Anoche tuvimos el gusto de hablar sobre apatridia y acceso a la nacionalidad ante el Curso Universitario Migraciones Internacionales de la Universidad Católica (@UCUoficial). Gracias a la Dra. Silvia Facal por la invitación y a Leroy Gutiérrez (@LeroyGWilliams).
La apatridia no siempre tiene la cara de los rohinyás o de los campos de refugiados. A veces es silenciosa, prolija, administrativa: se esconde en un campo del pasaporte, en un código de tres letras, en un dictamen que nadie votó. Eso es exactamente lo que hace el Uruguay desde 1994, cuando —sin ley, sin sentencia y sin debate— dejó de consignar a sus ciudadanos legales como nacionales y empezó a escribirles en el pasaporte que pertenecen a otro lado. El resultado: decenas de miles de personas condenadas a lo que las Naciones Unidas llaman, sin eufemismos, una muerte civil.
Lo más incómodo es que el Uruguay ya dio su palabra. Es parte de las Convenciones de 1954 y 1961, ratificó la Convención Americana y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana, que ya lo condenó una vez —en Gelman— por privar arbitrariamente de la nacionalidad. Desde entonces, cada juez y cada oficina pública del país está obligada a leer el derecho interno conforme a ese estándar. No lo hace. ��Qué se gana dividiendo a los propios ciudadanos en dos categorías? Nada. División, dolor y una ilegalidad que ya tiene fecha de vencimiento.
Texto completo y diapositivas, acá:
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@CancilleriaUy @Udelaruy @compresidencia @SomosTodosUy @FCUniversitaria @CorteIDH @Juan_Mondelli @ACNURConoSur
Al Partido Colorado lo hicieron los inmigrantes. Bajo su bandera peleó el propio Garibaldi. Batlle y Ordóñez convirtió a esta República en la Suiza de América: la jornada de ocho horas, la educación gratuita, las puertas abiertas para todo aquel que quisiera hacer de esta tierra la suya.
Aquel Uruguay le decía al mundo: vengan, que acá van a ser uno más.
El Uruguay de hoy es el único país del mundo donde naturalizarse no confiere la nacionalidad. Decenas de miles de ciudadanos legales, gente que vive acá, trabaja acá, vota acá y juró la bandera, cargan documentos que los declaran nacionales de otro Estado. Algunos quedaron, en los hechos, apátridas. Y conviene decirlo con precisión: eso no lo manda la Constitución, lo impuso una interpretación.
No se puede invocar el legado de Batlle y traicionar su promesa más elemental: uruguayo no solamente se nace, uruguayo también se elige ser.
#SomosTodosUruguayos #Uruguay #Batllismo #nacionalidad #pasaportes
@compresidencia@CancilleriaUy@PartidoColorado
Sabemos que @Parlamento_UY tiene sus tiempos, pero cuesta entender por qué algunos temas avanzan con rapidez mientras otros permanecen años sin tratamiento, aún cuando están en juego #DDHH fundamentales.
Diputados Sandra Mónica Nedov, María Fajardo, @minesobaldia , @mduque2904 , @Cybertario , @sallelorier y Luis Gallo Cantera: el proyecto “Derecho a la Ciudadanía en Igualdad” (Asunto N.º 153404, Carpeta N.º 2123/2021), presentado hace más de cuatro años, no puede seguir esperando en la Comisión de Derechos Humanos.
Para ponerle rostro al problema, le compartimos un caso de tantos que evidencia esta problemática.👇
El pasaporte que compartimos fue emitido a un ciudadano legal uruguayo nacido en India. Al obtener la ciudadanía legal uruguaya perdió su nacionalidad de origen, ya que India no permite la doble ciudadanía.
Sin embargo, hoy su pasaporte uruguayo indica en el campo “Nacionalidad” la leyenda XXX (en otros casos figura “No especificada” o “Desconocida”), indicando que no tiene nacionalidad.
De esta forma, Uruguay genera situaciones de apatridia de facto e incumple sus propias leyes (Ley 19.682 art. 15B, Ley 18.076 art. 6, Ley 17.349 y Ley 17.722) y tratados internacionales que ha suscrito soberanamente.
Ni hablar de las consecuencias que estas personas enfrentan al viajar con este documento, que además es su único pasaporte posible.
Esperamos que este ejemplo ayude a comprender mejor la dimensión del problema y las razones por las que seguimos impulsando este reclamo. Se trata de una práctica excepcional que no encuentra explicación en ningún otro país.
