¿Te han dicho que con una reforma “se acabarán las pensiones doradas” y el país ahorrará miles de millones? Suena poderoso… pero el derecho no funciona con slogans. Imagina a un juez que ya cumplió todos los requisitos, se jubiló legalmente y obtuvo una pensión conforme a la ley vigente. Años después, el Estado cambia las reglas y pretende bajarle ese ingreso. Aquí aparece una pregunta constitucional explosiva: ¿puede el poder cambiar hacia atrás un derecho ya ganado?
La @SCJN ha construido una doctrina muy clara sobre irretroactividad: cuando un derecho ya nació y quedó definido bajo una ley anterior, una norma posterior no puede quitarlo o reducirlo en perjuicio del gobernado. En pensiones, esto significa algo muy importante: si el derecho ya se consolidó, no es una expectativa… es una situación jurídica protegida. Las mensualidades que siguen no son “nuevos regalos del Estado”; son la ejecución continua de un derecho previamente adquirido.
Por eso el verdadero debate no es el discurso del “gran ahorro”. El debate es jurídico y constitucional: ¿hablamos de pensiones futuras o de derechos ya consolidados? Cambiar reglas hacia adelante puede ser posible. Pero tocar derechos ya adquiridos puede chocar directamente con la Constitución y con la propia jurisprudencia de la Corte. Y ahí está la diferencia entre política pública y Estado de Derecho: una promete soluciones rápidas; el otro exige respetar las reglas del juego incluso cuando incomodan.
Los Ex Ministros de la @SCJN, Laynez y Cossío pusieron el dedo exactamente donde duele: el problema de la reforma judicial no se corrige con más cursos, mejores exámenes o una tómbola más ordenada. Todo eso puede mejorar el filtro, sí. Pero al final el juez seguirá llegando al cargo porque ganó una elección.
Y ahí está el verdadero problema. Un juez no está para ser popular, hacer campaña ni quedar bien con una mayoría. Está para aplicar la Constitución, incluso cuando hacerlo incomode al Gobierno, a los partidos, a los medios o a los propios electores. La independencia judicial sirve precisamente para eso.
México rompió la carrera judicial como camino natural hacia los cargos más importantes y la sustituyó por una lógica electoral. Los parches pueden mejorar el procedimiento; lo que no corrigen es el incentivo de fondo. Y cuando cambias los incentivos de quienes imparten justicia, tarde o temprano cambias también la justicia que recibes.
Lo que está pasando en la @SCJN es GRAVÍSIMO.
En el @DOF_SEGOB de hoy se publicó una "certificación" que en realidad altera el voto del presidente #HugoAguilar en una sentencia ya firmada y publicada: 🔻
La sentencia, del 1 de diciembre de 2025, lo dice con todas sus letras: el tema 2 se aprobó por mayoría de 8 votos y "el Ministro Presidente Aguilar Ortiz votó en #contra".
Así se firmó hace más de seis meses.
Así se publicó en el DOF del 25 de febrero de 2026.
Nadie objetó nada.
Y hoy, en pleno #Mundial, aparece una "certificación" del Secretario General de Acuerdos que dice lo contrario: que fue por unanimidad de 9 y que el Presidente —su jefe— votó a #favor.
Nadie revisa nada. Y luego se les hace fácil alterar una sentencia ya firmada y publicada.
Es gravísimo, pero no sorprende. Esta "nueva" Corte, la del Supremo Acordeón, es un desastre.
Cajas de desechamientos sin leer la demanda.
El oficial la recibe y ya sabe qué hacer… procede a copiar y pegar el formato de desechamiento apenas ve la palabra pensión y 127 constitucional.
El secretario procede a pasarla al juez quien la firma sin ninguna clase de pudor, ni arrepentimiento.
Misma historia pasará en TCC.
Eso sucede cuando el Poder Ejecutivo en la mañanera le ordena a “su” Poder Judicial sobre cómo debe resolver, porque quien se atreva a decir que no se las verá con el verdugo judicial.
Por eso votaron millones de personas.
Una pensión no es una dádiva ni una cifra perdida en una nómina pública. Para una persona jubilada es su salario de vida: comida, medicinas, techo, tranquilidad y dignidad. Por eso, reducirla de golpe, sin explicación, sin mandamiento escrito y sin método claro de cálculo, no es un simple “ajuste administrativo”.
La resolución del Tribunal Colegiado en Querétaro es de enorme calado: entendió que la suspensión en amparo no puede llegar tarde cuando está en juego el mínimo vital de una persona adulta mayor. Si el descuento pensionario genera angustia, zozobra e incertidumbre sobre la propia subsistencia, el daño ya no es sólo económico: toca la dignidad.
El debate no debe esconderse detrás de la etiqueta fácil de “pensiones doradas”. La pregunta constitucional es mucho más seria: ¿puede el Estado disminuir una pensión ya reconocida, sin explicar nada y dejando al jubilado cargar con el costo mientras litiga? La respuesta cautelar fue clara: primero se protege la vida digna; después se discute el fondo.
