LA FORMULACIÓN ORAL DE LA PRETENSIÓN EN EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL
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Con ocasión de la providencia AP6306-2026, radicado 65229, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, considero oportuno realizar algunas precisiones sobre la formulación oral de la pretensión en el incidente de reparación integral, regulada en el artículo 103 de la Ley 906 de 2004.
En esta decisión, la Corte señaló, acertadamente, que la pretensión debe formularse oralmente y que no es exigible la presentación de una demanda escrita. Sin embargo, en la práctica judicial he observado que algunos abogados se limitan a indicar de manera genérica lo que solicitan, por ejemplo, el pago de determinada suma de dinero, para luego proceder a la solicitud probatoria.
Esta práctica merece una precisión conceptual.
Para comprender el alcance de la expresión pretensión, utilizada por el legislador, es necesario acudir a la teoría general del proceso, que distingue entre acción, pretensión y demanda.
La acción es un derecho abstracto que permite acudir ante la jurisdicción para obtener la resolución de un conflicto jurídicamente relevante. La pretensión constituye la concreción de ese derecho y está integrada por tres elementos: sujetos, objeto y causa.
Los sujetos son quien reclama y aquel contra quien se dirige la reclamación; el objeto es lo que concretamente se solicita, por ejemplo, una indemnización; y la causa comprende los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan lo pretendido.
Los fundamentos fácticos deben ser jurídicamente relevantes frente a las normas sustanciales que gobiernan la reclamación. En el incidente de reparación integral, tratándose de responsabilidad civil extracontractual, deben relacionarse con sus presupuestos: conducta, daño y nexo causal.
La demanda, por su parte, es el instrumento procesal que sirve de continente de la pretensión. Sin embargo, como el legislador no la exige para promover el incidente de reparación integral, la pretensión se debe formular oralmente en audiencia. Pero ello no significa que puedan omitirse sus elementos constitutivos (los de la pretensión).
Uno lo es la pretensión y otra la demanda.
Expuesto lo anterior, debo señalar que en el IRI la formulación oral de la pretensión no puede limitarse con una escueta solicitud de lo que se pide (el objeto de la pretensión) contra el declarado penalmente responsable (sujeto pasivo de la pretensión); soslayando los fundamentos fácticos y jurídicos que respaldan esa solicitud (la causa de la pretensión).
De forma concreta. Resalto que en el IRI el incidentante al formular su pretensión debe expresar los hechos en los cuales se ampara (causa) para pedir (objeto). Lo contrario, conlleva a una indebida formulación de referido acto procesal.
Pero podrá alegarse que no es necesario presentar los hechos o la causa del IRI, como quiera que ya tuvo lugar el proceso penal. Esto es errado.
Mientras el proceso penal tiene por objeto una pretensión punitiva, el incidente de reparación integral comprende una pretensión resarcitoria. Son actuaciones con objetos distintos, aunque relacionadas por la conducta punible.
Si prefieren: el proceso penal tiene lugar por el ejercicio de la acción penal. En cambio, el IRI tiene lugar por el ejercicio de una acción civil o resarcitoria. ¿Advierten la diferencia?
Además, téngase en cuenta que la sentencia penal ejecutoriada constituye el presupuesto del incidente. Esto permite comprender de forma nítida que al iniciarse el IRI estamos frente a un verdadero proceso y no un incidente. Uno es el proceso penal y otro es el IRI. Insisto. Si este último fuera un verdadero incidente, su inicio no estaría condicionado a una sentencia penal ejecutoriada.
La anterior precisión tiene especial importancia frente al principio de congruencia, que también gobierna el incidente de reparación integral.
Los hechos alegados delimitan el marco fáctico dentro del cual debe decidir el juez. Si el incidentante únicamente señala cuánto dinero reclama (objeto de la pretensión), sin exponer los hechos que sustentan su pretensión, ¿cuál sería el parámetro fáctico para adoptar una decisión congruente? ¿Qué hechos daría por probado el juez?