A pesar de los años de espera y de la falta de respuestas ante una situación que el Estado conoce desde hace tiempo, seguimos confiando en las instituciones y en que este problema puede resolverse.
Cabe recordar que el Estado uruguayo se comprometió ante la @CIDH hace más de dos años a encontrar una solución. Sin embargo, hasta ahora todo ha quedado en promesas. (https://t.co/kYpRQeydna)
Diputados por la relevancia del tema, solicitamos a uds considerar el avance de este proyecto.
@SomosTodosUy queda a disposición para aportar información, antecedentes y testimonios de quienes viven esta situación cada día.
#derechoshumanos #nacionalidad #proyectodeley #diputados #uruguaya #ciudadanoslegales #pasaporte
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Corresponde agradecer sinceramente a la INDDHH, a ACNUR y a todas las personas que hicieron posible esta instancia en el Parlamento, por no dejar que el problema de la ciudadanía legal vuelva a quedar fuera de la agenda pública.
Después de la reversión completa, el año pasado, del primer paso que se había dado hacia una solución, y luego de meses sin avances concretos, era perfectamente posible que el tema volviera a diluirse. Que eso no haya ocurrido es mérito de quienes, desde las instituciones, la sociedad civil y las propias personas afectadas, siguen insistiendo en una cuestión de derechos que Uruguay todavía no ha resuelto.
La jornada permitió volver a poner sobre la mesa algo que no puede reducirse a una discusión abstracta sobre categorías constitucionales. La distinción que el Estado uruguayo mantiene entre ciudadanía legal y nacionalidad tiene consecuencias reales sobre la vida de las personas, sobre el reconocimiento de su pertenencia y sobre el ejercicio efectivo de sus derechos.
La presentación de las recomendaciones del grupo de trabajo de la INDDHH, la exhibición del documental Somos de ACNUR y la disposición expresada por legisladores nacionales para activar la discusión parlamentaria son señales importantes. Uruguay tiene compromisos internacionales asumidos y caminos jurídicos posibles para corregir esta situación.
Además, el problema se ha agravado. La movilidad internacional depende cada vez más de sistemas digitales de verificación, bases de datos, controles previos al viaje y nuevas formas de frontera remota. En ese contexto, las dificultades que enfrentan los ciudadanos legales uruguayos ya no aparecen solamente en un mostrador migratorio o en una frontera física. Pueden surgir antes, en sistemas automatizados, aerolíneas, controles documentales y mecanismos internacionales de validación.
Por eso, mantener este tema vivo importa. No se trata de un reclamo simbólico ni de una cuestión menor. Se trata de garantizar igualdad, certeza jurídica y libertad efectiva de circulación a personas que Uruguay reconoce como ciudadanos, pero a quienes todavía no trata plenamente como nacionales.
https://t.co/BraJv3mYKy
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Celebramos este conversatorio en la @Nebrija.
Al respecto, Emb. Jorge Muiño, si la regularización temprana facilita el acceso a derechos y una integración más rápida de las personas migrantes, ¿cómo explica que miles de ciudadanos legales uruguayos que ya completaron todo el proceso previsto por la ley uruguaya, obtuvieron su carta de ciudadanía, votan, trabajan y aportan al país, sigan enfrentando una problemática de #DDHH planteada ante la @CIDH (https://t.co/Wp2cKxybjq) y que el propio Estado uruguayo reconoce?
Muchos de ellos, aun siendo ciudadanos legales uruguayos, continúan enfrentando situaciones de apatridia de facto, en contradicción con los convenios internacionales que Uruguay ha firmado y se comprometió a cumplir.
Uruguay promueve la integración, la inclusión y los derechos humanos en foros internacionales, pero sigue sin resolver una situación que afecta a miles de sus propios ciudadanos legales.
@CancilleriaUy@compresidencia ¿no creen que, después de años de diagnósticos, recomendaciones y compromisos asumidos, ya es hora de pasar del discurso a los hechos?
#nacionalidad #uruguay #pasaportes #inddhh #apatridia
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Uruguay estaría considerando nuevas modificaciones al formato de su pasaporte, con el objetivo de que tanto los “ciudadanos naturales” como los “ciudadanos legales” figuren simplemente como “uruguayos” en el campo de nacionalidad o ciudadanía.
¿Por qué esto es relevante y cuál es el trasfondo?
