#DestacadaCC | La Corte Constitucional determinó que el hábeas data permite solicitar la restricción u ocultamiento de datos personales difundidos en el sistema EXPEL cuando un proceso penal concluyó sin sentencia condenatoria.
👉🏽 Sentencia 171-21-JD/26: https://t.co/b2eiiMskUp
"Un juez necesita estudiar pero también escuchar, dudar, argumentar, aceptar perder, resistir presiones, conocer sus límites y recordar que la toga no lo convierte en protagonista"
La pregunta planteada en México cabe hacernosla aquí!
Aquí una propuesta de cómo darnos una Corte Nacional de Justicia de primer nivel:
https://t.co/djQtUeQ7LH
Señores @CJudicaturaEc , a su disposición este insumo.
Terrible!!!
Mientras el país se prepara para la llegada del fenómeno de El Niño, ciudadanos registraron el momento en que ocupantes de un vehículo arrojan basura a la vía pública.
Esto debería, si o si, empezar a sancionarse también en el Ecuador. El Art. 330 del COFJ impone a los abogados el deber de patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe.
El 335.9 por su parte, prohíbe ejercer el derecho de acción o de contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria.
🔵Procuración judicial - excesivo formalismo y afectación a la defensa
*️⃣ Alejandro Ponce, en calidad de procurador judicial de los señores Ráz, Polievka, Dvorecky, Midriak, Rázová, Polievková y Burian, presentó una demanda por contravención a la Ley de Defensa al Consumidor en contra de ECUFREECORP
*️⃣ La demandada había sido contratada para servicio turístico por USD 35.560,00 (recorrido en moto por varias partes del Ecuador).
*️⃣ La jueza declaró sin lugar la demanda. La parte accionante apeló.
*️⃣ Otra jueza de la Unidad Judicial convocó a audiencia de apelación y esta fue diferida.
*️⃣Luego, se convocó a una nueva audiencia. En esta, se declaró el abandono de la causa.
*️⃣La Unidad Judicial declaró el abandono de la causa en razón de los artículos 43 y 87, numeral 1 del COGEP, debido a que:
i) el poder especial de delegación de procuración judicial del abogado Juan Carlos Torres Jiménez (quien compareció a la audiencia de apelación en calidad de procurador judicial delegado de la parte accionante), el cual le fue otorgado por el Ab. Alejandro Ponce (procurador judicial de los accionantes), no contaba con la cláusula prevista en el Art. 43 del COGEP; y,
ii) porque el poder otorgado por los accionantes al Ab. Alejandro Ponce no contaba con “la cláusula especial para sustituir”.
*️⃣Se negaron los recursos de aclaración y ampliación.
*️⃣Alejandro Ponce, en calidad de procurador judicial de los accionantes, presentó acción extraordinaria de protección que ganó.
🔺¿Qué dijo la CC?
▶️La Corte señaló que de la copia certificada del poder especial otorgado por los señores Ráz, Polievka, Dvorecky, Midriak, Rázová, Polievková a favor de los abogados Alejandro Ponce y Diego Corral, se lee:
“Expresamente se concede a través de esta cláusula, la facultad de transigir siempre en beneficio de los intereses de los poderdantes en los casos que se determine o se permita la posibilidad de transigir; y, en general, se concede expresamente a los procuradores judiciales todas y cada una de las facultades descritas en los artículos cuarenta y uno y cuarenta y tres del Código Orgánico General de Procesos, sin que se pueda alegar falta de poder suficiente para desempeñar su cargo”.
▶️También, se observa la protocolización de la copia autenticada del poder especial otorgado por Burian a favor de los abogados Alejandro Ponce y Diego Corral, en cuya parte pertinente se lee:
“De manera expresa incorporo todas las normas relativas a los mandatos constantes en el Código Orgánico General de Procesos COGEP”.
▶️ Además, consta la sustitución de poder otorgada por Alejandro Ponce, en calidad de apoderado de los señores Ráz, Polievka, Dvorecký, Midriak, Rázová y Polievková, a favor del abogado Juan Carlos Torres, respecto del poder especial de procuración judicial referido anteriormente.
