Indiciado, imputado o acusado. Normas rectoras de la dignidad humana y presunción de inocencia como regla de tratamiento, indican que no pueden ser tratados como culpables, ni expuestos como tales en entrevistas o publicaciones en medios de comunicación https://t.co/sU8PXOgN9O
🚨¿La falta de enunciación de la prueba puede conducir a la exclusión de su práctica, a pesar de haber sido oportunamente descubierta?🚨
En auto AP1244 de 2025, Rad. 66574, la Sala de Casación Penal de la CSJ, refirió lo siguiente:
El procedimiento de depuración probatoria dispone de distintas fases, que deben agotarse en el siguiente orden: “(i) descubrimiento; (ii) enunciación; (iii) estipulación y, (iv) solicitud probatoria”.
El correcto descubrimiento probatorio y la solución de las controversias que se presenten respecto del mismo constituyen requisitos indispensables para los pasos posteriores que comprenden la enunciación, solicitud y decreto de las pruebas; No obstante, las disposiciones normativas que regulan el desarrollo de la audiencia preparatoria y los parámetros establecidos en la jurisprudencia de esta no contemplan como sanción a la falta de enunciación de la prueba, su exclusión.
Esto se explica debido a que el conocimiento que debe obtener una parte sobre los instrumentos de prueba que le servirán a la contraparte para edificar su teoría del caso se alcanza con el descubrimiento probatorio.
Por lo tanto, la omisión en la enunciación de una prueba no pasa de ser una falencia sin la fuerza para lesionar gravemente las garantías procesales del adversario.
Bueno, hoy lunes de descanso, mi humilde opinión sobre el debate de la exposición de los detenidos por parte del presidente, al momento de las capturas, no sin antes recordar que soy —muy orgullosamente— una persona de ideas conservadoras y políticamente de derecha, lo cual no choca sino que va de la mano con el ejercicio de mi profesión, que no es otra que el ejercer con devoción el Derecho penal en un país peculiar como el nuestro:
1. El derecho penal no está hecho a favor del Estado sino para los destinatarios de él. No en vano, un jusfilósofo como el alemán Franz Von Liszt acuñó la sabia frase «el derecho penal es la Carta Magna del delincuente».
2. En tal virtud, es un límite al poder del estado, so pena de que el mismo no tenga talanquera alguna. Por eso, otro jurista de los quilates de Luigi Ferrajoli, decía que «si la historia de las penas es una historia de horrores, la historia de los procesos penales es una historia de errores».
3. De allí que, cuando se llega a un nivel de protección de derechos fundamentales, como lo son la libertad individual, el debido proceso o la presunción de inocencia (todos, garantías supraconstitucionales inclusive), se entienda que la humanidad llegó a tal situación fruto de errores judiciales o jurídicos constatados empíricamente, con el fin de no repetirlos ni volver a ellos.
4. Por tal cuestión, se entiende y acepta también que ese avance en la protección de derechos (cuyo alcance se logra a fuerza de errores, padecimiento, sufrimiento y sangre en no pocas ocasiones) se ha de volver irreversible, situación que se conoce en el derecho convencional como el principio de progresividad y no regresión, presumiéndose inconstitucional cualquier vuelta al pasado en la restricción o afectación de derechos fundamentales que, insístase, son superiores a los ordenamientos jurídicos internos de cada país y hacen parte de un Sistema Universal de protección de DDHH.
5. Siglos de horrores y errores ha costado llegar al punto de entenderse y aceptarse que ni una captura ni una detención preventiva son sanción o pena ni pueden serlo, pues son medidas cautelares (como en lo civil es un embargo), que son apenas un instrumento del proceso penal.
6. El proceso penal, a su vez, es un adjetivo del derecho sustancial (el derecho penal, que limita el poder del Estado, no privilegia que éste actúe ilimitadamente), de allí que pretender privilegiar los fines de una medida que es doblemente adjetiva o instrumental, es desquiciar su finalidad por sobre el derecho sustancial, que se rige por principios como la presunción de inocencia y la dignidad humana, la cual se predica tanto de la víctima como del presunto victimario, no siendo excluyentes sino complementarios entre sí.
7. Un estado se conoce no por cómo trata a sus mejores sino a sus peores ciudadanos (N. Mandela), que siguen siendo ciudadanos y es por ese hecho, que se deben someter a las leyes y al derecho y por ese mismo hecho, es que el estado no puede ni debe rebajarse al nivel del presunto delincuente que busca sancionarse o punirse. Es un contrasentido.
8. Todo lo dicho hasta esta altura no puede ser banalizado o trivializado, a través de una falacia argumentativa de espantapájaros, como lo es señalar de indolente o de defensor de bandidos en contra de las víctimas o exacerbar el bien público a costa de las garantías particulares, por señalar o pedir dentro de los parámetros democráticos, que el estado no se ponga al nivel del ciudadano señalado de romper la ley, pues el estado también está sometido al imperio de la ley como el que más, al ser quien representa la institucionalidad, no representa a quienes votaron por él o ella sino la unidad del país.