La controversia se origina en una interpretación particular, cada vez más difícil de sostener, del derecho uruguayo, según la cual los uruguayos naturalizados, denominados “ciudadanos legales” en la terminología constitucional, no serían propiamente nacionales uruguayos, sino extranjeros a quienes se les reconocen determinados derechos políticos, principalmente el derecho al voto, manteniendo su condición de extranjeros en los demás aspectos. Bajo esta lectura, la naturalización no implicaría la adquisición de la nacionalidad, sino la atribución de derechos de ciudadanía sobre la base de una residencia permanente, junto con el acceso a un pasaporte que presenta dificultades de reconocimiento a nivel internacional, expedido por un Estado que no considera plenamente nacionales a sus titulares.
Esta situación ha sido objeto de críticas sostenidas por parte de la doctrina, de profesionales del derecho y de organismos internacionales. Si bien en ocasiones se la ha intentado justificar como una consecuencia necesaria del texto constitucional, ni los antecedentes históricos ni las propias tradiciones interpretativas del derecho constitucional uruguayo conducen necesariamente a ese resultado.
En la práctica, esto implica que Uruguay expide pasaportes a personas que el propio Estado no reconoce plenamente como nacionales. El documento, en consecuencia, contiene elementos contradictorios. Aunque en el campo de nacionalidad o ciudadanía pueda figurar “uruguayo”, en la página 4 se incluye una observación en la que el titular es identificado como “ciudadano legal uruguayo”. Es decir, más allá de la página de datos, de la MRZ y del chip, el propio pasaporte introduce una distinción que pone en cuestión la condición de nacional del titular.
El problema ya no pasa desapercibido a nivel internacional.
La base de datos TIMATIC de IATA advierte a las aerolíneas que Uruguay expide pasaportes tanto a nacionales como a ciudadanos legales no nacionales y recomienda una verificación cuidadosa del documento. Más relevante aún, el sistema PRADO de la Unión Europea, que funciona en el marco de la Decisión Nº 1105/2011/UE en coordinación con los Estados miembros y los Estados asociados al espacio Schengen, refleja que países como Francia, Suiza y Liechtenstein no reconocen estos pasaportes cuando el titular figura únicamente como “ciudadano legal”, a efectos de control fronterizo y visado.
La cuestión de fondo resulta, a esta altura, difícil de eludir. En la práctica, la comunidad internacional entiende que el propio Uruguay distingue entre “ciudadanos legales” y nacionales uruguayos.
Por ello, limitarse a consignar “uruguayo” en el campo de nacionalidad o ciudadanía difícilmente solucione el problema mientras el pasaporte continúe identificando, en otras secciones, en particular en la página 4, a los ciudadanos legales como una categoría distinta de los nacionales uruguayos.
@SomosTodosUy@compresidencia@SDHuruguay@CancilleriaUy
Ahí estás mezclando dos cosas distintas.
Ningún uruguayo con pasaporte europeo o de otra nación, dice nacionalidad uruguaya lo puede comprobar por sí misma. No está entendiendo.
Que una persona tenga doble nacionalidad no significa que “oculte” nada. Cada pasaporte refleja un vínculo jurídico distinto con un Estado. Si usás un pasaporte europeo, ese documento te identifica como nacional de ese país a efectos legales. No está negando dónde naciste.
El lugar de nacimiento es un dato biográfico. La nacionalidad es un vínculo legal. No son lo mismo ni cumplen la misma función.
Justamente, lo que se busca es poder usar un documento sin que haya contradicciones o problemas prácticos por cómo están escritos los datos. No es ocultar, es que el documento sea coherente con el estatus jurídico que ese país te reconoce.
No estás entendiendo el punto.
Nadie está “ocultando” su lugar de nacimiento. Ese dato existe, es real y no desaparece. Lo que se discute es otra cosa: cómo los Estados clasifican jurídicamente a una persona en sus documentos.
“Nacionalidad” y “lugar de nacimiento” no son lo mismo. La nacionalidad es un vínculo legal con un Estado, no un dato biográfico. Por eso, muchos países emiten documentos donde prima la nacionalidad jurídica, no el origen.
Además, esto no lo define una opinión personal ni la costumbre: hay estándares internacionales sobre documentos de viaje. Y, sobre todo, cada Estado es soberano para definir cómo documenta a sus ciudadanos.
Decir que esto es “ocultar” es confundir conceptos. Nadie reniega de dónde nació. Lo que se busca es coherencia jurídica y evitar contradicciones en los documentos oficiales.
No es un tema de identidad ni de dignidad, es un tema técnico y legal.
