una fuerte revictimización por las creencias personales de su hermano.
El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla y la Fiscalía General del Estado de Michoacán tienen la obligación de investigar la desaparición de José Luis Silva Andrade considerando los antecedentes de amenazas, la defensa del bosque comunal, la tala ilegal, el intento de despojo de tierras y la participación del crimen organizado.
Los habitantes de Agua Fría denunciaron desde hace más de seis meses y ninguna autoridad les ha brindado protección.
Es así como Michoacán está perdiendo sus bosques y también a sus personas.
En Tulum, la Presidenta le ordenó a un funcionario público, de viva voz y frente a cámaras, que dejara de aplicar el plan de manejo del Parque del Jaguar. Ese plan no es un trámite: es la norma que define qué se puede y qué no dentro de un área natural protegida. ¿Y a favor de quién se pide incumplirla? De unos prestadores de servicios turísticos que no logran regularizar un predio ahí adentro. Esa es la cadena completa: la jefa del Ejecutivo instruye a un funcionario para que inaplique una norma ambiental en beneficio de particulares.
Ahora la parte que nadie puede saltarse. Ese funcionario no tiene la opción de obedecer a la Presidenta. Los artículos 16 y 128 de la Constitución, no le dan margen: solo puede hacer aquello para lo que la ley expresamente lo faculta, y eso fue justo lo que juró el día de su protesta. Si acata la orden que le dieron, incurre en responsabilidad administrativa y roza el abuso de autoridad, y de nada le va a servir alegar que cumplía instrucciones. Además, la orden presidencial no cambia una coma del plan de manejo: la norma sigue vigente, intacta, exigible. Por eso lo que se le pidió no fue corregir la regla, para eso existe un procedimiento, sino ignorarla, no cumplirla. Y ahí está la línea que separa gobernar de hacer favores.
Lo más grave, sin embargo, no es la instrucción. Es que se haya dado en voz alta, en gira, sin que le temblara la voz a nadie. Nadie ordena públicamente incumplir la ley cuando teme que un Juez pueda otorgar una suspensión, una sentencia o una sanción. Que hoy se diga con esa soltura es la radiografía más honesta de lo que quedó del Poder Judicial. Y conviene no perder de vista el fondo: cuando la ley se vuelve opcional, el beneficiado nunca es el que hace fila, sino el que tiene acceso al oído del poder.
El defensor indígena Jesús Plácido Galindo fue vinculado a proceso este jueves en Guerrero. Desde la región cholulteca en Puebla, exigieron la libertad inmediata del integrante del Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero “Emiliano Zapata” (Cipog-EZ).
Video: CNI
"Esopo lo contó hace 26 siglos y sigue vigente. Pero hoy el Gobernador no grita 'Viene el lobo'; sino 'Vamos bien'.
"El regio no necesita una auditoría para saber como marchan las obras. La calle es un juez difícil de sobornar".
✍️🏽 Ahí viene el lobo
Pablo Zubieta en @elnorte
Un juez de carrera revisó el expediente contra Ruffo y negó las órdenes de aprehensión: la Fiscalía no acreditaba nada. Tres semanas después, la misma Fiscalía tocó otra puerta, una jueza recién electa, de guardia, y en 24 horas el que había sido citado como testigo amaneció convertido en líder criminal, rumbo al Altiplano.
Puede ser culpable. No es ese el punto. El punto es que, con las mismas leyes, a unos les toca penal de máxima seguridad y a otros el Senado, la Cámara de Diputados o un consulado en Florida. La norma es una sola; el rigor se reparte según el color político del apellido.
Eso tiene nombre: justicia selectiva. No necesita inventar culpables; le basta decidir qué carpetas corren y cuáles duermen. Y una fiscalía que escoge a sus presos no imparte justicia: administra selectivamente a quien debe castigarse.
❗️Vecinos de al menos cinco colonias del poniente de Monterrey conformaron el frente ciudadano "Salva tu Cerro" para exigir la revisión de diversos desarrollos inmobiliarios que, aseguran, ponen en riesgo al Cerro de las Mitras por el impacto ambiental y urbano que generan en la zona.
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En México hay una sentencia que lleva cinco años esperando a que alguien la obedezca. En 2021, la @SCJN ordenó al Congreso corregir la “Ley Chayote”, esa ley hueca que permite repartir la publicidad oficial, usando el dinero de todos, a discreción, premiando medios dóciles y asfixiando a los críticos. El plazo venció ese mismo año. El Congreso, simplemente, decidió que no.
