Olivia
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Mario Acosta
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Abogado. Especialista en Derecho Procesal Civil. Amante del cine, la literatura y el fútbol. Opiniones personales y académicas. De la mano de Dios🙏🏼💫.
En algún lugar del mundo
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¿La falta de un certificado de lucidez mental invalida un fideicomiso?
En #SupremamenteClaro habla la magistrada Patricia Guzmán Álvarez sobre la decisión de la #SalaDeCasaciónCivilAgrariaYRural de la Corte Suprrema de Justicia que, al conceder una tutela contra una sentencia que anuló tres escrituras públicas de fideicomiso que suscribió una señora de 81 años, precisó que bajo el régimen de la Ley 1996 de 2019, la discapacidad o las condiciones cognitivas no constituyen por sí mismas un factor determinante de incapacidad jurídica, ni de incapacidad para celebrar actos jurídicos de manera independiente.
La Sala reiteró lo señalado en la sentencia SC2119 de 2025 de que cuando se demandan actos jurídicos de constitución de fideicomisos, es deber de los falladores revisar no solo los requisitos para su validez, sino también los de existencia, que exigen, como condición indispensable, la definición de una condición predeterminada para restituir los bienes fideicomitidos.
Ver sentencia STC8932-2026: https://t.co/59nOHF8pDP
La Corte Constitucional acaba de emitir la Sentencia T-287 de 2026.
¿El mensaje? La tutela YA NO es el mecanismo ideal para proteger a un trabajador despedido cuando está en estado de debilidad manifiesta por salud.
Te explico por qué esto es un retroceso para los trabajadores. 🧵 1/5
El mito se ha derrumbado. Esta sentencia tiene especial significado académico para mí. Por fin se aplican, en toda su dimensión, las reglas establecidas en el art. 430 del CGP, por las que tanto se luchó en varias reformas legislativas.
La Corte Suprema de Justicia recoge su postura anterior, de casi 80 años, para reconocer que si los requisitos formales del título ejecutivo no se discuten oportunamente, el juez no puede volver de oficio sobre ellos.
Por fin prevalece el derecho sustancial. Sentencia STC-18586-2026 de 22 de septiembre de 2026 (MS: Adriana López)
https://t.co/wfstd2iqs5
IMPORTANTE DECISIÓN. TÍTULO EJECUTIVO Y PRECLUSIÓN. LA CORTE REDEFINE LOS LÍMITES DE SU REVISIÓN OFICIOSA (CSJ STC18586-2026): La Corte rectifica su jurisprudencia en relación con la posibilidad de revisar oficiosamente los requisitos del título ejecutivo. Precisa que, bajo el Código General del Proceso, es necesario distinguir entre los requisitos formales y los sustanciales del título, pues su control está sometido a reglas y oportunidades diferentes.
En cuanto a los requisitos formales relacionados, entre otros aspectos, con la autenticidad, procedencia y autoría del documento que sirve de fundamento a la ejecución, la Corte concluye que su discusión queda limitada a la etapa inicial del proceso. De acuerdo con el artículo 430 del CGP, estos defectos deben alegarse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Si no se cuestionan en esa oportunidad, el debate precluye y el juez no puede posteriormente, ni siquiera de oficio, volver sobre ellos para negar la ejecución.
La Corte explica que esta solución responde al diseño del CGP, que atribuye consecuencias a la conducta procesal de las partes y busca evitar que, después de adelantado el proceso ejecutivo, la ejecución termine frustrándose por defectos meramente formales que pudieron ser discutidos oportunamente.
Distinta es la situación de los requisitos sustanciales del título. El juez conserva la facultad y el deber de verificar que exista realmente una obligación clara, expresa y exigible, pues estos elementos se relacionan directamente con la existencia y alcance de la obligación cuya ejecución se pretende.
Con esta decisión, la Corte modifica expresamente su postura anterior, conforme a la cual el juez podía volver a revisar de oficio el título ejecutivo, incluso al momento de dictar sentencia. En adelante, esa facultad permanece respecto de los requisitos sustanciales, pero no frente a los defectos formales que no fueron discutidos oportunamente contra el mandamiento de pago.