9. En igual sentido, se cae en una falacia de falso dilema, cuando se pretende excluir de la misma ecuación los derechos de la comunidad o de la víctima frente a las garantías judiciales del ciudadano detenido por delitos gravísimos, por cuanto ambas cosas pueden y deben coexistir, esto es, que el presunto delincuente sea llevado ante la ley y que el estado que lo lleve, lo haga dentro de los parámetros de la ley, lo cual entre otras aristas, implica o prohíbe que el capturado sea exhibido como un trofeo y mostrado como tal, para enviar falsos o erráticos mensajes de seguridad pública.
10. Lo dicho al final del punto anterior, no es más que el principio de indemnidad del ser humano, inherente a la dignidad humana —misma que le asiste al detenido que a la víctima, en virtud del principio de bilateralidad de las garantías convencionales—, que fuere desarrollado por Immanuel Kant hace siglos: «el ser humano es un fin en sí mismo y por tal, no puede ni debe ser utilizado como instrumento para fines sociales».
Eso es lo bonito de mi profesión.
No pierdan de vista esta sentencia. Ya otros pronunciamientos se habían referidos a que la no devolución de honorarios de abogados no configura la falta del 35.4 y ahora este pronunciamiento descarta el 35.1
Se improbó el preacuerdo. ¿El juez que lo revisó conserva por eso la competencia para un allanamiento?
Después de la improbación, la defensa pidió una audiencia innominada de allanamiento, sin que la Fiscalía hubiera presentado acusación ni un nuevo acuerdo.
La Corte precisó que el preacuerdo fallido no producía una asignación tácita de competencia para el juzgamiento. La actuación retornaba a la Fiscalía y, en ese estado, la petición correspondía al juez de control de garantías. Como se había atribuido pertenencia a un GDO, asignó el conocimiento al Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Buga, conforme a las reglas territoriales aplicables. No procedían recursos.
La improbación del preacuerdo no radica definitivamente el juicio ante el juez que examinó la negociación.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. AP6372-2026, radicación 74309. 23 de septiembre de 2026. M.P. Gerson Chaverra Castro.
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Audiencia Preparatoria - Tribunal de Cúcuta.
Tremenda decisión.
Clases de pertinencia. Lo que se debe abordar en cada solicitud probatoria, manifestar que con el testigo de acreditación se aportarán las imágenes de la cámara de seguridad por sí solo no es pertinente, igual
@RomarioPizarro@humengue Pero él no dijo que no se pueda hacer. Dijo que una cosa es la finalidad (refutar, según el art. 393) y otra es la estrategia.
🚨PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS🚨
En sentencia SP1167-2026, Rad. 72877, la la Sala de Casación Penal de la CSJ expuso la figura de la prescripción de la acción penal y su aplicación en casos de servidores públicos, así:
La prescripción de la acción penal (i) materializa el límite temporal para el ejercicio de la potestad punitiva del estado y (ii) constituye una garantía fundamental del procesado, pues asegura que su situación jurídica se defina dentro de un plazo razonable y conocido. Sus términos los define la ley.
El artículo 83 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en el máximo de la pena fijada en la ley sin que, por regla general pueda ser superior a 20 años.
El término de prescripción se interrumpe con la formulación de la imputación, como lo establece el artículo 86 del Código Penal y el artículo 292 de la Ley 906 de 2004. A partir de ese acto procesal empieza a correr de nuevo por la mitad del término máximo sin que, por regla general, pueda exceder los 10 años.
Ahora bien, el artículo 83 prevé que en los casos en que el autor de la conducta es un servidor público, el término de prescripción se aumenta en la tercera parte si los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011, o en la mitad, una vez entró a regir.
El tope del término máximo de prescripción de los 20 años en investigación es la regla general de contabilización dispuesta por el legislador, que tiene como una de sus excepciones el incremento para los servidores públicos, frente a quienes es posible exceder ese tope legal una vez realizado el respectivo aumento.
El legislador considera que ciertas conductas ameritan un régimen distinto, bien sea en atención a la gravedad, la naturaleza del bien jurídico o al sujeto activo, casos en los que no tiene aplicación «el límite máximo fijado».
Entonces, para el caso de los servidores públicos el incremento que se aplica en la etapa de instrucción puede exceder el límite de los 20 años, fijado en el artículo 83 del C.P., inc. 1°. Al dividirse en la mitad, tras la interrupción del término de prescripción por la imputación, puede exceder los 10 años referidos en artículo 86 del C.P., inc. 2. °.
⚖️ ¡FALLOTE!
¡Por arrancar unas matas de plátano, un campesino terminó ante la Corte Suprema!
Una sentencia imperdible sobre declaraciones autoincriminatorias fuera del juicio, error de prohibición indirecto y una profunda crítica al uso del aparato penal cuando existen soluciones alternativas.
CSJ, SP1359-2026 | M. P. Gerardo Barbosa Castillo.
