El IMSS puede combatir fraudes en la Modalidad 40. Lo que jurídicamente resulta mucho más difícil de defender es que lo haga cambiando, mediante un acuerdo administrativo, una regla que la Ley y el Reglamento siguen reconociendo. Ahí puede nacer una ola de amparos.
La Ley del Seguro Social permite continuar cotizando con el último salario o uno superior. El Reglamento va más lejos: dice que ese salario superior es “a elección” del asegurado, hasta el máximo legal. El Consejo Técnico acaba de reducir esa posibilidad al último salario más una UMA. Y la Suprema Corte ya ha establecido que los acuerdos del propio Consejo Técnico no pueden limitar leyes ni reglamentos.
El debate no es si la Modalidad 40 necesita reformarse. Puede necesitarlo. El punto es quién tiene poder para hacerlo. Si una regla genera abusos, persíganse; si resulta financieramente insostenible, reforme el Congreso la ley. Pero mientras la norma superior diga una cosa, una autoridad administrativa no puede escribir otra. Ese será el corazón del amparo.
@Interapas Atención fuga reportada por varias personas y sigue sin atender. Hay crisis hidrocarburos en la ciudad y ¿no les parece urgente el desperdicio?
@Interapas 23 de octubre. 9:44 a.m. sin atender. Día 1 en espera de las cuadrillas para que se atienda reporte vía X. 10 días de espera del primer folio del 13 de octubre. Cada día que pasa se desperdicia el vital líquido. @EF_Galindo@CiudadanosObser
@EF_Galindo@RGC_Mx@Interapas esta fuga sigue solo le cambian el horario ahora es se presenta como 10 pm 😡😡😡😕🙁 litros y litros desperdiciados y así varias en esta Zona!!! URGENTE!‼️
@EmprendedorNot Para cuándo el regreso de Isabel Iglesias, con el verdadero Hugo Sánchez y un equipo top ganando copas internacionales y rompiendo el pacto de caballeros.
La cruzada nacional contra la cohabitación forzada o matrimonio infantil suma un estado más: #Colima. Ya son 10 estados que dejan claro que las niñas son niñas, no esposas, mucho menos mamás 💜
#LasNiñasSíImportan
Aplazar la elección judicial a 2028 no es un simple ajuste de calendario. Es la pieza que termina de acomodar un rediseño donde comités, insaculaciones y boletas “simplificadas” se combinan para decidir quién sí llega y quién se queda fuera de la judicatura. No se toca el modelo de elección: se le da tiempo y forma para operar con calma.
El riesgo no está en mover la fecha, sino en lo que se hace con ese tiempo extra: afinar filtros, metodologías “unificadas”, evaluación y disciplina, mientras se prepara una renovación masiva de jueces y magistrados. En apariencia es técnica y orden; en el fondo, puede ser la antesala de una oleada de sustituciones que rompa continuidad, experiencia y estabilidad judicial.
En un Estado de derecho serio, aplazar una elección judicial debería servir para blindar la independencia, no para facilitar la captura. Si el resultado es tener más control político sobre quién juzga y cómo se evalúa su desempeño, no estamos fortaleciendo la justicia: estamos afinando el mecanismo para someterla.
En México ya no solo pagas ISR. Pagas también un “impuesto sombra” de más de $14,000 al año por el simple hecho de cumplir: contador, tiempo, internet, trámites y errores del sistema. Un costo que no está en la ley, no lo aprobó el Congreso y viola la proporcionalidad tributaria. Es una carga oculta que empobrece al contribuyente.👇 Aquí te explico todo en la infografía.
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¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos, arrastrando lo que es santo hacia lo más sucio y tenebroso! #ViajeApostólico#Camerún https://t.co/mmbNWneTbc
Una maestra fue secuestrada. Sobrevivió. El Ministerio Público reconoció el riesgo y le dio medidas de protección. Entonces hizo lo único sensato: pidió no regresar al plantel donde ocurrió todo. No pidió privilegios. Pidió no volver al lugar del miedo. La autoridad educativa no contestó.
Ese silencio la dejó atrapada: si regresaba, ponía en riesgo su vida; si no lo hacía, enfrentaba sanciones. Promovió amparo. El juez dijo: no puedo suspender, es solo una omisión de respuesta. Pero el tribunal corrigió el rumbo: aunque no proceda la suspensión contra el silencio administrativo, el juez tiene el deber de actuar cuando hay riesgo real. Si existen medidas de protección, debe dictar providencias preventivas para proteger la vida, la integridad física y emocional, y la seguridad personal.
Esta tesis dice algo enorme: el derecho no puede esconderse detrás del trámite cuando la vida está en juego. El silencio del Estado también puede ser violencia. Y cuando una omisión expone a una víctima, la justicia constitucional no está para archivar, sino para proteger, intervenir y salvar. Esto no es solo técnica jurídica: es dignidad convertida en criterio judicial.
Aquí esta la tesis que generó este caso: https://t.co/70O9mLVwAz