Lo mismo ocurre con la pertinencia probatoria, pues esta exige establecer una relación entre los medios de prueba ofrecidos y los hechos jurídicamente relevantes que se pretenden demostrar. Sin una base fáctica debidamente identificada, difícilmente podría delimitarse el tema de prueba.
En definitiva, comparto que la pretensión debe formularse oralmente y que no se requiere una demanda escrita. Pero la oralidad determina la forma de presentación de la pretensión, no elimina los elementos que la constituyen.
Por consiguiente, formular una pretensión no consiste exclusivamente en indicar lo que se pide. También exige identificar sus sujetos y exponer los fundamentos fácticos y jurídicos que integran su causa, pues estos delimitan la controversia, el tema de prueba y el ámbito dentro del cual debe pronunciarse el juez.
Juzgar al otro por su cara y su vestuario ya fue tendencia y no salió bien.
Aprovecho y promociono el video en el que explicamos la teoría del delincuente nato:
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⚖️ STP20598-2026 (159680) | Consolidación jurisprudencial ¿Puede el juez de control de garantías imponer una medida de aseguramiento más gravosa que la solicitada por la Fiscalía?
La Sala Penal reitera y consolida el criterio de la sentencia STP14534-2026 (155.698): solo excepcionalmente y con motivación reforzada.
Tres exigencias fundamentales:
1⃣Identificar una situación excepcional que evidencie la vulneración de garantías fundamentales.
2⃣Justificar por qué la medida solicitada resulta insuficiente, conforme a criterios de necesidad, gradualidad y proporcionalidad.
3⃣Comunicar previamente su posición a las partes e intervinientes y garantizar la contradicción.
📖 Otras reglas relevantes:
• La detención domiciliaria del artículo 307 es una medida autónoma, distinta de la sustitución prevista en el artículo 314. —¿Será que algún día les queda claro a algunos operadores?—
• La gravedad del delito o la competencia de jueces especializados no justifican automáticamente la detención intramural.
• El juez no puede suplir la carga argumentativa y probatoria de la Fiscalía mediante conjeturas.
�� La idea central: el juez de garantías es un tercero imparcial y una barrera frente a la restricción injustificada de la libertad, no un sustituto de la Fiscalía.
Comparto la ficha de revisión jurisprudencial, que desarrolla las reglas relevantes para la práctica judicial y el litigio penal {https://t.co/zVbrC7T9a9}
🚨¿La falta de enunciación de la prueba puede conducir a la exclusión de su práctica, a pesar de haber sido oportunamente descubierta?🚨
En auto AP1244 de 2025, Rad. 66574, la Sala de Casación Penal de la CSJ, refirió lo siguiente:
El procedimiento de depuración probatoria dispone de distintas fases, que deben agotarse en el siguiente orden: “(i) descubrimiento; (ii) enunciación; (iii) estipulación y, (iv) solicitud probatoria”.
El correcto descubrimiento probatorio y la solución de las controversias que se presenten respecto del mismo constituyen requisitos indispensables para los pasos posteriores que comprenden la enunciación, solicitud y decreto de las pruebas; No obstante, las disposiciones normativas que regulan el desarrollo de la audiencia preparatoria y los parámetros establecidos en la jurisprudencia de esta no contemplan como sanción a la falta de enunciación de la prueba, su exclusión.
Esto se explica debido a que el conocimiento que debe obtener una parte sobre los instrumentos de prueba que le servirán a la contraparte para edificar su teoría del caso se alcanza con el descubrimiento probatorio.
Por lo tanto, la omisión en la enunciación de una prueba no pasa de ser una falencia sin la fuerza para lesionar gravemente las garantías procesales del adversario.