👇 Tres grandes lecciones para el derecho penal
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Medida de aseguramiento. Juez de Garantías debe ceñirse a la fundamentación fáctica, jurídica y probatoria expuesta por la fiscalía, por ello no puede ir más allá de la solicitud que es formulada. Rad. 159680 octubre 13 de 2026, M.P. Jorge Hernán Díaz Soto
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Los antecedentes penales no pueden convertirse en una carga perpetua que limite los derechos, ni pueden ser un obstáculo permanente en el desarrollo de un proyecto de vida digno: Corte Constitucional - Sentencia T 113-2025 https://t.co/HcBDXwAObM
🚨 Sentencia clave sobre sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento.
1️⃣ La sustitución de la detención preventiva intramural por domiciliaria derivada de enfermedad grave, condiciona el sustituto a que la enfermedad debe ser, se reitera, grave.
2️⃣ La revocatoria de la medida de aseguramiento por inferencia razonable, exige contrastar los nuevos elementos con las razones por las que inicialmente se impuso la detención preventiva.
3️⃣ La sustitución de la detención preventiva intramural por domiciliaria por la condición de padre o madre cabeza de familia, exige valorar las condiciones personales y subjetivas del solicitante, la naturaleza y modalidad del delito investigado, y si la detención domiciliaria compromete los fines propios de la detención preventiva.
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Hay que enmarcar esta sentencia: utilizar los antecedentes para probar la responsabilidad del procesado vulnera el derecho penal de acto. https://t.co/xRzho9oDw6
⚖️ ¿Bastan la gravedad del delito o las relaciones políticas para justificar una detención preventiva?
En el caso del exministro Luis Fernando Velasco, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, MP Tamayo Medina, desarrolla importantes criterios sobre el peligro para la comunidad, a partir de las sentencias C-1198/08 y C-469/16.
📚 Una decisión que merece estudiarse. 👇
Miren, a mí no me sorprende nada de lo que circula sobre el expresidente Petro. Nada. Su gobierno reivindicó la prostitución sin ningún pudor, y a los que defendemos el abolicionismo nos persiguieron. Y luego está esa invención del @MinIgualdad_Col, la "Dirección de Actividades Sexuales Pagas". Fíjese en el nombre, larguísimo, pudoroso, hecho para no tener que decir lo que era, que era una "oficina para regular la prostitución". Ahí se ve el truco entero. Se tomó la libertad sexual de las mujeres y se la convirtió en la libertad de ciertos varones para comprarlas.
No faltarán los pro-prostibularios con lo de siempre, que es su "vida privada", que somos unos "moralistas"... Lo dicen porque ese es el pacto, y el pacto es muy viejo: lo que ciertos varones se compran entre ellos no se discute en público. Y detrás vendrán las "feministas del Pacto Histórico", las que obedecen y salen a cuidar al "falo emancipador de la Nación". Su silencio, en un momento así, ya no protege a nadie. Encubre. Siento mucho decirlo.
¿Y por qué importa que sea Petro? Porque no hablamos de un señor cualquiera. Hablamos del “líder de la izquierda colombiana”, el varón que decidió la política de su gobierno sobre la prostitución. Él mismo contó que fue cliente de prostíbulos, y lo cuenta como quien recuerda una travesura de juventud superada. Hace mucho que el feminismo histórico dijo que: “lo personal era político”, y aquí se ve con toda claridad: un varón que compró cuerpos terminó decidiendo desde el Estado central si esa compra era trabajo o explotación. Su vida privada se volvió política pública.
Y, a los que se dicen de "izquierdas" les recordaría una cosa muy sencilla. Su tradición política jamás defendió la compra de mujeres. Marx/Engels vieron en la prostitución una forma de explotación que había que abolir, y Kollontai la combatió desde el gobierno soviético. Al feminismo histórico Petro nunca le debió gran cosa, pero a su propia tradición sí, y a esa le falló.
Si las presuntas denuncias se confirman, entenderemos por fin por qué el gobierno Petro fue tan duro con el abolicionismo y tan comprensivo con la regulación. Quien legisla sobre lo que consume rara vez legisla contra sí mismo.
¿Puede un juez negar pruebas por falta de argumentación de pertinencia sin revisar los registros de la audiencia preparatoria? La Sala Penal de la CSJ acaba de pronunciarse sobre este asunto en AP6494-2026. 🧵
¿Hay que sustentar la pertinencia documento por documento?
La Corte reitera que puede hacerse por conjuntos homogéneos: mismo origen, contenido o finalidad demostrativa.
Pero agrupar no exime de explicar qué se busca probar y su conexión con la acusación.
⚖️ AP6494-2026 👇 https://t.co/wmKwwZJPpb
Corte S. Rad. 70597/26.
No es nulo el proceso por no postulación de pruebas por parte de la defensa técnica, para eso el art. 130 del CPP faculta al acusado, entre otras, para formular peticiones probatorias.
Comparto decisión;
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A propósito de la muerte del futbolista Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que sufrió un fuerte golpe en un partido de fútbol, la STS 379/2025, de 30 de abril de 2025 del Tribunal Supremo Español, es una sentencia especialmente relevante en la discusión del riesgo permitido propio de la práctica deportiva.
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