mis padres no criaron a ninguna tibia, yo pago, yo resuelvo, lo hago cansada, lo hago con miedo, con el corazón roto, enferma, con dudas.
Pero lo hago y lo seguiré haciendo.
SE BUSCA
Persona seria, responsable y con tolerancia al drama administrativo para hacer todo eso que un adulto funcional debería hacer, pero que yo claramente no pienso hacer.
Requisitos:
- Pagar cosas antes de su fecha límite. - Contestar llamadas de números desconocidos sin entrar en pánico. - Leer letras chiquitas. - Hacer citas, llegar puntual y no cancelar “porque ya me dio flojera”. - Saber qué se hace con el SAT, el banco y los recibos. - Recordarme tomar agua, pero sin juzgarme. - Resolver trámites con cara de “sí entiendo”, aunque nadie entienda. - Sacar cosas del congelador con anticipación. - Decidir qué vamos a comer sin decir “lo que sea”. - Ser adulto por mí de lunes a viernes (fines de semana no negociables).
Ofrezco:
Café emocional, memes, chistes malos, conversaciones de temas sin importancia, agradecimiento intermitente y la posibilidad de aparecer como “mi persona de confianza” en emergencias ridículas.
***Abstenerse gente que diga: “eso es muy fácil, tú puedes”. Precisamente por eso estoy contratando. 😌
Una mujer adulta mayor entra sola al juzgado y promueve un amparo por comparecencia. No lleva abogado. Apenas puede escuchar. Apenas puede ver. Tiempo después presenta un documento que acredita que sus capacidades visual y auditiva están disminuidas. La autoridad demandada responde lo de siempre: “el acto que reclama no existe”. El juez determina con formalismos, que ella no logró desvirtuar la negativa, el juicio se acaba. Caso cerrado.
Pero un Tribunal Colegiado le corrige la plana. Vio lo que el expediente gritaba: no era un simple “no probó”. Era una persona mayor, con barreras sensoriales, enfrentando sola a la autoridad. Si el juzgado sabía de su vulnerabilidad y no activó una perspectiva interseccional —no le preguntó si quería abogado, no le garantizó apoyo real para acreditar los hechos— entonces el proceso estuvo viciado y desequilibrado desde el inicio. Y eso obliga a reponer todo el procedimiento.
Este criterio es brutal: la justicia no puede esconderse detrás de meros formalismos cuando hay desigualdad estructural. No basta con abrir la puerta del juzgado; hay que asegurarse de que quien entra pueda defenderse en condiciones reales. Porque cuando el derecho ignora la fragilidad, deja de ser justicia y se convierte en exclusión.
Aquí puedes consultar la tesis que generó este caso: https://t.co/VQYt20Hzvv
La reforma a la Ley de Amparo ordena que las nuevas reglas se apliquen retroactivamente a todos los juicios en curso. Esto significa que miles de suspensiones ya concedidas podrían ser anuladas y que quienes hoy buscan protección frente a abusos del poder quedarán desarmados. La retroactividad en perjuicio viola de frente la Constitución: es un golpe directo a la seguridad jurídica y a la tutela efectiva de los derechos.
🔴 Negativa reiterada del @Tu_IMSS, a pesar de la orden judicial
Hoy 31 de julio, Andy acudió a su cita en Neurología Pediátrica, acompañada por un actuario del Juzgado, como parte del seguimiento a la ejecución de la sentencia que le reconoce el derecho a recibir el medicamento Spinraza.
A pesar de que ya existen tres dictámenes periciales dentro del juicio de amparo que concluyen que no existe impedimento médico para otorgar el tratamiento, la autoridad médica señaló que se integrará un nuevo comité de especialistas para volver a evaluar si Andy es “candidata”, repitiendo nuevamente todos los estudios.
📌 Andy ha sido sometida a valoraciones médicas durante cuatro años. Ha cumplido con todos los estudios requeridos por las autoridades, sin que hasta ahora se le haya entregado el medicamento ordenado judicialmente.
Esta respuesta confirma la negativa del IMSS y contraviene lo ordenado por el Juzgado, que fue claro al instruir que se proporcione el medicamento sin más obstáculos y se eviten nuevas dilaciones.
Su salud se ha visto gravemente afectada por años de omisiones. Hoy enfrenta una estrategia de desgaste institucional que sigue aplazando su derecho a la salud.