LA FISCALÍA NO PUEDE ARCHIVAR POR ATIPICIDAD SIN ESCLARECER PREVIAMENTE LOS HECHOS DENUNCIADOS; HACERLO, EN DETERMINADAS CIRCUNSTANCIAS, PUEDE CONSTITUIR PREVARICATO POR ACCIÓN.
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⚖️ FICHA JURISPRUDENCIAL | Captura en flagrancia y preacuerdos: ¿se limita la rebaja de pena?
Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal Rad. 66088600006220240029601, 29 de septiembre de 2026
📌 EL CASO
En Belén de Umbría, un hombre atacó con arma blanca a su expareja para matarla. Dos patrulleros lo vieron y lo capturaron en el acto. Se le imputó feminicidio en grado de tentativa.
Fiscalía y procesado firmaron un preacuerdo con un único beneficio: la rebaja del 25 % que permite la Ley 1761 de 2015 para el feminicidio. La pena quedó en 94 meses. El juez lo aprobó con el argumento de que la flagrancia solo limita la rebaja en el allanamiento unilateral, no en los preacuerdos. El Ministerio Público apeló.
🔎 LO QUE DIJO EL TRIBUNAL
1️⃣ El juez se equivocó. El límite por flagrancia del parágrafo del art. 301 CPP (solo 1/4 del beneficio) SÍ aplicaba a los preacuerdos simples, es decir, aquellos cuyo único beneficio es rebajar la pena.
2️⃣ No aplicaba si el preacuerdo degradaba la conducta (por ejemplo, quitar un agravante o pasar de autor a cómplice). En ese caso rige la pena del nuevo título.
3️⃣ En el feminicidio había doble limitación: la mitad del beneficio por la Ley 1761 más la cuarta parte por la flagrancia. El 25 % pactado excedía la ley.
4️⃣ PERO: la Ley 2477 de 2025, vigente desde el 11 de julio de 2025, derogó en su artículo 13 el parágrafo del art. 301. Como la ley nueva es más favorable, se aplica hacia atrás, y el error perdió trascendencia. El Tribunal confirmó el preacuerdo.
📊 ¿QUÉ CAMBIÓ? Antes: si lo capturaban en flagrancia, solo recibía 1/4 de la rebaja. Ahora: recibe la rebaja ordinaria según la etapa del proceso. En el feminicidio se mantiene la mitad del beneficio, porque la Ley 1761 sigue vigente.
💡 CLAVE PARA LITIGANTES ¿Tiene un caso por hechos anteriores al 11 de julio de 2025 en el que le aplicaron el límite por flagrancia? Puede pedir la rebaja completa por favorabilidad, incluso ante el juez de ejecución de penas si ya hay condena.
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⚖️ ¡FALLOTE DE LA CORTE SUPREMA!
¿Puede el juez de garantías imponer una medida MÁS GRAVOSA que la solicitada por la Fiscalía?
La Corte corrige importantes errores judiciales: justicia especializada no significa cárcel automática, la domiciliaria puede imponerse desde el inicio y el juez no puede suplir la postulación fiscal.
📚 STP20598-2026 | MP Jorge Hernán Díaz Soto.
👇 Análisis en esta infografía. LINK: https://t.co/H1Xr18mLf4
LA EXISTENCIA DE OTROS FAMILIARES NO DESVIRTÚA LA CONDICIÓN DE MUJER CABEZA DE FAMILIA
Consulte el análisis: https://t.co/0sPr88qoZX
Un juez concedió prisión domiciliaria a una mujer condenada porque consideró que era cabeza de familia y que debía cuidar a su madre, una adulta mayor con graves problemas de salud.
Posteriormente, el juez fue acusado y condenado por prevaricato. Este delito se presenta cuando un funcionario público toma, de manera consciente y voluntaria, una decisión que contradice abiertamente la ley. La condena se fundamentó en que la madre de la beneficiaria tenía otras hijas que, aparentemente, también podían encargarse de su cuidado.