Considero que la rectificación resulta acertada y, además, se encuentra en línea con lo dispuesto expresamente por el Código General del Proceso.
La postura le otorga contenido real a esa regla y, especialmente, a la preclusión. No parece razonable que un defecto estrictamente formal, que pudo ser advertido por el juez al librar el mandamiento o discutido oportunamente por el ejecutado, pueda reaparecer al final del proceso para frustrar una ejecución después de haberse agotado todo el trámite. En todo caso, se debe ser muy cuidadoso con esa revisión oficiosa, pues en algunas oportunidades lleva a excesos que terminan generando una gran inseguridad jurídica —⬇️⬇️—
Mi columna en @Ambitojuridico #AutoOSentencia sobre la polémica cómo debe decidirse en proceso divisorio excepción de mérito de prescripción adquisitiva, si por auto o sentencia
https://t.co/BxTfzBRTNL
¿Debe existir convocatoria para la provisión de cargos transitorios de descongestión en la rama judicial?
El artículo 68 de la ley 2430 de 2024, modificó el artículo 132 de la ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), que posteriormente fue reglamentada esa disposición mediante acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura.
En consecuencia, se estableció que las vacancias temporales en la carrera judicial deben cubrirse con empleados de carrera del mismo despacho que cumplan con los requisitos o, en su defecto, con integrantes del registro de elegibles.
Sin embargo, en un reciente pronunciamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial reiteró un comunicado de la Unidad de Carrera Judicial, mediante el que se dejó claro que estas reglas no aplican para la provisión de cargos transitorios de descongestión.
¿Conoces a un servidor o empleado judicial que le pueda interesar esta decisión? No dudes en enviársela.
Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Radicado 202500442.
RELACIONADO CON EL EJERCICIO DE UN DERECHO DE OPCIÓN DE COMPRA —SOBRE VARIOS INMUEBLES—PACTADO EN UN CONTRATO DE TRANSACCIÓN. https://t.co/vK95uKiPtS
Prescripción de la sanción por no consignar las cesantías.
La #SalaDeCasaciónLaboral de la @CorteSupremaJ precisó que no es posible declarar la prescripción total de la indemnización por falta de consignación de las cesantías de un año causado con corte a cada 15 de febrero, porque al ser esta una obligación que se causa día a día (de tracto sucesivo), su exigibilidad se renueva con cada jornada en mora.
La Sala recordó que la prescripción laboral es de tres años desde que la obligación es exigible. Sin embargo, aclaró que, al tratarse de un incumplimiento que se actualiza a diario, el tiempo para reclamar no se agota en un solo momento anual, sino que se cuenta de manera independiente por cada día de retraso.
Ver sentencia SL2525-2025
👉: https://t.co/45qv1XD0VE
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¡Cuidado con lo que le dices o le preguntas a la Inteligencias Artificial!
Un juzgado federal en Nueva York acaba de dictar sentencia en el caso "United States vs. Heppner" en el que, desde mi perspectiva, acaba de generar un precedente judicial peligroso sobre Inteligencia Artificial.
1. Contexto del asunto.
El señor Bradley Heppner se encontraba sujeto a una investigación penal federal. Decidió utilizar la IA "Claude" para redactar estrategias de defensa, analizar su situación legal y compartirle dicha información generada a su abogado. Pensó que como sería información que utilizaría su abogado, la misma estaría protegida.
2. La decisión judicial.
Este asunto presentó una cuestión jurídica novedosa en el derecho estadounidense (y también para cualquier otro país, como México): ¿La información que genera una persona sujeta a investgación criminal a través de una IA pública está protegidas por las doctrinas conocidas como "privilegio entre cliente/abogado" y "producto de trabajo" (work product)? El juez Rakoff determinó que no.
Los argumentos, en esencia, son:
- La IA no es un abogado. Las comunicaciones generadas entre la IA y el acusado Heppner no son comunicaciones entre cliente/abogado.