Hay un problema persistente en este debate que hay que señalar con total claridad.
Lo que sostiene Jaime Sapolinski sobre la Constitución no es lo que la Constitución dice. El texto no establece una distinción entre “ciudadanos naturales�� y “ciudadanos legales” en materia de nacionalidad. Esa distinción simplemente no está.
Lo que estamos viendo, en cambio, es la repetición de una doctrina construida no sobre el texto constitucional, sino sobre interpretaciones heredadas.
La dependencia continua de figuras como Justino Jiménez de Aréchaga, quien expresó una opinión sin anclarla en el lenguaje operativo de la Constitución, se ha consolidado en algo más cercano a una ortodoxia que a un análisis jurídico.
Eso no es interpretación constitucional. Es inercia intelectual.
La Constitución uruguaya no está congelada en los comentarios de autores del pasado. El Estado la ha interpretado y reinterpretado a lo largo del tiempo, como ocurre en todo sistema constitucional. La idea de que debemos someternos indefinidamente a una única lectura, sin sustento textual, no es fidelidad a la Constitución. Es una forma de eludir la responsabilidad.
En un momento en el que miles de personas se ven directamente afectadas, lo que se necesita es un análisis riguroso, basado en el texto, y la valentía de corregir el rumbo. Lo que no se necesita es la repetición de afirmaciones sin fundamento presentadas como si fueran doctrina.
Si sectores de la academia jurídica no están dispuestos a asumir esa tarea, al menos deberían hacerse a un lado para quienes sí lo están.
#nacionalidad #uruguay #pasaportes #inddhh @OrsiYamandu @CosseCarolina @CNegro7 @MinLubetkinUy @Juan_Mondelli @Refugees @APochak @JoseLCaballero @IACHumanRights @inddhhuy @Jimenafe @compresidencia @minterioruy @CancilleriaUy @CIDH @SomosTodosUy @fder_oficial @UMderecho @DerechoUCU @DiputadosUY @SenadoUy @PartidoColorado @PNACIONAL @Frente_Amplio @ObservadorUY @elpaisuy @usembassyMVD @StateDept @jdiazalmeida
Los pasaportes que tienen en vilo a unos 16.000 ciudadanos legales: el visto bueno de 191 países y "la necesaria voluntad política del gobierno" para un cambio de fondo https://t.co/OUkJYJRml4
Una mujer que huyó de la dictadura cubana acaba de hacer historia en América Latina. Se trata de Leydis Aguilera, ingeniera y migrante cubana que llegó a Uruguay buscando libertad, y precisamente esta semana se convirtió en la primera diputada de origen cubano en el Parlamento de ese país. Informe de @MartinAlessandr
Sí, es correcto. En los documentos de la OACI el campo es “Nationality”.
El problema es que los sistemas internacionales (aerolíneas, fronteras, visas) usan ese campo para determinar qué reglas aplicar al viajero.
Esos sistemas no entienden categorías internas como “ciudadano natural” o “ciudadano legal”. Solo leen la nacionalidad que figura en el pasaporte.
Por eso, si el documento no refleja claramente el vínculo con el país que lo emite, se generan problemas prácticos al viajar.
Es una señal positiva que el gobierno reconozca públicamente el problema y que exista un grupo de trabajo para resolverlo.
Durante mucho tiempo lo que más pesó fue la incertidumbre y el silencio. Escuchar que el Estado identifica la situación de los ciudadanos legales y asume que es necesario corregirla es un paso importante.
Ahora lo fundamental es que ese proceso avance con claridad y en tiempos razonables. Para miles de personas no es un debate técnico: es su identidad, su movilidad y su seguridad jurídica.
Ojalá esta vez el proceso llegue a una solución concreta y duradera. Uruguay se fortalece cuando reconoce los problemas y los resuelve con justicia e igualdad para todos sus ciudadanos.
Presidencia avanza para resolver la situación de los ciudadanos legales en los pasaportes
Es muy positivo escuchar con claridad desde el gobierno que el problema de los pasaportes que afecta a los ciudadanos legales ha sido reconocido y que existe voluntad de resolverlo.
Como señaló hoy Jorge Díaz en Canal 5 (entrevista disponible en el enlace abajo):
“Hoy tenemos un problema con los pasaportes vinculado a los ciudadanos legales. Es un problema que se generó y que hay que resolver.”
También confirmó algo muy importante: que ya existe un proceso institucional en marcha.