La Corte Suprema consideró que ese razonamiento era insuficiente. El simple hecho de que existieran otras hijas no demostraba que realmente estuvieran en condiciones de cuidar a su madre. Una persona puede tener varios familiares y, aun así, encontrarse materialmente desprotegida porque esos familiares no mantienen contacto con ella, no cuentan con recursos o no pueden atender sus necesidades.
Por eso, la Fiscalía no solo debía demostrar que existían otras hijas. También tenía que probar que alguna de ellas podía asumir efectivamente el cuidado y sostenimiento de la adulta mayor. Esa capacidad no quedó acreditada durante el juicio.
La información conocida por el juez mostraba, además, que la madre padecía graves problemas de salud, no podía movilizarse por sí misma y dependía de la mujer condenada para su atención, manutención y tratamiento médico. Aunque el juez pudo haber investigado con mayor profundidad la situación familiar, eso no significaba necesariamente que hubiera actuado de manera arbitraria o con la intención de desconocer la ley.
La Corte estableció una diferencia importante: una decisión puede ser discutible, estar equivocada o revelar falta de cuidado, pero eso no basta para convertirla en prevaricadora. Para condenar al juez era necesario demostrar que sabía que su decisión era manifiestamente ilegal y que, aun así, quiso adoptarla.
Como no se probó que los demás familiares pudieran hacerse cargo de la madre ni que el juez hubiera actuado deliberadamente contra la ley, permaneció una duda razonable. Esa duda debía resolverse a favor del acusado. Por esta razón, la Corte Suprema revocó la condena y absolvió al juez del delito de prevaricato.
En términos sencillos, la decisión enseña que tener familiares no significa necesariamente recibir su ayuda y que una posible equivocación judicial no equivale, por sí sola, a cometer un delito.
@alfesac @andresarango10 Ponente que readecuó la línea J. de la Corte, sobre la obligatoria argumentación que debe dar el juez para ordenar captura en el sentido del fallo y/o en la sentencia. Acaba de hacerlo en tutela de AUV. Antes en la STP13087-25, ambas con un regresivo S. de V. de GERSON CHAVERRA.
📌 | 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐧𝐚𝐥 ⚖️
𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐋𝐀 𝐎𝐑𝐃𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀𝐃 𝐎𝐌𝐈𝐓𝐈𝐃𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐒 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐘 𝐋𝐀 𝐍𝐔𝐋𝐈𝐃𝐀𝐃: 𝐀𝐃𝐈𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀. 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐀𝐏𝟔𝟑𝟒𝟎-𝟐𝟎𝟐𝟔. 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝟔𝟎.𝟖𝟏𝟕. 𝐍𝐮𝐦𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞𝐬 𝟐𝟖 - 𝟑𝟎. 𝐌. 𝐏. 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐒𝐨𝐥𝐨́𝐫𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐆𝐚𝐫𝐚𝐯𝐢𝐭𝐨 ��️
Decretadas la preclusión por el delito que sustentó la condena y la nulidad de la actuación desde el momento señalado en la decisión, la Corte consideró imperioso ordenar la libertad inmediata.
Como ese pronunciamiento fue omitido al resolver la impugnación, accedió a la solicitud de adición. Para la defensa, corresponde verificar que la decisión incluya las consecuencias necesarias sobre la privación de la libertad y solicitar oportunamente el pronunciamiento faltante. En este caso, la petición se sustentó en la preclusión y la nulidad ya decretadas, sin necesidad de volver a discutir sus fundamentos ⬇️
Medida de aseguramiento. Gravedad de la conducta u ocurrencia de algunos supuestos del artículo 313, no constituyen razones suficientes para descartar una modalidad menos restrictiva de la libertad. Rad. 159680 octubre 13 de 2026, M.P. Jorge H. Díaz Soto
https://t.co/Q6NPqz602M
⚖️STP12907-2025 (147163)
Un fallo de mucha trascendencia en materia de prórroga de la medida de aseguramiento y de restricciones (ausencia de ellas) en materia de delitos contra la integridad sexual.