▶️La CC dijo que la interpretación efectuada por la Unidad Judicial no consideró de forma integral las referencias expresas al COGEP y a los mandatos particulares para los procuradores judiciales que prevé este cuerpo normativo, entre los cuales se encuentran los del Art. 43 del COGEP, el cual contempla la facultad de sustituir la procuración judicial a otro profesional del derecho.
▶️En consecuencia, la Unidad Judicial realizó una interpretación restrictiva y formalista del texto de las procuraciones judiciales originarias, que impidió que el abogado designado pueda participar en la audiencia en representación de sus poderdantes.
▶️Con ello, la judicatura generó un daño grave en el ejercicio de los derechos a la defensa y a recurrir de los accionantes.
▶️La actuación de la jueza resultó contraria al principio pro actione, lo cual generó un obstáculo irrazonable para que el órgano judicial superior, por medio de la apelación, revise la decisión adoptada en primera instancia.
Sentencia No. 517-23-EP/26
🔴 Efecto PEREA aplicado al tipo penal de LAVADO DE ACTIVOS (Art. 317 COIP)
📌La mayoría litiga el lavado mirando los activos.
—Error de origen.
El caso no se gana en los activos.
—Se gana en la fórmula.
📌 La fórmula es esta:
Lavado ⟺ Sujeto ∧ Forma ∧ Verbo Rector ∧ Origen Ilícito
Si una sola variable falla, la ecuación colapsa.
👉🏽 Sin origen ilícito probado no hay lavado.
Hay una sospecha.
Quizá una sospecha fuerte.
Pero sigue siendo una sospecha.
💥 La Resolución 20-2024 de la Corte Nacional lo zanjó:
—La Fiscalía puede acreditar el origen ilícito mediante prueba indiciaria.
No necesita una sentencia previa por el delito fuente.
Pero cuidado con leer solo la mitad del precedente.
Dentro de la propia triple reiteración está la resolución 765-2022, que anuló una condena construida sobre una idea peligrosísima:
“Si mueve mucho dinero, entonces el dinero es ilícito”.
📌 El precedente habilita el medio.
📍No regala el estándar.
Y esa diferencia cambia todo.
Porque el indicio no condena.
—Lo que condena es la inferencia.
—Y toda inferencia debe justificarse.
Fiscalía no gana porque tiene indicios.
Gana cuando puede explicar racionalmente por qué esos indicios permiten concluir origen ilícito y no cualquier otra explicación compatible.
Si existen rastros de licitud, debe refutarlos.
Si existen hipótesis alternativas plausibles, debe descartarlas.
Si no puede hacerlo, no ha probado lavado.
Ha probado una posibilidad.
Y las posibilidades no condenan.
La defensa, por su parte, no tiene que demostrar inocencia.
Le basta exhibir una explicación alternativa compatible con los datos del proceso y mínimamente respaldada por el expediente.
Porque la irregularidad tributaria no equivale a origen ilícito.
Porque el desbalance patrimonial no equivale a origen ilícito.
Porque muchas transacciones no equivalen a origen ilícito.
📍El patrimonio se observa.
📌 El origen se demuestra.
Confundir ambas cosas destruye la presunción de inocencia.
—Y por eso el lavado de activos no se prueba con activos.
—Se prueba con su origen.
Ese origen debe rastrearse, reconstruirse, explicarse, justificarse y contrastarse.
Porque el problema nunca fue cuánto dinero tiene una persona.
—El problema siempre fue de dónde vino.
Y entre una cosa y la otra existe una palabra que en Derecho importa más que todas:
📌PRUEBA.
#EfectoPEREA #PeStyleDefensor #EscuelaDeDefensoresByPEREA #LavadoDeActivos #RazonamientoProbatorio #DefensaPenal
🤩 Day 4 of our summer program on "Contemporary Challenges in Constitutional Democracies," hosted by the Constitutional Studies Program here at @UTexasLaw in partnership with the Graduate School of Law at UEES @PostDerechoUEES@uees_ec.
