Claudia Nz🦒

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[Edith Roque @ERoqueH]

¿Te notificaron una sentencia laboral de manera irregular? Antes de acudir al amparo, la ley exige agotar otra vía. Ignorarla puede hacer improcedente tu demanda constitucional.
El principio de definitividad sigue operando incluso después de dictada la sentencia definitiva.

Órgano emisor: Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México | Época: Duodécima Época | Materia: Laboral y Común | Fuerza obligatoria: Jurisprudencia PR.P.T.CS. J/14 L (12a.) | Registro digital: 2032228.

La jurisprudencia establece que cuando se impugna la notificación de una sentencia definitiva laboral, previamente debe promoverse el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, antes de acudir al juicio de amparo indirecto.
La exigencia deriva del principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.

El criterio fortalece la naturaleza subsidiaria del juicio de amparo y reafirma que éste no constituye una instancia ordinaria adicional.
La decisión distingue entre la inmutabilidad de la cosa juzgada y la posibilidad de corregir defectos procesales en la comunicación de la sentencia. El incidente no pretende revisar el fondo del fallo, sino restablecer las garantías procesales vulneradas por una notificación irregular.
La jurisprudencia privilegia el agotamiento de los mecanismos ordinarios de tutela antes de activar el control constitucional.

Debilidades argumentativas
La interpretación supone una carga procesal adicional para la parte afectada, lo que podría generar mayores tiempos para acceder a la justicia constitucional.
Asimismo, la coexistencia entre los artículos 762 y 763 Bis de la Ley Federal del Trabajo había provocado incertidumbre interpretativa respecto del plazo y procedencia del incidente cuando las actuaciones cuestionadas se realizan con posterioridad a la emisión de la sentencia.
La jurisprudencia resuelve esa tensión, pero evidencia las deficiencias técnicas del diseño legislativo.

Contradicciones sistemáticas
La tesis rechaza la interpretación conforme a la cual el incidente de nulidad sólo sería procedente durante la sustanciación del juicio y antes del dictado de la sentencia.
El Pleno Regional concluye que la limitación temporal del artículo 763 Bis no comprende las actuaciones posteriores al fallo, incluida la notificación de la sentencia definitiva, pues en esta etapa el incidente ya no tiene por objeto paralizar el procedimiento, sino corregir vicios procesales que impiden el conocimiento oportuno de la resolución.

Riesgos e implicaciones prácticas
La jurisprudencia obliga a litigantes y operadores jurídicos a replantear la estrategia procesal.
Promover directamente amparo indirecto sin haber agotado previamente el incidente de nulidad puede traducirse en la improcedencia del medio constitucional por incumplimiento del principio de definitividad.
La resolución fortalece la lógica de subsidiariedad del amparo, pero también exige una mayor diligencia técnica en la práctica laboral.

La tutela judicial efectiva no se construye únicamente mediante la apertura irrestricta del amparo. También descansa en la utilización adecuada de los mecanismos ordinarios previstos por el legislador. El control constitucional opera como remedio extraordinario; por ello, la regularidad de la notificación de una sentencia laboral debe discutirse, en primer término, ante la propia jurisdicción laboral.

#DerechoLaboral #LeyFederalDelTrabajo #AmparoIndirecto #PrincipioDeDefinitividad #Notificaciones #LitigioLaboral #Jurisprudencia #SemanarioJudicial #DerechoProcesal #SCJN

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[Juan Carlos Díaz Carranza @JCDCarranza]

SUPLENCIA DE AGRAVIOS

La jurisprudencia establece que en asuntos que afecten al interés familiar, entre ellos, los que asisten a NNA, el tribunal de alzada no puede omitir el análisis de agravios por estimarlos inoperantes, insuficientes o inatendibles,
porque está obligado a suplirlos en su deficiencia o, incluso, ante su ausencia total.

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[José Mario @JoseMarioMX]

El mercado negro de chips no es una anécdota tecnológica: es el síntoma de un problema mucho más profundo. Cuando el Estado obliga a registrar celulares sin construir confianza, sin explicar bien la medida y sin garantizar de verdad la protección de datos, la gente busca salidas. Y esas salidas terminan alimentando exactamente lo que se quería combatir: anonimato, fraude, extorsión y robo de identidad.

El registro de celulares puede tener una finalidad legítima: perseguir delitos. Pero en una democracia la seguridad no puede construirse sacrificando privacidad, libertad de comunicación y derechos humanos. Un número telefónico hoy no es sólo una línea: es banca, redes sociales, trabajo, familia, ubicación, identidad digital. Por eso cualquier registro masivo exige controles estrictos, transparencia, supervisión independiente y mecanismos reales para corregir abusos.

Lo más grave es que una SIM vendida ilegalmente puede terminar vinculando a una persona inocente con un delito que no cometió. Ahí está el riesgo: que una política pensada para dar seguridad termine fabricando sospechosos, fortaleciendo mercados clandestinos y debilitando derechos. El debate no es si queremos combatir la extorsión. Claro que sí. La pregunta es si vamos a hacerlo con inteligencia institucional o con ocurrencias que pueden salir carísimas.

[nayib nava @imnayibnava]

Ya no hay duda que la vía oral mercantil sigue siendo la idónea para impugnar ajustes de facturación de CFE y más.

Un TCC reiteró que actos derivados del contrato de adhesión se litigan en la vía mercantil:

• Aumento abusivo del recibo.
• Ajustes de facturación.
• Cortes de energía por “falta de pago”.