Conclusión anticipada 👉 El art. 199 de la Ley 1098 NO excluye la posibilidad de libertad por vencimiento del término máximo de un año sin que se de la prórroga de la medida. Vencido el término, debe aplicarse el art. 307 C.P.P., incluso en delitos sexuales contra menores.
Temas abordados
📌 Vigencia máxima de la medida de aseguramiento
📌 La libertad por cumplimiento máximo de la medida de aseguramiento NO ES UN BENEFICIO, ES UN DERECHO.
📌 Consecuencias del vencimiento de la medida de aseguramiento y su no prórroga
📌Tutela contra providencias judiciales-
Hechos
▪️ 31/01/2024: Se impone medida de detención preventiva en el lugar de residencia del imputado (Aunque era improcedente)
▪️ 09/05/2025: La Defensa solicita sustitución de la medida por vencimiento del término máximo del artículo 307 → Fiscalía coadyuva → Juzgado niega invocando art. 199 L. 1098.
▪️ 26/05/2025: El Juzgado del Circuito confirma la negativa.
▪️ La Defensa acude al mecanismo constitucional
▪️Tribunal de Antioquia niega el amparo al considerar que la decisión fue razonable y debidamente motivada → se impugna.
Decisión de la Corte Suprema 👩⚖️
✔️ Revoca la decisión del Tribunal.
✔️ Ampara el Debido Proceso: La determinación incurrió en claro Defecto sustantivo.
✔️ Deja sin efectos las decisiones del 9 y 26 de mayo de 2025.
✔️ Ordena nueva audiencia para resolver la sustitución conforme al art. 307 C.P.P.
Fundamentos
📖 La Corte subraya que:
El término máximo de un año de la medida privativa es insuperable, prorrogable solo en casos taxativos como lo son los delitos sexuales. La prohibición del art. 199 L. 1098 se refiere a la medida inicial, no a la consecuencia del vencimiento del plazo.
Negar la libertad con base en esa prohibición convierte la detención en imprescriptible, lo cual es inconstitucional. La interpretación de las normas que permiten la privación de la libertad es restrictiva.
La libertad por vencimiento del término máximo es UN DERECHO no un BENEFICIO.
Precedentes citados
📖 STP7003-2018 (Rad. 98393), STP16906-2017, STP12671-2023.
La providencia fue compartida por Mensaje Jurídico
Acceso completo a la reseña y providencia⬇️⬇️⬇️
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🚨 Requisitos para la concesión de la prisión domiciliaria para padre cabeza de familia🚨
En sentencia SP2143, rad. 63786, del 12 de noviembre de 2025, la Sala de Casación Penal de la CSJ desarrolló los requisitos legales y probatorios, de la siguiente forma:
1. La prisión domiciliaria por calidad de madre o padre cabeza de familia, resulta procedente cuando la persona condenada tiene a cargo hijos menores u otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar, bien por su edad, ora por problemas graves a la salud, siempre y cuando se verifiquen los requisitos consagrados expresamente en la norma antes mencionadas, como la exista “deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia”.
1.1. La prevalencia del interés superior del menor no exime al juez de verificar el cabal cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley, para acceder al sustituto de la prisión domiciliaria, por la condición de padre o madre cabeza de familia, en tanto, “no existen derechos absolutos”.
1.2. La privación de la libertad en el domicilio de la madre o padre cabeza de familia, no es un derecho per se. Su objetivo es proteger a menores de edad o personas incapaces o incapacitadas para trabajar y no beneficiar al condenado. Para su concesión se requiere del cumplimiento de requisitos específicos y debe ser evaluada según las especificidades de cada caso.
1.3. En lo que concierne a la individualización de pena y el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, es una carga que la ley le impone a las partes, para que se refieran a la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de algún subrogado, caso último en el cual tiene la obligación, quien así lo alega, de allegar los elementos para su demostración.