🗳️ We began the day with tour of the Texas Capitol Building, with thanks to @NickEscue. Lectures to follow on subjects in constitutional law and democracy.
🙏🏽 Thank you to @palarconpe and @pame_j_aguirre for co-hosting this annual program with me.
Embarazo y despido intempestivo a servidora pública de empresa pública…
La Corte Constitucional, en la sentencia No. 607-24-EP/26, analizó el caso de una servidora de una empresa pública despedida intempestivamente el 30/11/2020, quien al día siguiente fue certificada con 7 semanas de embarazo. Tras decisiones contradictorias en instancias inferiores (negada en primera instancia y luego aceptada en apelación), la Corte Nacional casó la sentencia que había favorecido a la trabajadora (en apelación).
El eje del razonamiento de la Corte Nacional fue estrictamente formal: sostuvo que, al tratarse de una servidora pública de empresa pública, su relación se regía por la LOEP y no por el Código de Trabajo. Bajo esa premisa, concluyó que el art. 195.3 (despido ineficaz) sólo es aplicable a “obreros”, por lo que la accionante no podía beneficiarse de esa protección. Incluso señaló que, si la empresa utilizó la figura de despido intempestivo prevista en normativa interna, era responsabilidad de la entidad, pero ello no habilitaba la aplicación del régimen laboral común.
El problema (según la Corte Constitucional) es que ese análisis fue incompleto: la Corte Nacional se limitó a una clasificación rígida del régimen jurídico y omitió considerar (i) el vacío normativo en la LOEP sobre protección frente al despido de mujeres embarazadas y (ii) la obligación de integrar el ordenamiento mediante normas supletorias y principios constitucionales.
Así, la Corte Constitucional concluyó que la Corte Nacional desconoció una norma aplicable (art. 195.3 CT) de manera supletoria y, sobretodo, las disposiciones constitucionales de protección reforzada a mujeres embarazadas (arts. 33, 43 y 332 CRE). Esa omisión no fue sólo interpretativa, sino que afectó la seguridad jurídica y la tutela efectiva de una persona que pertenece a un grupo de atención prioritaria.
En consecuencia, dejó sin efecto la sentencia de casación y ordenó que una nueva Sala de la Corte Nacional vuelva a resolver el caso, integrando correctamente el marco legal y constitucional.
🔸 El problema de fondo es este: ante una misma situación, como es el embarazo, se estaba dando un trato distinto sólo por el tipo de contrato. Eso no tiene sentido. El embarazo es una condición que merece protección en cualquier caso, no dependiendo de cómo esté contratada la persona.
Por eso, la Corte Constitucional aclara que no se puede dejar sin protección a una mujer embarazada por un vacío en la ley o por una clasificación formal. La protección debe aplicarse por igual, para evitar decisiones injustas, ante situaciones comunes: protección ante el embarazo.
CONSULTA ABSUELTA: 1.- Las excepciones previas no subsanables se resuelven con sentencia no con auto interlocutorio.2.- Si la apelación, ante la Sala, revoca dicha sentencia, le corresponderá resolver el proceso al mismo juez de primer nivel que la emitió.
🔵 #PuntoDeDerechoCNJ | La @CorteNacional de Justicia aprobó una nueva Resolución con Fuerza de Ley, sobre la reducción a escrito de sentencias orales ante ausencia definitiva de jueces.
📑 La resolución completa la encuentra en: https://t.co/i7MSY5tkEI
#IndependenciaJudicialCNJ ⚖️
📌 Ahora que está de moda hablar de la Corte Constitucional del Ecuador, les dejo mi TOP 10 de sentencias indispensables para cualquier defensor en justicia penal.
Este es mi top:
1) 2706-16-EP/21 — ponencia de Dra. Prof. Teresa Nuques
📌 En esta sentencia se deja claro el estándar de motivación en justicia penal, la mínima intervención penal y la importancia de justificar por qué se supera el umbral de duda razonable.
—Y aquí fui el defensor técnico que impulsó la Acción Extraordinaria de Protección contra una sentencia de casación y apelación).
2) 1158-17-EP/21 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada
📌 En esta sentencia se explica todo sobre la motivación judicial y su relación con la argumentación jurídica y la cultura del límite a la arbitrariedad.