La ironía es brutal: el único momento en que sí tocaron la ley fue en 2022, no para cumplir la sentencia, sino para meterla al vapor en el Plan B electoral, y la Corte la tumbó por atropellar el procedimiento. Mientras tanto, PRI, PAN y Morena, los tres sin excepción, concentraron miles de millones de pesos, en los mismos consorcios mediáticos. Cambió el partido, cambió el discurso. El chayote quedó intacto.
Esto ya no se trata de publicidad. Se trata de la pregunta más vieja del constitucionalismo: ¿qué pasa cuando el poder desobedece una sentencia y no ocurre absolutamente nada? La respuesta lleva cinco años escribiéndose sola. Un país donde las sentencias del máximo tribunal se pueden ignorar gratis no tiene Estado de derecho: tiene un catálogo de sugerencias.
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¡Este es el antes y el después del incendio en el pozo Krem-1!
Desde aquel 5 de marzo, el fuego se ha llevado la salud de las personas, la vida de borregos, vacas y gallinas, y ha secado árboles, pastizales y fuentes de agua.
¡@Pemex no puede acumular más casos de impunidad!
‼️EXTRA‼️ Aún cuando mejoraron la forma en que informan a sus representados el trabajo que hacen, todavía el 94% de los Congresos estatales oculta la forma en que gastan su presupuesto y el 62.5% no informa cómo votan sus diputados ni sus asistencias.
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¿Anuncian fondo de restauración ambiental que será administrado por un banco que ha impulsado proyectos turísticos?
El gobierno de Sheinbaum reconoce más de mil sitios contaminados en México, pero pone la decisión sobre qué ecosistemas restaurar en manos de un banco especializado en generar ganancias para el sector privado.
La Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Hacienda y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentaron el Fondo de Capital Ambiental para México.
De acuerdo con el anuncio oficial, el mecanismo podrá movilizar hasta 10 millones de dólares para proyectos relacionados con restauración de ecosistemas, agua, suelos, economía circular, bioeconomía, calidad del aire y acción climática.
Pero el comunicado de Hacienda establece que el dinero será destinado a "proyectos ambientales viables, escalables y con impacto medible".
La propia SEMARNAT reconoce que México tiene 1,114 sitios contaminados. De ellos, 274 no cuentan con un programa de remediación y 840 siguen sin concluir su restauración.
¿Cuántos de esos 1,114 sitios serán considerados proyectos viables para Hacienda y CAF?
Remediar un río contaminado, una presa de jales, un sitio con hidrocarburos o un terreno afectado por residuos peligrosos puede requerir años de trabajo y miles de millones de pesos.
No son proyectos diseñados para generar rendimientos económicos.
Tan sólo para la remediación del Río Sonora, se anunció una inversión de 120 millones de dólares, para un solo desastre ambiental.
¿Cuánto costará la remediación integral del derrame de hidrocarburos que afectó las costas de Veracruz y Tabasco a principios del 2026?
¿Cuánto costará la restauración de los ecosistemas afectados por el Tren Maya?
El comunicado de Hacienda, bajo la dirección de Édgar Amador Zamora, confirma que CAF administrará el fondo, evaluará proyectos y participará en la estructura que aprobará las inversiones.
CAF es un banco de desarrollo dedicado a movilizar inversión.
En México tiene presencia con FONATUR en inversión turística a destinos como Ixtapa-Zihuatanejo, Huatulco y Nopoló.
Zonas donde durante años se han documentado conflictos ambientales y territoriales por la sobreexplotación turística e inmobiliaria.
En Ixtapa se han señalado problemas de descargas al mar y expansión urbana y en Huatulco persisten denuncias por remoción de vegetación, ocupación de playas y conflictos asociados al crecimiento turístico.
Ahora ese mismo banco decidirá qué proyectos ambientales son suficientemente "viables" para recibir financiamiento.
¿Serán casualmente en los mismos lugares donde tiene CAF financiamiento inmobiliario o donde ha hecho inversión turística?
¿O serán proyectos donde la restauración también incremente el valor de hoteles, desarrollos turísticos o complejos inmobiliarios?
Alicia Bárcena presentó un fondo de restauración ambiental, pero no explicó cómo evitará que esos recursos terminen beneficiando exclusivamente a proyectos privados.
¿Qué impedirá que un desarrollo turístico provoque un daño ambiental y después utilice este fondo?
Si Hacienda participa en este fondo, ¿cuánto dinero de nuestros impuestos terminará destinándose a proyectos que beneficien al sector privado?