Audiencia Preparatoria - Tribunal de Cúcuta.
Tremenda decisión.
Clases de pertinencia. Lo que se debe abordar en cada solicitud probatoria, manifestar que con el testigo de acreditación se aportarán las imágenes de la cámara de seguridad por sí solo no es pertinente, igual
🚨 ¡ÚLTIMA HORA!
La Corte Constitucional elimina circunstancia de mayor punibilidad la reincidencia por delito doloso del Código Penal.
Sentencia C-504 de 2025. MP Miguel Polo Rosero.
La Corte encuentra vulnerados el non bis in idem y el principio de culpabilidad.
Se conoce la decisión. Mañana, análisis completo de sus fundamentos.
LINK: https://t.co/jSYrM3e7TR
Medida de aseguramiento. Juez de Garantías debe ceñirse a la fundamentación fáctica, jurídica y probatoria expuesta por la fiscalía, por ello no puede ir más allá de la solicitud que es formulada. Rad. 159680 octubre 13 de 2026, M.P. Jorge Hernán Díaz Soto
https://t.co/Q6NPqz602M
⚖️ ¡FALLOTE!
¡Por arrancar unas matas de plátano, un campesino terminó ante la Corte Suprema!
Una sentencia imperdible sobre declaraciones autoincriminatorias fuera del juicio, error de prohibición indirecto y una profunda crítica al uso del aparato penal cuando existen soluciones alternativas.
CSJ, SP1359-2026 | M. P. Gerardo Barbosa Castillo.
👇 Tres grandes lecciones para el derecho penal
https://t.co/gAykp3tgah
🚨PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS🚨
En sentencia SP1167-2026, Rad. 72877, la la Sala de Casación Penal de la CSJ expuso la figura de la prescripción de la acción penal y su aplicación en casos de servidores públicos, así:
La prescripción de la acción penal (i) materializa el límite temporal para el ejercicio de la potestad punitiva del estado y (ii) constituye una garantía fundamental del procesado, pues asegura que su situación jurídica se defina dentro de un plazo razonable y conocido. Sus términos los define la ley.
El artículo 83 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en el máximo de la pena fijada en la ley sin que, por regla general pueda ser superior a 20 años.
El término de prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación, como lo establece el artículo 86 del Código Penal y el artículo 292 de la Ley 906 de 2004. A partir de ese acto procesal empieza a correr de nuevo por la mitad del término máximo sin que, por regla general, pueda exceder los 10 años.
Ahora bien, el artículo 83 prevé que en los casos en que el autor de la conducta es un servidor público, el término de prescripción se aumenta en la tercera parte si los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, o en la mitad, una vez entró a regir.
El tope del término máximo de prescripción de los 20 años en investigación es la regla general de contabilización dispuesta por el legislador, que tiene como una de sus excepciones el incremento para los servidores públicos, frente a quienes es posible exceder ese tope legal una vez realizado el respectivo aumento.
El legislador considera que ciertas conductas ameritan un régimen distinto, bien sea en atención a la gravedad, la naturaleza del bien jurídico o al sujeto activo, casos en los que no tiene aplicación «el límite máximo fijado».
Entonces, para el caso de los servidores públicos el incremento que se aplica en la etapa de instrucción puede exceder el límite de los 20 años, fijado en el artículo 83 del C.P., inc. 1°. Al dividirse en la mitad, tras la interrupción del término de prescripción por la imputación, puede exceder los 10 años referidos en artículo 86 del C.P., inc. 2. °.
⚖️ ¿Quiere presentar una demanda de casación sin fundamento o claramente impertinente/inconducente/superflua?
No lo haga, recuerde los artículos 140 y 141 del CPP y evítese una compulsa de copias disciplinarias a la respectiva Comisión Seccional de Disciplina Judicial. 👇🏻