“Tenemos un grupo de trabajo que está trabajando para que, a la brevedad posible, podamos presentar un proyecto o una norma que resuelva ese problema que hoy diferencia, a los efectos del pasaporte, entre ciudadanos legales y naturales.”
Asimismo, reconoció la dimensión concreta del problema:
“Tenemos la convicción de que hay aproximadamente entre 15.000 y 16.000 personas en esa situación. Entendemos que es justo resolverles el problema y entendemos que es necesario hacerlo.”
Y recordó algo fundamental:
“Estamos hablando de ciudadanos legales uruguayos que ejercen su derecho al voto.”
El camino ya está en marcha:
“Se armó un grupo de trabajo en Presidencia. Se incorporó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores.”
Con una convicción que compartimos plenamente:
“Esperamos poder resolver ese problema a la brevedad. Porque es necesario, porque es justo y porque es un problema real que tienen los ciudadanos.”
Corresponde reconocer cuando el Estado escucha, identifica un problema real y comienza a trabajar para solucionarlo. Abordar lo que es justo, lo que es necesario y lo que corresponde fortalece al Uruguay como Estado de Derecho.
Sigo con atención este proceso y lo digo con claridad: apruebo que el gobierno y el Estado estén trabajando para resolver esta situación.
https://t.co/w8puaX4iz6
#nacionalidad #uruguay #pasaportes #inddhh @OrsiYamandu@CosseCarolina@CNegro7@MinLubetkinUy@Juan_Mondelli@Refugees@APochak@JoseLCaballero@IACHumanRights@inddhhuy@Jimenafe@compresidencia@minterioruy@CancilleriaUy@CIDH@SomosTodosUy@fder_oficial@UMderecho@DerechoUCU@DiputadosUY@SenadoUy@PartidoColorado@PNACIONAL@Frente_Amplio@ObservadorUY@elpaisuy@usembassyMVD
@CancilleriaUy@Minterioruy este es el problema que Uruguay sigue sin resolver
Así el pasaporte de ciudadanos legales no es funcional:
❗genera inseguridad jurídica
❗aerolíneas y fronteras lo cuestionan
❗dudas sobre visas en consulados
❗falla en las máquinas, incluido Carrasco
Uruguay es libre de definir la ciudadanía en su derecho interno. Pero, una vez que expide un pasaporte a cualquier persona, pasa a participar en un sistema internacional que presupone que la “nacionalidad” consignada corresponde a la nacionalidad del Estado emisor. Los no nacionales no reciben pasaportes de un Estado. Por lo tanto, otorgar un pasaporte uruguayo a un ciudadano legal significa, ante el mundo, que esa persona es nacional del Uruguay. Punto.
El pasaporte no es un documento puramente doméstico.
Es una comunicación internacional entre Estados. Y esa comunicación, según la práctica de todos los demás países del mundo, significa que el titular de un pasaporte uruguayo es un nacional uruguayo.
#nacionalidad #uruguay
La Constitución del Uruguay es clara.
El artículo 73 establece que los ciudadanos de la República son naturales o legales.
No dice que solo unos sean nacionales.
En el derecho internacional, ese vínculo jurídico se llama nacionalidad.
No hay categorías intermedias.
No hay ciudadanía de segunda clase.
#nacionalidad #uruguay @inddhhuy@ACNURConoSur@Udelaruy
En el Comunicado N.° 61/25, @CancilleriaUy y @Minterioruy anunciaron “consultas para adecuar el pasaporte y garantizar que no discrimine por el instrumento que otorga la ciudadanía uruguaya y asegure la movilidad”.
218 días después, solo hay SILENCIO.
¿Dónde quedó el compromiso?
Anoche el presidente habló de dignidad, igualdad, inclusión y de que “nadie quede atrás”.
Pero hoy hay ciudadanos legales que siguen viviendo una pertenencia incompleta en la práctica.
Si la democracia se sostiene en obligaciones y no en eslóganes, entonces la obligación es clara: que la ciudadanía reconocida por el Estado sea plena también en sus efectos reales.
No se puede hablar de seguridad jurídica mientras un grupo de ciudadanos enfrenta incertidumbre con su propia identidad documental.
No se puede hablar de inclusión si la pertenencia es condicional.
No pedimos privilegios. Pedimos coherencia.
Si “nadie quede atrás” es algo más que una frase, entonces este es el momento de demostrarlo.
@OrsiYamandu@CosseCarolina@CancilleriaUy@compresidencia@MPP609