Te explico lo de los jubilados de CFE. Ellos trabajaron durante 30 o más años bajo las condiciones de un contrato colectivo de trabajo CFE-SUTERM y varían según el género y la modalidad de retiro. Los requisitos generales son la edad y la antigüedad. CFE emite la hoja de liquidación y el cálculo formal de la pensión jubilatoria. Una vez acordados los montos, CFE junto con quienes ya se iban a jubilar programaron una cita ante la Junta de Conciliación y Arbitraje donde constataron su voluntad de jubilarse, revisaron que su antigüedad y salarios estuviesen correctos y ya cumplidos los requisitos de ley, les aprobaron el dictamen de jubilación. Este convenio se supone que les dio la fuerza de una sentencia definitiva, lo que garantizaba que sus pensiones y finiquito quedaran blindados legalmente, pues ya eran cosa juzgada. Hoy al gobierno le valió un cacahuate el compromiso que adquirió con los jubilados de CFE, SUTERM, BANOBRAS, Luz y Fuerza de respetar sus jubilaciones y valiéndole el Art. 14 Constitucional que establece que ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva en perjuicio de nadie, reformó el artículo 127 para quitarles parte de su pensión, algo que es inconstitucional, además no respetó el artículo 17. Si un tribunal laboral ya calculó tu salario integrado y definió el monto final de tu jubilación, no puedes abrir un nuevo juicio años después para exigir que te quiten un derecho adquirido porque ese asunto ya quedó cerrado y firme. Por último muchos no saben que el gobierno mañosamente no afectó a jubilados sindicalizados, ni a los ministros, ni a las fuerzas armadas. Fue una medida discriminatoria e inconstitucional. Espero con esto responder y aclarar dudas.
¿Alguna vez imaginaron un país donde ni siquiera se respetara un principio jurídico heredado desde el Derecho Romano hace casi dos mil años?
La no retroactividad de la ley.
Pues ya existe.
Y se llama #México.
Hoy, miles de jubilados y adultos mayores observan algo inédito: el propio Estado intentando modificar condiciones ya consolidadas bajo las cuales trabajaron y se jubilaron durante décadas.
@SCJN@ONUHumanRights@CorteIDH
#NoRetroactividad #DerechosAdquiridos #Jubilados #EstadoDeDerecho
@CFEmx@Pemex@alitomorenoc@PartidoMorenaMx@brozoxmiswebs@energiaadebate@azucenau@SimonLevyMx
Algo sobre las pensiones y los derechos adquiridos de los trabajadores de varias entidades paraestatales, además de alertar que lo siguiente son las pensiones de las AFORES
Un tribunal colegiado acaba de decir algo enorme: recortar de golpe la pensión de personas jubiladas de CFE no es un simple “ajuste administrativo”, puede ser tormento psicológico prohibido por la Constitución. Cuando el Estado te quita de un plumazo más de la mitad de lo que usas para medicinas, renta, comida y seguros, no sólo toca tu bolsillo: te pone en riesgo real de enfermar, de quedarte sin tratamiento, de morir en la incertidumbre.
La resolución entra a fondo en la vida de quienes están detrás del expediente: adultos mayores, muchos enfermos, con dependientes, créditos de vivienda y tratamientos permanentes. No pueden “reponer” esos ingresos buscando otro trabajo. La pensión es su piso vital, su red de seguridad, el resultado de laudos, convenios y años de trabajo. Convertirla en un interruptor que se prende y se apaga desde una oficina es, en la práctica, una forma de maltrato que genera miedo, angustia, zozobra permanente.
Por eso el Tribunal ordena detener de inmediato los recortes y restablecer el pago íntegro mientras se decide el fondo del juicio. Lee la señal de fondo: la pensión de una persona jubilada no es un privilegio “doradito”, es un derecho de propiedad con función alimentaria y de salud. Tocar ese ingreso sin un estándar extremo de justificación puede equivaler a tortura psicológica. Y una democracia que se toma en serio la dignidad humana no puede normalizar eso.
La reforma para topar las megapensiones puede sonar popular, pero trae un veneno jurídico muy serio: pretende aplicar nuevas reglas a pensiones ya reconocidas. Y ahí está el problema. No se trata de defender privilegios absurdos; se trata de entender que el Estado no puede cambiar, por mayoría y de un plumazo, derechos adquiridos ya consolidados, sin dinamitar la seguridad jurídica.
Si una pensión nació de un régimen válido, de un convenio firme o incluso de una sentencia, recortarla después no es austeridad: es retroactividad en perjuicio de los gobernados. El mensaje es gravísimo: hoy te cambian la jubilación que ya habías ganado; mañana, cualquier otro derecho. Así no se corrigen excesos: así se rompe la confianza en la ley y en la palabra del propio Estado.
México necesita acabar con abusos, sí. Pero hacerlo pisoteando derechos adquiridos puede convertir una reforma popular en una bomba legal de proporciones enormes: amparos masivos, litigios interminables y una factura institucional mucho más cara que el supuesto ahorro.