Se ve que no había otra forma de ponerlo a disposición judicial más que haciéndole pasar una noche en el calabozo.
No piensen mal. No es para amedrentarlo ni porque los jueces discrepen de su ideología...
Este virólogo belga se llama Thomas y es hijo de uno de los fallecidos en el incendio en Los Gallardos (Almería). Ha denunciado públicamente a la Junta de Andalucía del PP de Juanma Moreno por inventarse que las víctimas ignoraron las recomendaciones. El PP miente y mata.
Un estudio dirigido por el Departamento de Arqueología de la Universidad de Durham propone que las comunidades de la Edad del Bronce mantenían extensas redes marítimas que conectaban el noroeste de la Península Ibérica con Escandinavia. Mediante escaneo 3D de alta precisión, los
[Los fondos proceden de una opaca fortuna de 15 millones de euros, cuyo origen se desconoce y nunca declarada a Hacienda, que Juan Carlos I mantuvo oculta desde 1995 en los paraísos fiscales de Islas Vírgenes Británicas y Jersey con la ayuda de su administrador Manuel de Prado y Colón de Carvajal] https://t.co/IhSiZSxuvP @josemariairujo
Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros https://t.co/KQ71l9UV7l
10 registros de contratación pública 10 registros decontratación pública asociados a Future Factory SL, todos vinculados al Ayto de Madrid por servicios de cafetería/comedor en centros municipales de mayores de Fuencarral-El Pardo. El importe 299.419,68 €
De 2019 a 2020
Aldama
Lo de que Aldama no entre en la cárcel apesta.
El Supremo lo sabe. Dedica casi un tercio de sentencia a justificar lo injustificable: una rebaja desproporcionada de pena y encima suspendida para que no entre en prisión.
Huele fatal.
🌍 The Atlantic Ocean’s cold blob..!! is expanding and it may be weakening the current that warms Europe.
New data shows the system is changing faster than expected.
This could reshape weather patterns across continents...!!
Vínculos entre "La Pequeña Caracas", Maduro y la "información" contra el gobierno y a favor de la derecha en España
Puesto que no me dejan tranquilo les voy a contar una vez más algo sobre estas cosas tan curiosas
SPAIN
Crean una cuenta falsa en Suiza a Xavier Trías; @eurreiztieta lo publica sabiendo que es falsa; Ferreras y el juez Andreu de la AN ríen; F. Martínez lo sabe; Trías se querella; el juez González Vega los absuelve; la fuente era fiable (La POLICÍA); @okdiario INSULTA A TRÍAS
La ineficacia silenciosa de los Planes Generales en la Comunidad de Madrid: un problema jurídico que no puede ignorarse.
El urbanismo municipal de la Comunidad de Madrid opera mayoritariamente sobre normas ineficaces. Esta afirmación, que podría parecer exagerada, se sostiene en un hecho elemental del Derecho público: una norma no publicada es una norma inexistente de modo que “Las normas se publican en un Boletín Oficial. Y si no se publican, no existen.”
Sin embargo, en la Comunidad de Madrid, CAM, esta regla básica se ha ido erosionando hasta generar un escenario de enorme gravedad institucional: Planes Generales y Modificaciones Puntuales que nunca se publicaron íntegramente, o que fueron publicados en el BOCM por órgano manifiestamente incompetente, pero que se aplican como si estuvieran en vigor.
Y lo más inquietante: ciudadanos y letrados litigan sin saber que el plan que invocan nunca llegó a nacer jurídicamente. Incluso Tribunales que ignoran esa ineficacia.
Feijóo entró a gobernar en Galicia en 2009 y comenzó el desmantelamiento ilegal. Hay sentencias que corrigen errores administrativos. Y hay otras que retratan una forma de gobernar. El caso del psiquiatra Víctor Pedreira pertenece claramente a la segunda categoría.
Después de diecisiete años de batalla judicial, los tribunales acabaron describiendo la actuación del Sergas con términos demoledores: “funcionamiento anormal muy grave”, “grosero”, “intolerable”, “animadversión” y “usurpación” del puesto. Esto dice la sentencia, para definir cómo actuó la Administración sanitaria gallega en la destitución y degradación profesional de quien había sido jefe de Psiquiatría del hospital de Pontevedra durante décadas.
El conflicto comenzó en 2009, justo tras el regreso de Alberto Núñez Feijóo a la Xunta. Pedreira, que había ocupado responsabilidades en Salud Mental durante el bipartito PSdeG-BNG, recibió simultáneamente dos ceses: uno como alto cargo político, algo que consideró lógico tras un cambio de gobierno, y otro como jefe de servicio hospitalario, una plaza propia desde 1982, que nada tenía que ver con la alternancia política. Ahí empezó la persecución.
Lo que vino después resulta difícil de encajar en una democracia avanzada y en una administración pública que presume continuamente de neutralidad institucional. Durante años se sucedieron concursos anulados, tribunales invalidados, irregularidades procedimentales y resoluciones judiciales que cuestionaban la limpieza del proceso. Hubo incluso órganos evaluadores anulados por incumplir requisitos básicos de composición. Y, mientras tanto, Pedreira era apartado, degradado profesionalmente y enviado a un destino periférico, perdiendo categoría, funciones y salario.
La pregunta ya no es únicamente qué ocurrió con Víctor Pedreira. La pregunta es qué clase de cultura administrativa permite que un profesional tenga que esperar casi dos décadas para que la Justicia reconozca algo que, según las sentencias, nunca debió suceder.
Porque lo más grave del caso no es solo el daño individual. Lo verdaderamente inquietante es el patrón que refleja: el PP que, lejos de rectificar tras las primeras derrotas judiciales, perseveró durante años en sostener una actuación que los tribunales terminaron calificando de arbitraria.
Y ahí aparece inevitablemente el nombre de Feijóo.
No porque exista una sentencia que lo condene personalmente, sino porque todo el aparato administrativo que actuó dependía políticamente de los gobiernos presididos por él. Él inició el desmantelamiento. El Sergas no era una estructura autónoma flotando en el vacío. Respondía a una cadena de mando política. Y el caso Pedreira se desarrolló íntegramente bajo el modelo de poder construido por el PP gallego durante años.
La sentencia final resulta especialmente dura porque no se limita a reconocer un perjuicio administrativo. Va más allá. Habla de “animadversión”. Es decir, de una actuación impregnada de hostilidad personal. Y eso rompe completamente el relato del simple “error burocrático”.
Todavía más excepcional es que el juzgado llegase a sugerir una posible “acción de regreso”: que la Administración estudie reclamar personalmente a los responsables el coste económico derivado de sus actuaciones ilegales. Eso es extraordinariamente infrecuente y revela hasta qué punto la resolución judicial considera grave lo sucedido.
Mientras tanto, el tiempo hizo el resto. Pedreira terminó jubilándose antes de que se ejecutase plenamente el reconocimiento judicial de su puesto. Ganó, sí. Pero ganó tarde. Y ahí reside otra de las grandes derrotas del sistema: una Justicia tan lenta que permite que determinadas estrategias administrativas acaben siendo eficaces aunque finalmente sean declaradas ilegales.
Si una persona necesita 17 años para obtener reparación, la reparación nunca es completa.