- La información generada por la IA no es confidencial, ya que los usuarios, al consentir los acuerdos de confidencialidad de Claude (política de privacidad) y compartir datos con terceros, se pierde la calidad de información "privada".
- La trampa de la doctrina del "Work Product". El argumento de defensa de Heppner fue que dicha información generada se trataba de "material de trabajo" para el juicio. Sin embargo, el juez Rakoff consideró infundado tal argumento, pues, a su consideración, las preguntas e información obtenida por Heppner no fue generada bajo la dirección y supervisión de su abogado. El juez determinó que si el abogado lo hubiere hecho como parte de estrategia de litigio, tal vez la decisión judicial adoptada hubiese sido distinta.
3. Efectos de la sentencia.
Heppner tuvo que entregar a la autoridad investigadora la información que Claude le generó.
4. Moraleja.
Este precedente genera ciertas reglas en las que, estimo, hay que poner atención:
* Si estás sujeto a investigación no consultes a la IA sin supervisión de tu abogado porque puede ser utilizada en tu contra. La IA puede ser lista, pero no es tu confidente legal.
* Tal vez obliga a los abogados a revisar y rehacer acuerdos de confidencialidad, contratos de servicios legales con clientes y modificar sus programas de cumplimiento normativo en relación con la IA como instrumento de apoyo en el trabajo cotidiano jurídico.
El mensaje final del juez Rakoff es relevante, al señalar, en esencia que el uso de la IA no debe apartarse de principios legales, como aquellos que rigen el privilegio entre "cliente/abogado" y la doctrina del "work product".
Aquí la sentencia por si la quieren consultar: https://t.co/w3Lcjgzwoj
El juez de tutela debe verificar la competencia, dado que es un presupuesto de su actividad judicial sujeto a su verificación, el cual no se suple con la simple asignación o reparto. https://t.co/KbydDacKRR
Acción de tutela contra providencia judicial. La #SalaDeCasaciónCivilAgrariaYRural de la @CortesupremaJ protegió el mínimo vital de dos hermanos cuyo sostenimiento se encontraba en riesgo, y llamó la atención sobre el deber que tienen los jueces de familia de actuar de manera célere y con enfoque protector de derechos cuando hay menores de edad involucrados.
La Sala señaló que, en casos como este, donde está comprometido el mínimo vital de sujetos de especial protección, el rol activo del juez implica un deber oficioso de aprobar o corregir la liquidación presentada por la mamá en condición de pobreza.
La Sala ordenó a un juzgado de familia resolver en 48 horas la solicitud de entrega anticipada de los dineros por alimentos consignados en una cuenta bancaria.
Ver sentencia STC2368-2026: https://t.co/pfNqwjqzck
✍️ Hoy escribo sobre cómo intelectuales brillantes pudieron apoyar ciegamente sistemas responsables de algunas de las peores tragedias de la humanidad a partir del último libro del ensayista francés Samuel Fitoussi. Gracias por leer y compartir.
https://t.co/B8aSWlo2xB
En la sentencia SC2119-2025, la Corte Suprema de Justicia dijo algo que ha pasado desapercibido, pero que es básico en la teoría del negocio jurídico: la prescripción no sanea la inexistencia, pero las reclamaciones por los efectos que se hayan podido generar sí prescriben. 🧵
Si un abogado es sancionado con suspensión del ejercicio de la profesión, debe desprenderse de las gestiones encomendadas mediante la renuncia o sustitución, so pena de incurrir en falta disciplinaria por desconocer la incompatibilidad. https://t.co/WbyJQub2Or
El profesional del derecho está obligado a rendir un informe final de gestión, incluso cuando dicha obligación no haya sido prevista en el contrato de prestación de servicios. https://t.co/dxWJV5owGS
La Corte Suprema de Justicia (MS MP Guzmán), en sentencia de 17 de marzo de 2026, establece que la teoría del “retraso desleal” no es aplicable en Colombia y -en buena hora- recoge la postura que había expuesto en la sentencia CSJ SC425-2024.
Estudiemos para el examen de juez C28. Comparto tabla metodológica y resumen académico de filosofía del derecho. https://t.co/OEUuWx4ChO
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