3) 546-12-EP/20 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada
📌 En esta sentencia se explica cómo debe entenderse, de forma pragmática, el principio del debido proceso y sus reglas constitucionales de garantía y de trámite legal.
4) 1568-13-EP/20 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada
📌 En esta sentencia se explica cómo debe entenderse, de forma pragmática, el principio de defensa y sus reglas constitucionales de garantía y de trámite legal.
5) 740-12-EP/20 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada
📌 En esta sentencia se explica cómo deben entenderse, de forma pragmática, las reglas constitucionales de garantías, tanto propias como impropias, del debido proceso y la defensa, y cómo argumentar su protección y corrección.
6) 2195-19-EP/21 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada
📌 En esta sentencia se explica cómo debe entenderse, de forma pragmática, la garantía de la defensa técnica y la actividad del juez o autoridad judicial (incluida la Fiscalía) para proteger esta garantía constitucional.
7) 687-13-EP/20 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada
📌 En esta sentencia se explica cómo debe entenderse, de forma pragmática, la distinción entre valorar la prueba y excluir la prueba, indicando cómo identificar cada actividad.
8) 1965-18-EP/21 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada
📌 En esta sentencia se explica, desde una perspectiva filosófica del Derecho, cómo se garantiza el doble conforme como garantía constitucional atípica.
9) Dictamen 1-23-DJ/23 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada y Dr. Prof. Richard Ortiz
📌 En este dictamen se explica cómo debe entenderse, de forma pragmática, la argumentación y justificación de las inferencias fácticas o de hecho.
10) 384-23-EP/26 — ponencia del Dr. Prof. Alí Lozada
📌 En esta sentencia se explica cómo debe entenderse, de forma pragmática, la interpretación de las normas en materia penal y el uso de precedentes como argumentos analógicos.
📍Así hay muchísimas más del Prof. Alí Lozada y de otros jueces, tanto en justicia penal como en justicia constitucional.
Después les haré el TOP 10 de justicia constitucional.
🔥 Ahora, desde tu rol (defensor, fiscal, juez o académico):
¿Cuáles son las tuyas?
📌 Si gustan, revísenlas.
Seguro mejorarán como defensores en justicia penal.
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#Top10CCE #CorteConstitucional #JusticiaPenal #DefensaTécnica #MotivaciónJudicial #DebidoProceso #PeStyleDefensor #EscuelaDeDefensores_ByPEREA
En la sentencia 1933-21-EP/26, publicada hoy, la @CorteConstEcu ya se dejó de la tontería de que los actos administrativos no son impugnables en acción de protección porque hay la vía contenciosa, aunque sigue restringiendo la vía paralela si los argumentos son idénticos.
Para debate. Esta es mi posición.
No en todos los casos los hijos representan a la persona fallecida. La ley es clara: quienes la representan son sus herederos, y esa calidad se acredita con la posesión efectiva o con la promoción del trámite correspondiente (art. 1265 del Código Civil).
Por eso es un error exigir que en los juicios comparezcan todos los hijos con base en información del registro civil. No todos llegan a ser herederos, pues pueden existir causales de indignidad, repudio de la herencia o disposiciones testamentarias que los excluyan.
Confundir filiación con calidad de heredero distorsiona la legitimación procesal y provoca dilaciones innecesarias. El criterio atribuido a la Corte Constitucional del Ecuador merece un debate serio desde la técnica jurídica.
🔴 42 casos en los que no procede presentar una acción de protección
Más un caso de Hábeas Data (derivado incorrectamente de una sentencia de AP).
▶️ Actualizado al 28 de noviembre de 2025
📌Situaciones Jurídicas Consolidadas:
▶️ Se produce cuando en sentencia el juzgador ordena la restitución de una persona a su cargo, más la cancelación de los haberes dejados de percibir hasta la fecha de su efectivo reintegro.
De aquí la importancia de cumplir las sentencias, para evitar que se acumule valores, que luego salen carísimos de pagar.
Párrafo 51, pág. 9 ⬇️