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[Suprema Corte @SCJN]

🚨 #ÚltimaHora | La #SCJN asegura el respeto a la cosa juzgada como garantía de seguridad jurídica.

⚖️El Pleno fijó criterio obligatorio al determinar que no procede promover amparo indirecto contra embargos de numerarios (cantidades líquidas en dinero en efectivo o en cuenta bancaria) dictados únicamente para cobrar una cantidad que ya fue establecida en una sentencia definitiva.

🏛️La SCJN explicó que, cuando el embargo deriva exclusivamente del cumplimiento de una condena firme, no constituye un acto nuevo susceptible de impugnación, sino una consecuencia directa de una resolución que ya adquirió definitividad.

🔒Con esta decisión, la SCJN fortalece el principio de cosa juzgada, que otorga certeza y estabilidad a las sentencias definitivas, evitando que lo resuelto por autoridades judiciales pueda reabrirse o cuestionarse por nuevas vías legales.

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[Juan Carlos Díaz Carranza @JCDCarranza]

DERECHOS FUNDAMENTALES

👨‍🎓La jurisprudencia de la Primera Sala de la @SCJN, señala que los derechos fundamentales previstos en la Constitución gozan de una doble cualidad:

1️⃣ Se configuran como derechos públicos subjetivos (función subjetiva).

2️⃣ Se traducen en elementos objetivos que informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función objetiva).

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[José Mario @JoseMarioMX]

🔥 Por qué el fallo de la Corte sobre la UIF es inconstitucional y peligrosísimo (argumento x argumento) 👇

1️⃣ Derecho de propiedad (art. 14) Congelar cuentas sin juez no es “molestia”: es impedir totalmente usar tu dinero, lo que en los hechos equivale a privarte de tu propiedad sin juicio previo, contra el texto expreso del art. 14 constitucional.

2️⃣ Garantía de audiencia previa (art. 14) La Corte tolera que primero te congelen y luego “ya verás cómo te defiendes”. Pero el estándar histórico es al revés: primero te oyes, luego te afectan. La Primera Sala ya había dicho que el antiguo art. 115 Ley de Instituciones de Crédito, era inconstitucional precisamente por permitir bloqueos inmediatos sin procedimiento ni defensa previa (Amparo en revisión 1214/2016 y criterios vinculados).

3️⃣ Presunción de inocencia (art. 20, B, I) La etiqueta “medida administrativa” no cambia la realidad: se te trata como culpable desde el día uno, se paraliza todo tu patrimonio por “indicios” y tú cargas con las consecuencias antes de que un juez penal determine responsabilidad.

4️⃣ Carga de la prueba (art. 20, B, V) El estándar constitucional es claro: quien acusa prueba. Con este esquema, la UIF congela con base en indicios internos y es la persona bloqueada la que debe demostrar la licitud de sus operaciones para recuperar lo que ya le quitaron en los hechos, invirtiendo la lógica del proceso penal.

5️⃣ Defensa adecuada (art. 20, B, VIII) Si te congelan todo, te dejan sin recursos para pagar defensa técnica de tu confianza, peritos, traslados y litigio estratégico. La defensa “en el papel” existe, pero la defensa real se vacía de contenido porque el propio Estado te impide financiarla.

6️⃣ Ruptura con la propia jurisprudencia de la SCJN. El Pleno abandona el criterio que había declarado inconstitucional el esquema de Lista de Personas Bloqueadas del art. 115 LIC por violar legalidad, seguridad jurídica, audiencia previa y presunción de inocencia, y por ser inconvencional frente al art. 8.1 CADH (v. gr. amparo en revisión 1214/2016, tesis sobre inconstitucionalidad del art. 115 LIC y de las DCG 71ª–73ª).

7️⃣ Modelo de poder sin contrapesos. La UIF queda facultada para bloquear cuentas por “indicios suficientes”, sin orden judicial previa, sin Ministerio Público y sin solicitud internacional, y el control judicial se desplaza a un momento posterior, cuando el daño económico, personal y reputacional ya está consumado.

8️⃣ Efecto práctico: castigo anticipado sin sentencia. Aunque la Corte diga que no es “sanción penal”, en la práctica el bloqueo total funciona como un castigo anticipado: te paraliza, te empobrece, te impide litigar y te obliga a probar tu inocencia con tus propios recursos… que el Estado ya congeló.

[José Mario @JoseMarioMX]

La violencia por razones de género no se prueba mirando hechos sueltos, sino entendiendo el contexto completo. Quien reduce todo a un episodio aislado no sólo investiga mal: también invisibiliza años de control, miedo, subordinación, silencios, omisiones y desigualdades que explican de verdad lo ocurrido.

Su mayor fuerza está en algo que el sistema de justicia muchas veces se resiste a aceptar: la violencia deja huellas, pero no siempre las que espera un expediente viejo, rígido y lleno de estereotipos. A veces están en el cuerpo, a veces en la palabra, a veces en la historia de vida, en la familia, en el entorno, en la institución que no protegió y en el daño acumulado. Por eso este libro es tan importante: obliga a jueces, fiscales y peritos a ver completo lo que durante años se ha querido mirar en pedazos.

Probar la violencia de género no es llenar formatos ni repetir la frase “perspectiva de género”. Es desmontar prejuicios, conectar indicios, entender vulnerabilidades y traducir el sufrimiento en verdad judicial. Ése es el tamaño del reto. Y también la denuncia de fondo: cuando la justicia no sabe leer el contexto, no sólo falla; se vuelve parte del daño.